Una de las hipótesis que se manejan es que la Agencia Federal de Inteligencia realizaba espionaje carcelario.

Una exagente de la Agencia Federal de Inteligencia confirmó ante la Justicia federal que en 2018 visitó el centro de monitoreo del Penal de Ezeiza junto a un grupo de colegas encabezado por el exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, ahora procesado por espionaje ilegal.

La exespía Dominique Lasaiguesamplió su declaración indagatoria ante el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y brindó detalles de cómo fue la visita de un grupo de agentes de la AFI a la que se había referido durante su primera declaración, en julio pasado.

Imputada por supuestas maniobras de inteligencia ilegal, Lasaigues aseguró que se sumó a la visita a la cárcel cuando su entonces jefe, Alan Ruiz, le contó que tenía que ir, aseguró que lo hizo por curiosidad, la relató como una suerte de visita guiada, pero confirmó que incluyó una parada en el centro de monitoreo del penal, lo que podría abonar a la hipótesis del espionaje carcelario.

"Fuimos al centro de monitoreo de todo el penal, donde estaban todas las cámaras, sin ningún comentario raro, ni nada", sostuvo la exespía que ratificó todo lo que había dicho en su primera declaración y aceptó responder preguntas de los fiscales que solo interrogaron sobre la visita a Ezeiza.

"Nunca supe para qué fuimos ni qué se iba a hacer. Nunca pregunté", aseguró Lasaigues tras relatar que a la cárcel fueron Ruiz, ella y sus entonces colegas Mercedes Funes Silva y Martín Terra, el chef amigo del exjefe de la AFI, Gustavo Arribas.

Durante la ampliación de la indagatoria, que se concretó por Zoom y duró unos 10 minutos, la exespía sostuvo que cuando visitaron el penal los recibió una señora, que parecía ser la directora del penal, a quien también saludaron antes de irse.

La declaración de Lasaigues se produjo en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos y hasta sobre periodistas; que tiene un legajo dedicado al espionaje carcelario sobre todo contra los empresarios y exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, en lo que se conoció como el sistema IRIC.

En los teléfonos celulares secuestrados a algunos de los espías investigados por espionaje ilegal se encontraron documentos Excel en los cuales los detenidos del sistema IRIC eran clasificados con los colores del semáforo: la calificación no era por su supuesta peligrosidad sino por lo que se podía obtener de ellos, según estiman los investigadores.

Lasaigues estudió licenciatura en criminalística en el Instituto Universitario de la Policía Federal entre 2013 y 2018 y según dijo ingresó a la AFI porque un amigo de su padre les facilitó la llegada a Arribas y a ella le parecía atractiva la idea hacer su tesis al mismo tiempo que comenzaba a trabajar en la central de espías.

En la primera indagatoria relató que cuando entró a la agencia comenzó a trabajar bajo las órdenes de Terra en el área de narcocriminalidad y que su tarea era buscar en la red social Facebook dónde iban a desarrollarse fiestas electrónicas y luego concurrir y detectar si había venta de drogas e identificar a los vendedores.

También contó aquella vez que en una oportunidad Ruiz le dijo que averiguara por redes sociales cuándo se movilizarían "Barrios de Pie o el Partido Obrero" y que luego fuera a esas manifestaciones a sacar fotos "para ver quiénes estaban".

Fue en ese contexto que refirió que las fotos las mandaba al grupo de Whatsapp identificado como "Súper Mario Bros", del cual salieron muchos de los elementos de prueba que obran en el expediente judicial.

En el marco de la investigación por el presunto espionaje ilegal durante la gestión macrista, salieron a la luz unas 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia.

Otro escándalo salpica a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremialistas durante la gestión macrista, al salir a la luz unas 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia que contienen los datos personales de más de un centenar de espías y exagentes, sin ningún tipo de recaudos para preservar las identidades.

Se trata de la primera vez que quedan expuestas todas las designaciones, renuncias, jubilaciones y transferencias de agentes ocurridas entre el 28 de diciembre de 2015 y el 22 de enero de 2019, asentadas en 268 páginas del Libro de Protocolo de Resoluciones de la AFI que fueron remitidas al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que interviene en la causa de espionaje ilegal.

Entre la información que figura aparecen las "licencias por maternidad" de agentes mujeres, así como las bonificaciones por "actividad riesgosa" y los espías enviados al exterior, junto con sus datos personales, aumentando el riesgo de quedar expuestos ante organizaciones criminales y servicios secretos de otros países. Esta situación "podría afectar intereses de la Nación", plantearon los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, alarmados por la filtración de los documentos.

