21.4 C
San Juan
26 de septiembre de 2020

Etiqueta: Justicia

Por la exención de Ganancias a los jueces, en 2021 el Estado perderá de recaudar $41.000 millones

Equivale a un pago y medio de salarios del programa ATP, una ronda de IFE para cuatro millones de personas y al 45% del presupuesto para inversión del Ministerio de Obras.

La mayoría de los jueces y funcionarios judiciales siguen exentos de pagar Ganancias a pesar de la reforma de 2017.

Con el dinero que el Poder Judicial no pagará el año próximo por estar exento del impuesto a las Ganancias el Estado podría pagar una nueva ronda de salario complementario del programa ATP para asistir a las empresas a abonar sueldos, o podría financiar el alcance de una cuota más del Ingreso Familiar de Emergencia para cuatro millones de personas.

De acuerdo a datos del Presupuesto 2021, la exención de Ganancias para los miembros del Poder Judicial supondrá para el fisco un costo tributario -es decir, lo que deja de recaudar- de $41.285 millones. Será una suma 44% mayor a la que dejaron de pagar los jueces este año, que alcanzó los $28.630 millones.

Los empleados del Poder Judicial comenzaron a ser objeto de Ganancias con una ley sancionada en 2016, pero que solo impactó en aquellos ingresos de personal a partir de 2017, por lo que la gran mayoría de los magistrados y trabajadores judiciales se mantienen fuera de ese descuento sobre sus salarios.

Como comparación, la excepción de Ganancias sobre los funcionarios judiciales permitiría al Estado cubrir una cuota de IFE de $10.000 a cuatro millones de personas. Una ronda completa de esa asistencia a los hogares le cuesta al Tesoro casi $90.000 millones ya que alcanza a nueve millones de personas entre desocupados, trabajadores informales, titulares de AUH y empleadas de casas particulares.

En el mismo sentido, el quinto mes de asistencia salarial del Estado a distintas empresas, principalmente pymes, a través del programa ATP le requirió al erario público $26.820 millones. De esta manera, si jueces y funcionarios del Poder Judicial pagaran Ganancias se podría afrontar una ronda y media más de salario complementario.

Más allá de cálculos comparativos -en rigor, se espera que en 2021 tanto el IFE como el ATP no sean continuados- los $41.285 millones que el fisco no recaudará por la exención de Ganancias a los jueces supera el presupuesto total que tendrán el año que viene la Jefatura de Gabinete de Ministros ($21.417 millones), el Ministerio Público ($36.000 millones), la Cancillería ($36.300 millones), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ($32.000 millones), el Ministerio de Agricultura ($35.800 millones), Ministerio de Turismo ($9900 millones), Ministerio de Cultura ($9100 millones), Ministerio de Ambiente ($9600 millones) y el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros ($6200 millones).

En relación a otras áreas del gasto público que el Gobierno considera decisivos para la actividad económica el año próximo, los impuestos que no pagará el Poder Judicial equivale casi al 45% de los fondos destinados a inversión real directa del Ministerio de Obras Públicas, que son de $95.000 millones. Y representa dentro de esa suma, casi la mitad del dinero presupuestado para inversión de Vialidad Nacional.

Por otra parte, los $41.285 millones que no podrá percibir de Ganancias el Estado corresponde a casi el 45% de los fondos para ciencia y técnica ($95.270 millones), un 30% del gasto previsto para obras de agua y alcantarillado ($131.000 millones), el 27% del dinero que se destinará a vivienda y urbanismo ($151.000 millones) y casi el 11% del presupuesto de salud.

Los gastos tributarios de 2021 alcanzan casi el billón de pesos (2,64% del PBI). "De ellos, $735.662 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $260.137 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica", explicó el Gobierno en el mensaje que acompañó al proyecto de Presupuesto.

