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Anticiparon sobre aumentos superiores al 100% en precios de alimentos

Productos como aceites y harinas dejaron de ser subsidiados por el Estado Nacional a través de fideicomisos.

Los precios de productos de la canasta básica como aceite, fideos, harina y panificados sufrirán aumentos superiores al 100% durante los próximos días, ya que dejaron de ser subsidiados por el Estado Nacional a través de fideicomisos.

Esa asistencia estatal, que ahora ya no está, se trasladará a precios y a eso hay que sumarle el ajuste por inflación, que este mes podría superar el 20%, según estimaciones privadas.

En los supermercados creen que, sin el fideicomiso, el aceite pasará de costar $800 a $2.000 por litro, mientras que los panificados registrarían subas en torno al 80%.

Además, fuentes del sector vaticinaron que los fabricantes aplicarán subas de entre 20 y 25% en los artículos que formaban parte del programa Precios Justos, que funcionó durante el Gobierno anterior.

Esta semana, las empresas de consumo masivo comenzaron a mandar las nuevas listas de precios con aumentos.

Como el Presidente Javier Milei anticipó que durante su gestión no habrá controles de precios, los valores de las góndolas de los supermercados se equipararían con los que hay en almacenes y autoservicios chinos, adonde no se aplicada ese programa oficial.

También Milei anticipó que la inflación trepará a entre 20% y 40% mensual durante los próximos meses, con impulso de los precios de los alimentos.

Por caso, hay consultoras como EcoGo que indicaron que los alimentos aumentaron un 8,2% promedio durante la semana pasada, según publicó el matutino Clarín. En los mayoristas y autoservicios los precios aumentaron entre 35 y 50% la semana pasada y se aguardó que las grandes cadenas apliquen ajustes similares en los próximos días.

En el sector vaticinaron que el consumo se frenará este mes y el próximo, hasta tanto se acomoden los precios y se reactiven las promociones en los supermercados.

Paro de transportistas: advierten que podría haber desabastecimiento de aceite

El problema radica en que muchas de las refinerías trabajan dentro de los mismos puertos a los que no llegan los camiones por la medida de fuerza.

Los productores de aceite advirtieron en las últimas horas que a raíz del paro de transportistas de granos podría producirse un desabastecimiento de aceite en los próximos días, ya que la interrupción de ingreso de camiones a los puertos provocó la disminución del volumen de materia prima disponible para trabajar.

La medida de fuerza iniciada el lunes también generó problemas económicos, ya que en los tres días de conflicto se perdieron de movilizar 25.000 millones de pesos y se paralizaron exportaciones por 300 millones de dólares, indicaron.

El eje del paro que encabeza la Federación de Trabajadores de Industria de la Alimentación es la inmovilización de los camiones, por lo que no ingresan al puerto.

Los productores de aceite señalaron que, a menos que esto se solucione "a la mayor brevedad posible", en los próximos días ya se podrían comenzar a observar los primeros síntomas de faltante de este producto en las góndolas de los comercios.

Muchas de las refinerías trabajan dentro de los mismos puertos a los que hoy no llegan los camiones, por los que no pasará demasiado tiempo para que se queden sin materia prima para trabajar con normalidad.

"Entendíamos que esto ya debería estar solucionado pero se está estirando demasiado; teníamos la expectativa de que se llegaría a un acuerdo pero evidentemente no se está cerca", sostuvo un representante de la industria aceitera. Por día, estas refinerías procesan cerca de dos millones de litros.

Los propios puertos advirtieron ya al Gobierno que tienen granos y productos de la molienda para trabajar aproximadamente hasta el fin de semana. Luego, y justamente ante la falta de productos con los que desarrollar su actividad, quedarán paralizados.

Desde el lunes pasado dejaron de ingresar 450.000 toneladas de granos que estaban previstos para los últimos días.

A esto se le deben sumar 50 buques que están a la espera de recibir su carga, a lo que se podrían sumar unos 20 durante el fin de semana próximo, siempre y cuando no se logre poner fin al conflicto de los transportistas.

Se calcula que el total de embarques afectados por el paro suma unos 1.000 millones de dólares, un monto que en principio no se pierde ya que se trata de operaciones que se podrían realizar una vez que finalice el paro.

No obstante, el costo logístico de no cargar barcos supera los 50.000 diarios dela moneda estadounidense por cada barco.

El miércoles había sido marcado como un día clave para determinar el futuro de la medida de fuerza, ya que se trataba del primer encuentro cara a cara entre los representantes de la Federación de Trabajadores de Industria de la Alimentación y el Ministerio de Economía. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y por el momento la medida de fuerza continuará.

