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Promovieron el juicio político contra camaristas que liberaron a Chocolate Rigau

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Así lo decidió el Procurador Conte Grand. Se trata de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes habían anulado la investigación del puntero del PJ por cuestiones procesales.

El Procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, promovió el juicio político de los camaristas que anularon la causa judicial por el presunto cobro irregular de salarios de empleados de la Legislatura bonaerense por parte del puntero Julio Chocolate Rigau.

Se trata de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes habían anulado la investigación cuando Rigau fue sorprendido en un cajero automático realizando decenas de extracciones con tarjetas de débito de personas que figuraban como empleados bonaerenses.

El procurador denunció el "patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal" de ambos jueces.

"A través de un razonamiento arbitrario canalizado, además, por una vía improcedente, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular", subrayó el procurador sobre la decisión de los camaristas de anular la causa contra Rigau.

Conte Grand impulsó el juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, a la que pidió además la inmediata suspensión en el cargo de ambos magistrados.

Los jueces están sometidos también a un proceso administrativo ante la Suprema Corte bonaerense, como superintendencia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

La nulidad dictada por los camaristas ahora sometidos al proceso de juicio político fue revocada por la Cámara de Casación bonaerense, lo que permitió reabrir la investigación y volver a disponer la detención de Rigau.

El delito por el que está imputado es el de defraudación en perjuicio de la administración pública, en el contexto de un supuesto financiamiento ilegal de actividades políticas.

A la par que tramita la causa penal, se disparó el procedimiento para juzgar la conducta de los camaristas por un tribunal que estará integrado por seis legisladores, seis conjueces y un integrante de la Suprema Corte.

La última vez que intervino un tribunal de esas características fue para destituir al juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, el 9 de marzo pasado.

La presentación de Conte Grand se suma a la que ya habían formulado los dirigentes de Juntos por el Cambio Javier Iguacel, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico.

La Corte Suprema tratará el próximo martes el caso de los jueces desplazados

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El País Diario
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Así lo acordaron en una reunión virtual. Los camaristas pidieron licencia a la espera de la decisión del máximo tribunal.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, anunció que convocó a un acuerdo extraordinario para el próximo martes para que el máximo tribunal se expida sobre el caso de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Mientras tanto, los tres jueces pidieron licencia a la espera de la decisión.

La Corte se reunió este martes de forma virtual para debatir la situación de los tres camaristas trasladados por el Gobierno de los cargos que ocupaban en la Cámara Federal y en un tribunal oral federal.

"La atribución de realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que, como Presidente del Tribunal, me confiere el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional y que ha sido empleada en algunas ocasiones", aclaró Rosenkrantz.

"La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado", sostuvo.

El caso

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y, durante la gestión de Macri, los trasladaron para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción.

Entre otros delitos federales, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas. Por su parte Castelli pasó de un tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital.

La semana pasada, el oficialismo en el Senado aprobó la remoción de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Cuestionan el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado.

De esta forma, con el decreto 750 el Poder Ejecutivo dio marcha atrás con aquel firmado por el entonces presidente Mauricio Macri que había trasladado al juez Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal.

Por otro lado, en el decreto 752 se dejó sin efecto aquella decisión de Macri que trasladó primero a Bertuzzi desde un Tribunal Federal de La Plata al 4 de Capital Federal -el mismo al cual ahora es remitido Bruglia- y de ahí a la Cámara Federal. Ambos jueces firmaron el aval para avanzar en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por último, por el decreto 751 el juez Castelli volverá al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín dejando sin efecto su traslado al tribunal 7 de Capital Federal, donde está a la espera para ser juzgada Kirchner, como así también varios exfuncionarios por la causa de los cuadernos.