La reforma impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni introduce límites estrictos y modifica por completo el proceso de solicitud para quienes viven fuera del país; lo que tenés que saber.

Una reciente decisión del Gobierno italiano generó preocupación entre los miles de argentinos que buscaban obtener la ciudadanía para instalarse en Europa.

El Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni aprobó un nuevo decreto que modifica los requisitos para acceder a la ciudadanía por descendencia, lo que marca el fin del proceso considerado hasta ahora como relativamente accesible.

Hasta el momento, la ley permitía que descendientes de italianos, incluso de tercera o cuarta generación, pudieran gestionar su ciudadanía a través del principio de "ius sanguinis", es decir, el derecho por vínculo de sangre. Sin embargo, con esta nueva medida, el panorama cambia drásticamente.

Con la nueva normativa, el acceso automático a la ciudadanía italiana queda limitado únicamente a quienes tengan padres o abuelos nacidos en Italia.

En otras palabras, solo los descendientes de primera o segunda generación podrán iniciar el trámite de forma directa.

Sin lugar a dudas, la decisión implica un cambio significativo respecto a la ley de 1992, que permitía a muchos argentinos acceder al pasaporte europeo por tener un tatarabuelo italiano.

"A partir de la medianoche ya no se podrá pedir la ciudadanía con las viejas reglas, sino solo si se tienen hasta a abuelos italianos", explicó el Vicepremier y Canciller, Antonio Tajani, impulsor de la reforma, que provocó polémicas y rechazo en la oposición.

Cómo serán los trámites para obtener la ciudadanía a partir de ahora

A partir de esta nueva disposición, los trámites para obtener la ciudadanía italiana ya no podrán realizarse en los consulados ubicados en el exterior, como ocurría hasta ahora.

En cambio, deberán gestionarse directamente a través de la Farnesina, nombre con el que se conoce a la Cancillería italiana.

Esta medida marca un antes y un después para los miles de descendientes de italianos que esperaban iniciar el proceso desde sus países de residencia.

De todas formas, Antonio Tajani aseguró que el principio de "ius sanguinis" seguirá en vigor, lo que permitirá que muchos descendientes puedan obtener el reconocimiento.

Sin embargo, enfatizó que se establecerán límites claros con el objetivo de evitar abusos y frenar la creciente comercialización del pasaporte italiano.

De esta manera, el Gobierno busca preservar la integridad del proceso y reducir la cantidad de solicitudes que no reflejan un vínculo genuino con Italia.

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, en los últimos diez años, la cantidad de ciudadanos italianos que viven en el exterior creció un 40%, lo que generó una enorme presión sobre el sistema consular.

Se calcula que, con la ley vigente hasta ahora, entre 60.000.000 y 80.000.000 de personas en el mundo podrían llegar a solicitar la ciudadanía.

Con este ajuste, el Gobierno de Meloni apunta a optimizar los recursos, mejorar la atención consular y evitar colapsos en el sistema administrativo y judicial que, según explicaron, era utilizado incluso por quienes viajaban a Italia solo con la intención de acelerar los trámites.

Desde cuándo rige esta medida

Por lo que anticiparon, la implementación de esta reforma se realizará en dos etapas. Algunas disposiciones ya entraron en vigencia desde el momento en que se aprobó el decreto ley; sin embargo, en una segunda fase se introducirán cambios más profundos en la legislación sobre ciudadanía.

Entre ellos, se exigirá que los nacidos y residentes en el exterior demuestren mantener "vínculos reales" con Italia, como ejercer al menos una vez cada 25 años sus derechos y deberes como ciudadanos.

Además, como ya se mencionó, se reorganizarán los procedimientos para tramitar la ciudadanía: ya no se hará a través de los consulados, sino mediante una oficina centralizada en la Cancillería italiana.

Para la puesta en marcha de esta nueva estructura, se prevé un período de transición de un año.

Según el Gobierno, el objetivo es agilizar los trámites y permitir que los consulados se enfoquen exclusivamente en asistir a quienes ya poseen la ciudadanía.