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Prepagas: la Justicia homologó el acuerdo con Gobierno y habrá nuevos aumentos en julio

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Además, se confirmó que se ejecutará la devolución de los montos pagados de más durante el primer cuatrimestre del 2024 en 12 cuotas.

La justicia homologó el acuerdo de las prepagas y el Gobierno nacional, que habilitaba nuevos aumentos en las cuotas desde julio. Allí también se contempla el plan de devolución de los montos abonados de más a lo largo del primer cuatrimestre del 2024, que serán devueltos por las empresas en 12 cuotas.

Sobre ese último punto, el acuerdo detalla que "el mecanismo de devolución de los montos cobrados en exceso por encima del IPC" fue elaborado por la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud, así como también "el compromiso asumido por las demandadas de informar a cada uno de los socios beneficiarios de la compensación correspondiente, el crédito a su favor consolidado y actualizado a junio 2024".

Estas semanas previas, el Gobierno había pedido que se retirara la medida cautelar que frenaba los aumentos de las tarifas propuestas por las empresas de medicina prepaga, por lo que a partir de julio tenían vía libre para subir el costo de sus planes, tal como lo establecía el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Presidente Javier Milei.

"Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización", denunció el Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta de X cuando se confirmó el acuerdo.

En línea con eso, explicó que desde su bloque habían pedido una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC que no fue posible. "Nos notificaron la baja de la medida cautelar", agregó. Fue por eso que sentenció: "El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas".

Así las cosas, volverá a entrar en vigencia lo dictaminado en el DNU 70/2023, que desregulaba el sector de la medicina privada y autorizaba los aumentos indiscriminados en las cuotas.

Antes de este decreto, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso.

Tal así, que la Superintendencia tenía autoridad para regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, un decreto del 2022 regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas.

"No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero", concluyó Reyes.

Tarifas de luz y gas: esta semana se define hasta dónde llegarán los aumentos de junio

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El Gobierno determinará hasta donde llegarán los incrementos en el precio de la energía mayorista. Los detalles.

El Gobierno prevé definir esta semana el incremento que se aplicará sobre el precio de la energía mayorista, lo que permitirá conocer hasta donde llegarán los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Consultoras privadas estiman que los aumentos podrían rondar el 40%.

El objetivo es reducir subsidios por unos US$ 130 millones mensuales en el invierno, según estimaciones de especialistas, que creen que el Ministro de Economía, Luis Caputo, busca ahorrar unos US$ 390 millones.

El incremento se aplicará sobre el precio de la energía mayorista, uno de los tres componentes principales que integran la tarifa, junto con el transporte y la distribución.

El Gobierno ya definió que mantendrá en junio el congelamiento de las tarifas en transporte y distribución, con la meta de reducir el impacto de las subas sobre los índices de inflación.

Pero a su vez busca seguir achicando el costo fiscal y mantener un equilibrio de las cuentas públicas, como ocurrió en el primer cuatrimestre del año.

Un informe que circula en el sistema energético estimó que el costo fiscal por seguir manteniendo congelado el precio mayorista de la energía para el 65% de los hogares iba a trepar a US$ 650 millones mensuales durante junio, julio y agosto. El objetivo de Caputo es reducir ese gasto todo lo posible.

Facturas de gas con fuertes subas

Mientras se definen estos nuevos aumentos, en estos días comenzaron a llegar las facturas de gas con subas promedio de 380% que se autorizaron en abril.

El fuerte incremento se debe a que hubo una actualización de tarifas para las empresas de distribución y transporte, dos servicios que componen el costo total de las boletas y que también habían quedado retrasados por el congelamiento tarifario que aplicó el anterior Gobierno.

El Gobierno buscó en abril recomponer la rentabilidad de las empresas de gas, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.

El aumento se dio, además, justo antes de comenzar el invierno, cuando el consumo de gas residencial se duplica.

Según especialistas, esto presionó aún más sobre el valor final de las boletas, por mayores precios y por el incremento del consumo de metros cúbicos de gas.

El problema que busca ir solucionando el gobierno es que los hogares de ingresos medios pagan apenas un 5% del costo de electricidad y 20% del gas, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.

