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Martín De Güemes, el héroe argentino que capturó un barco inglés a caballo

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Alberto Lettieri
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Güemes, procedente de una familia acomodada del noroeste, participó en la mayoría de las instancias decisivas de la independencia argentina.

Su epopeya en el Río de la Plata fue uno de los pocos casos de la historia universal en que un barco de guerra fue capturado por una partida de caballería.

Los hitos de Güemes son incontables: desde capturar a galope de caballo y a punta de espada en pleno Río de la Plata al buque inglés Justina, armado con 26 cañones, durante las invasiones inglesas, cuando tenía sólo 21 años, hasta garantizar la seguridad de la frontera norte durante el cruce de Los Andes.

Su apoyo de la causa patriótica, en abierta oposición a los sectores acomodados salteños que preferían la continuidad de sus privilegios coloniales, y por eso respaldaban a los godos realistas que trataban de reconquistar el territorio perdido, le valió soportar condenas de todo tipo.

Tampoco les cayó bien que se presentara como Protector de los Pobres, ni su desempeño como gobernador salteño. Por eso las sanciones de las clases acomodadas no se limitaron al pasado. Y no sólo en el pasado: hasta el día de hoy, Güemes no tiene monumento ni mención en la plaza central de la capital salteña.

Güemes nunca sintió angustia por el destino que había elegido. Estaba simplemente en el orden natural de las cosas.

En sus valores, nunca se le hubiera ocurrido invitar a las autoridades españolas a la celebración de nuestra independencia para ensayar un discurso en tono de pedido de disculpas.

En 1808 contrajo una enfermedad en la garganta, que le provocó una deficiencia crónica al hablar, que le generó burlas de sus camaradas.

Las descripciones con que contamos permiten suponer que padecía además una suerte de hemofilia, aunque esta dolencia no se hubiera descubierto aún, que le condicionó muchísimo su desempeño, ya que cualquier herida, por mínima que fuese, podría causarle la muerte.

Para no lastimarse, Güemes evitó en lo sucesivo entrar en combate directo, aunque su papel era determinante debido a su habilidad para organizar la estrategia general y financiarla.

Aunque sus hombres se hubieran hecho matar por él, sus detractores aprovecharon esta situación para calificarlo de "cobarde".

Lo mismo hizo el padre de la historia oficial, el porteño Bartolomé Mitre, quien se empeñó en destacar que utilizaba "medias rojas de seda para cabalgar".

Lo que para Güemes era un elemento de protección, para Mitre resultaba cosmética afeminada.

Tampoco le fue del todo bien con el General Manuel Belgrano, quien, a cargo del Ejército del Norte, lo castigó por "indisciplina", a consecuencia de una discusión entre oficiales por cuestiones de mujeres.

Pero esa situación no duró mucho. Después de los desastres de Vilcapugio y Ayohuma, el  creador de la enseña nacional fue reemplazado por José de San Martín, quien, consciente de los méritos de Güemes, su liderazgo regional y su fabulosa capacidad para manejarse con recursos exiguos, con la inestimable colaboración de su hermana Macacha, otra "maldita" de la historia oficial, lo puso al frente de una guerra de guerrillas, que fue conocida desde entonces como la Guerra gaucha. Los enfrentamientos eran cotidianos y breves, e iban mermando la capacidad de resistencia del enemigo.

Tras la caída del director supremo Carlos María de Alvear, el pueblo salteño se convocó a las calles y exigió su designación como gobernador intendente de Salta, con jurisdicción sobre las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, San Ramón de la Nueva Orán y varios distritos de campaña.

Como era de esperar, la respuesta de las oligarquías del noroeste no se hicieron esperar. Y si bien Güemes resistió todo lo que pudo, las conspiraciones internas y los ataques de los godos fueron agravando su situación, tanto política como de salud.

Güemes trabajó en estrecho diálogo con San Martín, sobre todo en el plan de atacar el último reducto del poder colonial, Perú, desde Chile. Pero San Martín precisaba tener la retaguardia cubierta, y para eso lo designó general en jefe del Ejército de Observación. 

Cuando San Martín desembarcó en territorio peruano, el salteño tomó la decisión de avanzar sobre el Alto Perú, pero sus fuerzas resultaban insuficientes, habida cuenta de que el noroeste estaba infestado por la guerra civil entre una oligarquía que se negaba a perder sus privilegios, y los revolucionarios que se jugaban la vida por la independencia de la patria.

La aristocracia salteña, que controlaba el Cabildo, aprovechó una de sus expediciones militares en 1821 para deponerlo, acusándolo de "tirano", para librarse de las permanentes contribuciones forzosas que les imponía para destinarlas a la causa revolucionaria, previo acuerdo con el general español Olañeta, a quien le entregarían la ciudad a cambio de mantener sus bienes y privilegios.

Si bien la denominada "revolución del comercio" fracasó y Güemes retornó pacíficamente el control, sirvió para que sus enemigos conformaran un partido opositor, denominado Patria Nueva, para diferenciarse de Patria Vieja, el partido de Güemes. Otra versión de la "grieta" que atravesó históricamente nuestro país.

Lejos de restablecerse la paz, las conspiraciones en connivencia con los españoles no cesaron. Hasta que en un nuevo intento de invasión de la provincia, Güemes recibió una herida de bala que no pudo ser cicatrizada por su condición de hemofílico, y falleció diez días después, el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad.

Murió a la intemperie, en la Cañada de la Horqueta, cerca de la ciudad de Salta, en un precario catre. Cuando su esposa, Carmen Puch, se enteró de su deceso, se encerró en su habitación y se dejó morir de hambre.

Si bien Martín Miguel de Güemes fue el único general argentino caído en el marco de una acción de guerra exterior, la oligarquía salteña festejó su muerte, reacción que se replicó a lo largo del país. En Buenos Aires, por ejemplo, un periódico tituló: "Ya tenemos un cacique menos".

Una nueva comprobación de que en Argentina el patriotismo es patrimonio del pueblo, mientras los sectores acomodados juegan en otra liga.

El liberalismo y la concepción de "la democracia como protección"

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Alberto Lettieri
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Desde John Locke en adelante, el núcleo principal de la tradición liberal reflejó una aguda tensión entre los valores de libertad e igualdad.

A excepción de la obra de Rousseau, el modelo liberal de sociedad estuvo basado en la libertad, a la que se subordinó una igualdad de oportunidades apropiada para diferenciarse en el terreno del mercado. Según se ha indicado, los liberales de los siglos XVII y XVIII, de Locke a Constant, no fueron en absoluto demócratas.

Sin embargo, en la primera mitad del siglo XIX comienzan a advertirse, en el caso inglés, algunas preocupaciones aisladas que apuntan a recomponer la relación entre liberalismo y democracia, cuyos resultados, de todos modos, no habrían de aflorar de manera inmediata.

Entre ellos se destaca el modelo de democracia liberal propuesto por James Bentham y James Mill, que ha sido denominado: "democracia como protección".

Ambos autores se inscribían en una teoría, el utilitarismo, que consideraba que el único criterio defendible racionalmente del bien social era la felicidad.

Esta felicidad era definida como la cantidad de placer individual una vez restado el dolor. Para medir la felicidad total de una sociedad había que medir a cada individuo como unidad.

Sin embargo, al sostener que la sociedad es una colección de individuos que buscan incesantemente el poder sobre, y a expensas de otros, Bentham aceptaba sin mayores objeciones el capitalismo, socavando simultáneamente su principio igualitario.

De hecho, Bentham estaba creando una sociedad a partir de un modelo de hombre, el empresario capitalista, o a lo sumo, el empleado cuentapropista, y reconocía como una ley de validez universal que "las grandes masas de los ciudadanos no tendrán más recurso que su industria diaria, y por consiguiente estarán siempre próximas a la indigencia".

