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La Justicia anuló las elecciones de la UOM e intervino el gremio

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Abel Furlán fue desplazado como secretario general y el sindicato deberá realizar nuevos comicios en un plazo de 180 días.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazó de su cargo al Secretario General Abel Furlán, que había sido reelecto en esos comicios.

Y dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días en el que se volverá a realizar la votación.

La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM.

Por lo cuales se había originado de una causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que había denunciado irregularidades en el proceso electoral realizado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

La resolución judicial sostuvo que las elecciones en Campana y la nacional celebrada el 18 de marzo eran "inescindibles", por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda.

"Si una es nula, también la otra lo es", afirmó el Juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González.

La Cámara ordenó el "cese inmediato" de Furlán como secretario general nacional de la UOM, junto con el resto de las autoridades electas en marzo pasado. También dejó sin efecto las designaciones realizadas por esa conducción desde su asunción.

Según la sentencia, una de las principales irregularidades detectadas estuvo vinculada a la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes de inviolabilidad del voto.

"La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso", sostuvo el fallo.

Respuesta de la UOM al fallo judicial: "Los mismos jueces que avalaron la reforma laboral de Milei".

La UOM salió al cruce del fallo judicial que dispuso anular sus reciente elecciones y desplazar al secretario general, Abel Furlán, además de la intervención del gremio, y sostuvo que detrás del mismo están "los jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei".

"Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización", sostuvo el sindicato metalúrgico.

Y agregó: "Esta intervención judicial no nació hoy. Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo, disciplinar a la UOM".

Causa Cuadernos: se reanuda el juicio y Cristina Kirchner buscará su anulación

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El Tribunal Oral Federal N°7 retomará las audiencias este martes vía zoom para dar inicio a las "cuestiones preliminares”.

El calendario judicial de Cristina Kirchner se reactivará con el reinicio del megajuicio por la causa de los Cuadernos de las coimas.

Tras el receso de enero y en plena recuperación de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025, la expresidenta, a través de su defensa, intentará anular el proceso.

El Tribunal Oral Federal N°7 retomará las audiencias vía zoom para dar inicio a las "cuestiones preliminares".

En esta instancia, los abogados defensores buscarán minar las bases del debate judicial mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, dispondrá de una hora y media para exponer sus objeciones.

Se prevé que el foco de la defensa se centre en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Para la ex presidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales.

En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas, proceso que podría extenderse durante todo el mes de febrero, la Fiscal, Fabiana León, deberá dar su parecer sobre los planteos.

Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años.

Gobierno anulará las concesiones de las autopistas del Acceso Norte y Oeste

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El presidente encabezó una conferencia de prensa junto al Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. "Le han generado un daño económico al Estado nacional y a los usuarios", dijo.

Con fuertes críticas y acusaciones contra la gestión de Cambiemos, el Presidente Alberto Fernández, junto al Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunciaron este miércoles que buscarán la anulación de las concesiones de las autopistas del Acceso Norte y Acceso Oeste.

"Firmé un decreto en el que le encomiendo al ministerio de Obras Públicas a iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y Acceso Oeste, que son contratos absolutamente distorsivos que le han generado un daño económico al Estado nacional y a los usuarios", indicó el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Katopodis explicó la medida, lanzó duros cuestionamientos contra el Gobierno de Mauricio Macri y calificó las concesiones de "un verdadero negociado de los peajes".

"En el 2018 se estableció sin ninguna justificación una deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol y GCO SA, por 813 millones de dólares. Lo segundo que observamos fue la dolarización de esos contratos", dijo el ministro.

"El expresidente Macri les otorgó una dolarización sin ninguna justificación, y determinó un ajuste del 8% anual en dólares, lo que le permitió a las empresas una rentabilidad extraordinaria. De manera absolutamente arbitraria se prorrogó el contrato de concesión hasta el 2030", agregó.

"Existieron funcionarios de los dos lados del mostrador. Funcionarios que ocupaban cargos gerenciales en las empresas concesionarias, cumplieron luego cargos muy importantes en Vialidad y luego regresaron a las empresas", expresó Katopodis.

Luego del informe del ministro, Alberto Fernández volvió a tomar la palabra. El presidente recordó que ya existe una causa penal que investiga a exfuncionarios de Cambiemos por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos con Ausol y GCO de los accesos Norte y Oeste. La causa se inició con una denuncia presentada por los Diputados ultra K Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau.

