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El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,6% para prestaciones por discapacidad

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La actualización, establecida a través de la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial, fija una suba del 2,60% para mayo sobre los valores vigentes del nomenclador nacional.

La medida alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema de atención integral y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril de 2026.

El incremento se aplicará sobre los montos que habían sido establecidos previamente por la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo recordó que el Sistema de Prestaciones Básicas fue creado por la Ley 24.901 y que las actualizaciones arancelarias se realizan periódicamente a partir de las propuestas elevadas por el Directorio del sistema.

La nueva suba llega luego del incremento del 3,40% dispuesto en abril, también calculado en función de la evolución inflacionaria.

De esta manera, el Gobierno continúa con el esquema de ajustes mensuales para los prestadores del sector.

Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para las provincias patagónicas.

En esos casos, se mantendrá un reconocimiento extra del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en esa región, tal como establece el artículo 7 bis de la Ley 24.901.

Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Mediante el Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 27.801.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial este lunes por la madrugada

Entre las modificaciones principales se destacó la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas.

Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años.

En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR.

Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

El Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y el mismo quedó integrado dentro del ámbito de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

El Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, un programa que tendrá por objetivo brindar ayuda a los pacientes diagnosticados, a sus familiares y activar una campaña de promoción y prevención.

La medida fue oficializada mediante la resolución 279/2026 publicada en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas y la misma señaló en el Artículo 1: "Apruébese el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, en el ámbito de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria".

En tanto, en el Artículo 2 indicó: "Facúltese a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias, guías, pautas, directrices y/o recomendaciones necesarias para el cumplimiento y la implementación del Plan creado por el Artículo 1° de la presente medida".

La cartera sanitaria desatacó que "dentro del campo de la salud mental, la Enfermedad del Alzheimer se identifica por ser una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes a nivel mundial, sobre todo en personas mayores. Es progresiva e irreversible, caracterizada por un deterioro cognitivo y conductual que interfiere significativamente con el funcionamiento social y ocupacional".

En tanto, se indicó que la aplicación del plan no prevé ningún gasto presupuestario para la jurisdicción, a la vez que señalaron que el mismo "tendrá como objetivo impulsar la mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, transformando las prácticas, en función de los principios normativos nacionales e internacionales vigentes a través de la formación, la capacitación en servicio y del establecimiento de líneas prioritarias de investigación y herramientas de estandarización de procesos, tendientes al cumplimiento del objetivo del presente; a la vez que se disminuye el impacto de estas enfermedades en nuestro medio poniendo el foco en la prevención".

Además, el Ministerio de Salud expresó que el plan de salud mental también incluirá a las personas que hubieran sido diagnosticadas con Deterioro Cognitivo Leve, Demencia con Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal, mientras que indicó que el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a la prevención, diagnóstico y acompañamiento de la Enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados surgió como prioridad, con la puesta en marcha de un plan nacional.

Cambios en los subsidios a la luz y el gas: qué establece el nuevo régimen oficial

El sistema redefine quiénes acceden a la ayuda estatal, fija bloques de consumo con bonificación y avanza hacia una cobertura gradual y limitada.

El Gobierno nacional activó un nuevo esquema para los subsidios a la energía que redefine quiénes recibirán asistencia estatal y bajo qué condiciones.

A través del decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial, se puso en marcha el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que introduce cambios estructurales en el sistema de ayuda para el consumo de electricidad y gas en hogares residenciales.

Uno de los ejes centrales de la medida es la eliminación del esquema de segmentación por niveles de ingresos N1, N2 y N3.

En su lugar, se establece un único universo de usuarios subsidiados, con criterios comunes de inclusión y exclusión.

Podrán acceder al beneficio los hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar tipo 2, según los parámetros definidos por el Indec.

El nuevo régimen se canalizará a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplaza de forma definitiva al actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

Quienes ya estén inscriptos no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que la información será migrada automáticamente, aunque se habilitarán instancias de actualización de datos mediante la plataforma Mi Argentina y el sistema de Trámites a Distancia.

Además, el decreto dejó sin efecto el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para consolidar un esquema único con dos categorías: usuarios que reciben asistencia estatal y usuarios que pagan el costo pleno de la energía.

En el caso de la electricidad, el SEF fija bloques de consumo subsidiado de hasta 300 kilovatios hora mensuales durante los meses de mayor demanda y de 150 kWh en el resto del año.

Sobre esos consumos, la bonificación cubrirá el 50% del costo. Para el gas natural, se mantienen los topes de consumo subsidiado ya establecidos, que ahora también se aplican al gas propano indiluido distribuido por redes, con límites que varían según la región y la época del año.