En esta línea de razonamiento, justamente, llegaba a sostener que el hombre tendía naturalmente a maximizar sus bienes materiales, y en consecuencia, sus placeres, a expensas de los otros, sólo en la medida en que tuviese la seguridad de conservar su propiedad, por lo cual la búsqueda de ganancias se convertía en un incentivo para la producción.

Esto lo llevaba a concluir que no era posible la existencia de ninguna sociedad superior a la barbarie, si no existía la garantía de la propiedad.

¿Qué tipo de Estado hacía falta para esta sociedad?, se preguntaba Bentham. La pregunta implicaba un problema doble: por un lado, el sistema político debía producir gobiernos que establecieran y protegieran una sociedad de mercado libre, y al mismo tiempo, instituciones que protegieran a los ciudadanos contra la rapacidad de los gobiernos.

Puesto que a principios del siglo XIX en Inglaterra se daba por descontado el marco general del gobierno, v.g., la elección periódica de las asambleas legislativas, y la subordinación de la burocracia a la autoridad de un gobierno responsable ante el electorado, tanto Bentham como James Mill avanzaron sobre la cuestión del sufragio, examinando quiénes tenían derecho de voto y la frecuencia de las elecciones, proponiendo el voto secreto y la vigencia de una efectiva libertad de prensa, para que el voto fuera una expresión libre y efectiva de los deseos de los votantes.

Aun cuando sus escritos presentaron marcadas oscilaciones sobre la cuestión, que incluyeron tesis restrictivas, el voto a los propietarios, y hasta un voto "prácticamente universal" que excluía a menores, analfabetos y mujeres, Bentham no estaba entusiasmado por sostener el voto democrático, aunque lo aceptaba como una consecuencia lógica del proceso histórico.

En realidad, su preocupación central era otra: ya que la felicidad en una sociedad era limitada, había que impedir que el gobierno desposeyese al resto, permitiendo que la mayoría pudiese revocar con frecuencia a los gobernantes, quienes, de este modo, se esforzarían por conseguir que la gente tuviese toda la felicidad posible.

Partiendo de los supuestos de una sociedad capitalista de mercado, Bentham y James Mill construyeron un modelo de hombre a medida, como maximizador de utilidades, y un modelo de sociedad, como suma de individuos con intereses conflictivos, a los que sumaron un principio ético, la igualdad para la libertad, dedujeron la necesidad de un gobierno, de las funciones que debería desempeñar, y del modo deseable para elegir y autorizar a los gobiernos. Por ese motivo, su razonamiento a favor de la democracia representativa se basaba en consideraciones de protección contra "la opresión y la depredación" de los malos gobiernos.

El entusiasmo de James Mill respecto de la democracia liberal no era mayor que el de Bentham, y los fundamentos que lo alentaban no variaban de manera significativa.

En 1820, James Mili presentó su argumento más decisivo a favor del sufragio universal aunque de una manera tan hipotética que afectó decisivamente su impacto.

Para James Mill, la ley rectora de la naturaleza humana era el egoísmo, afirmando a continuación que quienes no tenían poder político estarían oprimidos por quienes sí lo tenían.

Todo ciudadano necesitaba contar con un voto para protegerse del gobierno. Sin embargo, este razonamiento inicial se diluía cuando comenzaba a barajar otras opciones, restringiendo el voto universal a los mayores de 40 años, ya que todos tenían una familia detrás, o bien imponiendo un voto censatario que excluyera al tercio más pobre de la población, "así los otros dos tercios sólo conservarían la mitad de su poder coactivo".

En realidad, el objetivo de James Mill, tanto como el de Bentham, no parece haber sido la instauración del sufragio universal, sino la sanción de una reforma electoral que permitiera socavar los poderosos intereses dominantes de la exclusiva clase terrateniente y adinerada que controló el sistema electoral hasta la reforma de 1832.

Por ese motivo, alentaba el fantasma del voto universal, para conseguir una reforma limitada que, de todos modos, excluyera a los pobres.

Si bien James Mill señala su preferencia por la ampliación del sufragio sólo a las clases medias, no obstante, señala que no cabe temer ningún peligro de las clases bajas, como sí lo temían los sectores más conservadores, ya que esas clases se dejaban guiar siempre por la clase media.

El gobierno, aseguraba James Mill, debía ser el negocio de los ricos. Si lo obtienen por las malas, el gobierno será malo. Si lo obtienen por las buenas, será bueno.

El único modo bueno de obtenerlo, concluía, era a través del sufragio libre del pueblo, que no sólo protegería a los ciudadanos, sino que incluso mejoraría la actuación de los ricos como gobernantes.

El plan de Alberto Fernández para lograr la reelección

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Alberto Lettieri
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Por más que las encuestas lo muestren por el piso en la consideración de la sociedad y que prácticamente todos los comentarios periodísticos, más allá del lado de la grieta del que provengan, sólo destaquen su incapacidad y se refieran a él en tono caricaturezco, Alberto Fernández está decidido.

"Quiere ir por todo", afirman desde el mini gabinete que consiguió retener por fuera de la influencia de Sergio Massa y de Cristina Fernández de Kirchner.

"No se le ocurrió ahora. Siempre pensó en eso", aseguran. Y destacan que si bien aceptó su desplazamiento, siempre lo consideró como un "movimiento estratégico", a la espera de la oportunidad de ensayar el contraataque.

Por esta razón, señalan, siempre manifestó su convicción de que las PASO deberían realizarse sin modificaciones exigió, y consiguió, la renovación de Miguel Pesce en el Banco Central.

Para Alberto, Pesce es el ancla en derredor de la cual gira su contraofensiva: habida cuenta de la importancia determinante del ámbito financiero en una Argentina endeudada y deshilachada, el titular del Banco Central es para el presidente el verdadero ministro de Economía, ya que en sus manos están las llaves para dinamitar la incansable gestión de Sergio Massa.

Aunque no se lo admita, el ministro de Economía es el gran adversario para las aspiraciones presidenciales. Mucho más cuando, hace días, The Economist reconoció que "Massa es lo único que se interpone entre la Argentina y el caos".

Para permitir el resurgimiento de Alberto, el líder del Frente Renovador debe fracasar. De este modo, en medio del caos y ante las opciones radicalizadas de Cristina y de Mauricio Macri, podría presentarse como el referente natural de la moderación.

Obviamente que en su entorno nadie se atreve a poner en duda esta caracterización ni este plan de acción. Más aún cuando la aplicación del ajuste exigido por el Banco Central garantiza una segura derrota del Frente de Todos para el año próximo.

Durante algunas semanas desde la asunción de Sergio Massa, Alberto se dedicó a esperar que la relación entre el superministro y el cristinismo se fuera desgastando, y entiende que ahora, con el acto del 17 de octubre, quedarán al borde de la ruptura. Los anticipos del tono de los discursos que se escucharán este lunes en la plaza de Mayo alientan sus esperanzas.

Mucho más cuando el Cuervo Larroque salió a afirmar este viernes que "el acuerdo con el FMI está caído", y que el viaje de Sergio Massa tuvo como objetivo renegociarlo. Pero la alternativa de renegociación fue desechada públicamente por Kristalina Georgieva.

Si a esto se suma una inflación galopante, que dio un cuestionado 6,2 por ciento en septiembre, y la falta de un plan concreto para atacarla con cierta expectativa de éxito, parece ir cobrando forma el escenario deseado por Alberto.

Aunque, claro está, en lugar de su éxito también podría anticipar el fin anticipado de su mandato. Algo que al presidente ni siquiera se le cruza considerar, pero que sigue siendo una amenaza concreta.

El recambio ministerial confirmó las expectativas presidenciales. No sólo prescindió de consultar a sus otros dos socios mayoritarios dentro de la coalición gobernante, sino que se preocupó muy especialmente de que quedara en claro que no los había tenido en cuenta. Las designaciones de Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz sugieren que por fin, aunque en las peores circunstancias, el presidente se ha decidido a fundar el albertismo.