"Estamos acá para velar por los intereses de los usuarios. No es la primera vez que tomamos este camino, lo hicimos con el Correo y la Participación Público Privada. No podemos permitir más que haya funcionarios de los dos lados del mostrador. Le pedimos a la Justicia que anule estos contratos y le pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías", anticipó el mandatario.

"Fueron dos años de auditorías para verificar lo que estamos afirmando. Lo vamos acercar como prueba a la causa penal, donde parecen no encontrar las pruebas con tanta facilidad como lo hicimos nosotros", agregó, con un mensaje al Poder Judicial.

Fallo histórico: la Corte Suprema de EEUU anuló el derecho al aborto

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La decisión significa un retroceso del país con respecto a la situación vigente antes de la sentencia Roe v. Wade, de 1973.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

El fallo señala que la Constitución "no otorga" este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al "pueblo" y sus "representantes electos".

La decisión publicada hoy revoca tanto la sentencia conocida como Roe versus Wade, acordada hace 49 años, que protegía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992, Planned Parenthood versus Casey, que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso.

"Es el momento de acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos", dice literalmente el fallo redactado por el juez Samuel Alito en una frase que ya recogía también su borrador, filtrado a los medios en mayo.

La decisión ha salido adelante por mayoría, con seis votos a favor, aunque con uno de ellos con una opinión separada, y tres votos en contra.

Los que han votado a favor insisten en no considerar el aborto un derecho constitucional ni tampoco un derecho apoyado por la "historia o la tradición" estadounidenses.

Además considera que Roe versus Wade fue "ofensivamente incorrecto" y "chocaba" con la propia Constitución. Y añade que el otro fallo que ratificaba el derecho al aborto, Planned Parenthood versus Casey, en 1992, "perpetuaba" esos errores.

Los tres jueces progresistas del Supremo votaron, como se esperaba, en contra de esta decisión.

"Con pena para este tribunal, pero sobre todo para las millones de mujeres estadounidenses que han perdido hoy un derecho fundamental constitucional, disentimos", señalaron en la opinión contraria que han firmado conjuntamente Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Roe versus Wade fue fallado en 1973 y garantizaba la protección del derecho a abortar en todo el país.

En 1992 Planned Parenthood versus Casey ratificó ese derecho, aunque también permitía a los estados regular el proceso siempre que no lo impidiera.

Eso provocó que los estados conservadores aprobasen leyes para restringir el derecho al aborto, como se ha venido haciendo desde 1992, y de forma más intensa en los últimos años.

Con el fallo de este viernes, los estados que así lo decidan podrán prohibir totalmente el aborto en su territorio.

Esto supondrá previsiblemente que Estados Unidos se parta en dos, entre los estados donde es posible la interrupción voluntaria del embarazo y los que la prohíben totalmente.

La Corte anuló el fallo que frenaba designaciones en el Consejo de la Magistratura

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Consideró que el Juez federal de Paraná, Daniel Alonso, "claramente se entrometió en la decisión de esta Corte que ordenó que el Consejo de la Magistratura llevase a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo".

La Corte Suprema anuló la decisión del Juez federal de Paraná Daniel Alonso, quien había prohibido a las Cámaras de Diputados y Senadores la designación de sus representantes para completar la formación del Consejo de la Magistratura.

Según la Corte, el juez entrerriano "actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal".

"Al disponer la medida interina referida, el magistrado claramente se entrometió en la decisión de esta Corte que ordenó que el Consejo de la Magistratura llevase a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo, para lo cual debían ser elegidos e incorporados al órgano los representantes necesarios para completar la composición", reprochó el máximo tribunal.

La Corte dijo que Alonso, "al disponer como medida interina que las cámaras del Congreso no envíen a sus representantes al Consejo de la Magistratura, se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento".

"Este alzamiento contra el Máximo Tribunal del país conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad de la que esta Corte está institucionalmente investida", advirtieron los Jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Ahora, quedó removido el último obstáculo que tenían la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y su par de diputados, Sergio Massa, para aprobar la designación de los consejeros que deben completar la integración del Consejo de la Magistratura.

Alberto Fernández derogó la intervención de Vicentin

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El presidente firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia. El argumento principal es que el juez interviniente no permitió conocer el estado de deuda de la agroexportadora.

"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días", dijo Alberto Fernández, en una serie de tuits. Así, el presidente dio marcha atrás con la medida, que generó rechazo y movilizaciones en todo el país.

El mandatario agregó: "Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".

"El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", dijo Fernández. "Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019", agregó.

"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

Según indicó Fernández, la intervención por 60 días "era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial".

Y agregó: "En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores".

"He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".