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PAMI detectó una red de sobrefacturación y prestaciones falsas en varias provincias

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El organismo identificó un sistema sistemático de sobrefacturación, recetas apócrifas y prestaciones fantasma que afecta a jubilados en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío, siendo la más extendida la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: "Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204".

A esto se suman las "prestaciones fantasma", consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde "hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico".

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de "hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos".

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una "facturación sin sustento médico real", tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras se enmarcaron en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas.

"Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos", destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas.

El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales "correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia".

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta "108,7 horas diarias".

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos.

Como contrapartida, la administración ya "recortó aproximadamente $90.000.000.000 de pesos en gastos políticos e innecesarios", eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Gobierno nacional designó veedores en la AFA y tendrá 180 días para auditar finanzas

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La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a pedido de la Inspección General de Justicia.

El Gobierno nacional dispuso el lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia, que venía reclamando información contable y administrativa.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.

Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se apoya en objeciones previas de la Inspección General de Justicia, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la Universidad de la AFA, y además cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la asociación sigue bajo jurisdicción de la Inspección General de Justicia.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una "veeduría ilegítima", negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance por la vía judicial.

La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino.

El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.

El PRO presentó un amparo para frenar la designación de auditores en la AGN

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Cristian Ritondo acudió a la Justicia para solicitar la nulidad de los nombramientos de Mónica Almada, Juan Forlón y Pamela Calletti en Auditoría General de la Nación.

El Diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025.

La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación, realizada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la Auditoría General de la Nación se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

El amparo sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.

Además, Ritondo argumentó que la Auditoría General es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías.

La demanda también plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, alegando que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes.

Finalmente, el diputado invocó precedentes análogos del año 2015 donde la justicia ya había frenado nombramientos similares en la Auditoría General de la Nación por violaciones reglamentarias.

Aseguraron que Pettovello "nunca hizo auditorías en comedores" y que la Justicia "la obligó a reconocerlo"

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El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que la ministra de Capital Humano tuvo que reconocerlo ante la Justicia.

Organizaciones sociales y políticas agrupadas en el Frente de Lucha Piquetero afirmaron que la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello "nunca hizo auditorías en los comedores populares", luego de que la funcionaria "lo reconociera ante la Justicia".

El referente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, manifestó que, si bien ellos sabían que la titular de la cartera "nunca había hecho ninguna auditoría", ahora la Justicia "la obligó a reconocerlo".

"Hicimos sistemáticas denuncias debido al recorte de los alimentos que fue en forma total. No hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en todo el país, que haya recibido un sólo kilo de alimento desde que asumió el Gobierno de Milei. Esa fue una medida absolutamente arbitraria de parte del Ministerio", señaló.

Por otro lado, indicó que la ministra tiene una denuncia e, incluso, está "imputada" por malversación de fondos, debido a que hay "14.000 millones de pesos que Pettovello no puede explicar".

La causa a la que se refiere Belliboni está a cargo del Juez federal, Ariel Lijo, y el Fiscal, Franco Picardi, donde Pettovello está acusada por "presuntas irregularidades en una licitación" y la transferencia de una cifra destinada a alimentos que no se llevó a cabo.

En esta misma línea, todas las organizaciones que pertenece al Frente de Lucha Piquetero se reunieron la semana pasada y acordaron una movilización para el próximo 23 de septiembre, en la que exigirán "la devolución de los alimentos y el aumento de los programas sociales que han quedado congelados hace más de un año y medio".

"Desde que comenzó este nefasto Gobierno, el Ministerio y varios medios amigos lanzaron una campaña para instalar que, mediante auditorias, se había constatado que la mayoría de los comedores populares no existían y que los dirigentes de las organizaciones nos habíamos robado la comida. Sobre esta base desde el Ministerio cortaron la asistencia alimentaria, ahorrándose 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos. Parece que pedir el 3% no solo es patrimonio de Karina. Todo esto ocurrió mientras se perseguía, se criminalizaba y estigmatizaba a las organizaciones con una enorme historia de lucha, honesta y consecuente de decenas de años, con la activa participación de los medios ensobrados que colaboraron con estas infamias", concluyeron mediante un comunicado.

El Frente de Lucha Piquetero está conformado por las agrupaciones Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, MTL Rebelde, Bloque Piquetero Nacional, Armando Conciencia, Agrupación William Cooke, MTR 12 de Abril, MTR Cuba y Frente de la Resistencia.

Capital Humano confesó por qué cortó la comida a los comedores: "La auditoría no existe"

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El Gobierno reconoció en un documento oficial que mintió: la auditoría del 50% de comedores "fantasma" nunca existió. La respuesta fue para Natalia Zaracho.

