La agencia de inteligencia recuperará su antigua denominación. Además, se crearán cuatro áreas especializadas.
El Gobierno avanzará este lunes por la noche con la modificación por decreto de la Agencia Federal de Inteligencia. El organismo volverá a llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado y tendrá dependencias especializadas.
Según adelantaron fuentes oficiales, las disposiciones se publicarán esta medianoche en el Boletín Oficial. Allí se reordenará el área de inteligencia, que abandonaría la órbita de la jefatura de Gabinete y volvería al entorno de Presidencia.
Además de la recuperación de la vieja denominación de la SIDE, la administración de Javier Milei ordenará la creación de cuatro áreas, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de asuntos internos.
Más allá de las intenciones del Gobierno, todo intento de reforma debería pasar por el Congreso dado que la AFI y las tareas de los organismos de inteligencia están regulados por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, sancionada en 2001 y modificada en 2015.
Al día de hoy, el Congreso Nacional no está discutiendo la modificación del área de inteligencia en ninguna de las comisión que lo componen. Tampoco está claro si el oficialismo cuenta con el apoyo legislativo necesario para encarar una transformación de tal magnitud.
La Ley 25.520 no sólo regula la AFI, sino el Sistema de Inteligencia Nacional. Establece que todo organismo de esta índole deberá ajustarse a la Constitución Nacional y tiene prohibido "realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal" y espionaje con fines políticos.
Gobierno avanza con la reforma del área de inteligencia
De todas maneras, el Gobierno avanzará por decreto con la transformación de la actual AFI, tal como adelantó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a fines de mayo.
En aquel momento, el funcionario se refirió a las tareas de inteligencia que están a cargo del Estado. En ese sentido, consideró que "tiene que haber inteligencia exterior para tener en claro lo que está pasando en el mundo" y "tiene que haber inteligencia interior, para pensar lo que está pasando con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las fronteras".
"Para eso hay que usar especialistas que hay y que no hay tampoco en el país", señaló Francos. Y en una crítica a las gestiones anteriores, remarcó la importancia de tener "organismos divididos", algo en lo que el Gobierno avanzaría mediante el decreto que se publicará este lunes por la noche.
La AFI denunció en la Justicia a exfuncionarios del Gobierno de Vidal.Quedaron registrados en videos, reuniones del entonces Ministro de Trabajo Marcelo Villegas promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales.
"Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Esas son palabras de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en una sede del Banco Provincia, frente a empresarios de la construcción y acompañado del exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de PBA; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del Intendente de La Plata, Julio Garro.
Allí los funcionarios macristas garantizaban y aseguraban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "nación y provincia" para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.
Esta información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro y forma parte de una denuncia que presentó este lunes la interventora del organismo, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.
En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, director General de COPETRO; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos.
"Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó. Los videos fueron encontrados por la AFI en un disco rígido, mientras realizaban tareas de mantenimiento. Aún no se sabe quién los grabó y con qué objetivo.
El modus operandi
El mecanismo que Cambiemos tenía acordado con los empresarios y con el Poder Judicial para atacar a los sindicatos y quitarles derechos a los trabajadores estaba planificado al detalle. En un principio el modus operandi consistía en que las propias empresas generaran tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras.
De allí se desplegaba una doble estrategia, primero los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas, que entregaban en mano a Villegas, tomaban el recaudo de no dejarlas en la mesa de entrada, y luego al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras "clave" que los funcionarios les decían que incorporen, como "extorsión" y "amenaza".
"Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio", les indicaba el exministro de Trabajo. Una vez que la causa se abría, el Juez pedía al ministro pruebas y él aportaba todas las notas. Esas operaciones estaban acordadas previamente con la pata judicial.
El propio Villegas fue el encargado de explicarlo en el encuentro. "Hemos tomado la decisión como gobierno de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA", dijo
Y detalló que "el esquema es el siguiente, necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos".
"Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas", agregó.
El exministro aclaró que "hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar". Luego subrayó que "hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un vice ministro de Justicia, un senador del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial".
La persecución macrista a los sindicatos
Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo Pata Medina, fue apresado. En esa ocasión las cámaras empresarias salieron públicamente a festejar lo sucedido.