El Secretario gremial de FETRA, Claudio Enri, explicó que "seguiremos en las rutas hasta tanto no se llegue a una solución. Del paro no nos bajamos sin una respuesta".

En cuanto a la fallida reunión con el Ministerio de Trabajo, el gremialista comentó que no tuvo un final feliz debido a que la Mesa de Enlace "ofertó solo una mejora del 10 por ciento en la tarifa que la industria le paga a los transportistas", algo que no llega a equilibrar las cuentas, debido a las diferencias que existen respecto de los valores del gasoil.

Siempre según Enri, el Gobierno "convalidó el precio del combustible en los 112 pesos", aunque en FETRA afirman que "en muchos casos se cobra 190 pesos", por lo que las cifras finales quedan totalmente desfasadas.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, admitió que hay "preocupación en el sector por la continuidad de la medida de fuerza".

"Esto se debe resolver ya; no tenemos más tiempo si es que queremos no queremos ver el agravamiento de una situación que se está poniendo cada vez peor, pero que por el momento es solucionable", sostuvo el ejecutivo.

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales también exteriorizaron su preocupación. "La falta de arribo de camiones a los puertos genera pérdida de días de trabajo especialmente a los transportistas pero también a aquellos trabajadores que viven día a día del comercio con ellos", precisó un comunicado emitido por la entidad.

Asimismo, agregó que "provoca problemas de producción en las fábricas e incumplimientos de contratos con el exterior, con las graves consecuencias que ello implica para la reputación del origen argentino y, como si ello fuera poco, también corta el flujo de ingresos de divisas".

Récord del siglo: en 2021 el campo aportó 32.800 millones de dólares

El sector agroindustrial ingresó al país en 2021 un total de 32.800 millones de dólares como producto de operaciones de exportación.

El resultado es un récord para lo que va del siglo XXI, según informó Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.

En diciembre, las empresas del sector liquidaron 2.678 millones de dólares, lo que constituye también un récord en este rubro.

Las operaciones de liquidación de divisas del último mes del año pasado muestran  una mejora de 31,11% con respecto a noviembre.

El reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales señala que "la reconstitución de stocks en los países centrales mantiene elevados los precios internacionales de los commodities, en tanto se inició la campaña de trigo en la Argentina" y destaca que "en el país se debió afrontar la persistente bajante del río Paraná, junto con una menor cosecha".

"La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial", explicó la entidad.

El centro cerealero añadió que "la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas".

"Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", indicaron las empresas del sector. 

Por otro lado, el reporte dice que "en este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países".

Aseveran además que "el complejo oleaginoso cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec".

El principal producto de exportación del país es la harina de soja: 14,2% del total, que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%.

El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz: 11%, y el tercero fue el aceite de soja: 6,9%.

Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja.

Solo el complejo soja, que representó el 27% de las exportaciones totales de la Argentina del año pasado, constituye el 16% (344.865 puestos) del empleo generado en 2017 por todas las cadenas agroindustriales, según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Alfredo Leuco: "Más que un Arroyo de corrupción"

Un arroyo, en las sierras de mi querida provincia de Córdoba, es un cauce pequeño de agua cristalina.

Arroyo, por estas horas, es el apellido del responsable de un caudaloso y nauseabundo río de corrupción en la compra con sobre precios de oro de alimentos que ya arrastró a 15 funcionarios.

Y digo que Daniel Arroyo es responsable no solamente porque es el Ministro. Después la justicia se encargará de establecer si también es culpable del robo de más de 300 millones de pesos en una sola mega compra.

Arroyo fue el que designó a Gonzalo Calvo en un cargo donde se necesita la mayor honradez y eficiencia. Y Calvo hace apenas un año, fue despedido por Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, por sospechas de haber cobrado una coima.

La justicia no lo pudo probar pero una cámara oculta lo mostró quejándose porque no le habían cumplido con el trato delictivo.

En mi programa de TN, Patricia Bullrich reveló que varias de las empresas que fueron invitadas a vender sus productos alimenticios, tienen su sede en Almirante Brown. Qué casualidad tan casual.

Arroyo ya conocía a Calvo. Trabajaron juntos en el ministerio cuando lo encabezaba Alicia Kirchner.

Lo mismo pasa con otra funcionaria que está bajo la lupa llamada Cecilia María Lavot. Es la encargada de compras de suministros y dirigente de la agrupación Kolina encabezada por la tía Alicia, actual gobernadora de Santa Cruz, la tierra prometida.

Alicia Kirchner se quiso lavar las manos sin alcohol en gel y en un comunicado aclaró que “Calvo trabajó solo unos meses conmigo. El venía de la gestión anterior de Nélida Doga”.