El Ministerio de Capital Humano reconoció en un documento oficial que la auditoría con la que el Gobierno justificó el corte de alimentos a los comedores populares "resulta ser inexistente".

La revelación confirma que la administración mintió al asegurar que el 50% de dichos comedores no existían.

El argumento de la auditoría fantasma fue utilizado por el Presidente, Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para suspender el envío de alimentos.

Según supo Noticias Argentinas, con información de El Destape, esta justificación derivó en la retención de millones de kilos de comida que casi terminan vencidos en los galpones ministeriales.

La confesión oficial llegó en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho el 16 de mayo de 2024, justo un día después de que Posse utilizara ese supuesto informe en su presentación en el Congreso.

Ante la negativa inicial de Pettovello de entregar la documentación, la diputada judicializó el tema y obtuvo un fallo favorable, forzando al ministerio a responder.

Ahora, más de un año después, Capital Humano admitió por escrito que tal auditoría no existe.

El Gobierno cortó el envío de fondos a organismos de Derechos Humanos e iniciará una auditoría

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La decisión se enmarca en la política de recorte del gasto público impulsada por el Gobierno del Presidente Javier Milei.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este jueves que el Gobierno suspendió el giro de fondos que realizaba a organismos de derechos humanos que gastaron "más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados". 

Al respecto, el funcionario sostuvo en su cuenta de X que su cartera resolvió "iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas".

Según trascendió, el recorte es sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de derechos humanos y la administración del predio de la ex ESMA.

"Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes", expresó el ministro.

La decisión se enmarca en la política de recorte del gasto público impulsada por el Gobierno del Presidente Javier Milei, en medio de la tensión con los organismos de Derechos Humanos, cercanos políticamente al kirchnerismo y partidos de izquierda. 

La cartera que dirige Cúneo Libarona disminuyó un 37% su planta de personal en 2024, lo que implicó, según el Gobierno, un ahorro mensual de $820 millones.

Tras la salida de Mondino, el Gobierno hará una auditoría al personal de Cancillería

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El objetivo es identificar a las personas "impulsoras de agendas enemigas de la libertad" y echarlas.

Luego de la salida de Diana Mondino de Cancillería, el Gobierno anunció que abrirá una investigación para identificar a los diplomáticos de carrera que promuevan "agendas enemigas de la libertad".

Buscan alinear las posiciones geopolíticas internas con los intereses de la administración Milei. Ocurre luego del voto en la ONU en rechazo al embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

La Oficina del Presidente comunicó esta tarde que la canciller Mondino "ha presentado su renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto" y en su lugar asumirá el actual embajador en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, quien "liderará la continuidad de la transformación en la política exterior de nuestro país".

Desde el Ejecutivo se refirieron a los motivos que impulsaron la eyección de la excanciller, en un mensaje en el que remarcaron el posicionamiento del país en defensa de las "democracias occidentales", luego de que Argentina votara en Naciones Unidas en sintonía con Cuba para rechazar el embargo que atraviesa la isla por parte de Estados Unidos.

El país "atraviesa un periodo de cambios profundos" y esta nueva etapa "exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales", señalaron.

En este sentido, recalcaron que el Gobierno "se opone categóricamente a la dictadura cubana" y continuará firme en su política exterior contra "todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales".

Siguiendo esa línea, la Oficina del Presidente adelantó que abrirán una investigación para dar con aquellos funcionarios que no se encuentren alineados al perfil que impulsa la administración Milei.

"La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad", informaron.

Sturzenegger anunció el fin de los contratos interadministrativos en las universidades

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El Ministro, Federico Sturzenegger, adelantó que los gastos que hagan las universidades "van a tener que estar registrados en el sector de gasto público".

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó la prohibición de los contratos interadministrativos en las universidades y anunció que se creará un "sistema de compras públicas" en la que deberán ingresar sus gastos.

Este lunes, la Sindicatura General de la Nación le notificó formalmente el inicio de los trabajos de auditoría al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

Según la Sindicatura General de la Nación, la entidad educativa no se audita regularmente desde 2013.

A pesar de que "quieren ser auditados", desde la universidad advirtieron que el Presidente Javier Milei quiere "intervenir en las universidades públicas", con el fin de "controlar lo que enseña y se aprende".

"Sabemos que son autónomas y pueden gastar lo que quieran, pero que sean públicas no quiere decir que puedan gastar como quieran", sostuvo Sturzenegger.

Crece la tensión entre el Gobierno y las universidades

Según Sturzenegger, "el conflicto con las universidades empezó como una puja salarial" y el presidente "dijo que no está en discusión ni la universidad pública, ni que esté arancelada".

El principal reclamo de las universidades es el recorte presupuestario, tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que, según argumentaron desde el sector, pone en peligro el funcionamiento de las entidades educativas en todo el país.