Los usuarios que dependen de garrafas o gas propano recibirán el subsidio de manera directa a través de billeteras digitales, como Mercado Pago.

El beneficio será equivalente a media garrafa mensual durante todo el año, con un refuerzo adicional en los meses de invierno.

La implementación del esquema será progresiva. Durante el primer mes se aplicará una bonificación extraordinaria del 25%, que elevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas.

Ese refuerzo se reducirá de forma escalonada hasta su eliminación hacia fin de año.

En paralelo, el precio mayorista de la electricidad se alineará con el valor monómico de generación, estimado en 75 dólares por megavatio hora, mientras que el gas tendrá un precio uniforme de 3,80 dólares por millón de BTU.

El alcance del régimen también incluye a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y organizaciones sin fines de lucro.

En cuanto a la Tarifa Social Federal de Gas, para los usuarios de gas natural los descuentos se aplicarán únicamente sobre el precio promedio anual definido por el Plan Gas.Ar, sin contemplar el costo del gas regasificado ni contratos fuera de ese esquema.

Gobierno nacional devolvió el Renaper al Ministerio del Interior

La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial y retrotrae otra de la semana pasada, que en Casa Rosada describieron como un error.

El Gobierno nacional devolvió el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Deportes a la órbita del Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli.

El Decreto 825/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el resto de los ministros, fue publicado hoy en el Boletín Oficial y retrotrajo la medida de la semana pasada que había traspasado las funciones de estas dos dependencias al Ministerio de Seguridad Nacional y la Jefatura de Gabinete, respectivamente.

La Resolución le reasigna a Santilli el control del Renaper, el organismo responsable de la identificación y la documentación de las personas, como así también el de Deportes.

Además, lo designa como el principal interlocutor del Congreso, en el marco de las negociaciones con los gobernadores por las reformas.

De esta forma, Santilli intervendrá en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales, como así también en la determinación de las políticas de Deportes en el ámbito Nacional.

Esta medida se publicó luego de que la semana pasada, pocas horas después de su designación, Santilli se encontrara con una medida que le quitaba varios recursos a su área.

En el Gobierno dijeron que se trató de un error y prometieron corregirlo a la brevedad, algo que, finalmente, se formalizó este jueves.

De todos modos, la Secretaría de Turismo y Deportes, que conduce Daniel Scioli, continuará bajo el control de la Jefatura de Gabinete, de Manuel Adorni.

También quedará fuera de la órbita de Interior Migraciones, que pasó a depender de la cartera de Seguridad.

El Ministerio de Defensa deberá aprobar los proyectos espaciales y se sospecha un freno al radiotelescopio chino en San Juan

La resolución, firmada por Francos, se dio en medio de las quejas por demoras en la importación de piezas enviadas desde el gigante asiático.

El Ministerio de Defensa deberá intervenir de manera obligatoria en todas las autorizaciones o permisos relacionados con instalaciones terrestres de radares, observatorios aeroespaciales y sistemas análogos en el país.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Franco.

Así, se introdujo un nuevo filtro en la evaluación de proyectos vinculados a infraestructura científica o tecnológica con potencial uso estratégico.

Se dio en un momento clave para el Radiotelescopio Chino-Argentino, que se encuentra en su fase final de construcción, en El Leoncito, San Juan.

El texto instruye a "todas las jurisdicciones con competencia en el otorgamiento de autorizaciones" a emitir sus expedientes al Ministerio de Defensa, antes de emitir cualquier dictamen.

Ese organismo deberá analizar "la eventual afectación de potenciales riesgos o amenazas en materia de Defensa Nacional".

Desde la repartición comentaron a este medio que la decisión tomada responde a criterios geopolíticos vinculados a la presencia china en el país y que se buscará que el proyecto CART pase por estos nuevos filtros.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa, existen actualmente cuatro propuestas en evaluación: dos impulsadas por China, una de Estados Unidos y otra de la Unión Europea.

La resolución no menciona proyectos en curso, pero su alcance genera incertidumbre sobre instalaciones ya avanzadas, como el CART, que se encuentra en fase final de construcción en Barreal, provincia de San Juan.

De acuerdo con conocedores del proyecto, el CART ya tenía todos los permisos correspondientes.

Quienes están involucrados en su construcción consideran que este nuevo filtro tiene como fin evitar que el proyecto se termine.

La Universidad de San Juan denunció que desde hace más de un mes y medio que tienen piezas frenadas en la Aduana sin explicación aparente para que no les den despacho.

El contexto de cercanía con Estados Unidos no escapa a las especulaciones del por qué no les permiten hacer los trámites.

