Lo autorizó la Jueza federal María Servini. El presidente está procesado por la venta del Grupo Indalo.

La Jueza federal María Servini avanzará con el peritaje sobre los teléfonos del expresidente Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios, acusados por el empresario Fabián de Sousa de haber conformado una asociación ilícita para sacarle el Grupo Indalo.

La jueza apunta a los registros de comunicaciones de Macri y un grupo de ex funcionarios y quiere conocer dónde de encontraban esos abonados cuando realizaban las llamadas.

El período de ese peritaje es de tres años y medio: las comunicaciones sucedidas entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019. No hay posibilidad de conocer el contenido de los diálogos pero se busca identificar “interlocutores comunes y frecuentes” entre esos abonados, saber si se contactaron con personas investigadas y realizar un entrecruzamiento de llamadas.

La jueza María Servini había ordenado esa medida el 8 de julio pasado. Y ahora rechazó un planteo de la defensa del asesor Fabián Rodríguez Simón, al que acompañaron los abogados de Macri, José Torello y Mario Quintana, para evitarlo.

"El planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Fabián Rodríguez Simón, al que se adhirieran las defensas de Mauricio Macri, José María Torello y Mario Eugenio Quintana, no es más que un recurso para pretender cuestionar una medida de prueba que, por regla general, es irrecurrible", sostuvo la jueza, en la resolución firmada ayer y a la que accedió Infobae.

De esta manera, los investigadores de la DAJUDECO analizarán el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También quiere saber desde dónde se activaron esos teléfonos.

En su presentación, a la que adhirieron Macri, Quintana y Torello, Rodríguez Simón decía que "la medida dispuesta era innecesaria, inadecuada y desproporcionada, lo que violentaba el derecho a la intimidad y privacidad", pero "no se encontraba debidamente fundamentada, lo que a su vez afectaba el derecho de defensa y debido proceso".

También advirtió que "el período de información abarcaba casi la totalidad del anterior período presidencial, lo que sumado a los funcionarios involucrados en el estudio, más la orden de determinar quiénes fueron sus interlocutores comunes, derivaría por la propia dinámica de actuación de la administración que muchos otros funcionarios del anterior gobierno aparecieran en los listados, deviniendo así lo ordenado en una suerte de "mapa" de las comunicaciones y ubicación de altos funcionarios del anterior Gobierno Nacional durante el período de tiempo antes indicado".

El asesor de Macri afirmó además que esa investigación "importaría información sensible, que estaría relacionada con cuestiones políticas propias de la gestión del Poder Ejecutivo, alcanzada en su caso por la debida confidencialidad, que en ningún caso se relacionarían con los hechos denunciados".

Tanto el fiscal Marijuán como la querella de De Sousa rechazaron el planteo. El abogado Carlos Beraldi, representante del empresario, enfatizó que "los jueces cuentan con amplias facultades para dirigir la instrucción y por ello podían ordenar todas las medidas probatorias que considerasen necesarias para poder avanzar con sus investigaciones".

Estudiadas las posiciones, Servini rechaza hacer lugar al pedido de Macri, Rodríguez Simón y Torello. Defendió la diligencia ordenada y aseguró que “el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados”. También aclaró que "en caso de que se obtuviere información que no tuviere que ver con lo que aquí se investiga, tales datos serán excluidos del bagaje probatorio".