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Detuvieron a un barra por quemar un patrullero durante la última marcha en el Congreso

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La Policía porteña lo sorprendió en su casa de Floresta. La Justicia lo identificó como un barra de All Boys.

Uno de los responsables de quemar intencionalmente un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante los disturbios de la marcha de jubilados del miércoles pasado fue detenido en el barrio porteño de Floresta.

La persona arrestada es Fernando David Yurquina, quien en redes sociales utiliza el seudónimo de Eric Morales y está relacionado con la barra del club All Boys.

En la madrugada del miércoles, horas antes de una nueva manifestación en el Congreso, efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad apresaron a Yurquina, acusado de involucrarse en el incendio del patrullero que quedó varado en la Avenida de Mayo durante la protesta de jubilados.

La Jueza Karina Andrade otorgó una orden de allanamiento y detención, la cual fue ejecutada esta madrugada.

En el domicilio de Floresta, se hallaron las ropas que utilizó el día de la protesta, las cuales sirvieron para confirmarle identidad durante el operativo de captura.

Patricia Bullrich presentará la Ley Antibarras con el objetivo de endurecer penas

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El proyecto buscará establecer la declaración de las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita e investigar el rol de los dirigentes de los clubes.

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentará el Proyecto de Ley Antibarras, una iniciativa con la que el Gobierno busca combatir el accionar de las barrabravas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el proyecto establecerá la declaración de las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia.

La propuesta a la luz tras los incidentes ocurridos durante la marcha del miércoles hacia el Congreso, en la que participaron jubilados y seguidores de clubes de fútbol, aunque no esté probado que hayan sido miembros de las barras.

En los hechos, se registraron 124 detenidos y 20 heridos, entre los que se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

Desde ese día, Bullrich ha insistido en que en la manifestación estuvieron presentes integrantes de barras bravas, aunque esta versión fue rechazada por la Justicia.

"Los violentos detenidos hoy representan lo peor de la decadencia que estamos dejando atrás. Arrestamos a un centenar de violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son miembros de organizaciones criminales que operan con total impunidad desde hace años", publicó la ministra en su cuenta de la red social X.

A partir de esta iniciativa, el objetivo del Ministerio de Seguridad sería endurecer las penas y poner énfasis en la responsabilidad de las autoridades de las instituciones deportivas.

La Jueza Andrade defendió la liberación de detenidos en la marcha de jubilados

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La magistrada destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión. Rechazó las críticas del Gobierno y negó militar para algún partido político.

La Jueza, Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.

La liberación de las 114 personas detenidas generó un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales, mientras el Gobierno insiste en que su fallo favoreció la impunidad.

"Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos", explicó la magistrada del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10.

Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.

"Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó.

La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "derecho baluarte del sistema democrático".

La jueza señaló que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave: "No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo".

A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como "misma situación" o "mismo lugar", sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos.

"Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas", relató.

Por otro lado, la magistrada se defendió de las críticas del Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri que cuestionaron su accionar, con amenazas de investigar su conducta ante el Consejo de la Magistratura.

Andrade evitó responder directamente, pero advirtió: "Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces". Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.

Finalmente, negó militar en algún partido político y pertenecer a ninguna agrupación para despejar dudas sobre su independencia, reforzando su perfil como jueza técnica, alejada de adscripciones partidarias.

"Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales", sentenció.

La Justicia abrió una investigación por la violencia en la marcha de jubilados y pidió pruebas al Gobierno

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Se trata del Fiscal federal Franco Picardi; pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que incorpore a la demanda por sedición evidencia relativa a las acusaciones.

El Fiscal federal, Franco Picardi, pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que incorpore a la demanda por sedición que presentó a raíz de los incidentes en la marcha de jubilados el miércoles último evidencia relativa a las acusaciones.

Por ejemplo, como los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barra bravas en el Congreso Nacional y toda documentación y/o información disponible Picardi abrió una investigación en base a la denuncia que presentó el funcionario Fernando Soto por mandato de la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, luego que el Juez federal, Sebastián Casanello, le delegó la causa, informaron fuentes judiciales.

En ese sentido, en un dictamen firmado en la tarde del viernes, el fiscal requirió al Ministerio que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría, según se menciona en la denuncia Picardi requirió los "registros completos" de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional.

En esas comunicaciones "se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de "barras bravas de diversos clubes" ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas a la manifestación mencionada".

Además solicitó que el Ministerio de Seguridad aporte "informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los "supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas", como se mencionó en la denuncia.

En concreto aquellas evidencias " en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".

La Fiscalía reclamó además "registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el "principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti".

En este sentido, también toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos.

"Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires", manifestaron.

Picardi pidió al Ministerio la documentación y/o información que posea sobre la actuación de esos grupos y los "actos de violencia de extrema gravedad" por los cuales se los denuncia.

En la presentación del Gobierno se aseguró que "la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes, como palos, fierros, armas blancas, cuchillos, armas de fuego, clavos de tipo "miguelito" para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones".

"Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso", concluyó la fiscalía al librar oficio al Ministerio de Seguridad.

El Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Soto, denunció el viernes que en el marco de la manifestación de jubilados en reclamo de aumento de sus haberes realizada en los alrededores del Congreso de la Nación, hubo hechos de violencia premeditados.

