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La CGT presentó un amparo contra el decreto de Gobierno que limita las huelgas

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La CGT había adelantado que tomaría medidas legales ante el DNU.

La Confederación General de los Trabajadores presentó ante la Justicia una acción de amparo sindical para frenar la vigencia del reciente decreto de Gobierno que limitó el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales.

Tal como había anticipado los referentes sindicales la semana pasada apenas se conoció la publicación del decreto, la presentación se concretó este lunes ante el Juzgado Laboral Número Tres.

En un comunicado, la CGT había manifestado su repudio al Decreto 340/2025 porque "intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate".

Además, advirtió que el movimiento obrero "dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo".

Días después, el Cosecretario General de la CGT, Héctor Daer, sostuvo: "La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema". 

Se refirió de esa forma al Mega DNU que publicó el presidente Javier Milei a pocos meses de su asunción y que contenía un apartado con reformas laborales, el cual quedó suspendido por la Justicia tras una presentación de la CGT.

"Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa", dijo Daer.

Rechazaron el amparo de Kueider para recuperar su banca en el Senado

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Así lo determinó este jueves la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazo al amparo de Edgardo Kueider para recuperar su banca en el Senado en medio de la asunción de la camporista Stefania Cora en su lugar.

Desde el órgano judicial explicaron que "la valoración y votación de los miembros del senado, con respecto a la habilidad moral del amparista, se halla reservada al seno de ese órgano".

"En consecuencia, no corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que les son propias y exclusivas", indicó el tribunal de apelación tras el pedido del exsenador detenido en Paraguay por tentativa de contrabando al ingresar con más de 200.000 dólares en efectivo.

En este sentido, remarcaron que "la facultad de revisión judicial encuentra su límite en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado, ya que la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues de lo contrario sería manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación".

Argumentos de Kueider

El exsenador sostuvo que fue "ilegítima y arbitrariamente removido, pues la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al presidir la sesión violó la Constitución Nacional".

Todo esto porque la dirigente libertaria estaba reemplazando al Presidente Javier Milei en el ejercicio de sus funciones, pues este no se hallaba en el país sino que estaba de viaje y ella lo sabía.

Según Kuieder no debió, al mismo tiempo, haber presidido el Senado. Además, expresó que se vulneró su derecho de defensa y el debido proceso legal.

También sostuvo que no se le dio vista de las actuaciones ni se le otorgó la posibilidad de presentar su descargo y además alegó que la decisión cuestionada fue adoptada sin contar con pruebas suficientes, dado que se fundó solamente en la copia de un acta de imputación.

Kueider presentó un amparo para exigir que se invalide su expulsión y resguarden su despacho en el Senado

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Los abogados del entrerriano preso en Paraguay comunicaron a la vicepresidenta Villarruel que accionaron en la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de la decisión que tomó el Senado.

Edgado Kueider, el Senador que fue expulsado este jueves de la Cámara alta por inhabilidad moral, presentó un amparo en la Justicia en el que cuestiona la legalidad de la sesión de la Cámara alta que este jueves lo removió del cargo.

Así lo informó el abogado Maximiliano Ruiz en una nota dirigida a la Vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Notifico a usted de forma fehaciente que en el día de la fecha se ha dado inicio a una acción judicial por medio de la cual se controvierte la constitucionalidad y validez de la sesión extraordinaria del 12 de diciembre por medio de la cual se dispuso la remoción del cargo de Senador Nacional a mi asistido", indicó el escrito.

Además de solicitar que se deje sin efecto lo decidido este jueves en la Cámara, Kueider pidió a través de su abogado que se tomen “las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado”.

Antes de que sea eyectado del Senado por una sonora mayoría, Kueider sostuvo en diálogo con La Nación que consideraba "inaudito" que no se habilitara una instancia de defensa en la cual pueda exponer sus razones.

Además, a contramano de lo que dijeron las autoridades de la aduana y la Justicia paraguaya, el flamante exsenador afirmói que los más de 200.000 dólares no estaban en su mochila al momento de la detención y que el los había "declarado en el momento".

"Yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero", le dijo a este medio.

Kueider está preso en Paraguay desde la madrugada del 4 de diciembre, después de que un control fronterizo lo sorprendiera con una mochila con más 210.000 dólares y cantidades menores en pesos y guaraníes mientras ingresaba a ese país desde Brasil por el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz do Iguacú con Ciudad del Este.

Iba manejando una Chevrolet Trailblazer y acompañado de su secretaria, Iara Guinsel Costa, que también quedó detenida.

La salida de Kueider del Senado se aceleró con la decisión de la Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, de activar, en simultáneo, 13 allanamientos en distintas direcciones asociadas a contadores, escribanos, sociedades y posibles testaferros.

Uno de los procedimientos se realizó en el barrio de Recoleta, en uno de los tres domicilios que la secretaría Guinsel Costa tiene registrados.