De paso digamos que entre los 15 a los que le sacaron tarjeta roja está Carlos Montaña, amigo de Sergio Berni y uno de los vice presidentes de Independiente y ligado a Hugo Moyano, el dirigente inmenso y ejemplar.

Arroyo fue el que balbuceó frente a las cámaras explicaciones infantiles: “Les pedimos descuento, pero los proveedores se plantaron”.

El propio presidente Alberto Fernández defendió al ministro diciendo que le preocupaba la “cartelización de los empresarios” que ni siquiera en situaciones de grave emergencia eran capaces de aflojar con su codicia.

El presidente debería denunciar ante la justicia todo este chanchullo repugnante. El abogado del estado, Carlos Zannini debería denunciar a Daniel Arroyo y todos los funcionarios implicados y, por supuesto, también a los empresarios cartelizados.

Los más notables nombres que aparecen aquí son Víctor Lusardi y Osvaldo Assisa.

Dos intermediarios y proveedores históricos del estado que hicieron negocios con todos los gobiernos. Pero hay que investigar si hubo cartelización y la utilización de varias empresas fantasmas que pertenecen a la misma persona y que tenían el mismo domicilio.

Yo escuché a Víctor Fera y su denuncia me sonó como un alarido. Es un empresario de muchos años del supermercadismo mayorista que simpatiza con el peronismo y con este gobierno.

Sin embargo no tuvo pelos en la lengua para decir: “Aquí no hubo error, aquí se pagaron las coimas de siempre, de toda la vida en la Argentina”.

El gobierno no hizo ninguna denuncia. Pero Sergio Rodríguez, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya tomó el caso por la acusación que hizo la abogada Silvina Martínez.

Los delitos son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y fraude a la administración”.

Suponemos que hoy mismo el fiscal va a citar a Daniel Arroyo y a por lo menos dos empresarios: Víctor Lusardi, el que vendió los productos con sobreprecios y a Víctor Fera, el que denunció este mecanismo perverso.

Arroyo no frenó esta operación ni siquiera ante dos claras advertencias de la Sigen. La Sindicatura General de la Nación les advirtió por escrito que estaban pagando mucho más.

Primero observaron la compra de aceite y después la de azúcar. Pero Gonzalo Calvo, insistió. Gambeteó las alertas de la Sigen y avanzó lo mismo con esas compras con el argumento de la emergencia alimentaria por la pandemia.

Arroyo no podía mantenerse al margen de una compra de esta magnitud. No se adquieren todos los días productos por 737 millones de pesos.

El presidente Fernández hace poco caracterizó a empresarios como miserables. Ayer Diego Cabot en estos micrófonos dijo que “no hay nada más miserable” que un funcionario que le roba el dinero para la comida a los pobres.

Mucho más todavía en esta situación tan grave. Y mucho más aún, escudándose en los decretos de excepción que se le dieron al gobierno para hacer más rápido las cosas. Pero eso no es un cheque en blanco para que puedan robar o estafar.

Un párrafo aparte para Diego Cabot y en el para todos los colegas independientes que investigan a fondo pese a los ataques y persecuciones a los que son sometidos. Diego es el periodista que hizo la denuncia más grave de la historia argentina.

Su riguroso trabajo destapó la olla podrida y millonaria de los cuadernos de Centeno. Las coimas de la obra pública que enriquecieron a la familia Kirchner y a su secretario Daniel Muñoz, entre otros.

En esta ocasión también fue el que iluminó este negociado oscuro y despreciable. En las redes lo insultaron de arriba abajo. Los fanáticos del cristinismo que odian al periodismo, tal como les enseñó su jefa, lo acusaban de gorila, golpista, oligarca.

Pero lo cierto es que gracias a su trabajo, este gobierno se va a ahorrar 300 millones de pesos. Alberto debería agradecer el trabajo de Cabot y de los periodistas independientes.

Porque fueron las cámaras de TN y los móviles de radio Mitre los que denunciaron las colas criminales a las que sometieron a los jubilados frente a los bancos aquel viernes negro.

Eso le permitió al presidente frenar de golpe, dar un volantazo y programar de otra manera los pagos.

Si Fernández hubiera estado mirando los canales K o escuchando las radios militantes, no se hubiera enterado nunca y esa situación peligrosa hubiera terminado con una tragedia y tal vez con varios adultos mayores muertos.

En ningún caso se pronunció ninguno de los dirigentes peronistas. Ninguno advirtió en voz alta lo que estaba ocurriendo y ninguno criticó o repudio lo que había pasado.

Los integrantes de la mesa contra el hambre, también se quedaron mudos y brillaron por su ausencia en el escenario público. Nadie dijo nada. Solo el periodismo independiente y los políticos opositores.

