Los mendocinos que participaron del banderazo "en defensa de la república" durante el feriado patrio del 9 de Julio podrían quedar detenidos u obligados a realizar trabajos comunitarios.

Es que la Justicia provincial abrió una causa con el objetivo de imputarlos por violar el aislamiento social en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Más de 300 personas que se manifestaron contra el Gobierno nacional quedarán a disposición de las autoridades judiciales una vez que sean identificadas por la fuerza policial mediante el análisis de las cámaras de seguridad urbanas.

Uno de los principales impulsores del reclamo para que se tomaran medidas contra quienes protestaron fueron los dirigentes del justicialismo provincial.

Desde los Tribunales de Mendoza, el Procurador Alejandro Gullé indicó que "no habrá excepciones de ninguna naturaleza".

La causa está en manos de la Fiscal Gabriela García Cobos, quien ya solicitó al Ministerio de Seguridad las grabaciones para detectar a los manifestantes, en su mayoría mendocinos de edad avanzada, quienes reclamaron, principalmente, por los frenos del Ejecutivo nacional al envío de fondos a la provincia y a la obra Portezuelo del Viento.

"Las cámaras nos dan pruebas objetivas de lo que pasó, más allá de los dichos del personal policial o de un testigo. Estamos en alerta sanitaria. No vale ningún tipo de justificación para una acción de esta naturaleza", recalcó el jefe de los fiscales.

Más de 300 personas, entre familias y adultos mayores, se autoconvocaron, tal como ocurrió en las principales ciudades del país, en el microcentro provincial para cuestionar el "avasallamiento de las instituciones" y las recientes medidas judiciales en favor de los acusados de corrupción durante el kirchnerismo, además de reclamar mayor atención y beneficio de la Rosada para con la tierra cuyana.

Identificación de manifestantes

Lo que se busca ahora desde la Justicia mendocina es identificar a los manifestantes e imputarlos por incumplir el artículo 205 del Código penal, el cual establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Además, se tendrá en cuenta el decreto provincial 700 que impide las reuniones en espacios públicos. "Este proceso demorará un tiempo, pero la decisión es avanzar contra quienes incumplieron la ley", indicaron a este diario.

Se prevé que los infractores, a pesar de utilizar barbijos e intentar mantener la distancia durante la concentración, podrán quedar detenidos, con prisión efectiva, si ya cuentan con una condena, o serán sentenciados a realizar tareas comunitarias en organismos públicos, ya sean hospitales, comisarías o municipios.

Hasta ahora, en Mendoza, desde que llegó la enfermedad, a mediados de marzo, han sido imputados más de 6.700 ciudadanos por incumplir la cuarentena. De ese total, más de 200 ya han sido condenados.