Las excepciones y alícuotas reducidas de IVA explican la mitad de ese monto ($497.000 millones). De ese total, $120.000 millones corresponden a las tasas de IVA menores en productos como carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Respecto a Ganancias, el Estado dejará de percibir $85.000 millones en 2021 por exenciones. La principal es la del Poder Judicial, seguido por las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y en menor medida por la deducción especial para trabajadores que se desempeñan en la Patagonia.

En términos generales, el proyecto de ley de gastos e ingresos que el Ministerio de Economía envió al Congreso este martes prevé un déficit equivalente al 4,5% del PBI, un gasto del capital del 2,2% del Producto, un crecimiento de la economía del 5,5%, una inflación de 29% y dólar oficial a $102.

Martín Guzmán aseguró que el Presupuesto implicará un aumento considerable del gasto de capital previsto (tal como se conoce a los fondos destinados a obras públicas), que pasará en 2021 de representar el 1,3% del PBI al 2,2%. Con una economía que se desplomará en torno del 12% este año por la pandemia, el Gobierno apostará a la obra pública para tratar de encender una recuperación de la actividad.

La Cámara de Casación Penal dispuso que Bruglia, Bertuzzi y Castelli vuelvan a sus cargos anteriores

Según ordenó el tribunal, los tres magistrados deberán ahora regresar a sus juzgados originales, "sin perjuicio" de la finalización de los procesos orales que se encontraban en trámite, para asegurar así "una adecuada administración de Justicia".

La Cámara Federal de Casación Penal acató los decretos del Poder Ejecutivo que hacen cesar en sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al miembro del Tribunal Oral Federal 7 Germán Castelli, adonde habían sido trasladados por decreto del expresidente Mauricio Macri, y a la vez dispuso el término de las subrogancias que ejercían los jueces que reemplazaron a estos magistrados en sus juzgados originales.

La decisión fue adoptada a través de la resolución número 272/2020, en su carácter de Tribunal de Superintendencia de los jueces federales, que preside Angela E. Ledesma, como presidenta de la Cámara, y conformada por Ana María Figueroa, Guillermo J. Yacobucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H. Borinsky, titulares de las cuatro salas que la integran.

En el primer caso, por unanimidad, el Tribunal decidió aceptar los decretos 750, 751 y 752 del Poder Ejecutivo Nacional, publicados en el Boletín Oficial, por el cual se dejó sin efecto los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que habían sido dispuestos en 2018 por decreto de Macri sin acuerdo del Senado de la Nación, que ayer se expidió en rechazo de los traslados.

En la misma resolución, el Tribunal se pronunció por la finalización de las subrogancias que ejercían los jueces que habían reemplazado a estos magistrados en sus juzgados originales, "sin perjuicio" de que sean los suplentes quienes concluyan "los juicios orales en trámite, asegurando una adecuada administración de justicia", según señaló.

En este caso, la decisión se adoptó por el voto mayoritario de Ledesma, Borinsky y Figueroa, quienes se inclinaron por hacer cesar las subrogancias, mientras que Yacobucci y Riggi, según fuentes judiciales, se pronunciaron por limitarse a "elevar" esta situación a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De este modo, los jueces cuyos traslados se dejan sin efecto deberán ahora volver a sus cargos anteriores: Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura había notificado hoy a la Cámara Federal de Casación, que es la autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos por un decreto del entonces presidente Macri.

El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal "no había completado el procedimiento" previsto en la Constitución Nacional, "ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18 y 7/18".

De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

Y el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Los jueces cuyos traslados fueron dejados sin efecto hicieron distintas presentaciones para revertir esta situación ante la Corte Suprema, que aún no se pronunció.

San Juan: dispusieron el cierre preventivo del Tercer Juzgado Civil por un contacto estrecho

Este jueves por la mañana, autoridades de la Justicia local resolvieron el cierre del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minería, el cual funciona en el primer piso de Tribunales.

La medida se adoptó por precaución, luego de que detectaran un contacto estrecho de uno de los empleados con un caso de Covid-19 positivo.

