La Casa Rosada argumentó que el fallo es "arbitrario" y además pidió el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.

El Gobierno Nacional reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspenda los efectos de la cautelar en la que se le ordenó al Estado Nacional que entregue el 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Fue a través de una serie de escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de la CSJN y a la vez planteó la revocatoria del fallo dictado la semana pasada, con efecto suspensivo y que, "oportunamente", se deje sin efecto la resolución que favoreció al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno afirmó en la presentación que la CSJN sustituyó los Poderes de un Gobierno Federal "adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales", al mismo tiempo que señaló: "Al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia justifica que los señores magistrados de este Máximo Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa".

De esta manera, el Gobierno ejecutó lo que el jefe de Estado ya había anunciado este lunes a través de un hilo de la red social Twitter tras la difusión de un comunicado el pasado jueves por en el que el presidente y un grupo de gobernadores afirmaron que se trataba de un fallo de cumplimiento imposible y se habló de la idea de desacatar la resolución del máximo tribunal, que desató una serie de denuncias penales por parte de la oposición.

La Corte Suprema recibió este martes los escritos presentados por el Ejecutivo, pero también recibió la presentación desde el Gobierno de la Ciudad en donde el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sostiene que el Estado Nacional se encuentra incumpliendo el fallo porque ya no le depositó el dinero que debía salir desde los fondos del Banco Nación para comenzar a cumplir con la cautelar.

Ambos planteos quedarán para el 2023 ya que solo quedan dos días hábiles de actividad judicial de 2022, y durante enero el Poder Judicial entra en feria, por el receso de verano y solo tramitan cuestiones urgentes. No será este caso, en donde se discute una cuestión patrimonial, parte de esas causas urgentes,según confirmaron fuentes consultadas en el máximo tribunal.

En los escritos, el Gobierno nacional sostuvo que debe dejarse sin efecto la sentencia dictada el miércoles de la semana pasada, por tratarse de un fallo "arbitrario, injusto y parcial, con grave afectación al principio de la división de poderes y por consiguiente a los intereses de la Nación en su conjunto".

Y se añadió que "el encuadre que le da el fallo que nos ocupa, revela que la Corte anticipa su criterio sobre el fondo: los gastos derivados del traspaso de funciones de seguridad deben ser atendidos, según el Tribunal, en el marco del régimen de coparticipación".

La presentación del Estado nacional cuestionó la decisión de otorgarle cautelarmente el 2,95% de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires hasta que se resuelva la cuestión de fondos porque, dijo, "no existe informe documentado en las presentes actuaciones, ni pericia producida, en esta etapa preliminar, que justifique la concesión de tal coeficiente".

También afirmó que "la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para 17 la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN".

Además, se aseguró que "la sentencia soslaya, a pesar de invocar el federalismo de concertación, que en esta última hipótesis adoptada por el Alto Tribunal, sería necesario rediscutir el régimen de coparticipación de manera general, con la intervención de todas las jurisdicciones".

Según la Procuración del Tesoro "resulta irrazonable pretender, por este concepto, que se mantenga un porcentaje de la masa coparticipable que excede el costo real de los servicios transferidos, generando un beneficio injustificado en favor de la jurisdicción local".

Una vez más, el Gobierno criticó la decisión del macrismo al entregarle esos fondos: "Tan burda fue la maniobra, que ni siquiera fueron cuidadas las formas más elementales; ni la concatenación de fechas resultó consistente y las decisiones plasmadas en ambos Decretos estuvieron huérfanas de la debida y necesaria motivación".

En otro escrito, el Procurador Zannini también pide el apartamiento de los Jueces que dictaron el fallo: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es que, según su criterio, en la cautelar ya se anticipó un criterio.

"En este escenario, el Estado nacional no puede aguardar, respecto del recurso de revocatoria in extremis que interpondrá luego de este escrito, ni a la hora de una definición sobre el fondo de este proceso, una decisión dotada de la objetividad que debe guiar al juzgador al tiempo de la emisión de su pronunciamiento definitivo", se afirmó.