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Martes, 05 Noviembre 2019 17:00

El Jurado de Enjuiciamiento ratificó el pedido de desafuero del Juez Flores

Por El País Diario

Lo hizo personalmente el Juez Ortega, del Primer Juzgado Correccional, ante el presidente y el secretario del Jurado de Enjuiciamiento.

En un acto protagonizado por el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Guillermo Horacio De Sanctis, y el Secretario del órgano, Héctor Fabián Meló, Juan Pablo Ortega del Río, juez provisorio del Primer Juzgado Correccional ratificó el pedido de desafuero para el Juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, en el marco de la investigación penal de la causa contra el comisario Gustavo Adolfo Padilla, sobre quien pesa un auto de procesamiento con prisión.

La ratificación del pedido de desafuero realizada por Ortega del Río este lunes 4 de noviembre, responde a una decisión que tomó el cuerpo del Jurado de Enjuiciamiento, integrado por Guillermo Horacio De Sanctis (Presidente); Pablo García Nieto y Amanda Díaz (Poder Legislativo); Guillermo Medawar y Lidia Ruth Reverendo (en representación de los abogados). El acto fue protagonizado personalmente por el denunciante, Ortega del Río, ante el presidente y el secretario del Jurado de Enjuiciamiento.

Algunos casos donde el Juez Flores demostró su penoso desempeño

Pablo Flores, el magistrado que debería meter preso a José Luis Gioja, es el mismo que deja prescribir las causas de abusadores sexuales. Este sujeto que por desgracia es juez en la provincia de San Juan, tiene en sus manos la causa por sobreprecios de la aseguradora que Gioja contrató cuando era gobernador. Es también quien dejó prescribir hace años otra denuncia por abuso sexual que pesaba contra el ginecólogo Carlos Martínez, ahora acusado nuevamente por más acosos. (Ver nota completa).

En la denuncia contra Gioja, se habla de una cifra de 3.500 millones de pesos de sobreprecios. Sin embargo Pablo Flores nunca citó al exgobernador y planchó la causa y la mandó a archivo, garantizando así impunidad para el exgobernador.

Pablo Flores es el titular del Juzgado de Instrucción N° 2. En su despacho tuvo una causa por abuso sexual que se le venció. Él ni siquiera sabía que se le había escapado la tortuga. Su obsolencia es dañina porque al precio de su ineptitud lo paga la sociedad.

Tras conocerse el caso del ginecólogo denunciado, se desató un escándalo. Al magistrado Pablo Flores se le venció un expediente contra el mismo abusador y dejó desamparada a una presunta víctima hace años. Es un caso paradigmático de desidia judicial y de abandono al ciudadano común por parte de la Justicia local.

El ginecólogo denunciado por múltiples abusos sexuales en Jáchal ya tenía un procesamiento en su contra por un hecho similar que sucedió hace años. Una mujer lo había denunciado en 2006 por presuntos manoseos cuando éste la atendió en el hospital de Sarmiento.

Según la Corte de Justicia, el ginecólogo Martínez fue procesado por abuso sexual simple en el 2013. La resolución fue apelada y en 2014, la Cámara Penal no lo admitió y regresó la causa al Segundo Juzgado de Flores. Desde entonces se encajonó y, lo que era obvio, prescribió. El juez había dicho que el expediente estaba en la Sala I de la Cámara Penal pero luego se descubrió que en realidad la causa había vuelto de segunda instancia y se encontraba en su juzgado.

Otro caso lamentable

El Juez Pablo Flores debía investigar la contratación directa de la ART IAPSER por parte del Gobierno de Gioja, pero decidió archivar la causa. (Ver nota completa).

Sobreprecios de 3.500 millones de pesos quedaron en la nada a casi 2 años de la denuncia. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción N° 2, demoró 24 meses para determinar que no se cometió delito. Sin embargo se probó que hubo contratación directa del seguro para los empleados del Estado.

El caso llegó a medios nacionales gracias a la nota de El País Diario, que dio la primicia del episodio y fue tomado como fuente por medios de la talla de TN, Infobae, A24 y casi todos los diarios de las provincias argentinas.

En lo periodístico, el primer medio que dio la primicia fue El País Diario y la denuncia fue realizada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia. En la presentación judicial se investigaba la contratación directa del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos para que asegure a los empleados estatales de San Juan, más a personal de la Policía y a personal docente.

Se acusó a Gioja de haber pagado sobreprecios por un total de 3.500.000.000 de pesos en 10 años. Ahora la causa fue archivada por el inefable Juez Pablo Flores. Lo hizo el último día hábil antes del inicio de la feria judicial. Regalito de fin de año para el exgobernador Gioja. El 2018 será inolvidable para quien fue el gobernador más sospechado de corrupción en la historia de San Juan.