La de Ayelén Mazzina, en tanto, es la prueba explícita del cierre de un acuerdo político con Alberto Rodríguez Saá. Tal vez el gobernador más prestigioso dentro del peronismo no cristinista.

Mientras que prescinde del diálogo con sus socios mayoritarios, Alberto y su mini gabinete actúan de manera coordinada. No fue casualidad que Kelly Olmos lamentara que Cristina no la hubiera felicitado. Un golpe calculado dentro de la disputa interna de poder, que pasó prácticamente inadvertido para el conjunto de la sociedad.

El lunes 17 de octubre podría marcar un hito en el destino del gobierno. Otro 17 de octubre, despojado de la gloria y la épica del original, pero potencialmente determinante.

Queda saber si el cristinismo pasa definitivamente a la oposición y acelera su ruptura con Sergio Massa, y si realmente La Cámpora y el sindicalismo "combativo" consiguen llenar la histórica plaza.

Mientras tanto, Alberto Fernández ha decidido no participar de ninguno de los actos programados. Por un momento, decidió guardarse, a la espera de que la ficción de unidad del Frente de Todos termine de estallar.

Manuel Belgrano y los cambios en el mundo colonial español

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Alberto Lettieri
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Tras el cambio de dinastía, de los Austrias a los Borbones, a principios del siglo XVIII, el nuevo Rey de España, el francés Felipe V, debió hacer grandes concesiones a sus adversarios, entre las cuales se contó el otorgamiento a Gran Bretaña del comercio de esclavos en las colonias de España en América.

Los tratados de Utrecht, además, le permitieron a Inglaterra pasar a controlar el Estrecho de Gibraltar y, con ello, la conexión entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

De ahí en más siguió avanzando en la captura de los pasos interoceánicos como hizo con ciudad del Cabo a partir de 1795 y más tarde con las islas Malvinas en 1833.

El 6 de diciembre de 1793, fue designado Manuel Belgrano al frente del Consulado de Comercio.

El Consulado de Buenos Aires era una importante institución creada por la monarquía borbona de España. Curiosamente, el 17 de octubre de 1793, Belgrano le solicitó al monarca Carlos IV un empleo como asesor de ese organismo y le envió su currículum.

El rey, en lugar de darle el puesto que pedía Belgrano, lo puso directamente al frente del importante organismo. El Consulado de Comercio comenzó a funcionar en noviembre de 1794 y tuvo una gran actividad hasta las invasiones inglesas (1806 - 1807), con alguna merma hacia 1800 debido a los problemas que se generaron en el comercio con España, en el marco de los enfrentamientos navales a que daban lugar las guerras napoleónicas.

Belgrano sostenía que la soberanía popular estaba por encima de la monárquica, y de esa manera defendió los derechos de los ciudadanos. También planteó la necesidad de erradicar la pobreza y escribió un valioso ensayo a favor de la independencia americana titulado "Carta sobre lo que debe hacer un príncipe que tenga colonias a gran distancia".

Manuel Belgrano tenía una sólida formación, que lo convirtió en el primer gran economista argentino. Entre sus colaboradores en el Consulado se encontraron varios de los que luego serían protagonistas de la Primera Junta de 1810, como su primo Juan José Castelli y los catalanes Juan Larrea y Domingo Matheu.

El fin del monopolio comercial español, que se concretó en forma progresiva, abrió nuevas perspectivas en la región. Esa nueva política se inició en 1728 con la creación de la empresa vasca Compañía Guipuzcoana de Caracas, autorizada para operar en ciertas zonas.

Continuó en 1765 con el decreto de Libre Comercio, que quitó todo límite para las operaciones con Canarias, Colombia y México. Y, finalmente, el reglamento de Libre Comercio de 1778. Todas estas medidas permitieron equilibrar el tradicional saldo deficitario de las transacciones mercantiles de España por cuanto hasta 1790 los impuestos americanos representaban bastante más del 50 por ciento de los ingresos de la Hacienda Real.

Hacia 1796, la situación se complicó con la guerra y el Consulado debió salir al paso de la crisis con diferentes medidas. Precisamente el peso de los tributos hizo que los comerciantes criollos reclamaran políticas proteccionistas, por un lado, e impulsaran el contrabando, por el otro.

Entre 1796 y 1799 el Consulado centró sus preocupaciones, sin mayores recursos, en la cuestión de las guerras navales en el Atlántico, lo que generó un fuerte estrangulamiento comercial.

Siguiendo ideas fisiocráticas, Belgrano propuso, sin éxito, el cultivo de cáñamo y lino, y hasta en 1796 intentó crear un silo para atesorar trigo y regular su precio. En 1798 estableció subsidios para impulsar nuevas producciones, crear aguadas y otras alternativas para el crecimiento, pero tampoco tuvo éxito.

Finalmente, en 1809, apeló a una apertura total del comercio en circunstancias en las que las tropas napoleónicas ocupaban casi toda España. Entre muchas otras propuestas de diversa índole se destaca el proyecto de una escuela de náutica, a fin de crear una flota propia que diera mayor impulso y autonomía al comercio.

Mucho antes del 25 de mayo de 1810, Belgrano había pasado de ser un observante funcionario de los intereses de la corona a ser un revolucionario transformador de la sociedad, gestando alternativas que el proceso posterior no tendría en cuenta.

¿Será amor o sólo interés compartido?: para Mauricio, Cristina es una "víctima" de Alberto

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Alberto Lettieri
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Poco después de la inesperada renuncia de Roberto Feletti, Mauricio Macri salió a formular una no menos inesperada reivindicación de Cristina Fernández.

"Cristina Kirchner es víctima de las promesas de un Presidente que no cumple ninguna", aseguró el expresidente, y a agregó: "Él dice una cosa a la mañana y otra a la tarde, este mamarracho de contradecirse y mentir es muy dañino".

Para que no quedaran dudas sobre su novedosa posición, Macri insistió: "Cristina es víctima de las promesas de un presidente que no cumple ninguna, él dice una cosas a la mañana y otra a la tarde, ha destruido el instrumento de comunicación más importante de un gobierno, la palabra del presidente. Este mamarracho de contradecirse y mentir es muy dañino eso genera decepción, bronca y hartazgo".

Sin embargo, también le lanzó un palito a su eterna adversaria: "Ninguno de los dos tiene noción a dónde va el mundo, no tienen una idea clara ni rumbo".

¿Quién podría esperar expresiones de esta clase en la boca de Mauricio Macri sólo algún tiempo atrás? ¿Cristina, para el expresidente, no es ya realmente tan perversa, sino simplemente ignorante? ¿O hay otras razones que lo llevan a declarar de este modo

Desde el mismo momento en el que Néstor Kichner decidió empoderar a Mauricio Macri como referente de un modelo económico, político y social antagónico que le permitiera implementar la lógica amigo/enemigo que postulaba Ernesto Laclau, los destinos de Cristina y del líder histórico del PRO se mantuvieron indisolublemente ligados.

Tal fue el éxito de trazar un Rubicon que permitió diferenciar a los "nuestros" de los "ajenos", que ha conseguido definir los lineamientos principales de la política argentina hasta no hace mucho. "Ellos" contra "nosotros", el bien contra el mal, impidió por más de una década el surgimiento de terceras opciones políticas en nuestro país. Así de un lado se colonizó al peronismo y del otro al radicalismo, los dos grandes partidos históricos que protagonizaron la vida nacional desde mediados del Siglo XX.

En 2015, Cristina debió tomar la decisión de optar entre posibilitar la resurrección del peronismo con la victoria de Daniel Scioli, o mantener la bipolaridad abonando la victoria de Mauricio Macri. No dudó y entregó el poder, desgastando cada vez que pudo y por todos los medios la candidatura del motonauta. En su cálculo, la derrota del Frente para la Victoria implicaba que su liderazgo seguiría siendo el único reconocido dentro del espacio nacional y popular.

