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La Corte ordenó avanzar contra Camioneros por el bloqueo a una empresa

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Si bien los sindicalistas habían sido sobreseídos cuando el caso había sido elevado a juicio oral, ahora los jueces hicieron lugar al pedido del empresario y dieron luz verde al avance de la causa.

La Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar en el juicio por un bloqueo que había llevado adelante el gremio Camioneros en la sede de una empresa, en mayo de 2021, reclamando el encuadramiento laboral de sus empleados.

Si bien los sindicalistas habían sido sobreseídos cuando el caso había sido elevado a juicio oral, ahora los Jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al pedido del empresario y dieron luz verde al avance de la causa.

Carlos Dos Reis, en representación de Química Oeste, denunció un incidente ocurrido el 10 de mayo de 2021.

Aproximadamente 10 individuos llegaron al depósito de la empresa en 3 vehículos particulares, desplegaron una bandera con la inscripción Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande.

También impidieron el acceso a los empleados y la salida de los camiones, declarando: "De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar".

Luego, más activistas se sumaron y permanecieron en la sede de Química Oeste. Al día siguiente, tres camiones con contenedores tampoco pudieron ingresar, al igual que una gran cantidad de clientes que llegaban para retirar mercadería.

Para la abogada denunciante, María Florencia Arrieto, se trató de "un reclamo laboral inventado".

Según se afirmó, el bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de "varios millones de pesos por día" y al sector petrolero, un promedio de U$S2.000.000 por la falta de insumos.

El juicio político contra la Corte impulsado por el kirchnerismo quedó formalmente terminado

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El juicio político era contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por presunto mal desempeño.

El juicio político impulsado por el kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia quedó formalmente concluido con la finalización del período legislativo el 28 de febrero.

Los dictámenes acusatorios firmados por el Frente de Todos a fines de 2023, antes del ballotage que consagró Presidente a Javier Milei, nunca fueron tratados en el recinto durante el 2024, lo que provocó su caducidad.

El proceso se inició tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y el fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación.

En respuesta, el entonces presidente Alberto Fernández anunció el pedido de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por presunto mal desempeño.

A lo largo de 2023, la Comisión de Juicio Político de Diputados avanzó con audiencias en las que declararon funcionarios, periodistas y magistrados.

Los propios Rosatti y Rosenkrantz respondieron por escrito, denunciando intentos de condicionamiento.

El 29 de noviembre del 2023, con mayoría en la comisión, el kirchnerismo aprobó el dictamen acusatorio con 16 votos a favor y 15 en contra.

Sin embargo, nunca logró los apoyos necesarios para llevar el proceso al recinto.

"Este va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que se haya conocido", afirmó en ese momento el diputado radical Mario Negri.

El reglamento de la Cámara de Diputados permite que los dictámenes de juicio político tengan un período legislativo adicional para su tratamiento.

No obstante, la nueva composición del Congreso y la falta de impulso durante 2024 provocaron su caída automática al cerrar el año parlamentario.

En retrospectiva, el exministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló en diciembre pasado, afirmó días atrás que el gobierno de Alberto Fernández "sin ninguna duda" fue el que más presionó al máximo tribunal.

"Durante todo ese año tuvimos una presión muy fuerte por parte de la Comisión de Juicio Político", recordó.

Con el cierre definitivo del caso, el kirchnerismo no logró avanzar en su embestida contra la Corte Suprema, dejando sin efecto una de sus últimas grandes iniciativas políticas antes del cambio de Gobierno.

Rosatti fue reelegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia

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El ministro seguirá al frente del máximo tribunal por 3 años más. Rosenkrantz seguirá como vicepresidente. La Corte diseña plan para cuando avance la salida de Maqueda.

La Corte Suprema reeligió a Horacio Rosatti al frente del máximo tribunal por 3 años más y Carlos Rosenkrantz continuará como vice.

La votación se realizó luego de una propuesta de Juan Carlos Maqueda, quien este año abandonará el máximo tribunal porque cumplirá 75 años.

Rosatti consiguió los votos de Rosenkrantz y Maqueda. Ricardo Lorenzetti, en tanto, se abstuvo a la hora de votar.

La renovación de autoridades se dio mientras se debate en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En la víspera, había dos opciones que no ofrecían sorpresa: una reelección de Horacio Rosatti por otros tres años, o un enroque con el vicepresidente Carlos Rosenkrantz. No se barajaba ningún otro escenario alternativo.