También lo celebró la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri. En sus declaraciones, utilizaron la misma terminología que la que se mencionó en el encuentro, "lo que pasó en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, de los valores que necesitamos instalar en la Argentina. En la Argentina del futuro todos tenemos que trabajar dentro de la ley", había dicho Macri.
Vidal, en tanto, había asegurado que "la amenaza no es el camino, hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso".
La entonces gobernadora resaltó el rol que jugó el Poder Judicial y lo felicitó por su accionar en la detención del secretario general de la UOCRA, "hay que reconocer el trabajo de la Justicia es este caso. No hay más lugar para las mafias, para la extorsión, en la Provincia", subrayó.
De los dos lados del mostrador
Los empresarios de la construcción de La Plata estaban molestos por diversas cuestiones. Se quejaban de un plus que cobraban los trabajadores del sector, por las viandas que recibían, por los "camping" que tenían los sindicatos y por una serie de medidas que tomaban los gremios relacionadas a cuestiones de género, entre otras.
Los funcionarios de Cambiemos les prometían que lo iban a solucionar. Garro, por ejemplo, dijo que "hemos estado en el 2016, 2015, 14, 13, en 400 millones de asados, comidas y de lo único que se hablaba era de esto. ¿Quién va a hacer algo alguna vez? Bueno. Lo estamos haciendo".
Convencido, agregó que "si nosotros no aprovechamos esto ahora es lo peor que puede pasar. En 50, 60 años más no se va a solucionar. El destino, el futuro, nos puso en este lugar. Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar garantizándoles, dando la contención que van a necesitar y que nosotros mismos vamos a necesitar".
Para rematar, subrayó sobre el sentido de la reunión que "hay que hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa".
Los colaboradores de Garro puntualizaron que "en más de una oportunidad a Julio le tocó ver a tipos llorando que tenían las obras paradas y se estaban por fundir por no poder conciliar con la UOCRA. Se reunió con ellos en calidad institucional, de intendente".
Ante la pregunta sobre los acuerdos con el Poder Judicial, explicaron que "eso en boca de Julio no está y nunca lo va a plantear en esos términos. Él defiende las instituciones y si se tiene que presentar a la Justicia, estará a disposición. No se hizo nada malo, o por lo menos él. Si después el ministro dijo lo que dijo, que se haga responsable".
¿Quién es Villegas?
El exministro de Trabajo bonaerense es un abogado laboralista con vasta trayectoria en el sector privado. Su currículum, al igual que el de muchos funcionarios PRO, muestra que trabajó en puestos directivos de diversas empresas, las mismas que siendo ministro debía controlar, y también tiene en su historial una imputación por evasión.
Se desempeñó como gerente de RRHH en el grupo Pérez Companc, ocupó cargos directivos en varias empresas del grupo Suez, fue vicepresidente Ejecutivo de Ondeo Services Inc. en Puerto Rico y ocupó cargos directivos en el grupo Cencosud y Wall Mart Stores.
Antes de desembarcar en PBA, fue director de Capital humano del Grupo Telecom Argentina. En 2001, cuando Villegas integraba junto a su socio la empresa Protel Servicios S.A, del rubro de la comunicación, declararon la quiebra y fue imputado por evasión impositiva. Posteriormente fue sobreseído, pero no por ser inocente, sino porque la suma evadida era menor a la que constituía delito.
En el marco de una causa judicial, la interventora del organismo Cristina Caamaño envió documentación secreta con las localizaciones e identidades de los agentes encubiertos.
En un documento que envió a la Justicia sin tomar ningún recaudo por la información sensible y de impacto internacional que contenía, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, generó la mayor filtración de datos de la inteligencia argentina en democracia.
Allí figuran doce espías argentinos en diferentes países, con sus nombres y destinos, uno de los cuales trabaja en el Líbano y está activo desde hace 15 años, insertado en la comunidad local, donde opera Hezbollah, la organización acusada del atentado contra la AMIA.
Además, se difundieron seis convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, sin consulta con esos países. También está la estructura orgánica del organismo de inteligencia, con el nombre y la identificación de cada uno de los mandos jerárquicos de los últimos años, así como los nombres de más de 2.000 espías y ex agentes, de los cuales 181 figuran incluso con su número de DNI.