Mauricio Macri le pagó el favor. La Justicia que operaba a control remoto encarceló a varios referentes destacados del kirchnerismo y del cristinismo, pero la libertad de La Jefa nunca estuvo seriamente en riesgo. La precisaba suelta y activa para justificar su trágico programa de concentración de la riqueza, saqueo y endeudamiento nacional. Pero consiguió condicionarla a punto tal que, tanto por presión judicial como por declinación de su imagen, Cristina no pudo ser candidata a presidenta. El beneficiario fue Alberto Fernández. ¿Las víctimas? La inmensa mayoría de los argentinos.

Tal fue la impericia del "okupa" del sillón de Rivadavia que posibilitó que en menos de dos años el responsable de la mayor declinación de la Argentina en tiempo récord pudiera entusiasmarse con jugar su "Segundo Tiempo".

Claro está que la continuidad de las políticas macristas durante el gobierno del Frente de Todos no sólo se llevó puesta la popularidad de sus principales referentes, sino de la dirigencia política en general. El surgimiento de la "antipolítica" y la denuncia de la existencia de una "casta" que atraviesa los partidos, proclamada por Javier Milei, significó un cimbronazo para ambas coaliciones políticas. De este modo, si las candidaturas en confrontación en 2023 son las de los moderados Alberto Fernández, Rodríguez Larreta o Gerardo Morales, o los deslucidos Axel Kicillof o Coqui Capitanich, las chances de Milei se incrementarían de manera exponencial.

Por esta razón, el único escenario que posibilita el reflotamiento de las de Mauricio y de Cristina pasa por la exacerbación de la grieta. Una vez más, los destinos de ambos aparecen unidos. Se precisan para protagonizar un nuevo superclásico que devalúe las opciones moderadas y las alternativas antipolítica.

Y es que no hay grieta creíble a la vista que no sea encabezada por ambos. Por esta razón es que Mauricio Macri ha decidido presentar a Cristina como una víctima, aunque destacando su escasa calificación para comprender los procesos contemporáneos.

Del otro lado, Cristina ha optado por pasar a la oposición del propio Gobierno y del presidente que ella misma eligió. Conservando los cargos y las cajas que no la involucren directamente con el fracaso de Alberto Fernández.

No los une el amor, sino la ambición.

¿Caerá una vez más la sociedad argentina en esta vieja trampa?

Aniversario de la Revolución de Mayo

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Alberto Lettieri
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Los criollos se destacaron en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y escalaron posiciones dentro de la sociedad rioplatense.

La figura de Cornelio Saavedra, comerciante y líder de los patricios, se potenció. El conflicto con los comerciantes peninsulares que gozaban de privilegios, como por ejemplo la exclusividad de introducir y vender productos que llegaban de España, no tardó en producirse.

Los americanos exigían el libre cambio y una redefinición más favorable del pacto colonial, cuando no directamente la independencia. Las milicias aportaron una organización armada desvinculada del viejo sistema administrativo y militar, lo que incrementó la autonomía porteña.

En tanto, en la península, José Bonaparte había asumido la corona en la llamada "farsa de Bayona", en 1808. En España, y en algunos lugares de América, se formaron juntas de resistencia que asumieron el poder a nombre de Fernando VII, reiterándole su fidelidad.

Sin embargo, al año siguiente, 1809, se estableció una Junta en Chuquisaca, actual Bolivia, que convocó a la emancipación. Las elites letradas criollas, que habían incorporado las ideas de la enciclopedia y las enseñanzas de la Revolución Francesa, no tardaron en sumarse a la propuesta.

Mientras tanto, la Junta Central de Sevilla, que pretendía resguardar los intereses de Fernando VII, se hizo eco de las sospechas sobre el posicionamiento filofrancés de Liniers y lo reemplazó por Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien llegó a Buenos Aires en julio de 1809.

Liniers hizo oídos sordos a las recomendaciones de los sectores criollos más radicalizados, que optaban por resistir el reemplazo, y acató la resolución. A cambio recibió su nombramiento como Conde de Buenos Aires el 15 de mayo de 1809, y se le permitió retirarse a una estancia jesuita de la provincia de Córdoba.

El 13 de mayo de 1810 se tomó conocimiento de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión de la resistencia. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno e Hipólito Vieytes, jóvenes ilustrados que lideraban un proyecto independentista, exigieron la convocatoria de un Cabildo Abierto.

Su convicción revolucionaria contrastaba con la decisión de reafirmar la lealtad monárquica que predominó en Montevideo y Asunción. Los patriotas porteños no adoptaron una posición homogénea. Mariano Moreno y Castelli alentaban la participación popular, la creación de un gobierno propio y la inmediata proclamación de la independencia, eliminando simultáneamente la matriz colonial y aplicando drásticas medidas sociales y económicas. Cornelio Saavedra, prestigioso jefe de Los Patricios, sostenía tesis mucho más moderadas.

La legitimidad de Cisneros era a esa altura objetable, ya que había sido designado como Virrey por una Junta que había caducado. Para discutir esta cuestión se convocó a un Cabildo Abierto para el 22 de mayo. Allí se decidió reemplazar el régimen virreinal por una Junta de Gobierno presidida por el propio Cisneros. Esta propuesta era avalada por los cabildantes españoles, ya que implicaba una reafirmación del lazo colonial, pero encontró gran resistencia en la dirigencia criolla y en la población, y no tardó en generarse un clima destituyente.

Agitadores revolucionarios se manifestaban en las calles exigiendo el libre ejercicio de la voluntad popular, con gran convocatoria, lo que llevó a Cisneros a renunciar. La movilización social se profundizó y el 25 de mayo se organizó la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, junto a Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, y a Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales. La Revolución de Mayo se había concretado.

La Primera Junta asumió formalmente el gobierno a nombre de Fernando VII, en el marco de su estrategia de suceder a España como metrópoli del espacio virreinal. De acuerdo con el Pacto Colonial, el Cabildo de Buenos Aires tenía solo atribuciones administrativas sobre la ciudad y su ejido. El proyecto hegemónico porteño debía ser enmascarado, apelando a la defensa de los intereses monárquicos.

Una vez creada la Junta, las diferencias entre los dos grupos predominantes se radicalizaron. Moreno lideraba la rama jacobina de la Revolución, y se había hecho notorio por su traducción del contrato social, sus críticas a la administración virreinal y su desempeño como defensor de los pueblos de indios. Ya como secretario de la Junta fundó el periódico oficial La Gazeta de Buenos Aires, desde donde difundió las nuevas ideas. Aspiraba a que la revolución promoviera cambios profundos en la sociedad y consideraba que la violencia era el medio adecuado para acabar con los fundamentos e instituciones aristocráticos de América.

Saavedra, en cambio, privilegiaba el consenso, y su preocupación principal radicaba en la consolidación del gobierno y la promoción de los intereses criollos. Su proyecto aspiraba a incluir a representantes de los cabildos del virreinato en una Junta Grande, para incrementar la gobernabilidad.

La llegada de nueve representantes del interior motivó un agitado debate sobre su incorporación a la Junta. Mientras Saavedra los consideraba como miembros plenos, Moreno solo aceptaba integrarlos en un Congreso creado a tal fin, mientras la Junta mantenía el Poder Ejecutivo.

Esta posición fue desestimada, y Moreno solicitó su designación como diplomático para gestionar el apoyo de las cortes de Brasil e Inglaterra, iniciativa inconclusa debido a su misterioso deceso en alta mar.

