Lunes, 27 Enero 2020
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Política

La Presidenta criticó la administración fraudulenta al referirse a las privatizaciones de los 90. Deslizó palos a la Justicia y al opinar de corrupción el maquillaje logró la prueba de fuego: no se puso colorada.

Cristina La Muchacha Progre se refirió al problema de la corrupción cuando opinó sobre las privatizaciones de los años 90 y manifestó: "Como dice el papa Francisco, la corrupción pública y privada no reconoce ideologías ni fronteras y afecta a todos los países". La jefa de Estado hizo estas declaraciones durante la nueva sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en avenida España 2591.

En el marco del acto, la Presidenta anunció: "Hoy entregamos el documento número 37 millones. Antes tardabas años en obtenerlo". "Ni que hablar de lo que fue aquella famosa licitación por la cual había que poner mil millones de dólares para poder tener DNI. Todavía hay funcionarios procesados", manifestó al aludir a la causa que investigó la contratación de Siemens durante el gobierno de Carlos Menem.

"Cuánto tiempo perdido, cuántas cosas mal vendidas, cuánta administración fraudulenta en contra de los intereses del Estado. Sin embargo no se escuchaban tantas voces ni tantas denuncias ni tantas medidas cautelares durante los años en que se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional de los argentinos y de las empresas públicas", manifestó Cristina.

Y lanzó una crítica encriptada hacia la Justicia. "Ojalá hubiéramos tenido fiscales y jueces como los que tenemos ahora que siempre están tan atentos para poder hacer hacer las denuncias. Deberán ser probadas", manifestó.

La Presidenta defendió su gestión en la que aseguró: "Nosotros nos arremangamos y aguantamos las críticas que se tienen cuando uno decide recuperar el patrimonio que era de los argentinos. No esperes que te aplaudan , no hay más que palos, insultos y agravios".

La jefa de Estado presentó el nuevo edificio del ministerio de Justicia, que se construyó sobre el predio de la ex Tandanor en Costanera Sur. Cristina Kirchner informó que "todo el mobiliario del edificio fue construido por la población de las cárceles".

"Espero que podamos hacer obras de bien. Que las cárceles sirvan para recuperación y no para condena y sufrimiento de las personas", manifestó la Presidenta. Según explicaron fuentes oficiales, el nuevo edificio público busca "producir un importante ahorro en alquileres mediante la mudanza de áreas que funcionaban en distintas sedes".

Entre las áreas ministeriales que allí se encuentran están el Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus), la dirección de Informática, la subsecretaría de Acceso a la Justicia y diversos organismos registrales..
El candidato de Frente Amplio Progresita UNEN por Rivadavia expresó su deseo de llegar a la intendencia del departamento para "restituir entre los vecinos los servicios básicos que debe ofrecer un municipio". Es uno de los fundadores del partido Corriente Democrática Multisectorial.

Esteban Kenny dijo que Rivadavia "se ha convertido, en los últimos años, en uno de los departamentos más olvidados por las gestiones". Destacó "falencias en los servicios esenciales como lo son el alumbrado público, el barrido, la limpieza y la recolección de residuos", al tiempo que advirtió que los últimos gobiernos del distrito no hicieron nada por la obra pública y la restauración de calles en mal estado.

Afirmó que las soluciones para los vecinos "siguen siendo una gran promesa que con esta gestión nunca se podrá concretar". El dirigente dijo que "desde el partido Corriente Democrática Multisectorial vienen trabajando para que en el 2015 el vecino de Rivadavia tenga una opción definitivamente opositora a este gobierno municipal". Propone que "se planifique sobre políticas públicas serias en cuanto a Servicios, Seguridad, Salud, Urbanización, Obra Pública y otros temas".

Asimismo expresó que el partido que integra está en el "espacio del Frente Amplio Progresita UNEN, que está formado por un conjunto de partidos políticos que buscan hacer un cambio rotundo en cuanto al rumbo nacional y provincial de las decisiones que se toman desde el oficialismo, poniendo en riesgo la vida de la República, perjudicando no solo la independencia de los poderes sino también tocando temas sensibles para nuestra sociedad como lo son la falta de justicia, el narcotráfico, el impuesto a las ganancias y la corrupción que no permite tener un Estado institucional fuerte que se gane el respeto de los Argentinos y del resto del mundo".
Varios son los políticos que pidieron que el vicepresidente sea apartado de su cargo. Ernesto Sanz, Miguel Bazze, Margarita Stolbizer y Graciela Camaño reclamaron que Honesty Boudou se aleje de la función para someterse ante la Justicia que ayer rechazó su pedido para ser sobreseído. Es por el Caso Ciccone.

Para la oposición, Amado Boudou debe dejar el Gobierno. Tras el fallo de la Cámara de Casación, que ayer rechazó el pedido del vicepresidente de ser sobreseído en la causa Ciccone, el senador Ernesto Sanz, el diputado Miguel Bazze (ambos de la UCR) y las diputadas Margarita Stolbizer (GEN) y Graciela Camaño (Frente Renovador) salieron a reclamar hoy el inmediato alejamiento del Gobierno del funcionario K.

"Frente a esta realidad y altura, el vicepresidente debe pedir licencia y someterse a la Justicia hasta que la Justicia determina que es lo que realmente pasó en esta causa", manifestó a radio Mitre Sanz, senador y presidente de la UCR, quien consideró que Boudou "hace rato dejó de ser un funcionario que está dentro del circulo de poder" del gobierno de Cristina Fernández.

