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Lunes, 30 Octubre 2017 10:10

Impunidad para Gioja en la causa que lo investiga por sobreprecios en la contratación de una ART

Por Ernesto Simón

La Fiscalía de Estado decidió no hacerse parte de la investigación, al tiempo que el juzgado rechazo que los abogados Seguí y Arancibia puedan constituirse como "Amicus Curiae".

La decisión del Juez Pablo Flores deja abierta la puerta de una total impunidad para Gioja. Entre castas se protegen y esta sería la prueba de que la Casta Judicial le da una mano a la Casta Política. 

El pedido de Marcelo Arancibia y Diego Seguí de ser aceptados en la causa como "Amicus Curiae" (amigos del tribunal), abría la puerta para que los abogados denunciantes aportaran pruebas y movieran el proceso judicial. Con el rechazo de este pedido por parte del juez, se vislumbra cierta impunidad para el Diputado nacional José Luis Gioja.

Es en la causa que investiga a Gioja por presuntos sobreprecios en la contratación de la ART para los empleados públicos. El jugoso contrato fue concretado con el IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos) y se calcula que los importes sobrepagados en la contratación directa le habrían hecho perder a San Juan la friolera de más de 3.500.000.000 de pesos.

La denuncia fue formulada en 2016 por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí y en el texto pidieron que "se investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública" que habrían sido cometidos por el ex gobernador José Luis Gioja durante su gestión. 

La demanda surge de una serie de notas periodísticas, entre ellas, la primicia publicada en enero de 2016 por El País Diario. Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí se presentaron ante la Fiscalía Correccional N°3 para denunciar una operación dudosa realizada durante la gestión de José Luis Gioja entre los años 2005 hasta el 2015.

Los denunciantes hacen referencia a los más de 10 años en que Gioja contrató una ART para los empleados públicos de manera directa, sin llamar a licitación, y por una monumental cifra que nadie puede explicar, en la que se calcula un sobreprecio de 27.000.000 de pesos por mes durante una década.

Tal convenio fue renovando en forma automática año tras año hasta enero del 2017. El contrato firmado por el propio ex Gobernador Gioja con la compañía IAPSER consistía en que el Estado de San Juan abonaba un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo.

Es probable que el Gobernador Uñac haya decidido no dar las instrucciones a Fiscalía de Estado para hacerse parte. Esto sería un mal paso para la investigación y dejaría a Gioja ante la posibilidad de ser impune.

 

Un breve repaso por la causa

José Luis Gioja, exgobernador de San Juan, fue denunciado ante la Justicia provincial por la contratación directa de la ART de los empleados públicos provinciales, por la que en noviembre de 2016 se pagaron 42 millones de pesos mensuales. Una licitación reveló que actualmente esa prestación cuesta 15 millones al mes. Es decir, casi tres veces menos.

En 2005, el gobierno de San Juan contrató al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para cubrir los gastos médicos por accidente de trabajo de los más de 38 mil empleados públicos de la provincia. El acuerdo fue renovado hasta enero de 2017 (más de un año después de que Gioja dejó el poder) e incluía a los docentes, los efectivos de la Policía, el Servicio Penitenciario y a los alumnos de las escuelas estatales.

Según reveló El País Diario, el año pasado, el gobernador Sergio Uñac, sucesor de Gioja, llamó a una licitación pública que ganó Provincia ART por 15 millones de pesos mensuales. Esta oferta significaba 27 millones de pesos menos que los 42 millones de pesos que la administración del presidente del PJ pagaba por mes.

Sin embargo, Juan Carlos Gioja, intendente del departamento sanjuanino de Rawson y hermano del exgobernador, mantuvo el acuerdo con IPASER para los empleados de su municipio.

Así, los abogados y dirigentes del GEN, Diego Seguí y Marcelo Arancibia, denunciaron que entre 2005 y 2017 el Estado Provincial pagó un sobrecosto de $3.588.000.000. A esto se sumaría la comisión del 10% del monto total del "agente de seguro", lo que agrega casi $359 millones. La causa quedó radicada en la Fiscalía Correccional N° 3, que ordenó una serie de medidas de prueba preliminares.

La reacción de Gioja
Tras la polémica, el exgobernador de San Juan rompió el silencio en un video que subió a Facebook y denunció una campaña en su contra para desprestigiarlo. José Luis Gioja apuntó contra el primer periodista que desnudó el tema, Ernesto Simón, y contra los abogados Seguí y Arancibia. Sin embargo, no se refirió a la contratación directa ni dio explicaciones sobre los supuestos sobreprecios.

“Casi desde el mismo momento en el que dejé de ser gobernador, se comenzó una campaña en algunos medios sanjuaninos para desprestigiarme. Ustedes saben con la facilidad que pueden difamar a cualquiera. Lo que me apena no es el que escribe ni tampoco el que arma el medio digital, sino que algunos dirigentes políticos oportunistas que nunca lograron nada utilizan muchos recursos económicos para intentarlo", manifestó el diputado.