La Junta Grande intentó establecer un orden institucional. En cada capital de intendencia creó juntas provinciales a cargo de un gobernador intendente designado por Buenos Aires, y de cuatro vocales elegidos por los vecinos. A su vez, cada junta provincial era responsable de las juntas de las ciudades bajo su dependencia a cargo de un gobernador delegado y dos vocales. Este modelo fue resistido en las provincias ya que afectaba su autonomía.

El gobierno revolucionario fue desconocido por las autoridades del Alto Perú, el Paraguay y la Banda Oriental, que se negaron a enviar representantes a la Junta Grande. Esta negativa motivó el envío de tropas, al que inicialmente se había opuesto Saavedra. Castelli fracasó en Potosí y Belgrano en el Perú. En la Banda Oriental, el caudillo José Gervasio de Artigas había promovido una insurrección rural en respaldo de la revolución, por lo que se enviaron tropas en su apoyo, aunque no consiguieron vencer al nuevo Virrey Elío, quien, como contrapartida, bloqueó el puerto de Buenos Aires con la flota española. En tanto, en la provincia fracasaba un levantamiento contrarrevolucionario encabezado por Liniers, quien fue ejecutado.

La conducción de Saavedra comenzó a cuestionarse. El curso de la revolución había demostrado que el consenso no era la solución. Mariano Moreno obtenía así una victoria póstuma. En abril de 1811, Saavedra consiguió desactivar una conspiración en su contra. Poco después, debido a que la pérdida del Alto Perú había clausurado el circuito comercial, la Junta encomendó a su presidente la reconquista de la región. Su partida descabezó a la Junta, en una situación militar complicada y en pleno bloqueo del puerto.

Cristina, Máximo y el caldero del chef Alberto

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Alberto Lettieri
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Aunque las declaraciones en favor de la unidad se reiteren en el Frente de Todos, las sospechas y desconfianzas se multiplicaron con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados.

La tensión en el aire es tal que podría cortarse con un papel. Y la mayoría da por sentado que no llegarán juntos a las elecciones de 2023.

"No es justo que ellos pueden renunciar cuando no les gusta algo y después seguir como si nada", le reclaman a Alberto Fernández desde el albertismo más rancio.

No fueron pocos los que le plantearon la necesidad de exigir renuncias a los ministros y funcionarios cristinistas, y provocar así no sólo un golpe de efecto, sino tomar, de una buena vez, el control efectivo del gobierno.

"Alberto es el administrador de consorcio de un edificio en el que no es propietario de ningún departamento", definen en el entorno presidencial, al tiempo que se quejan del destrato y la falta de respeto que recibe sistemáticamente de la ex presidenta a través de sus cartas.

Incluso se llegó a recurrir a los nexos con la oposición para forzar al primer mandatario a tomar una decisión en ese sentido.

Este tipo de operaciones, que fueron denunciadas tanto por Cristina Fernández como por Máximo y que motivaron, por ejemplo, la renuncia de Juan Pablo Biondi, incrementan el malestar interior de la coalición oficialista.

En este caso, el encargado de expresar el sentimiento del albertismo fue nada menos que el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien afirmó que ya es hora de "terminar con la frase: llegó el momento de Alberto", a la que el albertismo y la prensa que le responde recurre en cada ocasión en que estalla una crisis en el Frente de Todos.

"Al presidente le metieron dos exocet que yo no sé cómo esta barca sigue navegando y no ha caído al agua", aseveró.

"Primero, la carta de Cristina; segundo, la renuncia de Máximo", en pleno intento de resolución de una complicadísima situación con el FMI.

Para el más PRO de los radicales, la frase "llegó el momento de Alberto" da por sentada la idea de la existencia de un "doble comando". Pero objetó "la bicefalía como sistema de gobierno no existe en ningún lugar del mundo".

Negri expresó maravillosamente el sentimiento del albertismo de cuello negro, a punto tal que resultó imposible convencer que no le habían pasado letra. Pero, aun así, el presidente no rompe: no quiere ser el responsable de la ruptura del Frente de Todos.

Tal como sucede habitualmente, su análisis transita carriles muy diferentes a los de su entorno. Cree que las intervenciones de Cristina y ahora de Máximo hacen recaer en ellos la condena de la mayoría de los argentinos, y que su debilidad le genera empatía en la mayoría de la población.

Por esta razón es que no suspendió su viaje a Rusia y China, aun a riesgo de dejar en la presidencia a Cristina de manera interina. Quiere mostrar gestión, preocupación, compromiso con lo más parecido a una línea coherente de gobierno que ha ensayado: la negociación con el FMI y la generación de nuevos recursos para poder mostrar nuevas obras e inversiones.

La estrategia presidencial consiste, una vez más, en dilatar sus decisiones y tratar de seguir cociendo a fuego lento a Cristina y a Máximo en la caldera del progresismo. Quiere llevarlos a la desesperación, obligarlos a difundir nuevas cartas que los desacrediten aún más a los ojos de la mayoría del electorado.

Al fin y al cabo, ni a una ni a otro les fue bien con sus críticas y renuncia pública, salvo dentro de la tribu incondicional que los sigue y que cada vez es más reducida.

Pero a este plan, una vez más, le respondió el albertismo más selecto a través de Negri: "La credibilidad del presidente se ha mellado tanto que no está en condiciones de liderar un cambio de esa naturaleza en la forma de gobernar", enfatizó el jefe del interbloque de diputados opositor.

Una posible fecha de ruptura del Frente de Todos que analizan en el entorno presidencial es la del mes de junio de este año, cuando la interna por las candidaturas para 2023 se dispare.

El propio Alberto había anunciado que su intención era habilitar unas PASO para que sean el ámbito de definición de las listas del Frente de Todos.

Para esa instancia, el cristinismo evalúa presentar uno o dos candidatos para la sucesión presidencial, para confrontar con la ya revelada decisión de Alberto Fernández de intentar alcanzar su reelección.

En el albertismo definen como "una locura" que el presidente en ejercicio deba competir al interior de su propio frente para intentar continuar en su cargo, lo que constituiría un hecho inédito a nivel mundial. Peor aún sería su último año y medio de gestión si decide resignar su postulación si no tiene asegurada la victoria, lo cual sería una demostración más de la debilidad que carga sobre sus hombros.

Uno de sus colaboradores más estrechos sostiene que el anuncio de la habilitación de unas PASO competitivas fue un conejo que salió de la galera de Alberto para contener a la oposición interna, tras la clausura de la competencia para la designación del Presidente del PJ y la imposición a dedo de las listas parlamentarias en el AMBA, que terminaron en un fracaso estrepitoso.

Pero lo que fue una estrategia de contención puede convertirse en la más conmovedora expresión de debilidad si pierde la interna o debe resignar su candidatura porque no está en condiciones de dar batalla.

Si bien no es la posición mayoritaria dentro del albertismo, cuyos referentes desean mantenerse atornillados a sus cargos, no faltan algunas voces minoritarias que le aconsejan que ya mismo resigne esa posibilidad y que comience a presentarse como un "presidente de transición" que se puso al hombro el desafío de la pandemia, acordó con el FMI y ubicó al país "en la senda del crecimiento económico".

"Tal vez, de este modo, consiga los votos opositores indispensables para hacer aprobar el entendimiento con el FMI", sugieren.

Pero el razonamiento no es honesto, ya que sus promotores también consideran que "si Alberto da un paso al costado, se aprueba el acuerdo con el FMI y la economía empieza a crecer, podría revisar su decisión alentado por una aclamación popular. Al fin y al cabo, si hasta Mauricio Macri consiguió volver en dos años a la consideración pública, ¿por qué no podría cambiar drásticamente la situación de Alberto en los próximos meses?".

"Argentina es un país en el que no se puede programar con un año de antelación", concluyen.

Tal vez en esto último tengan razón. Pero pensar en que Alberto pueda convertirse en un candidato competitivo en unos pocos meses sólo parece posible en el terreno de la ciencia ficción o del infantilismo especulativo.