La denuncia es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.

Gobierno impulsará un proyecto para que las barras sean consideradas organizaciones criminales

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Esto permitiría aplicar penas más duras tanto a sus integrantes como a los dirigentes que colaboren con ellos. Podrían afrontar de 2 a 4 años de prisión por transportar armas o revender entradas de protocolo.

El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para desmantelar a las barrabravas y a los negocios ilegales que las rodean.

La propuesta, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de Presidencia, apunta a tratarlas como asociaciones ilícitas, con penas más duras tanto para sus integrantes como para los dirigentes que colaboren con ellos.

El eje principal del proyecto es la tipificación de las barrabravas como organizaciones criminales.

Esto permite considerar sus actividades como delitos de asociación ilícita, aplicándoles penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras actividades.

Los dirigentes de los clubes también estarán bajo la lupa: aquellos que entreguen entradas a las barras o mantengan connivencia podrán recibir sanciones de hasta 6 años de prisión.

La iniciativa atacará también los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos en las inmediaciones de los estadios, otra práctica que será castigada penalmente.

El enfoque general de la ley busca cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones, que lucran mediante amenazas y extorsión.

Otra medida es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa: las autoridades podrán impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia firme.

Un ejemplo de esta política se dio con Rafael Di Zeo y Skeletor Maciel, dos jerarcas de La 12, la barra de Boca Juniors, que fueron imputados por tenencia de armas y se les aplicó una restricción de concurrencia por tiempo indeterminado.

Si el imputado resulta condenado, además de cumplir su pena, se le prohibirá el acceso a los espectáculos deportivos de manera permanente.

El proyecto también responsabilizará a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. La medida busca cerrar cualquier brecha que permita a los barras operar con impunidad dentro de los estadios.

"Las barras usan el ir a la cancha a ver un partido de fútbol como medio o excusa para poder delinquir, utilizando la amenaza y la extorsión. La barra brava es un negocio y una organización criminal como cualquier otra. Hay que dejar al descubierto que no les interesa el deporte ni el fútbol, sino el beneficio que pueden sacar a través de eso", señalaron a TN fuentes vinculadas al proyecto.

La noticia se produce dos meses después de que un audio atribuido a Di Zeo, histórico líder de la barra brava de Boca Juniors, causara controversia por las amenazas explícitas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En la grabación, Di Zeo advirtió que está dispuesto a iniciar una "guerra" en respuesta a la aplicación del programa Tribunas Seguras, que busca regular y prevenir actos de violencia en los estadios de fútbol a través del derecho de admisión.

Escándalo en Vélez: jugadores fueron agredidos por la barra brava y varios quieren dejar el club

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Los futbolistas fueron abordados en la Villa Olímpica del club luego de perder contra Huracán.

La barra brava agredió y amenazó a los jugadores de Vélez tras la derrota del domingo frente a Huracán por la Liga Profesional y varios integrantes del plantel tienen la intención de dejar el club a raíz de lo sucedido.

Luego de perder con Huracán por 1 a 0 en Parque Patricios, los futbolistas del conjunto de Liniers fueron increpados en la Villa Olímpica y, según pudo confirmar Noticias Argentinas, algunos juveniles fueron atacados a golpes de puño.

Ante esto, la decisión de varios jugadores es apurar su partida de Vélez. En esa situación se encuentra una de las joyas de la institución, Gianluca Prestianni, de 17 años, quien ya tenía ofertas para continuar su carrera en el exterior.

En las últimas semanas, la barra había asistido a diferentes entrenamientos y hasta dialogó con los referentes del plantel, pero en esta ocasión el hecho llegó al punto de la agresión física y las víctimas fueron elegidas al azar, sin distinción de edades o rendimientos.

Valentín Gómez, Santiago Castro, Leonardo Jara, Francisco Ortega y Juan Méndez podrían correr la misma suerte que Prestianni, ya que fueron otros futbolistas que sufrieron los ataques en la noche del domingo.

"No jugamos con Huracán el partido que teníamos pensado porque nos llevó por delante. Estoy enojado porque no disputamos el partido como lo debíamos disputar. Estos encuentros se juegan a muerte y nosotros no lo hicimos", había expresado el entrenador Sebastián Méndez en conferencia de prensa, antes de lo ocurrido.

"Estamos hace poco pero también somos responsables, porque después de las primeras victorias no crecimos. Por eso ahora necesitamos jugadores que vengan y jueguen, para que acompañen a los chicos, porque en la Copa de la Liga son 14 finales y las debemos jugar como tal y no de la boca para afuera", añadió.

En esa línea, el Gallego cerró: "Remarqué que necesitamos jugadores grandes que acompañen a estos chicos, que juegan bien pero están quemando etapas. Es el momento de hacer el esfuerzo. Necesitamos también que vengan rápido, porque ahora no hay excusas, ya que a partir del torneo que viene nos jugamos mucho como equipo e institución. Vamos a disputar otro tipo de certamen y necesitamos experiencia".

Vélez finalizó la Liga Profesional en el puesto 25° con 27 puntos, apenas dos más que el Huracán y Colón, y deberán jugar un desempate para definir qué equipo perdería la categoría.