Tal como se hizo con otros organismos judiciales de la provincia, se procedió a despachar a todo el persona del Tercer Juzgado Civil y se realizó una desinfección de las instalaciones edilicias.

Detallaron además que, hasta el momento, la agente judicial que es contacto estrecho del caso positivo es asintomática y todo el personal del Tercer Juzgado Civil seguirá el protocolo que establezca el Ministerio de Salud Pública.

Señalaron también que la actividad laboral en el Tercer Juzgado Civil será normal a partir del turno vespertino de este jueves 17 de noviembre, y lo será en los días sucesivos.

Ayres de Pilar pidió a la Justicia que fije un domicilio alternativo para Lázaro Báez

La administración del barrio cerrado dijo que "no avala y lamenta todo hecho de violencia".

La sociedad que administra el Barrio Cerrado Ayres de Pilar pidió a la justicia que "evalúe" fijar un "domicilio alternativo" para Lázaro Báez a fin de "preservar la seguridad de los habitantes" del country, quienes el lunes último impidieron el ingreso del empresario, ordenado por el Tribunal Oral Federal 4 para que cumpliera allí su detención domiciliaria.

Sin embargo, en una carta que dirigió a los vecinos del barrio privado, la administración afirmó que se mantendrá "a derecho frente a lo que disponga la justicia y no permitirá ningún tipo de excepción", aseguró que "nunca" fue impedido el ingreso de Báez y de las fuerzas de seguridad y pidió que "cualquier tipo de manifestación pública sea pacífica, respetuosa y sin olvidar las normas de seguridad y aislamiento sanitario".

"Hemos vivido acontecimientos sin precedentes debido al intento de traslado del Sr. Lázaro Báez a Ayres de Pilar, a los efectos de fijar domicilio en la casa que figura a nombre de una de las sociedades de la que es titular, para continuar su prisión en forma domiciliaria", afirmó la administración del barrio, en una carta dirigida hoy a los vecinos del country.

"No avalamos y lamentamos todo hecho de violencia, aún cuando no podemos asegurar que los protagonistas hayan sido vecinos de Ayres", advirtió Ayres, aunque remarcó que "se mantendrá a derecho frente a lo que disponga la justicia y no permitirá ningún tipo de excepción".

Aseguró que tampoco "atenderá situación particular alguna que vaya en contra de los protocolos vigentes, que atente contra los vecinos, o que modifique la armonía del barrio, velando por la seguridad e integridad de las más de ochocientas familias que vivimos en Ayres y que deseamos hacerlo en un marco de paz y tranquilidad".

Con todo, el directorio del barrio cerrado afirmó que, "a partir de los recientes hechos lamentables", Ayres de Pilar "se ha presentado ante el Tribunal Oral Federal 4, en el que tramita la causa, para solicitar se evalúe la posibilidad de que se fije un domicilio alternativo, donde el Sr. Báez cumpla el arresto domiciliario, a los fines de preservar la seguridad de los habitantes del barrio".

"Pedimos a todos que, cualquier tipo de manifestación pública sea efectuada en forma pacífica, respetuosa y sin olvidar las normas de seguridad y aislamiento sanitario vigentes en estos tiempos", pidió la administración a los vecinos.

En el escrito presentado ante el tribunal, el barrio cerrado afirmó que "en ningún momento se ha prohibido el ingreso de las fuerzas policiales, ni del Sr. Baez, ni de sus letrados".

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso el lunes el arresto domiciliario de Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de ese country, en el Gran Buenos Aires, porque vecinos de ese barrio lo impidieron e incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal.

San Juan: un juez es el décimo caso de Covid-19 positivo en la Justicia provincial

Se trata de un Juez de la Cámara Civil que no estaba asistiendo presencialmente al organismo.

El Ministerio de Salud Pública confirmó la semana pasada que una persona integrante del Poder Judicial de San Juan dio Covid-19 positivo, transformándose en el décimo caso en este poder del Estado provincial.