En la Corte se palpita que, tarde o temprano, Ariel Lijo pueda desembarcar en una de las vocalías del máximo tribunal pero se preparan, en simultáneo, para un escenario en el que falten jueces si Maqueda se retira a fin de año, cuando cumpla 75.

Para prueba de que no les asusta de que por un tiempo quede una mini Corte, afirmaron que está aceitado el sistema de sorteo de conjueces entre los 26 presidentes de las Cámaras Federales, quienes están ávidos de intervenir cuando los favorece el bolillero especialmente diseñado para esas lides.

Tienen cuatro cámaras filmando desde distintos ángulos todo el procedimiento, indican como señal de transparencia y para diferenciarlo de otros bolilleros.

El otro dato a tener en cuenta tampoco es menor para el Poder Judicial: con dos firmas en sentido positivo se alcanza la mayoría de tres para las decisiones de superintendencia que, en el fondo, son las que interesan a los jueces.

Más allá de que ahora la Corte es un cuerpo colegiado donde cada voto vale uno, no existe un doble voto de presidencia, las decisiones de superintendencia terminan siendo estructurales para la organización del Poder Judicial.

Al Gobierno deberían interesarle los fallos y ahí es donde una Corte recurriendo a conjueces de modo permanente podría hacerle ruido.

Boudou: "Seguramente muchos clientes de Carlos Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa"

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Boudou consideró que Mauricio Macri fue "el jefe de una organización criminal desde el Estado para perseguir, apretar jueces y coordinar con jueces".

El exvicepresidente Amado Boudou afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó su condena a cinco años y diez meses de prisión por su la causa Ciccone "era algo que podía suponerse". También apuntó contra Mauricio Macri.

"No es muy difícil imaginarse cómo iba a actuar el Máximo Tribunal, ya que son tiempos de la política, y las corporaciones están ejerciendo mucho su poder y su fuerza", manifestó Boudou en declaraciones radiales a la condena que confirmó la Corte Suprema sobre su participación en la apropiación de la calcográfica Ciccone.

"Era algo que podría suponerse de un tribunal cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó entrar a la misma por decreto", sostuvo el exvicepresidente. "Seguramente muchos clientes de Carlos Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa", agregó.

También cuestionó al presidente del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó en esta causa en 2018. "El presidente del tribunal era ni más ni menos que Pablo Bertuzzi, que no siguió ni un punto del código procesal penal, sino los tiempos electorales que necesitaban", afirmó.

"Cuando el Senado llama a audiencia a un grupo de jueces que habían sido trasladados durante el gobierno de Macri, Bertuzzi es uno de los que no va. Siete jueces fueron al llamado que hizo el Senado, fueron los jueces que no participan en el lawfare", explicó en esta línea.

Por otro lado, expresó: "Lo que importa es lo que hicimos y lo que está haciendo el Gobierno por el pueblo. Ya sabemos lo que pasa cuando hay un Gobierno que se alinea con las corporaciones, como el de Mauricio Macri".

"Macri fue el jefe de una organización criminal desde el Estado para perseguir, apretar jueces y coordinar con jueces que se prestaban a esto con una mesa judicial que funcionaba en el ministerio de Garavano", expresó Boudou.

Gobierno rechazó una reunión convocada por Rosenkrantz y la calificó de "oportunista"

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El presidente de la Corte Suprema decidió reunir a la Comisión Interpoderes para agilizar los juicios de lesa humanidad. En un comunicado la ministra de Jusiticia aseguró que "el desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso".

El Gobierno nacional y varios organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el Presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política por el per saltum de los jueces trasladados a cargos estratégicos en Comodoro Py y de que se presentara un pedido de juicio político en su contra, precisamente por haber "favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado".

Esa denuncia de la diputada Vanesa Siley señalaba, además, que el titular del tribunal no reunía a la comisión en cuestión pese a los pedidos de los organismos de derechos humanos. La Interpoderes dejó de tener encuentros durante la presidencia de Mauricio Macri y Rosenkrantz, impulsor entre otras cosas del 2x1 a favor de los genocidas, se acordó de activarla ahora. El Poder Ejecutivo envió al supremo una nota que dice que su invitación resulta "oportunista" y que la Corte ha mostrado un retroceso en el tratamiento de expedientes sobre crímenes del Terrorismo de Estado, que años atrás el propio tribunal dijo que debían formar parte de una política de Estado.