La estrategia es definir un límite de consumo subsidiado a los usuarios de ingresos bajos, que hasta ahora tienen subsidios ilimitados, y se bajará el bloque de consumo con subsidios que tienen los hogares de ingresos medios.

Sobre el excedente de esos bloques de consumo, los hogares pagarán el costo real del servicio, lo cual debería provocar una reducción del uso de energía.

Para los usuarios residenciales de altos ingresos, comercios e industrias, el Gobierno también podría optar por una quita de subsidios.

Actualmente, los hogares N1 pagan el 65% del costo de electricidad y el 51% del abastecimiento de gas.

Según el informe del IIEP, un hogar promedio del AMBA sin subsidios gasta $118.825 en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable.

Destina casi $28.000 al gasto de electricidad, $41.000 al de gas, $20.500 al agua y $29.000 al transporte, boletos de colectivo.

Inflación de abril: cuáles fueron los rubros con mayores y menores aumentos

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En abril, se registró el primer índice de inflación de un dígito desde octubre del año pasado. 

Dentro del índice de inflación de 8,8% promedio de abril hay rubros como el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que viajó al 35,6% mensual, mostrando el impacto del ajuste de tarifas; y otros como el de alimentos y bebidas sin alcohol que desaceleró al 6%.

El primer índice de un dígito desde octubre del año pasado alegró y tranquilizó a Economía y desde el Palacio de Hacienda pusieron el foco en la inflación núcleo, que fue del 6,3% "el dato más bajo desde enero de 2023", destacaron.

Algo de esto venía anticipando el Ministro de Economía, Luis Caputo, en los relevamientos propios y preliminares que hacen desde Hacienda.

Hace 15 días, en un encuentro con la Fundación Mediterránea, dijo que "este mes la inflación núcleo va a sorprender a más de uno" y que "la baja iba a continuar en mayo". Pero al observar las divisiones, se puede comprender mejor por qué el Gobierno busca "subirle el precio" a la inflación núcleo.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%), debido a los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad. Le siguieron Comunicación (14,2%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Prendas de vestir y calzado (9,6%), por cambios de temporada. Por último por encima del índice general quedó Salud (9,1%), con el conflicto en medio de las prepagas.

Por el contrario, rubros que venían "pasados" con la inflación pegaron un freno fuerte en abril también víctimas de la caída del consumo y de lo perecedero de sus bienes. Bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%), Bienes y servicios varios (5,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación del 6%. Por el peso específico de los rubros de alimentación dentro del índice hizo un buen contrapeso con el fuerte aumento de las tarifas.

Por encima de la inflación nacional también estuvo Educación, con el 8,6%. Por debajo de ese nivel quedaron Restaurantes y hoteles (7,3%), Recreación y cultura (7,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (6,5%), todos rubros impactados por la recesión, el freno de la economía y un menor poder adquisitivo general. Transporte subió 6,3% y fue uno de los rubros que pospuso los aumentos en sus tarifas.

En lo que va del año, la división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (110,5%), seguida por Comunicación (106,5%). Dos rubros con fuertes desregulaciones y actualizaciones de precios.

En lo que respecta a alimentos y bebidas, a diferencia de otros meses, no hubo tanta volatilidad en las variaciones de precios en general. Las mayores subas y bajas se dieron en productos estacionales como el tomate redondo x kilo, que aumentó un 72% o la lechuga que bajó un 26,6%.

Como la inflación núcleo no tiene en cuenta, entre otras cosas, las variaciones estacionales ni los precios de los servicios públicos, regulados, es un número que entusiasma más a mirar, pero claro está, los aumentos en las tarifas y los reacomodamientos de precios de los servicios deben hacerse aún.

Veremos en mayo, cuánto más puede llegar a bajar la inflación, y si eso es perdurable en el tiempo, ya que las correcciones de tarifas pospuestas en mayo, deberán ocurrir tarde o temprano.

Los conflictos con las empresas de colectivos y la UTA, donde impacta el boleto de colectivo, o con las deudas de Cammesa y las generadoras de energía, donde falta aún actualizar tarifas,

Gobierno pospuso el aumento de combustibles, tarifas de luz y gas

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Los aumentos al litro de nafta y gasoil que estaban pactados para mayo finalmente sucederán en junio.

Con el fin de frenar el impacto sobre la inflación, el Poder Ejecutivo publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles.

Además, el Ministerio de Economía decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que tendrían que haberse aplicada a partir de mayo.

A partir de este miércoles debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación.

Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.

Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas, 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.

Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.

Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.

En cuanto a los combustibles, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1 de junio de 2024.

De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en mayo.

En cuanto a los combustibles, el Poder Ejecutivo publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles.

La medida implica que no habrá incremento alguno por dicho concepto en mayo.

En este sentido, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1 de junio de 2024.

De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo.

Gobierno anunció que la mayoría de prepagas darán marcha atrás con los aumentos y hasta devolverán plata

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El Vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que las empresas del sector que agrupan al 75% de afiliados adoptarán esa medida. "Argentina de la avivada se terminó", subrayó.

El Gobierno anunció que la mayoría de las empresas de medicina prepagas van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre y devolverán lo que hayan cobrado por encima de la Inflación.

Así lo informó el Vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa.

"Argentina de la avivada se terminó", remarcó el portavoz del presidente Javier Milei.

De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.

Días atrás, el Ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media" con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer "todo lo que esté al alcance" para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Prepagas le respondieron al Ministro Caputo, solicitaron una audiencia y denunciaron un "desfinanciamiento"

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Las empresas de medicina prepaga argumentaron que "no son formadoras de precios" y señalaron que "la inflación del país cruza transversalmente todos los costos".

"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media", declaró el Ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales, tras los fuertes incrementos en sus cuotas, a partir de la promulgación del DNU 70/23 en diciembre, que desreguló sus precios.

Ante esta acusación, desde las Cámaras de Medicina de Prepaga lanzaron un comunicado en respuesta al funcionario donde solicitaron una audiencia y aseguraron que el sector fue "sometido" a un "desfinanciamiento" durante años.

El comunicado de las cámaras que nuclean a empresas de medicina prepaga, CIMARA, ADEMP Y CEMPRA, aseguró que el objetivo de la audiencia es "acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica, entre otras situaciones, el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años".

Pese a las declaraciones de Caputo, desde las Cámaras enfatizaron que pretenden "no polemizar a través de los medios sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado".

A su vez, reconocieron que les "preocupa el aumento de las cuotas". Sin embargo, argumentaron: "Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina".

Por último, expresaron la voluntad de "llegar a acuerdos que contemplen la necesidad de todos los actores". "El sector está dispuesto a acompañar, dentro de las reales posibilidades, los esfuerzos del gobierno por resolver los problemas de fondo de nuestro país", concluyó el documento.

Caputo: "Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media"

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El ministro de Economía aseguró que desde el Gobierno van a hacer "todo lo que esté a nuestro alcance" para defenderla.

El Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, apuntó contra las prepagas y aseguró que "le están declarando la guerra a la clase media", luego de los aumentos que realizaron desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.

"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

El viernes pasado en una entrevista en TN había expuesto que a las prepagas "se les fue la mano con los aumentos". Los aumentos tienen su origen en la desregulación del sector que a partir de la publicación del decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 desde el 20 de diciembre de 2023 que firmó el Presidente Javier Milei y complementaba a la Ley Bases.

La misma derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar "la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales".

No obstante, ya hubo varios fallos judiciales contra el DNU y la liberación de precios pero para casos particulares de la persona que llevó a cabo la demanda.

"Estamos viendo cosas que se pueden hacer. Voy a tener una charla con ellos, por lo menos para entender, me van a tener que explicar, de alguna manera habrá que hacerlos competir o entender que esto es parte de un cambio cultural, y el cambio cultural implica todo. La competencia no es tan fácil como en el comercio, que se abre y compiten. Es una tarea", profundizó.

El enojo de Caputo se fundamenta en que la medicina privada registra este mes su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Según la empresa, el aumento de abril es entre 16% y 19%. Esta suba se agrega a la de 40% de enero, 27% de febrero y 20% en marzo. Más del 100% desde que arrancó el año.

Una medida cautelar colectiva suspendió los aumentos de OSDE

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La Justicia ordenó a la prepaga dejar sin efecto los incrementos efectuados a raíz del DNU 70/23.

El Juzgado Federal 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de María Isabel Caccioppoli, otorgó una medida cautelar a favor de un afiliado a la prepaga OSDE que ordenó dejar sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23.

Asimismo, dispuso que los incrementos sean realizados conforme lo que prevea la Autoridad de Aplicación aplicando el artículo 17, no sustituido, de la ley 26.682 hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Lo más relevante de la medida cautelar suscripta por la magistrada es que extiende los efectos con carácter colectivo a todas las causas de futuros adherentes que se encuentren en las mismas circunstancias con aumentos de cuotas similares por parte de OSDE.

Ello en virtud de que, previo al dictado de la cautelar, la jueza admitió que la tramitación del expediente sea como amparo colectivo y ordenó su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos.

En cuanto a la colectivización del expediente, la jueza dispuso que el colectivo se integre por la totalidad de los afiliados de la empresa OSDE que se vean afectados por el DNU 70/23 y que el objeto de la pretensión es a los fines de que se la condene a dejar sin efecto los aumentos realizados por dicha empresa de medicina prepaga, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 de la ley 26.682, y la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023.

Respecto de los hechos que dan origen a la causa, es iniciada por una persona de 69 años de edad que se encontraba afiliado hacía 30 años a la prepaga y que la cuota que se encontraba abonando en diciembre de 2023 a marzo de 2024 sufrió un incremento del 86,8%, ese monto respecto de la jubilación que posee le tornaron imposible pagar la prestación.

En ese marco es que junto con el inicio de la acción de amparo se solicitó una medida cautelar para que suspendiera los aumentos en forma inmediata.

El DNU 70/23 modificó el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales (Ley Nº 26.682) derogando mediante el art. 267 los artículos 5 incs. G y M y sustituyendo mediante el art. 269 la redacción del art. 17.

Resalta la magistrada que "de este modo, se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del PMO, los contratos y planes y fundamentalmente en el art. 17, sustituido, debía fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales; respecto del aumento de las cuotas la Autoridad de Aplicación debía autorizar el aumento cuando el mismo este fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable calculo actuarial de riesgos".

Señala además que "la falta de fiscalización de las empresas de medicina prepaga y/o la no exigencia de solicitar autorización por parte de las mismas trajo como lógica consecuencia los aumentos por lo que aquí se reclama y que conforme surge de las facturas acompañadas resultan superiores al 85% de lo abonado en el mes de diciembre de 2023. Asimismo, para febrero se ha anunciado un incremento de un 28%, y para marzo un 19%".

Gobierno presentará un proyecto de ley para retrotraer el aumento a legisladores

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Luego de que el pasado miércoles se haya anunciado un aumento del 30% para diputados y senadores nacionales, el Presidente Milei pidió dar marcha atrás ya que "no había sido informado ni consultado sobre la decisión y se enteró por publicaciones".

Luego de que se haya anunciado el aumento de cerca del 30% para diputados y senadores nacionales, el oficialismo presentará un proyecto de ley para retrotraer estos incrementos suscriptos de manera conjunta por los Presidentes de la Cámara baja, Martín Menem, y de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

A raíz de las repercusiones negativas que de inmediato generó el anuncio del aumento para diputados y senadores, que llevaría las dietas por encima de los dos millones de pesos mensuales, en el bloque oficialista pusieron las barbas en remojo y este jueves el Diputado nacional Carlos D´Alessandro le planteó la preocupación a Menem, quien dio el visto bueno para dar marcha atrás con la medida.

El riojano y Villarruel habían firmado el 23 de febrero pasado una resolución conjunta en la que refrendaban el acuerdo paritario con el gremio APL que establecía un incremento para personal legislativo del 16% a partir del 1 de enero y del 12% desde el 1 de febrero.

Aquel acuerdo no hacía referencia a los diputados y senadores nacionales, aunque éstos tienen atadas sus dietas a los incrementos que reciben los trabajadores del Congreso, por lo que el aumento para los legisladores caía de maduro y sólo lo separaba la firma de los respectivos titulares de las cámaras.

La resolución que se conoció este miércoles con la firma de Menem y Villarruel destacaba que "en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras".

Más allá de este ajuste de cerca del 30%, lo cierto es que los haberes que perciben los diputados nacionales ya habían registrado un aumento de ese mismo tener al comparar los recibos de sueldo de enero y febrero.

Según fuentes cercanas al Presidente Javier Milei, él señaló que "no había sido informado ni consultado sobre la decisión y se enteró por publicaciones".

El aumento acumulativo sería de dos cuotas, 16% en enero y 12% en febrero. Desde La Libertad Avanza, José Luis Espert defendió el incentivo y dijo que "nos aumentaron la dieta un 30% en el primer bimestre con una inflación del 45%, así que hay una perdida real del 10%".

Por su parte, Carlos D'Alessandro, propuso que los legisladores del Congreso de la Nación devuelvan lo que ganan del aumento del 30%.

Prepagas no podrán aumentar la cuota por la edad de la persona afiliada

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La medida fue tomada en línea con el dictamen de la Fiscal general Gabriela Boquin, y rige hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el proceso.

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la cautelar dictada por el Juzgado Comercial N°9 para que la empresa de medicina prepaga Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica deje sin efecto el aumento del valor de la cuota del grupo familiar dispuesto en razón de la edad de una mujer afiliada, quien había cumplido 70 años.

La medida fue tomada en línea con el dictamen de la Fiscal general Gabriela Boquin, y rige hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el proceso.

En su resolución, y según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los camaristas Pablo Heredia y Juan Garibotto coincidieron con los argumentos de la Fiscal general Boquin y confirmaron la decisión dictada por la Jueza Paula Hualde, en noviembre de 2023.

En su presentación, la fiscal había destacado que se encontraban "en juego derechos fundamentales con jerarquía constitucional, que hacen a la dignidad de la persona humana y su protección, así como también a la sociedad jurídicamente organizada", tal es el caso del derecho a la salud.

Al analizar las constancias del caso, la representante del Ministerio Público Fiscal había entendido que, en el caso, se cumplían los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada y que resultaba necesario "preservar y garantizar la prestación del servicio de salud, lo que sin lugar a dudas implicaría dejar sin efecto los aumentos de cuotas por rango etario, hasta el eventual dictado de una sentencia de fondo en estos autos".

"Los aumentos injustificados y desproporcionados de la cuota del plan de medicina prepaga, sin dudas pueden devenir en la imposibilidad de cumplimiento de pago de la cuota por parte del afiliado, con su posterior suspensión o resolución del contrato", había considerado.

En tal sentido señaló que mediante la medida cautelar solicitada por las personas afiliadas se neutralizaban "provisoriamente las consecuencias que los mentados aumentos" y evitar un perjuicio en su situación financiera "en medio de un contexto de suma vulnerabilidad e incertidumbre".

En relación al agravio de la empresa, respecto a que "los aumentos habrían sido consentidos por los actores y que no habrían resultado ilegales, ni abusivos, al encontrarse autorizados por el Decreto 66/2019", la Fiscal general Boquín entendió que ello denotaba "una incorrecta aplicación de la normativa vigente y de los principios generales y específicos del derecho que rigen en materia de consumo", por cuanto "se omite ponderar la vulnerabilidad de los adultos mayores".

En esa línea sostuvo que "resulta una realidad incontrastable que el usuario queda atrapado por la necesidad de contar la prestación básica de salud y adhiere a términos y condiciones que muchas veces ni los tiene a la vista, y aunque los tuviera, nada podría hacer para negociarlos", al tiempo que agregó que "mal podría entenderse que los actores han consentido los aumentos previstos contractualmente, ni que la demandada se hubiera encontrado legitimada a realizarlos".

En el dictamen, la fiscal concluyó que la valoración e interpretación de la normativa, efectuada por Medicus S.A., contrariaba la normativa vigente y vulneraba los derechos humanos tutelados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

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