Para Stolbizer, "la causa judicial está demasiado avanzada para que él pueda tomar solo una decisión de lo que tiene que hacer. Nosotros reclamamos hace mucho tiempo que debería ser apartado del Gobierno", remarcó.

Margarita además advirtió que "tampoco hay mucho más margen para que el juez y el fiscal no amplíen la razón de la declaración indagatoria por la que se lo está investigando" a Boudou. Y explicó: "El propio fiscal cuando hace la acusación dice que Boudou ha sido el autor intelectual de un plan para apropiarse de la empresa. Implica no hay solamente un delito de negociaciones incompatible con la función pública".

"Como todo sospechoso, con algunas cuestiones fehacientemente comprobadas, el vicepresidente debería tener una actitud ética y afrontar esta situación como corresponde a un hombre de bien, desde un lugar que no comprometa la investidura", reclamó, en tanto, Camaño, quien manifestó que el vice no debe renunciar pero sí apartarse del Gobierno.

Según explicó, Boudou debería apartarse para permitir que la investigación avance "por lo que significa su cargo en el marco de la República" y porque pese a las acusaciones "está saliendo al exterior en representación del Estado nacional".

Miguel Bazze fue, en cambio, tajante y pidió su renuncia inmediata.“Todos los argentinos estamos esperando un gesto ético de Boudou, por el bien de las instituciones el vicepresidente tiene que apartarse hoy mismo del cargo y someterse a la investigación judicial sin la protección de sus fueros”, dijo.
El multimedios que pactó con el Diablo desde hace años, aguarda la aprobación de las autoridades competentes para seguir adelante con el cumplimiento del plan de adecuación. Tras la aprobación generalen febrero pasado, ahora esperan que Martín Sabbatella meta primera y arranque de una vez para avanzar en la ejecución del plan.

La Cámara calificó de "inadmisible" un recurso presentado por el vicepresidente para ser desligado de la investigación del traspaso de la imprenta de billetes.

La Cámara Federal de Casación resolvió que siga adelante la investigación al vicepresidente de la Nación Amado Boudou en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. El fallo fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país, que rechazó un recurso de excepción por falta de acción presentado por la defensa del funcionario. Esto es así porque la sala IV de Casación declaró "inadmisible" el recurso presentado por la defensa de Boudou, en una decisión tomada por mayoría con los votos de Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky. Estos mismos magistrados ya habían rechazado otros intentos del vicepresidente de declarar nula parte del caso Ciccone.

Boudou tiene un pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal federal Jorge Di Lello al juez que lleva la causa Ariel Lijo . De esta forma, la investigación sobre la supuesta intervención del ex ministro de Economía para levantar la quiebra de la ex imprenta calcográfica y ponerla en manos de amigos suyos seguirá adelante. En abril pasado, Boudou había presentado un escrito ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema, en el que advirtió que no cometió ningún delito y pidió el cierre del caso.

El atajo legal que presentó el vicepresidente para ser sobreseído de la causa se denomina "excepción por falta de acción". La defensa del ex titular del Palacio de Hacienda planteó que no existen pruebas suficientes para acusarlo de negociaciones incompatibles con la función pública u otros delitos y que se vulneró la garantía de la que goza todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable. Ese recurso ya había sido rechazado en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, y por la Cámara Federal, que instó a que cuanto antes se decida si el vicepresidente cometió o no delito. La defensa del vicepresidente apeló y el tema llegó a la Cámara de Casación Penal.

Boudou argumenta que no hizo nada que sea considerado delito por el Código Penal. Admitió haber respondido una consulta que le hizo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sobre dar facilidades a la ex Ciccone para pagar sus impuestos atrasados. En esa nota, Boudou le apunta a la AFIP que "sustancie" el pedido según sus atribuciones y le recuerda que "permitir la continuidad de la empresa" está dentro de la política del Gobierno de mantener las "fuentes de trabajo" enuna empresa de esa "importancia estratégica". Según el ex ministro de Economía, haber suscripto esa nota no evidencia el delito de interesarse de manera indebida por la firma, como sostiene el fiscal de la causa Jorge Di Lello.

Además, el abogado de Boudou, Diego Pirota, destacó que los peritajes descartaron que hubiera fotos de Boudou con Alejandro Vandenbroele, que manejó Ciccone hasta su estatización y negó conocerlo. Sostuvo que fue ajeno a la suma de dinero colocada para salvar a la ex Ciccone y que hasta apareció un dueño de esa plata, Raúl Moneta, que la reclama. No mencionó el relato de la ex esposa de Vandenbroele que lo identificó como el testaferro de Boudou. Tampoco mencionó que Vandenbroele vivió en un departamento de Puerto Madero que es de propiedad de Boudou.

El abogado del vicepresidente reconoció que la familia Ciccone, cuando declaró ante Lijo, dijo que se habían visto con Boudou, que les había señalado que trataran el asunto a través de su amigo José María Núñez Carmona, pero el abogado desestimó estas declaraciones al señalar que otros testigos los desmintieron. También se apoyó en que los Ciccone fueron considerados imputados por el fiscal Di Lello, que pidió sus indagatorias como sospechosos del mismo delito por el que el funcionario pidió indagar al propio Boudou.