El Gobierno irá a la Cámara y a la Auditoría por el caso del Correo

La Casa Rosada pedirá una audiencia con el tribunal y le solicitará dictamen a la AGN antes de tomar una decisión al acuerdo de pago entre la empresa y el Estado. "No creemos que haya conflicto de intereses", dijo el jefe de Gabinete.

Marcos Peña adelantó que el Gobierno le pedirá "una audiencia urgente" a la Cámara Federal, que debe resolver sobre la polémica generada por el acuerdo de pago de deuda entre el Estado y el Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial. "Queremos que el tribunal aborde la problemática de manera integral y convoque a expertos independientes" para resolver la cuestión, dijo el jefe de Gabinete.

El funcionario dijo que no creen que exista conflicto de intereses y adelantó que le solicitarán a la Auditoría General de la Nación (AGN) "que elabore un veredicto técnico antes de tomar una postura". "Estamos convencidos de transparentar las acciones del Gobierno", indicó. Además consideró que el acuerdo "es una discusión de carácter judicial que se da desde 2002" y cuestionó a las administraciones kirchneristas al considerar que hubo "12 años de desidia y de falta de resolución de parte de las autoridades".


Peña: "El Presidente jamás se interesó en el tema"
El jefe de Gabinete dijo que el acuerdo "jamás ha sido debatido en forma puntual por el Presidente, porque es un tema técnico, en los que el Estado interviene con las áreas jurídicas de los ministerios". En este sentido el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, que lo acompañó en la conferencia, indicó que no consultó a Macri porque el Presidente "tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión en que un familiar esté involucrado".

"El Presidente jamás se interesó", aseguró el funcionario, cuyo ministerio tuvo a cargo la negociación con el Grupo Macri y suscribió el convenio que finalmente quedó envuelto en una polémica. El funcionario dijo que "lo único que pidió" el mandatario es que se solucione el conflicto "con la participación de los tres poderes del Estado".

Peña y Aguad expusieron en conferencia de prensa en Olivos, tras una reunión de gabinete que Mauricio Macri mantuvo con sus ministros, luego de que el Procurador General del Tesoro Carlos Balbín ordenada revisar la gestión de los abogados del Estado durante los últimos 15 años con respecto a este tema.

La Procuración se manifestó a partir del dictamen que la semana pasada firmó el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la Ley de Ética Pública.

Rodríguez, además de pedir la intevención de los abogados del Estado, impulsó una denuncia penal en base al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin. En su apelación a la Camara Comercial la fiscal había considerado que la maniobra "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".


Laura Alonso no pone las manos al fuego por nadie
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, pidió "paciencia razonable" para que ese organismo investigue el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino. "Hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea", planteó la funcionaria.

"Pongo los manos en el fuego por mí, no puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la Oficina Anticorrupción", le dijo Alonso a radio La Red. "Va a llevar tiempo investigar este tema. No va a ser eterno, pero por supuesto va a tener un tiempo de desarrollo y evolución razonable", indicó.


El origen de la polémica
El caso se conoció la semana pasada cuando se difundió el dictamen de Boquin en el que se oponía a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia presidencial a seis meses que Macri asumiera el Poder Ejecutivo, para que se pagara una histórica deuda del Correo con el Estado.

Según el plan la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) con un interés de 7% sólo sobre el capital de la deuda. Las partes destacaron que se trataba del pago de $ 600 millones, más del doble de la suma inicial de casi $ 300 millones (a 2001).

La fiscal se opuso al acuerdo ya que indicó que ese convenio implicaba una quita del 98,2% por ciento porque no regían los intereses y que era abusivo porque -a criterio del área financiera de la Procuración- para 2033 le generaría un perjuicio de $ 70.163 millones al Estado.

La funcionaria judicial además denunció mala fe procesal, porque días antes Correo Argentino le había iniciado una demanda al Estado por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesta a pagar en el concurso preventivo.

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