¿Vuelven las "relaciones carnales" con Estados Unidos?

Por
Alberto Lettieri
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Aunque el entendimiento con el FMI no deje mucho para festejar, el albertismo lo celebra como si hubiera zafado de la pena de muerte.

Si bien desde lo económico y lo financiero sus consecuencias serán nefastas, desde lo político el Gobierno nacional hace una lectura muy diferente.

Desde el Gobierno nacional creen que ha obtenido una victoria pírrica sobre Cristina Kirchner, sobre todo porque quienes resultaron determinantes para alcanzar un cierre en términos que la vicepresidenta no quería fueron cuatro actores que no le responden a ella: Martín Guzmán, que llevó a cabo la negociación económica; Santiago Cafiero, quien hizo el cierre político con el Secretario de Estado, Antony Blinken; Sergio Massa y Jorge Arguello, quienes activaron sus contactos en los Estados Unidos cuando la negociación parecía condenada al fracaso.

Con el apoyo del albertismo y de la oposición más moderada al acuerdo con el FMI, el Gobierno se siente con libertad para adoptar la política que siempre quiso Alberto Fernández, pero que hasta ahora no pudo implementar: las "relaciones carnales" con los Estados Unidos.

La "solución política" que permitió el cierre con el FMI implicó una definición geopolítica. Si bien el Gobierno nacional actuó como el tero, fingió un acercamiento con Rusia y China, cuando quería poner todos los huevos en el nido norteamericano, ahora Alberto Fernández se verá obligado a surfear, con el menor costo posible, su gira por las potencias orientales.

En el gobierno le asignan un valor superlativo a la reunión entre Santiago Cafiero y Antony Blinken, posibilitada por la excelente opinión que merece Arguello en los Estados Unidos.

Allí no sólo se acordó dar una solución política al tema del FMI, sino que también se definieron las claves de la política exterior argentina para los próximos dos años: fin de los coqueteos con China y Rusia, y una aparente libertad de la Argentina para manejarse en el terreno internacional, siempre y cuando no contradiga las posiciones norteamericanas, para así "facilitar" los temas que preocupan en Washington: Venezuela y Nicaragua.

"Mientras no toquemos temas sensibles, podemos tener juego propio", dejaron trascender en la Casa Rosada. En el albertismo aseguran que el acuerdo político con el gobierno yankee potenciará la relación de Argentina con Estados Unidos en términos políticos, comerciales y de cooperación ambiental.

Los límites de la autonomía de la política exterior de la Argentina son estrechos. Las inversiones chinas y rusas en obras de infraestructura, transporte o energía no son vistas con agrado por los Estados Unidos, ni una definición sobre la red 5G que adoptará la Argentina que no se incline por el país del norte.

Claro está que este posicionamiento pone al borde del colapso al Frente de Todos, ya que va en la línea exactamente inversa a la preferida por el Instituto Patria.

Pero ahora al albertismo no parece preocuparle tanto eso como antes del cierre de la negociación con el FMI.

"Después de todo", aseguran, "cambiar a Cristina por Joe Biden, y cerrar un frente electoral con peronistas, radicales, sindicatos y empresarios no sería imposible y posicionaría admirablemente a Alberto Fernández de cara a la reelección en 2023", en un balance entre el pensamiento mágico y el pragmatismo brutal.

¿Y ahora qué, Alberto?

Por
Alberto Lettieri
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Alberto Fernández pudo conducir de una manera muy diferente la cuestión del endeudamiento con el FMI. No quiso. El momento clave fue el de su asunción.

O cumplía con sus promesas electorales de auditar la deuda y diferenciar la legítima de la ilegítima, y trataba de hacer valer las desprolijidades e ilegalidades del acuerdo de 2018 firmado por Christine Lagarde y Mauricio Macri en los foros internacionales, o agachaba la cabeza y hacía caer sobre todos los argentinos los costos de un fabuloso préstamo que pasó como una ola sobre la Argentina por la canaleta de la fuga de capitales. Todos sabemos cuál fue su decisión. También quiénes se beneficiaron.

Para el FMI el principio de arreglo fue un negocio redondo. Consiguió el reconocimiento de una deuda ilegítima, otorgada violando sus propios estatutos. "Deuda odiosa", según el concepto jurídico utilizado por Alberto Rodríguez Saá.

También se vio beneficiado el PRO: ahora el Frente de Todos tiene en su mochila una deuda simétrica a la de Mauricio Macri. Y, de yapa, creó una especie de tsunami al interior de la coalición gobernante.

La vicepresidenta mantiene un incómodo silencio sobre el arreglo alcanzado. El cristinismo y el kirchnerismo doctrinario lo repudian.

Sólo el albertismo aplaude a cuatro manos la resolución. Gobernadores, sindicalistas, intendentes y algunos funcionarios moderados.

¿Resistirá el Frente de Todos? ¿Tendrá futuro electoral? Interrogantes que se resolverán con el paso del tiempo.

El tablero político cambió. Con "la deuda de Alberto", el argumento de la "pesada herencia" queda anulado.

El presidente ya no podrá culpar al Gobierno de Macri con la misma liviandad con que lo hizo hasta ahora. Tiene su propia deuda, equivalente a aquella que no se cansó de denunciar.

La comunicación oficial del Gobierno insistió en afirmar que el arreglo no se hizo a costa del crecimiento económico y que no implicaba ninguna clase de ajuste. Una falacia. El FMI le cerró la que ha sido hasta ahora su principal fuente de financiamiento: la máquina de hacer billetes sin respaldo, la emisión descontrolada.

También le amputó su soberanía: ahora las decisiones económicas y financieras estarán sujetas a la revisión trimestral del FMI.

La espada de Damocles a la que Alberto Fernández aludió en su discurso no se eliminó. Muy por el contrario, estará mucho más activa que en el pasado. Una evaluación negativa de sus políticas, emisión, inflación, déficit, en cualquiera de las evaluaciones de las misiones del FMI y el país caerá en el vacío por interrupción de pagos.

¿Cómo podrá afrontar sus últimos dos años un gobierno intervenido por el FMI? ¿Cómo abordará la creciente pobreza, la desigualdad, la exclusión de más de la mitad de los niños argentinos, la generación de empleo, la situación de los jubilados y los desequilibrios estructurales en la administración de recursos, con la lupa de la auditoría permanente del Fondo sobre sus acciones?

El acuerdo cerrado no es más que un plan de estabilización de emergencia para los próximos dos años y medio. Una transición para bajar la emisión, controlar la inflación, bajar el déficit y achicar subsidios en los servicios públicos. Después habrá que comenzar a pagar la deuda de Macri.

Pero el Gobierno, necesitado de dar buenas noticias, hizo hincapié en los permisos que le concedió el Fondo, como el aval para ejecutar planes de inversión pública y mantener la asistencia social con limitaciones. Fue un tributo del FMI al sentido común, algo que no ocurría en el pasado. Sin estas facultades, el estallido social no tardaría en producirse. Y una sociedad estallada no paga deudas.

Limitada considerablemente la emisión, no se ve de dónde aparecerán los recursos genuinos para fondear las políticas de estado. La consecuencia que brinda la experiencia es el ajuste: educación, salud, políticas sociales. Los clásicos. Nada nuevo bajo el sol. El Gobierno ganó tiempo pero no queda claro que pueda resistir hasta fines de 2023.

Para peor, la aprobación del entendimiento requiere de la aprobación legislativa. Hablando en claro, no sólo el gobierno recibirá el impacto de las condiciones impuestas. También deberá ceder cosas para conseguir el respaldo parlamentario de la oposición. Y también la del cristinismo.

La coparticipación y los adelantos del tesoro serán los primeros afectados. Para conseguir votos parlamentarios el gobierno deberá hacer nuevas erogaciones con una caja sensiblemente reducida, y ser más generoso con algunas provincias opositoras a las que mantuvo rezagadas hasta ahora.