Por lo tanto, no se trata de un nuevo paciente positivo, sino que está dentro de los confirmados con anterioridad por la autoridad sanitaria.

El personal judicial es un magistrado integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, el cual cuenta con nexo epidemiológico, quien no se encontraba en funciones laborales al momento de la confirmación de Salud Pública, motivo por el cual no fue necesario afectar al funcionamiento del organismo judicial.

El servicio de Justicia en ese organismo judicial fue y es normal al iniciarse esta semana, ya que, de ser necesario, el magistrado puede ser subrogado.

Cada agente judicial, de los diez casos positivos, fue contactado e informó a las autoridades sanitarias sobre sus contactos estrechos.

Desde la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, en coordinación con la Unión Judicial San Juan y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, se está en permanente contacto con los agentes judiciales que dieron positivo, como también con quienes están en estudio.

Tal como se hizo con los otros organismos judiciales con personal afectado por coronavirus, durante la semana pasada se procedió a la desinfección de las instalaciones edilicias.

San Juan: así será el funcionamiento de la Justicia desde el lunes 7 de septiembre

Mediante el Acuerdo General Nº 150 de Superintendencia, se establecieron las jornadas laborales, horarios de atención al público y el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales. Asimismo, hubo una reunión por videoconferencia entre la presidenta de la Corte, representantes del Foro de Abogados de San Juan, la Unión Judicial San Juan y el Colegio Magistrados y Funcionarios.

La Corte de Justicia de San Juan, integrada por su Presidenta, Adriana García Nieto, y los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, con la asistencia del Fiscal General, Eduardo Quattropani, dispuso mediante el Acuerdo General N° 150 cómo será el funcionamiento del servicio de Justicia desde el día 7 de septiembre del presente año.

Se estableció que la jornada de trabajo de los órganos jurisdiccionales se desarrollará en doble turno, matutino de 7 a 13 horas, y vespertino de 14 a 20 horas, con algunas excepciones especificadas.

La atención a profesionales y público se realizará exclusivamente en turno matutino, de 7.30 a 13 horas, debiendo los profesionales solicitar un turno en forma previa y obligatoria.

El Acuerdo establece que a partir del día 7 de septiembre de 2020 se reanude los plazos procesales de las causas en trámite y se habilita la promoción de todo proceso de competencia Civil, incluidos Comercial Especial, Contencioso Administrativo y Familia, Laboral y Penal, así como la Justicia de Paz Letrada, en ambas circunscripciones y todas las instancias.

Quedará habilitada la celebración de audiencias en todos los fueros con las modalidades autorizadas por la Corte de Justicia. Preferentemente las audiencias se realizaran de manera remota por medios tecnológicos, y se admitirá la realización de audiencias en forma total o parcialmente presencial cuando las condiciones de espacio físico y distanciamiento entre sus participantes resulten compatibles con los protocolos sanitarios.

Las presentaciones en formato electrónico (PDF) se recepcionarán a través de la Mesa de Entrada Virtual (MEV) o, en su caso, por correo electrónico remitido únicamente a las casillas oficiales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, cumpliendo con las normas establecidas en el Acuerdo General N° 53/2020.

Sobre el personal judicial que se encuentre con dispensa para concurrir a prestar servicios a su lugar de trabajo, se determinó que quede igualmente afectado a la prestación de servicio en forma remota, conforme las pautas que le sean oportunamente comunicadas por los responsables de los organismos donde revistan, y siempre que la función que cumplan sea compatible con dicha gestión informática.

Los magistrados deberán distribuir a los funcionarios y demás personal, con arreglo al doble turno, en una proporción que garantice el distanciamiento social y el no contacto entre los grupos, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del organismo o la oficina en el caso de que una persona o un grupo resulte afectado por el Covid-19.

El responsable de cada organismo u oficina deberá remitir cómo será la organización de su dependencia para su aprobación ante la Corte de Justicia. Deberá hacerlo ante la Dirección de Recursos Humanos, mail: [email protected]; teléfono 4222611 internos 372/373/363, Rivadavia 473 Este, Segundo Piso, edificio 25 de Mayo (Tribunales).

Cabe destacar que se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de los edificios. A través de la Policía de San Juan, se hará cumplir en cada edificio las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias y por la Corte de Justicia para la protección de la salud humana, ante la emergencia sanitaria motivada por la pandemia Covid-19.

La Corte local se reunió con los tres sectores de la Justicia

La reunión se realizó entre la presidenta de la Corte, representantes del Foro de Abogados de San Juan, la Unión Judicial San Juan y el Colegio Magistrados y Funcionarios.

Este viernes al mediodía, la Corte de Justicia, a través de su Presidenta, Adriana García Nieto, mantuvo una reunión por Zoom con el Presidente del Foro de Abogados de San Juan, Gustavo Giaccagli; el Presidente de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, y el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Carlos Fernández Collado, en la que se les informó cómo será el funcionamiento de la Justicia a partir del lunes 7 de septiembre. Del encuentro virtual que se celebró por videoconferencia, también participó el secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera.

Para aprovechar la reunión con los tres sectores que son pilares de la Justicia, la presidenta de la Corte escuchó distintas sugerencias y observaciones que expresó cada titular de los organismos para que el servicio a Justicia se preste en óptimas condiciones y de esta manera cuidar la salud del personal judicial, abogados/as y del público en general.

La Justicia rechazó el pedido de Bertuzzi y Bruglia para seguir en sus tribunales

La decisión de la jueza de primera instancia Macarena Marra Giménez avala la posición del oficialismo en la Cámara de Senadores. Desde el Gobierno sostienen que incumplieron su trámite de designación y por ende nunca debieron asumir.

Mientras el Frente de Todos avanzó en el Senado para sacar de sus tribunales a tres jueces inconsistentes, la Justicia rechazó pedidos de los tres para ser mantenidos en sus cargos, a los que llegaron por traslado durante el gobierno anterior. Los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli no pierden sin embargo la esperanza y aún confían en que un fallo de la Corte Suprema les permita conservar sus lugares.

El eje del problema es que el oficialismo en el Consejo de la Magistratura les cuestionó que no tenían acuerdo del Senado para sus nuevos cargos. Afirmó que el acuerdo que les había dado el Senado solo era válido para los cargos que ocupaban con anterioridad, cuando eran, igual que hora, jueces federales en lo penal, pero de otros tribunales. Con esa decisión del Consejo, el Senado realizó una audiencia este viernes para darles nuevo acuerdo. Los camaristas no concurrieron, porque entendieron que no necesitan otro acuerdo: ya tienen el que se les otorgó cuando fueron designados jueces.

Anteriormente, los tres jueces fueron a la Justicia, que hoy rechazó sus pedidos para frenar los nuevos traslados que intenta el Senado. La jueza de primera instancia Macarena Marra Giménez rechazó la medida cautelar pedida por el juez Castelli para que la Justicia detenga el trámite en la Cámara alta. Castelli sigue litigando, con una apelación ante la Cámara y esperando que la jueza falle sobre el fondo de su reclamo, que busca que declare innecesario el nuevo acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi ya perdieron en primera instancia con un fallo de la jueza María Alejandra Biotti y ante ese revés, plantearon dos caminos paralelos: por un lado, apelaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, por otro, fueron directamente ante la Corte Suprema de Justicia con un per saltum. Este recurso implica no esperar a que se pronuncie la Cámara y reclamar que la Corte se aboque de inmediato al problema.

Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy la medida cautelar que habían pedido para frenar el trámite en el Senado. Los camaristas Jorge Alemany y Guillermo Treacy dijeron que en el marco de una medida cautelar no ven verosímil la ilegitimidad del acto del Consejo de la Magistratura que les exige un nuevo acuerdo del Senado. Además, por los argumentos que esbozaron hoy los magistrados, no parecen muy proclives a darles la razón cuando analicen el fondo del asunto.

Así las cosas, el único camino que les queda a los camaristas Bruglia y Bertuzzi para seguir batallando es la Corte. Allí pidieron al tribunal que de inmediato frene a la Cámara alta y argumentaron que la propia Corte ya dijo en una acordada de 2018, ante el traslado de Bruglia, que no es necesario un nuevo acuerdo del Senado cuando los traslados "se dan dentro de la misma jurisdicción, para desempeñar funciones de la misma jerarquía, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento expreso del magistrado". Y esto se ajustaría al caso de los camaristas.

La Corte analizó el caso esta semana y no tomó ninguna determinación. El máximo tribunal se volverá a reunir virtualmente el martes de la semana próxima. A fines de esa semana está prevista una sesión del Senado donde la mayoría kirchnerista rechazará, en el pleno, el acuerdo de Bruglia y Bertuzzi, y activará el mecanismo para que regresen a su tribunal oral.

El Juez De la Torre autorizó la realización de prácticas médicas sobre una menor que estaba en riesgo

Sucedió en San Juan: la vida de la niña estaba en riesgo y, por motivos religiosos, su madre se oponía a las intervenciones médicas, entre ellas, una transfusión de sangre. Personal del hospital solicitó la autorización judicial. Toda la gestión se realizó por mail y en solo una hora.

El Primer Juzgado de Familia, a cargo de Esteban de la Torre, juez subrogante, autorizó la realización de prácticas médicas sobre una menor que se encontraba en riesgo vital, frente a la negativa expresa de su progenitoria, quien se negaba a las intervenciones por razones de índole religiosa.

La autorización judicial fue peticionada a raíz de la necesidad de efectuarle estudios de variada complejidad, considerando incluso la posibilidad de una transfusión, a una menor que se encontraba en grave estado de salud.

Frente a esto, se encontraba la negación de la progenitora, profesante de la religión Testigo de Jehová, la cual se oponía a las prácticas que el criterio médico informaba que debían realizarse de forma urgente.

Ante este escenario, el magistrado afirmó: "no obstante el respeto que merece el derecho a profesar libremente las ideas religiosas de los progenitores, el caso en cuestión requiere expedirse en favor del derecho a la salud y la vida del menor, pues garantizar el derecho constitucional de la progenitora importaría libre y llanamente permitir a esta disponer sobre la vida de su hija (menor de cuatro años de edad), avasallando su impostergable derecho constitucional a la vida".

La gestión judicial se resolvió de forma electrónica y muy rápidamente, respondiendo de forma ágil a la urgencia que planteaba la situación.

Inmediatamente, luego de la recepción de la solicitud de autorización judicial presentada por el Servicio Social y el Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Rawson, la cual se efectuó mediante correo electrónico; el juzgado configuró el expediente, dictó resolución, informó al personal del nosocomio sobre la decisión por email, al tiempo que remitió cédula de notificación a la madre de la niña. Este proceso se llevó a cabo en tan solo una hora, a través de comunicaciones electrónicas.

Teniendo en cuenta que se trataba de una paciente en riesgo vital y considerando el superior interés del niño, garantizado expresamente en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Juez Esteban de la Torre resolvió autorizar la realización de toda práctica médica de cualquier complejidad, incluyendo transfusiones, tendiente a salvaguardar la integridad psicofísica de la niña, conforme su estado clínico.

Además, el magistrado dispuso que se informe al juzgado sobre todas las prácticas médicas que se llevaren a cabo en referencia a la menor.

San Juan: detectaron 9 contagiados de coronavirus en el Poder Judicial

El Poder Judicial de San Juan informó que sobre el mediodía de este jueves 27 de agosto, fueron 9 los casos de Covid-19 positivo. Son agentes judiciales con nexos epidemiológicos, confirmados por Salud Pública de la provincia, quienes forman parte de los 200 casos confirmados al día de la fecha.

Cada agente judicial que dio positivo fue contactado y se informó a las autoridades sanitarias sobre sus contactos estrechos, datos oficiales que están bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, El País Diario pudo averiguar que el número de agentes judiciales Covid-19 positivo podría subir en las próximas horas, ya que hay algunos empleados a quienes se les hizo el análisis y se esperan los resultados.

El Ministerio de Salud Pública informó oficialmente al Poder Judicial que se tomaron todas las medidas sanitarias pertinentes, entre ellas, la autoridad sanitaria confirmó que hay otros agentes judiciales que están siendo sometidos a los estudios correspondientes para saber si contrajeron o no el virus.

Desde la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, en coordinación con la Unión Judicial San Juan y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, se está en permanente contacto con los agentes judiciales que dieron positivo, como también con quienes están en estudio.

Los 9 agentes judiciales pertenecen a distintos organismos del Poder Judicial de San Juan: Juzgado Civil N° 8 (siete casos), Juzgado Civil N° 11 (un caso); Defensoría Oficial N° 5 (un caso).

Cada uno de esos organismos fueron desinfectados y ninguno de ellos está operativo, por lo tanto no tiene personal cumpliendo funciones laborales, debido a que no fueron afectados por el Régimen de Regulación Administrada de la Actividad Judicial por Razones de Emergencia Sanitaria, desde el 24 de agosto al 6 de septiembre de 2020, dispuesto por la Corte de Justicia de San Juan mediante el Acuerdo General N° 146.

San Juan: Covid-19 positivo en empleados del Octavo y Noveno Juzgado Civil

En el Poder Judicial hay preocupación porque dos o tres casos habrían dado positivo durante el fin de semana. Se trata de personas que trabajan en el edificio de calle Mendoza antes de avenida Córdoba, donde funciona el Octavo y Noveno Juzgado Civil.

Si bien aún no se comunicaron oficialmente los resultados de los hisopados realizados por Salud Pública, trascendió que al menos serían 2 o 3 los casos de Covid-19 positivo en ese sector de la Justicia. Estas personas están vinculadas a uno de los contagios de Caucete.

Asimismo, se le habrían realizado exámenes a otros 10 o 15 empelados del Poder Judicial que tuvieron contacto con los casos positivos.

Si bien la Justicia local tomó medidas desde el jueves, la preocupación continúa. Mediante dos acuerdos que se hicieron públicos el viernes, se garantizó el servicio de Justicia para la provincia de San Juan.

Tal como lo anticipó en la semana El País Diario, la Corte de Justicia de San Juan suspendió las actividades en ambos juzgados y publicó el Acuerdo de Superintendencia Nº 66.

Además, el sábado 23 de agosto la Corte local dictó un acuerdo para regir el funcionamiento de la Justicia durante la Fase 1.

Mediante el Acuerdo General Nº 146 se implementó el Régimen de Regulación Administrada de la Actividad Judicial por Razones de Emergencia Sanitaria. En el acuerdo se estableció un nuevo funcionamiento del servicio de Justicia, ante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Provincial por el plazo de 14 días.

El texto indica que desde el 24 de agosto al 6 de setiembre de 2020, se suspendieron todos los plazos procesales, en todos los fueros e instancias, a excepción del proceso especial de Flagrancia, cuyo documento completo quedó disponible en jussanjuan.gov.ar

Para disponer el nuevo funcionamiento del servicio de Justicia entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, la Corte de Justicia consideró que "tal como ha sido puesto de manifiesto desde el inicio de la pandemia, esta comprometida con la protección de la salud del personal del Poder Judicial y de los justiciables y profesionales que interactúan con la actividad; garantizando en el marco de los protocolos sanitarios vigentes, la prestación del servicio esencial de Justicia. A tales fines, resulta procedente contemplar acciones que restrinjan al máximo la presencia y circulación de magistrados, funcionarios, personal, profesionales, justiciables y terceros en general en el ámbito del Poder Judicial".