No estarán en el Zoom ni la Ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco irán el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

El Gobierno revisó su posición inicial, que apuntaba a asistir, pero después de deliberaciones internas evaluaron que la iniciativa de Rosenkrantz responde a una especulación de posicionamiento personal y le atribuyen un intento de utilizar para eso los juicios de lesa humanidad. Una idea compartida por algunos funcionarios y funcionarias es que la Corte debería dar sus mensajes a través de sus fallos, algo que no sucede. En el alto tribunal hay al menos medio centenar de causas pendientes sobre crímenes dictatoriales.

La nota que envió el Poder Ejecutivo, firmada por Losardo y Pietragalla, señala entre las razones para "declinar la invitación" que desde la última reunión de la Interpoderes, el 23 de septiembre de 2016, "el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista". 

El jueves por la tarde los organismos de derechos humanos debatieron sobre qué hacer. Hace tiempo que reclaman que volviera a funcionar Interpoderes que estuvo cuatro años en pausa. Pero una mayoría, que integran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza se Mayo Línea Fundadora, planteaban que no irán, algunos en consonancia con la mirada del Gobierno, otros suman que rechazan que se ponga al frente el juez que ideó el fallo de 2x1 a favor de los genocidas. "Rosenkrantz ofende a nuestros hijos y a los 30.000", dijeron en Madres Línea Fundadora. 

También están convocados el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal Federal que aguardaban con cautela los pasos del resto de los invitados. 

El Presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuestionó el pedido de juicio político

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia indicó que le atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza.

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, cuestionó, a través de un escrito, el pedido de juicio político que fue presentado por el kirchnerismo. "Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno", señaló Rosenkrantz en el texto que le envió a los diarios de todo el país.

"Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza", manifestó el presidente de la Corte en el escrito que llegó a El País Diario.

Agregó además que "así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada".

Por último, el cortista Rosenkrantz concluyó: "En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno".

"Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas", había manifestado Vanesa Siley, Diputada Nacional y Consejera de la Magistratura de la Nación. 

El Frente de Todos pidió iniciar juicio político al presidente de la Corte Suprema

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La diputada Vanesa Siley presentó un proyecto para destituir a Carlos Rosenckrantz.

La Diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkrantz. Lo hizo el 25 de septiembre, cuatro días antes de que el máximo tribunal habilitara el per saltum y prohibiera, por el momento, reemplazar a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner.

En el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, el oficialismo pide investigar a Rosenkrantz "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

"Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas", publicó este sábado la diputada en sus redes sociales.

La autora del proyecto señaló en los fundamentos que el mal desempeño "no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance".

En esa línea, citó a Joaquín V. González: "Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político".

Según la diputada, "el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente".

En particular, Siley cuestionó la actuación de Rosenkrantz en los casos Muiña, Ledesma y Rufino Batalla, todos relacionados con la última dictadura militar.

"Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes, posición compartida por la comunidad internacional, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas", argumentó.

Y agregó: "La decisión tomada por este ministro en los casos Muiña y Rufino Batalla agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina".

El pedido de juicio político llega en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial. El pasado jueves la Corte Suprema con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.

Cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.

De esta forma quedó en suspenso el trámite. En la misma resolución se le comunicó al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la Corte sobre el fondo de la cuestión, debe abstenerse de llevar adelante cambios y/o designaciones de magistrados; y al mismo tiempo le dio 48 horas para enviar el expediente completo.

De esta manera, la Corte se expidió sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Es probable que, como el máximo tribunal acortó los plazos y decretó días y horas inhábiles, la decisión sobre el fondo sea muy rápida. Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.

Cabe destacar que para poder destituir a un juez supremo, el oficialismo debería contar con dos tercios de los votos en el Senado, una mayoría que por el momento no alcanza.

Juntos por el Cambio: "Defenderemos a Rosenkrantz y la división de poderes siempre"

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Luego de conocer la iniciativa del Frente de Todos de impulsa el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, dirigentes opositores salieron a pegarle al Gobierno en las redes sociales.

Luego de que trascendiera la noticia de que el Frente de Todos presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, desde la oposición criticaron el intento de avasallamiento del oficialismo y llamaron a defender la división de poderes.

Una de las primeras en manifestarse públicamente fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien a través de las redes sociales lamentó la "obstinación" de Cristina Kirchner. "Siempre el mismo modus operandi: señalar públicamente a alguien, fagocitar el escrache y presentar un Juicio Político por una decisión que va en contra de lo que ella quiere. Defenderemos a Rosenkrantz y la división de poderes siempre", publicó la exministra de Seguridad.