La Casa Blanca autorizó un auxilio financiero para la Argentina y tanto el presidente Donald Trump como el Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, fueron claros en mostrar su disconformidad con el avance de proyectos chinos en áreas estratégicas de Argentina.

El cargamento más reciente del radiotelescopio, paneles, chapas y pintura, llegó al puerto de Buenos Aires el 3 de septiembre, pero permanece retenido en la aduana sin autorización de despacho.

"Ya se inspeccionó todo, pero no nos habilitan la liberación. Pedimos una reunión con el director de Aduana; la audiencia está fijada para el 5 de noviembre", detallaron fuentes de la UNSJ.

Diario La Nación consultó a fuentes de Aduana y ARCA al respecto, pero no recibió respuestas.

El CART es una iniciativa conjunta entre la UNSJ, el Conicet, el Gobierno de San Juan y la Academia China de Ciencias.

Consiste en un radiotelescopio de 40 metros de diámetro y unas mil toneladas de peso total, destinado al estudio astronómico mediante ondas de radio.

El proyecto cuenta con la cooperación científica de más de tres décadas entre el Observatorio Astronómico Félix Aguilar y la contraparte china.

Fuentes indicaron que las demoras comenzaron meses atrás, cuando el equipo universitario gestionó el certificado que permite la importación libre de impuestos de instrumentos científicos, un procedimiento habitual en este tipo de proyectos.

El pedido lo presentaron en febrero; normalmente se aprueba en 15 días hábiles, pero salió recién entre mayo y junio. Recién entonces se mandaron los papeles a China para que despacharan la carga, que salió en agosto.

Según la UNSJ, los materiales retenidos no incluyen equipamiento electrónico −la parte más sensible del proyecto−, sino componentes estructurales.

"Los próximos envíos sí contendrán la parte electrónica, que es lo realmente útil", agregó la fuente. Ven con malos ojos que se aprueben esas autorizaciones.

En paralelo, el convenio original firmado en 2015 entre China, la UNSJ, el Conicet y el gobierno provincial caducó en junio pasado, lo que dejó al proyecto en una situación de indefinición jurídica.

Pese a eso, la universidad había mantenido gestiones para completar la instalación y retomar el trabajo conjunto con la Academia China de Ciencias. El Conicet, por su parte, no firmó la renovación.

Ante las versiones sobre un posible freno al proyecto, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ publicó la semana pasada un comunicado reafirmando el carácter "estrictamente científico" del CART.

En el texto, la institución recordó que la iniciativa fue aprobada oficialmente por el Estado argentino en 2016 y defendió su valor académico y tecnológico.

"El desarrollo de la ciencia no tiene fronteras y debe predominar una visión cosmopolita, por encima de las especulaciones coyunturales, cualquiera sea su índole", expresó la Facultad, que pidió "garantizar de inmediato la continuidad" del radiotelescopio.

La UNSJ también enfatizó su trayectoria de cooperación con universidades y centros científicos de Estados Unidos, Europa y América Latina, además de China, como prueba de que el proyecto responde a un enfoque de colaboración internacional.

En los últimos años, la infraestructura tecnológica china en el país, en especial la estación espacial de Neuquén, despertó recelos en sectores diplomáticos de Estados Unidos, que advirtieron sobre el posible uso estratégico de esas instalaciones.

Hasta ahora, ni el gobierno nacional ni la provincia de San Juan manifestaron objeciones concretas al proyecto.

Sin embargo, la resolución firmada por Francos introdujo un nuevo requisito legal que podría implicar la revisión de su situación actual y la de otros acuerdos en curso.

En la Universidad de San Juan reconocen que "los rumores están" y que el contexto cambió.

"Antes no necesitábamos contacto con el Gobierno nacional porque el proyecto ya estaba en marcha. Hoy hay una bajada de línea diferente. Mientras tanto, la estructura está ahí, inmóvil; ya no se puede mover", lamentó la fuente consultada.

En tanto, la embajada china no intervino formalmente en el asunto, a la espera de una comunicación oficial del Gobierno argentino.

ARCA flexibilizó la exclusión de retenciones y percepciones de IVA para algunos contribuyentes

El organismo permite omitir un requisito clave en el trámite de exclusión.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero flexibilizó el régimen de exclusión de retenciones, percepciones y pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, mediante la Resolución General 5774/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida facilita el procedimiento para aquellos contribuyentes que reciben subsidios estatales, compensaciones tarifarias y/o fondos por asistencia económica efectuados por parte del Estado Nacional y/o que tributan con alícuota reducida en el IVA.

