Diputado Castro: "Un juicio que sancione la violencia es la diferencia entre la vida y la muerte"

El diputado Castro presentó un proyecto de ley en el que plantea la prohibición de aplicación de la Probation o “Suspensión de Juicio a Prueba” en casos de Violencia de Genero o Violencia Intrafamiliar. 
A la espera de su aprobación, día a día busca instalar el tema que tiende a proteger a las mujeres que padecen esta calamidad.

El proyecto se hace eco de la doctrina fijada por la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belem Do Pará, y de la que nuestro país es Estado miembro. Esta Convención, surgida de la Organización de los Estados Americanos, instó a los países miembros a dictar normas legislativas que impidan la aplicación de medidas alternativas al juicio.

Por ello, el diputado Castro sostuvo que "en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en consonancia con los fallos antes citados de la Cámara Nacional de Casación, se establece el siguiente criterio: en cualquier Estado que haya ratificado la Convención Belem Do Pará la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente".

Es dable recordar que el instituto de "Suspensión del Proceso Judicial" es un beneficio inconciliable con el deber que tiene el Estado de investigar y esclarecer los hechos de violencia contra la mujer, como así también de sancionar a sus responsables en un juicio con las debidas garantías.

Congreso de
Parlamentario
de las Américas 2016.
"El juicio justo y oportuno, que sancione la violencia en el primer episodio, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", explicó el legislador.



A instancias del Diputado de Cambiemos, Eduardo Castro, el Congreso de Parlamentario de las Américas, realizado en el año 2016, lo incorporó en su temario y requirió legislar en dicho sentido.


El proyecto en escencia
En su propuesta de ley presentada hace un año, Castro explica que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio sus derechos y libertades".

En tal sentido, agrega que "en virtud de lo ordenado por la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CONVENCION DE BELEM DO PARA y las recomendaciones del organismo internacional de aplicación de la misma en cuanto a la procedencia del instituto en estudio en casos de violencia de género", su idea sería apropiada para poner a la provincia a tono con países que avanzaron en la prevención de asesinatos por violencia de género.


El legislador comentó que "en dicha Convención se reconoce que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", y añadió que "la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; de manera que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida".

En la parte resolutiva de la ley prouesta por el Diputado Castro, se solicita: "Artículo 1. Modificase el artículo 523 del capítulo V de la ley 754-O-  suspensión de juicio a prueba-, el que queda redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 523º.- Dentro de los cinco (5) días de finalizada la audiencia, el Tribunal interviniente concederá o denegará la solicitud; en su caso fijará el plazo de suspensión, especificará las reglas de conducta a las que deberá someterse el beneficiado y resolverá asimismo respecto del ofrecimiento de reparación del daño. El beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procederá en los casos que existiese violencia de género o violencia intrafamiliar.

La resolución que acuerda el beneficio deberá comunicarse inmediatamente al Juez de Ejecución, a los fines del artículo 49º, Inciso 5º.-
En el caso de imputado menor de dieciocho (18) años, el Juez de ejecución será el Juez Penal de la Niñez y Adolescencia".

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