Según publicó Clarín, todas las miradas apuntan a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima y muy ligada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dado que fue quien levantó el secreto de esas actas para enviarlas al juzgado de Lomas de Zamora. Incardona y Eyherabide también quedaron en el ojo de la tormenta porque fueron quienes subieron las resoluciones al sistema informático donde tenían acceso todos los abogados de la causa judicial, sin tomar los debidos recaudos de protección de los datos personales de los agentes y exagentes de la AFI.

"Es un hecho grave, de eso no hay dudas. Desde el primer día, estamos trabajando en evaluar el impacto hacia dentro de la Agencia, determinar las funciones específicas de cada agente cuya identidad fue expuesta y atender cada situación puntual, en función de la particularidad del caso. Está claro que la información sobre la identidad de los y las agentes de la AFI debía ser resguardada y esta filtración genera un grado de incertidumbre lógico, que la Intervención asume. Se lo planteamos a la Fiscalía al momento de enviar la documentación requerida y lo reiteramos apenas trascendió la información, por lo que los fiscales del caso actuaron de inmediato”, dijo Caamaño al citado medio de comunicación porteño.

Las dos primeras resoluciones que figuran en el Libro de la AFI refieren a la aceptación de la renuncia del director de Contrainteligencia, Esteban Orestes Carella y su reemplazo por Martín Coste, el 28 de diciembre de 2015. De hecho, Carella es un polémico dirigente de La Cámpora que reasumió el mismo cargo con la actual gestión. Luego se suceden una serie de designaciones, jubilaciones y renuncias aceptadas de numerosos agentes identificados con su nombre y número de DNI, desde espías de menor rango hasta los cargos de la mayor parte de la planta directiva. 

Además están los espías que fueron relevados del secreto para prestar declaraciones judiciales y los nombres de los agentes designados en comisión a otros países. Por ejemplo, figuran los datos de los tres espías enviados a la ciudad de Montevideo, Uruguay, en la Resolución N°178/16, así como otros dos agentes enviados a Bogotá, Colombia, con sus respectivos números de DNI, en la Resolución N°195/16, entre otros que ya circulan por la web.

Varios portales digitales de noticias publicaron las actas, algunas tachando los nombres y DNI de los agentes. "Pero hubo un portal que puso todos los datos íntegramente a disposición de los lectores, con lo cual se produjo una fuga de información imposible de controlar, que podría afectar la seguridad nacional", dijo una fuente judicial, haciendo referencia al diario online RealPolitik que anoche publicó todas las actas.

Fuentes judiciales señalaron a la actual conducción de la AFI como principal responsable de la difusión de los datos de sus agentes y exagentes: “Es que hubo una total desprolijidad, porque la AFI mandó todos los datos, sin tachaduras, y el juzgado escaneó todo el libro de actas y lo puso a disposición de todos los abogados que participan en la causa, sin proteger los nombres ni los números de documento de todos los agentes que figuran en esas actas”.

Sin embargo, desde la AFI se excusaron al señalar que pidieron previamente que el juzgado adopte "las medidas de seguridad para que la compulsa que se disponga de la información sea personal y en la sede donde se encuentre, sin que se permita la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación". Pero los fiscales resolvieron poner todo ese material en el sistema informático al que tenían acceso todos los abogados, sin ningún tipo de recaudos. 

Una vez digitalizadas las actas, el juzgado puso ese material en el sistema informático Lex 100, "al que tienen acceso todas las partes que componen los actores de este proceso junto a las abogadas y abogados que ejercen su representación legal", explicaron los fiscales en el expediente. Y agregaron que el domingo pasado se enteraron que el portal El Destape, del periodista Roberto Navarro, publicó una nota en la que afirmaba haber accedido a ese libro de actas "mostrando además en el texto de la nota imágenes de segmentos de tal documentación". Luego llegó el artículo de RealPolitik, que fue más allá al difundir la totalidad de los documentos.

Además de alertar sobre las consecuencias de las filtraciones, Incardona y Eyherabide reclamaron que esa documentación fuera retirada del sistema informático Lex 100, habilitando las consultas solo de modo presencial. Además, intimaron a todas las partes del juicio a "tener especial cuidado en la protección de la información que conocen con motivo de su intervención en la causa".  

"Tendría que actuar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, porque esto ya se le fue de las manos a la interventora de la AFI y al juzgado de Lomas de Zamora", planteó uno de los abogados que participa en esa causa judicial. Mientras que otra fuente del sector se lamentó por la serie de irregularidades que viene cometiendo la AFI desde su creación en el 2015, arrancando por el espionaje ilegal a dirigentes políticos en la gestión macrista, hasta la filtración actual de los datos personales de gran cantidad de sus propios agentes de inteligencia.