Ni en el caso de las colas rumbo al matadero, ni en esta estafa en la compra de alimentos. El que sí saltó como leche hervida fue Juan Grabois. Es un, chavista K y francisquista en la corte de Alberto.

Frente al escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios por parte de Daniel Arroyo, disparó con munición gruesa: “Hay que fusilar al que hizo esto.”

Aunque aclaró que lo decía metafóricamente. Pero arremetió, agresivo y explosivo: “Algún h de p… compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Es una estafa a los pobres. Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Confío en que Alberto va a ponerle los puntos al responsable”.

Se refería a que los fideos, el aceite y el resto de los productos eran marca Cuchuflito o Pindonga, como diría Cristina. Y los precios más bajos eran los de primer nivel.

Después, Grabois dijo que no le alcanzaba con los retos y que quería que rodaran cabezas para que los responsables no quedaran impunes.

Y finalmente felicitó a Alberto por haber echado a Calvo con el siguiente tweet: “el que las hace las paga. Sea corrupto o irresponsable. Hay que combatirlos porque atacan el bienestar general”.

Grabois también suele fustigar a los periodistas que no se callan. Esta vez él se enteró de lo que repudia con tanta vehemencia por el trabajo de un periodista. Y de un diario que él atribuye a la ideología de la oligarquía ganadera y los grupos concentrados.

La lección que este cuarto gobierno kirchnerista debe sacar, es que no se puede ahogar ni en un vaso de agua ni en un arroyo.

Que si de verdad Alberto Fernández quiere que se termine el país de los vivos, recuerde ese dicho popular de que el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo.

Quien quiera oír que oiga. Y que de una vez por todas se acabe el país de los ladrones y los golpistas. Esos sí, que son los peores virus.

Ahogarse en un arroyo.

Escándalo por sobreprecios: echaron a 14 funcionarios que compraron arroz y aceite más caro

El Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo echó este martes a Gonzalo Calvo, el Secretario de Articulación de Política Social que había quedado en el ojo de la tormenta después de que trascendiera la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN.

Otros 14 funcionarios del área habrían presentado su renuncia a sus puestos. Además, podrían seguir las renuncias. 

El pedido de renuncia a Calvo es el primer resultado que arrojó el sumario interno que se inició el lunes en Desarrollo Social. En el ministerio no descartaron que otros funcionarios sean apartados. "Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios", expresaron fuentes oficiales.

El funcionario detrás del escándalo de los sobreprecios ya había sido echado de un municipio por una denuncia de coimas
Gonzalo Calvo, el genio del ministerio que conduce Daniel Arroyo que habría craneado la compra con sobreprecios.

Calvo había asumido en diciembre y en el pasado se había desempeñado como secretario de Seguridad de Almirante Brown, cargo al que renunció en medio de una denuncia por coimas. Respondía políticamente al Intendente Mariano Cascallares.

El flamante exfuncionario era el encargado de mediar en los conflictos con las organizaciones sociales. De hecho la compra era para comedores, que son administrados por los movimientos en cuestión.

Allegados a Calvo precisaron que fue él mismo quien ofreció su renuncia al Ministro Arroyo, otro chanta, para descomprimir la situación. "Se puso a disposición de cualquier investigación. La compra fue en el marco de la emergencia", señalaron.

Catorce de sus colaboradores presentaron su renuncia indeclinable, según dijeron fuentes de la secretaría de Articulación de Política Social. Sin embargo, cerca del ministro no lo confirmaban. A última hora de este martes, Arroyo se reunía con el Presidente en Olivos. 

​Los 14 funcionarios que habrían presentado su renuncia indeclinable -según confiaron cerca de Calvo, son el subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.

Arroyo dispuso además revocar las compras de aceite y azúcar, que, según indicaron en el ministerio, eran las que estaban por encima de los precios testigo de la Sigen. "Se va a hacer una nueva convocatoria", destacaron. 

Referentes de los movimientos, con cargos en el ministerio de Arroyo, mantienen una guerra subterránea con los intendentes del Conurbano.

"Quiero ver rodar una cabeza. No puede ser que esto pase impunemente", había reclamado en declaraciones a FM Millenium el referente de la CTEP Juan Grabois, un zángano VIP que sigue haciendo como que lucha por los pobres. 

El escándalo comenzó este lunes cuando se comprobó que en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de 534 millones de pesos. La compra incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.

En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante, como insistieron en el Gobierno, de los "precios testigo" que fija la Sindicatura General de la Nación. En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.

Tras conversar con el Arroyo, el presidente respaldó a su ministro, pero advirtió que ordenaría que el Estado no pueda comprar insumos por encima de los precios fijados por la SIGEN.

"Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo", sostuvo el mandatario en diálogo con TN.