En la misma línea, el jefe del bloque del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, adelantó: "A tres días de que Carlos Rosenkrantz convocara al máximo tribunal para tratar el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el oficialismo ingresa en Diputados un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. Una extorsión que no permitiremos".

"Nada nuevo bajo el sol. Ahora es el turno de la corte, juicio político a Rosenkrantz. Impunidad y revancha. Otra embestida K a la justicia Argentina", sintetizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff.

En tanto que Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, afirmó que el pedido de juicio político al presidente de la Corte "es una clara intimidación hacia su persona". Y agregó: "Por más que quieran, no van a poder. Hay una inmensa mayoría de nuestra sociedad que defiende el estado de derecho, la Constitución y la justicia independiente".

Por su parte, la diputada Paula Oliveto acusó al Gobierno nacional de seguir el "modelo Maduro", en referencia al dictador venezolano. "En Argentina, una vicepresidenta remueve a los jueces que la investigan y le inician juicio político al Presidente de la Corte. No van a poder pero cómo se les nota que les encanta el modelo Maduro", dijo.

Rosenkrantz aseguró que "el Poder Judicial no abandonó sus responsabilidades"

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A través de una columna de opinión publicada en la edición de este lunes de diario La Nación, el titular de la Corte Suprema de Justicia le respondió a algunos sectores que le imputa al Poder Judicial haber abandonado "sus responsabilidades institucionales específicas".

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, aseguró hoy que, durante el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el Poder Judicial "no ha quedado desarmado ni desautorizado para resolver casos, ni se ha descuidado la protección de los derechos en el marco de la crisis".

Agregó que "muchos tribunales funcionan ya con absoluta normalidad y otros, con restricciones, pero con amplísimas facultades para tratar no solo temas urgentes y prioritarios, sino temas ordinarios de acuerdo con las particularidades de cada jurisdicción".

De esta manera, a través de una columna de opinión publicada en la edición de hoy del diario La Nación, el titular del máximo tribunal le respondió a algunos sectores que le imputa al Poder Judicial haber abandonado "sus responsabilidades institucionales específicas".

"No puede decirse que el Poder Judicial haya desatendido su eminente responsabilidad institucional. Tampoco hay razones para suponer que ello sucederá en el futuro", indicó Rosenkrantz.

En este sentido, afirmó que, "si ello ocurriera, si estuviera equivocado" en su "predicción de que los jueces de la Nación van a estar a la altura de las circunstancias asumiendo sus obligaciones, no será por la ausencia de regulaciones emanadas de la Corte, sino por claudicaciones personales que la ciudadanía y las instituciones previstas en la Constitución y en las leyes de la Nación se deberán encargar de identificar y reprochar".

"No hay dudas de que el Poder Judicial debe hacer las cosas mejor, en algunos casos muchísimo mejor. Pero lo que ahora se nos imputa -abandonar las responsabilidades institucionales- no es ni acertado ni justo", dijo el magistrado.

En este sentido, aclaró que, en el marco de la pandemia, "desde el primer día, la Corte decidió seguir muy de cerca los lineamientos fijados por el gobierno nacional" y agregó que "esa decisión no fue producto de la subordinación operativa ni de un seguidismo caprichoso", sino que "resultó necesaria por las características del funcionamiento del Poder Judicial".

El juez recordó que "la Corte decidió, apenas declarada la emergencia, suspender los plazos procesales, aunque sin disminuir sus actividades (acordada 4/2020)" y recordó que "recién después, cuando el gobierno nacional dispuso el aislamiento obligatorio generalizado, decretó una feria".

Rosenkrantz explicó que se designaron "jueces y funcionarios de guardia o turno" y se dieron "amplias facultades a cada cámara federal" para tratar cuestiones urgentes.

"Además, se facultó a todos los magistrados, funcionarios y empleados a realizar trabajo remoto aunque no fueran jueces o funcionarios del personal de guardia o turno", manifestó el cortista.

También indicó que, con el correr de los días, "se amplió progresivamente el rango de materias que podían ser tratadas por los tribunales".

Tras enumerar varios aspectos en los que estuvieron trabajando los tribunales, y cómo el servicio de justicia se fue rehabilitando en varias provincias, Rosenkrantz indicó que "la adopción de todas estas medidas muestra que no es verdad que el servicio de justicia esté inactivo o inhabilitado para tratar los casos que requieren solución inmediata".