La Pampa presentó un amparo contra la quita de subsidios al transporte

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Lo realizó este viernes el Gobernador Sergio Ziliotto ante la Corte Suprema. "Se trata de una medida del Gobierno Nacional arbitraria y abusiva", dijo en sus redes.

El Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó este viernes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia "para que se deje sin efecto en forma urgente" la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público, una decisión tomada hace días por el Gobierno nacional y que reduce el financiamiento nacional a empresas provinciales.

"Se trata de una medida del Gobierno Nacional arbitraria y abusiva, que avasalla los elementos esenciales del federalismo y las autonomías municipales", publicó Ziliotto en su cuenta de la red social X.

Para el gobernador, esa medida del Gobierno "violenta la división de poderes y relativiza derechos y garantías constitucionales al dejar de ejecutar partidas presupuestarias específicas creadas por ley del Congreso de la Nación".

"Es una decisión que confunde privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales. Y que, lejos de garantizar una igualdad, promueve una brecha cada vez mayor de cada ciudadano con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente", indicó.

La semana pasada, el Gobierno nacional decidió poner fin al Fondo Compensador al Transporte Público, a partir del cual se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos de todas las provincias, una iniciativa que provocó una fuerte crítica de mandatarios provinciales de todo el arco político como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Manuel Orrego (San Luis) y Ricardo Quintela (La Rioja), entre otros.

"Por ello, fieles a nuestra historia y al mandato popular, seguiremos utilizando todas las herramientas constitucionales para sostener los derechos de las y los pampeanos ante cualquier intento de avasallamiento", agregó Ziliotto.

Al presentar la medida, el Gobierno nacional planteó que concentrará la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa a través de la tarjeta SUBE, con un descuento que alcanzará el 55% de la tarifa del boleto.

Ya son 13 los amparos presentados contra el DNU del Presidente Milei

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La Justicia Federal recibió pedidos de "no innovar" sobre el documento presentado por el Presidente Javier Milei y su Gabinete el pasado jueves.

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió 13 amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía impulsado por el Presidente Javier Milei, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación con planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma.

Uno de los primeros amparos dados a conocer este martes fue el de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien calificó al documento como "inconstitucional" y resaltó la importancia de "no innovar", una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.

"El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo", dijo en declaraciones a la prensa.

Exigieron una medida de "no innovar"

Otra de ellas fue la radicada por Andrés Gil Domínguez, quien presentó una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2'023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

"Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa", reclamó Gil Domínguez.

El primer amparo, en tanto, fue el radicado la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la denuncia, el Juez Esteban Furnari reconoció a la acción como un amparo. Además, también ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina.

Presentaron el primer amparo ante la Justicia contra el DNU del Presidente Milei

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Fue presentado en el fuero Contencioso Administrativo Federal y ya tiene juzgado asignado. Cuestionan la inconstitucionalidad del decreto.

El primer amparo contra el DNU del Presidente de la Nación, Javier Milei, fue presentado este jueves ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y se pidió por la inconstitucionalidad del mismo.

La presentación la hizo la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y por ahora es la primera de las presentaciones ante la cual se prevé que haya otras más.

La misma recayó ante el Juez en lo Contencioso Administrativo Federal 2, Esteban Furnari.

Ahora, desde el juzgado le pidieron acompañar los argumentos del amparo junto con la eventual documentación que podría ir en su presentación.

Al tratarse de un amparo es de rápida resolución aunque previo a ello es probable que desde el juzgado se dé intervención previamente para contestar la demanda a la contra parte.

Se trata de hasta ahora la primera de las presentaciones aunque las que pudieran sumarse serían ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal puesto que es un masivo decreto que incluye temas tales como reformas laborales, de la ley de alquileres o del código aduanero y ello podría tener incidencia en el fuero laboral, civil o bien el civil y comercial federal.

De ahora en más todas las demás presentaciones que puedan haber en el fuero Contencioso Administrativo Federal es probable se acumulen en el juzgado 2 pues allí donde se radicó esta primera presentación.

Luis Juez presentó un amparo por las designaciones kirchneristas en el Consejo de la Magistratura

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Lo hizo junto al Senador Humberto Schiavoni. Pidieron la nulidad de las designaciones de Martín Doñate y Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos.

Los Senadores de Juntos por el Cambio Luis Juez y Humberto Schiavoni volvieron a judicializar la representación de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura y pidieron la nulidad de las designaciones de Martín Doñate y Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos.

Mediante una acción de amparo, los legisladores opositores pidieron "la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado en lo atinente a la designación de Doñate y Fernández Sagasti para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación como miembros titular y suplente respectivamente".

Además, objetaron "la partición del bloque del Frente de Todos a los fines de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación" y, en consecuencia, pidieron la designación de ellos mismos, Juez y Schiavoni, como representantes ante ese cuerpo por la segunda minoría del Senado.

La acción recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de la Jueza María Alejandra Biotti. El pedido opositor reconoce que "la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables está extinguiéndose en Argentina".