El presupuesto universitario está en su punto más bajo desde 2005.

El funcionario aseguró que desde el Gobierno "se recompuso el gasto de financiamiento que Alberto Fernández había congelado durante 14 meses de manera nominal, con una inflación de 200%".

La auditoría se centrará en "a dónde va a parar el resto de la plata que no va a docentes o a gastos de funcionamiento".

El sector universitario prepara una tercera marcha federal para los primeros días de noviembre.

La primera se desarrolló en abril y la segunda en octubre, cuando el Congreso respaldó el veto de Milei para recortar el presupuesto. Ese mismo día, los alumnos decidieron tomar las entidades educativas.

El principal argumento del jefe de Estado para rechazar el aumento del presupuesto de las universidades, es el objetivo "innegociable" del "déficit cero".

Según dijo en varias oportunidades, no se aprobará ningún aumento que "no contemple una partida presupuestaria específica" y que "atente contra el equilibrio fiscal".

Milei celebró que la SIGEN pueda auditar a las universidades públicas: "Los chorros están en peligro"

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El Presidente habló en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza el Banco Central. Insistió en mantener el equilibrio de las cuentas públicas "cueste lo que cueste".

El Presidente Javier Milei volvió a hablar en el flamante Palacio Libertad, esta vez frente a economistas en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza el Banco Central, que comenzaron este lunes.

"Estábamos al borde de un colapso macroeconómico. Combinábamos los desequilibrios de las tres peores crisis argentinas", explicó el mandatario ante economistas.

En la misma línea, Milei aseguró que "la relación pasivo remunerado sobre base monetaria era peor que la hiperinflación del 89".

Y agregó: "Ellos consideraban que no éramos libertarios, pensaban que somos libertarados. Querían hacer un golpe como el del 2001, que se terminó cuando llegó Duhalde al poder".

Respecto a la situación actual, el jefe de Estado manifestó: "La Ley de Presupuesto que mandamos al Congreso parte del déficit cero y lo vamos a sostener cueste lo que cueste".

Y añadió: "Vine a arreglar los problemas de Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar".

En medio de la polémica con la toma de universidades por el veto a la Ley de Financiamiento, Milei aclaró: "Si tengo que vetar a los jubilados y a los universitarios, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable".

"En ningún momento se puso en duda las universidades públicas, pero gratis no hay nada", explicó el jefe de Estado.

"Hay un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados, pero afortunadamente hoy salió un dictamen y vamos a poder hacerlo. Los chorros están en peligro", indicó.

El presidente también defendió su gestión en cuanto a la reducción de la suba de precios. "El problema de la deflación es de la literatura moderna. Antes no se discutía", afirmó ante los economistas.

Y remarcó: "Estamos acostumbrados a vivir con inflación. El que plantea que la deflación es un problema está insultando al sector privado".

En otro tramo de su discurso, apuntó contra uno de sus principales detractores, Guillermo Moreno. "Moreno tiene una mala teoría del valor. Él cree que el precio proviene de los costos. Pero son los precios los que determinan los costos. Si fuera al revés, no habría quiebras", subrayó.

Asimismo, Milei defendió su gestión: "Es una aberración querer controlar la tasa de interés". En este sentido, hizo hincapié en que "dado que tenemos Banco Central, por ahora, vamos a controlar la cantidad de dinero", al tiempo que aseguró: "Pero en algún momento vamos a terminar con esa peripecia inmunda que se llama Banco Central".

"No soy comunista, no soy un dirigista. No creo en fijar precios ni tasas de interés. Solo puedo poner una política fiscal una política monetaria cero y un tipo de cambio que todavía no es libre hasta que se estabilice el stock", afirmó. "Y con todo eso logramos bajar la inflación", indicó.

"Hay una recuperación de la demanda porque hace cinco meses seguidos que los salarios y la jubilación le ganan a la inflación", aseguró el presidente.

Gobierno habilitó a la SIGEN para que pueda auditar a las universidades públicas

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A través de un dictamen de la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación recuperó la facultad de controlar los gastos de las casas de estudio nacionales que se dejó de tener durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.

Hasta hoy, solo la Auditoría General de la Nación, organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Dicho cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: "En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521".

Esta decisión anula la resolución del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.

En 2023, el aquel entonces Ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN habilitando la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.

Al respecto, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: "Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales".

"De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación. Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales", sintetizó a través de sus redes sociales.

La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del Presidente Javier Milei al sector, luego de denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio.

"¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?", planteó hoy en una entrevista para La Nación +, y concluyó: "No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes".

Los cambios se enmarcan en pleno auge estudiantil en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, con tomas en más de 80 facultades, clases públicas y asambleas.

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