Pero una de las cuestiones más graves, según pudo investigar Clarín, son los nombres de los delegados de inteligencia en otros países, ya que exponen a los agentes argentinos que están o estuvieron encubiertos en esos otros países y a sus respectivas familias, así como a los agentes y funcionarios del extranjero que confiaron en los espías argentinos.
Por ejemplo, están las designaciones de una agente, en Francia; otra en Gran Bretaña; un hombre en Rusia; otro en España; dos en Bolivia; uno en Líbano; otro en Alemania; un hombre en Perú; otro en Venezuela y Colombia; y uno más en Paraguay, entre otros "funcionarios en el exterior". Clarín pudo ver los nombres de esos agentes, pero no los publicó para resguardar su identidad según la Ley de Inteligencia. Muchos siguen en el terreno.
Con los datos enviados por Caamaño se pueden identificar la mayoría de los espías que fueron enviados en misiones a otros países, porque en las Resoluciones están los nombres de cada uno de esos agentes y a qué país fue enviado por la AFI.
El caso más grave es el de M.R. que está en el Líbano. "Esa delegación comprende toda la zona caliente de Medio Oriente, porque el agente está trabajando allí desde hace más de 15 años e introducido en la comunidad local bajo esa cobertura desde entonces", advirtió una fuente de inteligencia. Y agregó: "Allí opera fuertemente el Hezbollah, organización acusada de ejecutar el atentado a la AMIA".
En las 3.850 Resoluciones enviadas a la Justicia por Cristina Caamaño, también se difunden seis convenios secretos con otros países, realizados durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI. En ninguno de estos casos se les preguntó a esos países u organismos si estaban de acuerdo con publicarlos.
Cuatro de esas Resoluciones son: el acuerdo suscripto entre la AFI, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el Centro de Detención de Terroristas de los Estados Unidos; el Memorándum de Entendimiento entre la AFI y el Centro Nacional de Inteligencia de España; el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la AFI; y el Acuerdo en Materia de Seguridad entre la AFI y el Ministerio de Gobierno de Bolivia, a través del Comando General de la Policía Boliviana.
"En la AFI conducida por Caamaño ningún otro servicio de inteligencia va a confiar, porque ya sabemos que no cumple con el compromiso de reserva, presupuesto básico para el trabajo conjunto de inteligencia", dijo un analista internacional.
En medio de este escándalo, esta semana iría Caamaño a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, para explicar a diputados y senadores cuál fue su responsabilidad en la filtración del Libro de Protocolo de Resoluciones de la AFI. La fecha la definirán este lunes, pero apuntan a que se presente esta semana.
La oposición presiona y quiere que aclare qué fue lo que pasó. Caamaño apuntará todos sus dardos contra los fiscales Incardona y Eyherabide. Pero habrá que ver cómo justifica que envió 3.850 Resoluciones secretas de la AFI, para un juicio en el que se investiga a 22 espías y exagentes del organismo oficial.
Cristina Caamaño los acusa de irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció hoy y pidió citar a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri y a los exresponsables del organismo durante ese Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.
La denuncia resultó sorteada en el juzgado federal 6 que, desde la semana pasada, está a cargo del juez Julián Ercolini tras la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral.
Caamaño denunció a Macri, Arribas, Majdalani y a los exfuncionarios del organismo Juan José Gallea y Javier Peire por supuesta administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
La denuncia alude a presuntas contrataciones irregulares que se habrían apartado "de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes", según informó luego la AFI en un comunicado.
Uno de los hechos denunciados es la contratación directa entre agosto y octubre de 2016 de dos empresas para remodelar el quinto piso de la sede central de la Agencia, la oficina donde funciona su Dirección General, una obra por la que se pagaron 10.599.239 pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares, precisó el comunicado.
"Gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio", se detalló.
Además, se denunció la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil en noviembre de 2016, por 106.855,10 dólares.
También se denunció la presunta contratación directa de obras de pintura y reparaciones en otro edificio de la AFI en mayo de 2016 por 277.586 pesos.
La AFI pidió que se pida informes a las empresas que participaron de las obras cuestionadas: NH Construcciones, Emprendimientos Anchorena, Tecnel Electrónica y Mega Soluciones.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció al expresidente Mauricio Macri y a las exautoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.
En el Caso de Escuchas Ilegales, a Macri se lo denunció "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520)" como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia", según explicaron fuentes del organismo.
En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el ex titular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico".