Desde el Gobierno de San Juan, Orrego dio la orden de dar de baja a todos los teléfonos corporativos de los funcionarios públicos.

Se trata de alrededor de 200 líneas telefónicas que se usaban durante el Gobierno anterior, y que implicaban unos $2.500.000 mensuales.

Desde ahora, cada funcionario se hará cargo de pagar su servicio y su celular.

Asimismo, trascendió que el gobernador ordenó que se auditen los gastos de choferes, combustible y autos contratados por el Estado provincial.

En sintonía con la austeridad que reclama la sociedad, el Gobernador Orrego ya había dado de baja al 30% de los cargos políticos.

En esa misma línea, ni bien asumió, también dio de baja a los nombramientos realizados en los últimos 6 meses por el anterior Gobierno peronista.