El texto oficial precisó que en los mencionados casos y siempre que no dispongan de un régimen de devolución de saldos técnicos del gravamen que se encuentre operativo, el juez administrativo competente podrá resolver el recurso sin considerar el requisito del inciso h del artículo 4° de la Resolución General 2226, lo que agiliza la obtención del certificado de exclusión.

El referenciado requisito exige al contribuyente mantener una "relación coherente entre los débitos y créditos fiscales que se declaran en cada período", evitando la existencia de un saldo técnico a favor del fisco de manera recurrente, salvo las excepciones que prevé la propia norma.

La normativa también establece que cuando la disconformidad presentada sea resuelta a favor del reclamante, el certificado de exclusión se publicará en el sitio "web" institucional y producirá efectos a partir del día de dicha publicación, inclusive.

La decisión fue argumentada en función a "razones de administración tributaria y complementando las medidas de alivio impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional", para considerar procedente flexibilizar, ante determinadas situaciones, la obtención del Certificado de Exclusión de Retención y/o Percepción del Impuesto al Valor Agregado.

La resolución entra en vigencia a partir de este 21 de octubre "resultando de aplicación inclusive para las disconformidades que se encuentren pendientes de resolución a dicha fecha".

Gobierno nacional postergó nuevamente el aumento al impuesto a los combustibles

La actualización de los tributos para la nafta y el gasoil pasó para noviembre.

El Gobierno nacional dispuso postergar nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos, al trasladar los efectos de la suba para noviembre, mediante el Decreto 699/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y al primer y segundo trimestres calendario del año 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", considerando "necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

La decisión se da en un escenario de mayor presión sobre los precios por el salto del dólar tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre, por lo que el Gobierno busca atenuar un mayor impacto en la inflación en la previa de los comicios nacionales.

El Ejecutivo había estipulado en agosto un reajuste parcial de los impuestos a los combustibles y difirió para septiembre y octubre el resto del ajuste pendiente.

Finalmente, el mes pasado también se terminó aplicando una suba parcial y ahora se definió que lo previsto para el décimo mes del año se pospone.

La nueva fecha para aplicar los incrementos diferidos es noviembre, cuando hayan pasado las elecciones legislativas nacionales, para evitar que el impacto en los surtidores y por decantación en la inflación se sienta en las semanas previas a ir a las urnas.

Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló en 16 oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación, en la lucha por consolidar el proceso de desaceleración de los precios.

ARCA fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció una nueva fecha límite para el vencimiento del impuesto al cheque correspondiente a operaciones del 16 al 22 de este mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso una prórroga excepcional para el pago del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

Según la Resolución General 5758/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los agentes de liquidación y/o percepción deberán cumplir con las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, previsto en la Resolución General 2.111, hasta el 24 de septiembre.

La medida alcanza a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 y se aplica en sustitución de lo estipulado en la Resolución General 4.172, que regula las fechas habituales de vencimiento.

De esta manera, ARCA introdujo una excepción puntual dentro del calendario de vencimientos con el objetivo de "razones de administración tributaria", según consta en los considerandos de la norma.

La resolución, firmada por el Director ejecutivo del organismo, Juan Alberto Pazo, entró en vigencia en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno anuló cambios en organismos estatales

Se restauraron estructuras y competencias en áreas de cultura, ciencia, agroindustria, vialidad y cannabis medicinal, que habían sido alteradas por disposiciones anteriores.

El Poder Ejecutivo resolvió dar marcha atrás con una serie de disposiciones que habían reorganizado el funcionamiento de distintos organismos estatales.

Esto es luego de que ambas Cámaras del Congreso rechazaran los decretos que impulsaban su fusión, disolución o traslado de competencias.

La decisión quedó plasmada en los Decretos 627/2025 y 628/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial.

En el caso del Decreto 627, se dispuso: "Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos".

A partir de esta medida, quedó sin efecto la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

También la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se anuló la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Dirección Nacional de Vialidad.

Y quedó nula la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.

Además, se resolvió restituir los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes, la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

También las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda.

En el texto se aclaró: "El restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos N° 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025".

La administración de las funciones administrativas, financieras y jurídicas de estos organismos estará de manera transitoria en manos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía.

Será hasta tanto se normalice su funcionamiento pleno.

Por su parte, el Decreto 628/2025 dejó sin efecto las modificaciones aplicadas mediante el Decreto 340/2025, que había establecido un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional.

Tamibén habría declarado como servicio esencial la navegación marítima y fluvial tanto para transporte de pasajeros como de mercaderías.

En su primer artículo se indicó: "Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto N° 340 del 20 de mayo de 2025 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de dicho decreto".