La presentación judicial la hizo la Fundación Apolo. Los acusan de abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. "Ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia, continuando con la estrategia defensiva de su condenada líder, Cristina Kirchner", aseguran.

La votación del Senado de la Nación, que el jueves aprobó el pliego de la exjueza Ana María Figueroa, generó gran indignación en la oposición.

Se trata de una jugada del oficialismo y sus aliados para devolver a sus funciones a una magistrada clave en causas que está involucrada la Vicepresidenta Cristina Kirchner, como Hotesur. Al cumplir 75 años debía dejar su cargo y así lo expresó días atrás la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, se presentó una denuncia contra los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad en Casación de Figueroa.

Fundación Apolo, con la firma de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Manuel Otegui, los denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la presentación de Apolo, los legisladores en cuestión "ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia, continuando con la estrategia defensiva de su condenada líder, Cristina Kirchner".

Los 35 que votaron a favor fueron: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Juliana Di Tulio, Rubén Uñac, Martín Doñate, Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Nora Giménez, Silvina García Larraburu, María Teresa González, Ricardo Guerra, Carlos Linares, Mariano Recalde, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neider, Oscar Parrilli, María Pilatti, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, Matías Rodríguez, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Sergio Leavy, José Mayans y María Pablo Yedlin.

"En este caso, buscan retrotraer contra legem la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta y sus secuaces", dijo.

Los denunciantes sostienen en el texto que "Figueroa había alcanzado los 75 años sin que el Senado haya dado previamente su necesario acuerdo para mantenerla en el cargo, por lo que, siguiendo la letra de la Constitución Nacional, la magistrada había cesado de pleno derecho en el cargo al alcanzar la edad, ya que la única manera de mantenerse en el cargo es contar previamente con un nombramiento presidencial precedido de acuerdo del Senado".

En otro tramo del documento se hace hincapié en que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años".

Y remarca: "La expresión mantener es definitoria en cuanto al criterio con el que debe ser interpretado el presente artículo. Y ello es así, porque si el cese se ha previsto a los 75 años de edad, el nuevo nombramiento, precedido de acuerdo, ha de tener lugar antes de cumplir la edad límite".

Por ello, se afirma en el escrito que "no quedan dudas, en consecuencia, que lo que la Constitución exige es que tanto el nuevo nombramiento como el nuevo acuerdo se produzcan antes de que el magistrado llegue a los 75 años de edad. De lo contrario, no se hablaría de mantener, sino de restituir en el cargo".

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del doctor Julián Daniel Ercolini.

La Fundación Apolo ya había realizado una denuncia contra el Gobierno en marzo de este año. La presentación judicial se hizo contra Alberto Fernández y Sergio Massa por el canje de bonos de la ANSES.

"Hay que impedir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea usado para propósitos macroeconómicos", afirmó en aquel entonces el Director de la organización no gubernamental, Juan Manuel Otegui.

La misma ONG ha denunciado al gobierno nacional en más de una oportunidad. Una de ellas tiene que ver con el Olivos Gate, por las visitas extraoficiales a Casa Rosada en plena vigencia del aislamiento obligatorio durante la pandemia del coronavirus, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y está pendiente de resolución.

También presentaron un amparo para que los runners pudieran salir durante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Y otro amparo de Paso de los Libres durante la cuarentena, donde habían quedado más de 100 personas varadas y gracias a eso pudieron volver al país.