La acción de amparo se basa en que la presidencia provisional del Senado debió "nombrar a los representantes de las distintas fuerzas políticas que constituyen la Cámara surgidas de la última renovación efectuada en diciembre de 2021 producto de las elecciones legislativas".

Juez y Schiavoni sostuvieron que "el oficialismo, con 35 Senadores de un total de 72, pretendió alzarse con 3 de 4 representantes de la Cámara, sosteniendo como válida a este efecto la partición del Bloque del Frente de Todos operada en abril de 2022, que ya la propia CSJN declaró como inoponible a los efectos de la constitución del Consejo".

Ello, agregaron, "torna imprescindible la intervención del poder judicial a los fines de resguardar el derecho a integrar el Consejo parte de una minoría parlamentaria".

Según Juez y Schiavoni, el Frente PRO "indubitadamente constituía la segunda minoría de la Cámara al momento de la última renovación producida en diciembre de 2021", por lo que la partición del bloque oficialista, que rige actualmente, no podría ser tomada en cuenta para la designación de los consejeros.

"Se insistió en designar ilegítimamente al Senador Doñate como consejero titular y como suplente a Fernández Sagasti, ambos por la segunda minoría de la Cámara. Venimos por el presente a interponer acción de amparo en resguardo de nuestros derechos y a solicitar una medida cautelar de prohibición de innovar", resume la presentación, de una treintena de páginas.

Presentaron un amparo contra las restricciones de ingreso al país

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Además se solicitó una medida cautelar. Hasta ahora la mayoría de los planteos habían sido mediante Hábeas Corpus por cuestiones de Salud, es decir razones humanitarias.

Un abogado presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y contra la Administración Nacional de Aviación Civil en protesta contra las restricciones de ingreso al país, medida adoptada por el Gobierno para tratar de evitar que llegue la variante Delta de coronavirus.

En su presentación, el abogado Fernando Sicilia argumentó que "las demandadas violan con su actitud, en forma actual e inminente mi derecho constitucional de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.

El letrado además solicitó que se ordene como medida cautelar que el Estado “proceda a garantizar el ingreso y/o vuelo de regreso a la República Argentina del presentante que ya había sido programado absteniéndose de realizar actos que infrinjan el derecho a entrar al país”.

Entre los argumentos esgrimidos en la presentación que por sorteo recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 a cargo del juez Enrique Lavie Pico, refiere:

El derecho de ingreso al país


"Con la conducta asumida se me viola mi derecho constitucional y convencional de entrar al país del que soy ciudadano por una caprichosa decisión administrativa sin sustento alguno".

Manifiesta entonces que de este modo se viola el artículo 14 de la Constitución Nacional "de forma irrazonable, arbitraria e inconstitucional".

Restricción arbitraria de derechos constitucionales


"Existe un claro silencio sobre la forma en la que se produce la selección de los vuelos que se autorizan a regresar al país lo que transforma en arbitrarias esas medidas", expresó Sicilia.

De este modo solicitó que se le garantice el derecho de ingreso al país en tiempo y forma.

Por último consideró a la hora de plantear sus argumentos para que se haga lugar a la medida cautelar que resulta una medida "elitista y discriminadora" por lo que es violatoria del principio de igualdad. "Dejar entrar al país a quienes pueden pagar vuelos privados redunda en que quien dispone de una cuantiosa cantidad de dinero tiene más derechos que otros ciudadanos".

Ciudad de Buenos Aires presentó amparo judicial para que no se cierren las escuelas

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Fue ante la Corte Suprema. Sostienen que el decreto viola la autonomía de la Capital.

El Gobierno porteño presentó este viernes por la mañana un amparo judicial para que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia a través del que el presidente Alberto Fernández suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires , entre otras restricciones y medidas para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus en esa región del país.

"Esta mañana y tal como lo había anticipado el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive", reza el comunicado oficial de la Ciudad.

La administración de Larreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado".

Entre otras cuestiones, el Gobierno porteño sostiene que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una "virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".

Para la Ciudad, la decisión de Alberto Fernández "resulta arbitraria" ya que "está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo". En este sentido, las autoridades porteñas sostuvieron que la medida "es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias".

Por último, argumentan que la normativa viola tratados internacionales que consagran el derecho del niño a la educación.

Inquilinos Agrupados presentó amparo solicitando la suspensión de los desalojos

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Desde la agrupación señalaron que la medida es hasta tanto se cree un plan real para contener y proteger la vivienda frente a la llegada de la segunda ola de coronavirus.

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finalizó el 31 de marzo pasado, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

En este contexto, asociaciones de inquilinos reclaman al Gobierno nacional que extienda el decreto que congela los precios de alquileres y prohíbe los desalojos.

"Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda ya que el protocolo difundido por el ministro de desarrollo territorial y hábitat aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida", señalaron desde Inquilinos Agrupados.

Por su parte, Leilani Farha, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, explicó que "la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte".

Desde la agrupación de Inquilinos manifestaron que "la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país".