Por supuesto que, a falta de emisión, alguien deberá sufrir el recorte: ni más ni menos que las provincias oficialistas, sobre todo la de Buenos Aires.

El Gobierno confía en profundizar el crecimiento económico del último año para financiar sus políticas. Pero la recuperación del 2021 fue deteniéndose en los últimos meses, y el casi 11% del último año se recorta a apenas un 3% para 2022 en la mayoría de las proyecciones.

No será posible gobernar prescindiendo del ajuste. El problema es que el ajuste en Argentina ya lleva seis años consecutivos. ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores de las nuevas decisiones?

Hasta ahora, la deuda con el FMI era una cuestión eminentemente externa, y tenía un responsable: Mauricio Macri. A partir de ahora habrá dos deudas, la de Macri y la de Alberto, con el agravante de que, con las auditorías y el recorte sustancial de la emisión, impactarán aún más en la política interna.

Alberto Fernández debería recordar que apenas pasó año y medio entre el "Qué lindo es dar buenas noticias" de Fernando De la Rúa y su salida a la disparada en helicóptero, con su coalición de Gobierno disuelta y un altísimo costo social.

¿Pudo haber sido de otro modo? Seguramente. Pero después de más de dos años de pagar religiosamente al FMI, el argumento de la ilegitimidad de la deuda había perdido todo sostén.

Sólo quedaba elegir entre lo malo y lo peor. Y Alberto, con sus constantes dilaciones, nunca le ha encontrado el agujero al mate.

Gobierno de Fernando de la Rúa: el neoliberalismo moralizante

Por
Alberto Lettieri
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Las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999 permitieron consagrar la fórmula presidencial de la Alianza, compuesta por Fernando De la Rúa y Carlos Chacho Álvarez.

Las expectativas iniciales no eran demasiado favorables. La deuda externa había escalado hasta los 146.219 millones de dólares y los vencimientos del año siguiente alcanzaban los 25 mil millones.

El desempleo estaba en el orden del 14 por ciento, la pobreza rondaba el 30, el déficit fiscal era elevadísimo y el PBI estaba en picada. Pese al pretendido "achicamiento del estado", el gasto público había aumentado casi un 42 por ciento entre 1991 y 1999, pasando de 68.815 millones a 97.594. Estos indicadores expresaban los resultados del menemismo.

El país tenía graves problemas en materia educativa y sanitaria. La dirigencia política tenía una imagen pública muy negativa. Además, las condiciones de ejercicio del gobierno no eran sólidas.

La Cámara de Senadores y la mayoría de las provincias estaban en manos del PJ, muchas de ellas al borde de la cesación de pagos. Las desavenencias al interior de la Alianza habían comenzado antes del acto electoral y, aunque existía cierta cordialidad entre De la Rúa y Álvarez, quedaba en claro que las diferencias entre ambos resultaban determinantes: en tanto el presidente expresaba al antiperonismo, el vicepresidente representaba al peronismo militante de los 70.

La Alianza no contaba con un sólido consenso programático más allá de la oposición a la reelección de Carlos Menem, y Menem ya había sido derrotado.

La Alianza había generado grandes expectativas en la sociedad, aunque no quedó muy en claro por qué razones: De la Rúa había prometido mantener la convertibilidad, argumento decisivo para atraer el sufragio de las clases medias, preocupadas en mantener la fantasía de los elevados estándares de consumo, aunque ello significase hipotecar el futuro de la Nación.

Llamativamente, sus críticas al menemismo no se centraban en su política de privatizaciones, de convertibilidad y de ajuste, que ante todo afectaban a las clases subalternas y a los "nuevos pobres", sino en la corrupción de sus prácticas, pasando por alto que todas se habían retroalimentado.

Por el contrario, quien había puesto en duda la continuidad de la convertibilidad había sido Eduardo Duhalde, y el núcleo duro de sus votantes podía reconocerse entre los más castigados por el ajuste. Paradójicamente, en lo referido a la propuesta económica, la Alianza oficiaba como heredera del menemismo, mientras que el PJ parecía decidido a liquidarlo.

Esto era así a tal punto, que el Ministro de Economía de De la Rúa, José Luis Machinea, era partícipe de los lineamientos doctrinarios de Cavallo y maestro en fogonear las privatizaciones como funcionario de Alfonsín.

Por si fuera poco, su gabinete incluía a otros dos fundamentalistas del mercado: Adalberto Rodríguez Giavarini y Ricardo López Murphy. Por eso no sorprendió que Machinea intentara apagar el incendio echando más leña al fuego y que, en lugar de buscar una salida a la inminente crisis a través de la producción, tomara nuevas medidas monetaristas, como el denominado "blindaje financiero", que significó la renegociación de los vencimientos de unos 40 mil millones de dólares para poder conservar la convertibilidad.

Más tarde, implementó el consabido ajuste, promoviendo los "retiros voluntarios" en el ámbito del Estado, al costo de solicitar nuevos préstamos al Banco Mundial, e impuso nuevos recortes a sueldos, jubilaciones y salud pública, y hasta intentó cerrar la agencia de noticias Télam.

La única iniciativa productiva de Machinea consistió en el lanzamiento de un Plan de Infraestructura por 20.000 millones de dólares, que nunca fue llevado a la práctica, por "razones presupuestarias".

El próximo paso de la política de ajuste consistió en la elaboración de un proyecto de reforma laboral, que provocó un escándalo en marzo de 2000, cuando el sindicalista Hugo Moyano denunció que el Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, había comentado a un grupo de dirigentes gremiales que disponía de una tarjeta Banelco para conseguir que los senadores del PJ le dieran su aprobación.

De la Rúa, con inusual rapidez, salió a desmentir esa afirmación y la opinión pública pareció satisfecha, habida cuenta de la tendencia de Moyano a realizar declaraciones efectistas. Sin embargo, cuando el proyecto de reforma parecía retirado de la agenda, el 26 de abril de 2000 varios senadores del PJ dieron quórum y votaron afirmativamente la media sanción de la ley, que habilitó la firma de convenios laborales por empresa, en reemplazo de las convenciones colectivas de trabajo, lo cual debilitó la capacidad de negociación de los trabajadores y provocó un nuevo retroceso en sus niveles salariales y condiciones de trabajo. Pocos días después, el 11 de mayo, Diputados le dio aprobación definitiva.

El Vicepresidente Chacho Álvarez demostró públicamente su desagrado con lo sucedido y le solicitó a De la Rúa que los actores sospechados abandonasen sus cargos para preservar la imagen de la Alianza. De la Rúa, sin embargo, desestimó el planteo de su vice, quien optó por renunciar al cargo el 6 de octubre de 2000.

Aunque De la Rúa aseguró que no había crisis y que mantendría su gabinete, pocos días después fueron removidos varios funcionarios procedentes del Frepaso y del alfonsinismo, como Rodolfo Terragno, Nicolás Gallo, Ricardo Gil Lavedra, Juan José Llach y Alberto Flamarique. Para marzo de 2001, la ruptura se completó con el alejamiento de los ministros Federico Storani (Interior), Graciela Fernández Meijide (Acción Social) y José Luis Machinea (Economía), en disconformidad con el rumbo de la gestión. El nuevo gabinete expresó así al delarruismo en estado puro.

Octubre de 2000 marcó el inicio del declive sin retorno de De la Rúa. La renuncia de Álvarez había colocado como número dos y eventual reemplazo presidencial al senador del PJ Ramón Puerta, en tanto que el Frepaso, con Aníbal Ibarra, había reemplazado al radicalismo en el gobierno de la CABA. Para peor, la economía se hundía y la protesta social se incrementaba.

