La crisis nacional

Por Guillermo Alamino 
@GuilleAlamino
La crisis argentina no es una novedad sino que es una constante en los últimos 40 años de historia, producto de la ausencia de un proyecto económico, social y cultural auténticamente nacional.

Desde la última dictadura militar hasta la actualidad, nuestro país no encuentra un rumbo cierto y el Estado nunca promovió la constitución de un modelo que integre a la sociedad en su conjunto. Luego de 34 años de democracia la desigualdad, la pobreza y, en paralelo, las ganancias empresariales han crecido notablemente.

A comienzos de la década de los 70, Argentina tenía un 7% de su población bajo la línea de la pobreza y casi pleno empleo, según datos oficiales. Éramos uno de los Estados con mayor equidad social de América Latina. En el 76 se produce el golpe de Estado más sangriento de nuestra historia nacional y  así  comienza la degradación de la economía. Es la época de la apertura a las importaciones, la plata dulce y la estatización de la deuda privada. Socializaron pérdidas y privatizaron ganancias. De esta manera,  la era democrática  empezaría con grandes empréstitos que nunca serían  investigados.

Luego vendría el alfonsinismo y creímos que la democracia lo solucionaría todo, pero no fue así. Hiperinflación, una deuda pública enorme y los primeros planteos referidos a la venta de las empresas estatales fueron los resultados del gobierno radical. Con Menem, el “Consenso de Washington” destruyó  gran parte del patrimonio público y la industria nacional. Los ferrocarriles se desmantelarían, los servicios públicos caerían en manos privadas y el mercado interno en grandes monopolios. Los organismos financieros lograron sus objetivos  y ni siquiera se alcanzó a salvar el sistema educativo, que fue modificado con la nefasta Ley Federal de Educación. El Estado había  adherido al esquema  propuesto por el imperio y el fracaso de su aplicación fue contundente con la crisis del 2001.

La asunción del kirchnerismo empieza  con una etapa de crecimiento económico.  El país  había  salido de la convertibilidad y el mercado con  China permitió  un gran  incremento del PBI. Sin embargo, en 12 años de gobierno  no se modificó la estructura económica nacional heredada de Menem y los resultados sociales no fueron buenos. Según la UCA  en el año 2015 el país tenía un 29% de pobreza, mientras que el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas afirma en un informe publicado en el año 2014, que el 36,5% de la población era pobre. Al terminar  la administración  de Néstor y Cristina Kirchner, la economía continuó privatizada (puertos, mercado externo, flota mercante, recursos naturales, servicios públicos, etc)  y concentrada  en  monopolios.

Actualmente, las teorías de los “brotes verdes” y el gabinete liberal de Macri prometen  la  prolongación de la larga crisis. No hay voluntad de hacer un acuerdo social y mucho menos un proyecto nacional. Los últimos conflictos evidencian la enorme preocupación electoral del gobierno, cuyo interés primordial está en polarizar con el kirchnerismo que en solucionar las problemáticas sociales. Macri sólo puede ganar  ante  Cristina Kirchner, y el kirchnerismo  mantiene su discurso progre y de pseudoizquierda frente a Macri. Sin embargo, ambos acuerdan con China, las grandes multinacionales  reprimen o han reprimido las manifestaciones y no cuestionan el andamiaje económico que nos dejó Menem. Lo electoral, momentáneo e intrascendente se convierte en  algo  más importante  que  el futuro de la patria.  Como resultado los  conflictos se repiten  incesantemente  y el escenario social se degrada progresivamente. Sin consenso, no hay salida posible.

Un país sin un modelo nacional tiende a adoptar  uno  ajeno  o  impuesto. En este caso, la imposición vino de la mano de los organismos financieros y el desembarco de grandes transnacionales, que determinan la funcionalidad de nuestra economía.  Es necesario  la conformación de un proyecto  nacional integrado por  todos los actores de la sociedad,  con el objetivo de  postular  políticas a corto, mediano y largo plazo. El Estado tendrá que  ser el promotor  y la comunidad  protagonista. Ésta es la gran deuda de nuestra democracia. Para esto la grandeza debe  ser superior a la miseria que  abunda en la dirigencia política.

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