El dirigente del Gen Diego Seguí opinó sobre los análisis que ordenó el Juez Oritja

Después de tres derrames, el juez Pablo Oritja reaccionó y decidió ordenar análisis de sangre a los habitantes de distintas localidades de Iglesia y Jáchal. Con la medida busca diagnosticar si hubo alteraciones en la salud de los ciudadanos de la región. Luego de conocerse lo dictado por el magistrado, el dirigente del Gen y abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca expresó su crítica a respecto.

En 2015, una noticia fatal se diseminó por San Juan y luego corrió por todo el país: un derrame de más de 1.000.000 de litros de solución cianurada se había derramado en la mina Veladero, que explota la multinacional contaminante Barrick Gold. Luego ocurrió otro en 2016 y hace poco, en 2017, uno más. A raíz de tan desafortunada situación, el Juez Oritja dictó la órden de realizar análisis clínicos a los habitantes de las localidades de Angualasto, Malimán, Chinguillo y de la finca Buena Esperanza, todos situados en Iglesia. En tanto, en Jáchal se realizará el mismo trabajo entre los residentes de La Isla, La Represa y Dique Pachimoco.

La notificación de este pedido a las autoridades de Salud Pública provocó reacciones diversas. Algunos vieron la medida como apropiada. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca fueron críticos a lo ordenado por el juez ya que no confían en los organismos estatales que deberán  hacer el muestreo.

Diego Seguí, dirigente del Gen.
En tal sentido, el abogado Diego Seguí dijo que en referencia al análisis resuelto por el Juez Oritja y "considerando que los informes que pide están dirigidos al Ministerio de Salud Pública, al Departamento de Hidráulica, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Recursos Hídricos y al Laboratorio SGS, todos organismos del Estado provincial que podrían resultar responsables por los eventuales daños causados por los derrames, los mismos no ofrecen ni garantizan la imparcialidad que la determinación de los mismos exige".

 Además, agregó que "en el caso del Departamento de Hidráulica, se debe advertir que dicho organismo fue el que autorizó la construcción del valle de lixiviación donde se producen los reiterados derrames, y, por la medida solicitada, hoy se pide su evaluación".

"El caso más grosero", dijo Seguí, "quizá sea el del Laboratorio SGS, que es contratista de la empresa responsable de los derrames".

Finalmente, afirmó que "si el juez persiste en que dichas medidas sean cumplidas por los organismos mencionados, no sólo viola el principio de imparcialidad procesal y debido proceso, sino que podría concretarse un encubrimiento y un fraude judicial grave".

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