El reemplazo de Machinea por Ricardo López Murphy, en marzo de 2001, significó un nuevo impacto para la autoridad presidencial. El nuevo ministro expresaba la ortodoxia liberal más radicalizada, e inmediatamente anunció un duro recorte sobre áreas tan sensibles como la salud y la educación. El repudio fue general, incluido el Frepaso, Graciela Fernández Meijide se alejó del ministerio de Acción Social, y los sectores más progresistas de la UCR. Al cabo de dieciséis días el ministro debió renunciar y su proyecto quedó archivado.

De la Rúa no tenía ya candidato de recambio ni plan político. Ante la presión del establishment designó a Domingo Cavallo, otorgándole plena libertad para implementar las políticas que demandaba el mercado.

Nueve días después de su asunción, el Congreso Nacional le otorgó una serie de facultades extraordinarias, denominadas "superpoderes". Cavallo insistió con su tradicional arsenal de medidas, que paradójicamente eran las que habían producido la crisis.

Entre otras, disminuyó la carga impositiva sobre las empresas e implementó el impuesto a los débitos, que se aplicaba sobre los precios finales. Ante su fracaso, en julio lanzó un programa recesivo de "déficit cero", que a duras penas fue aprobado en el Congreso.

En noviembre implementó el llamado "megacanje", una pésima renegociación que incrementó la deuda externa, que trepó a 180 mil millones de dólares.

Fiel a su estilo, rechazó las sugerencias a favor de una salida ordenada de la convertibilidad y presentó lo que denominó "efecto empalme". Este anuncio tuvo un aspecto tragicómico cuando De la Rúa, al querer explicarlo, terminó por evidenciar que no sabía de qué se trataba ni cómo iba a funcionar.

Dicho "efecto empalme" consistía en incorporar el euro a la convertibilidad mediante un mix con el dólar, pero previamente las cotizaciones debían igualarse, ya que por entonces la paridad era de 1 euro por 0,80 centavos de dólar.

El deterioro de la institucionalidad política fue estimulado por los medios de comunicación. En ocasión de las elecciones legislativas de 2001, Clarín instó al ejercicio del denominado "voto bronca", por medio de la anulación del sufragio o la inasistencia electoral.

La mayoría de los medios le sirvió como caja de resonancia, ya que competían entre sí para ver quién sugería la leyenda más ingeniosa para introducir en los sobres electorales: "Todos prometen. Nadie cumple. Vote a Nadie", "Vote a Clemente: a lo mejor no roba porque no tiene manos", "Vote a las prostitutas: votar a sus hijos no dio resultado".

La campaña del "voto bronca" alcanzó un éxito de proporciones, a la luz de los resultados electorales. A nivel nacional, la opción más votada fue la negación de la política, ya que el 42,67% del padrón electoral, 10.300.000 ciudadanos, no asistió, votó en blanco o anuló su voto. Los partidos políticos perdieron 4.400.000 de votos en relación con la elección anterior. La Alianza perdió casi 6.000.000 de votos entre 1999 y 2001, ya que de 9.167.404 quedó en 3.250.396, en tanto el PJ resignó 2 millones, pasando de 7.254.147 a 5.267.136 de sufragios obtenidos.

Sin embargo, aun cuando la Alianza y el PJ habían perdido un importante caudal de votos, la merma no había sido equivalente ni tenía consecuencias similares. Para la Alianza, el colapso electoral significaba la pérdida de la mayoría en Diputados, una masiva desaprobación social de la gestión presidencial y un veto a las políticas desarrolladas hasta entonces.

El PJ, en cambio, había conseguido retener la Cámara de Senadores y alcanzar la mayoría en Diputados, lo que le asignó un papel protagónico para la segunda mitad del mandato de De la Rúa.

En particular, algunos actores eran los ganadores netos de la jornada electoral. En principio, los candidatos del PJ considerados como presidenciables, que habían conseguido revalidar su condición con excelentes resultados: José de la Sota, Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y Néstor Kirchner. Sin embargo, el gran vencedor de la elección había sido Eduardo Duhalde, quien, luego de su derrota presidencial y sin contar con el respaldo del Gobernador Ruckauf, había obtenido 1.900.000 sufragios, 300 mil más que el voto bronca y casi 650 mil más que su competidor, Raúl Alfonsín.

La campaña del voto bronca había conseguido que los indecisos y los independientes se autoexcluyeran de la elección, beneficiando a quienes ejercían el control de un aparato gubernamental o partidario. Clarín había propiciado la resurrección política de Duhalde.

Mientras que la situación económica y social se derrumbaba, el gobierno de De la Rúa se encontraba sumido en una especie de autismo, sin atinar a reaccionar. El único que demostraba iniciativa era el superministro Cavallo, pero sus medidas solo profundizaban la debacle.

El malestar social iba en aumento: los ingresos de jubilados y empleados públicos habían sufrido un recorte del 13 por ciento, en muchas localidades se pagaban los sueldos en bonos con escaso valor de compra y el empleo informal se extendía favorecido por las leyes laborales y la tolerancia de las autoridades.

Los ahorristas empezaron a retirar sus depósitos en divisas ante el temor a una devaluación, conducta que el ministro trató de contener haciendo aprobar, el 29 de agosto, una Ley de Intangibilidad que garantizaba que los depósitos estarían protegidos de cualquier intromisión estatal. Nadie le creyó. Su credibilidad se había esfumado.

Entonces, el 1 de diciembre, Cavallo instrumentó el corralito, autorizando a retirar un tope de 250 pesos semanales de las cuentas bancarias. También prohibió el envío de divisas al exterior para preservar la menguante base que sostenía la convertibilidad. La decisión llegaba tarde: los grandes tenedores se le habían adelantado, alertados por "filtraciones". Para peor, la medida recibió la sanción del FMI, que retuvo los 1.260 millones de dólares que quedaban pendientes del megacanje.

Los piquetes y manifestaciones de desocupados y trabajadores se volvieron cotidianos. A esto se agregó la rebeldía en los sectores medios, perjudicados por las últimas medidas bancarias adoptadas.

Ante la profundización de la crisis económica y social, el oligopolio Clarín y los grandes medios de comunicación profundizaron su discurso destituyente y se aplicaron a ridiculizar la ya desprestigiada figura del presidente, destacando su incapacidad y lentitud. La campaña parecía una remake de los tramos finales del gobierno de Illia. Al fin y al cabo, De la Rúa había llegado de su mano a Buenos Aires.

El paso siguiente fue la proliferación de saqueos a comercios, protagonizados por los sectores más humildes, en distintos puntos del país, acicateados por punteros y oportunistas. Muchos creyeron ver la mano encubierta del gobernador bonaerense, ya que el conurbano bonaerense se convirtió en el eje de un nuevo estallido social. Las angustiantes escenas del final del gobierno de Alfonsín se repetían en el epílogo de un nuevo gobierno de la UCR.

Desprovisto de todo apoyo partidario, De la Rúa dio una nueva muestra de su incapacidad política, decretando el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001. La decisión fue tomada como una provocación, y la conflictividad se incrementó. Esa misma noche estalló una rebelión popular.

Columnas de manifestantes provistos de cacerolas y militantes de la mayoría de las organizaciones partidarias marcharon a Plaza de Mayo para exigir su renuncia. Entonces, quien había pretendido presentarse como una especie de prócer de la institucionalidad y de los valores democráticos, cambió su piel, de carnero a lobo, y ordenó una brutal represión, que concluyó con un saldo de 35 muertos y multitud de heridos y detenidos.

Esa misma tarde, aislado y repudiado socialmente, De la Rúa presentó su renuncia y abandonó la Casa Rosada a bordo de un helicóptero. La imagen quedó grabada en la memoria colectiva de los argentinos, como paradigma del naufragio provocado por la aplicación inmoral del programa neoliberal.

Habían transcurrido dos años y diez días de su asunción del gobierno. Para De la Rúa era el fin. En la calle, la sociedad argentina soportaba su propio infierno.

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