Etiqueta: Causa Judicial

Bolivia: dictaron una orden de aprehensión contra Evo Morales

Fue porque no se presentó a declarar en una causa judicial.

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales porque no se presentó a declarar en una causa judicial.

El exmandatario está siendo investigado por su presunta implicación en delitos de abuso de menores y trata de personas en 2016.

Morales reafirmó su inocencia y alega amenazas de muerte y falta de garantías para su seguridad, de acuerdo con el sitio Actualidad RT.

El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia denunció a su vez que las autoridades actuales procedieron a la reapertura de un caso archivado y aseguró que fue fabricado por el Gobierno de Jeanine Áñez.

Facundo Castro: fiscales acusan a la jueza de negarse a recolectar pruebas

Por su lado, la magistrado objetó que la querella "no parece orientada a la búsqueda de la verdad" sino "solamente a compeler la responsabilidad policial".

La investigación que intenta determinar qué ocurrió con Facundo Astudillo Castro entró en un limbo judicial que tiene como principales protagonistas a la jueza federal del caso María Gabriela Marrón y a los fiscales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin.

A través de un escrito, estos últimos acusaron a la magistrada de negarse a recolectar pruebas que podrían comprometer a los efectivos de la Bonaerense investigados. Entre otras cuestiones, rechazó un análisis sobre sus celulares y descartó realizar un procedimiento sobre un puesto en Teniente Origone, en donde se encontró un amuleto que según Cristina Castro, pertenece a su hijo Facundo.

El martes la jueza rechazó estas medidas de prueba y acusó a los fiscales de pedir "incoherencias" y les solicitó que tengan una conclusión del caso que investiga la supuesta desaparición forzada del joven que fue hallado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Marrón consideró que la estrategia de los fiscales "no parece orientada a la búsqueda de la verdad" sino "solamente a compeler la responsabilidad policial". En este sentido solo accedió a un pedido para que uno de los efectivos que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales.

Según la jueza federal de Bahía Blanca, la estrategia de los fiscales se asemeja a una "auténtica excursión de pesca", lo que catalogó como "inaceptable en un Estado de Derecho". Los fiscales apelaron esas medidas y ahora deberá resolver la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Astudillo Castro fue visto por última vez con vida cuando viajaba a dedo desde Pedro Luro a Bahía Blanca para intentar reencontrarse con su exnovia. En el camino, el joven fue interceptado por efectivos de la Bonaerense ya que no tenía permiso de circulación. La familia acusa a los agentes de estar vinculados con la muerte del joven.

Luego de tomar conocimiento de la decisión judicial, la Comisión Provincial por la Memoria, querellante en el caso, emitió un comunicado en el que calificó de "arbitraria y antojadiza" la interpretación de la prueba por parte de la magistrada, ya que "expresa claramente una temprana valoración que solo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo".

Esclarecimiento de la muerte

En la primera semana de octubre se conoció el informe final de autopsia, informado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que estableció varias conclusiones y certezas. Pero aún no se pudo determinar si el joven de 22 años fue víctima de un accidente o si la Policía bonaerense es responsable, una hipótesis que sostiene la querella.

En el estudio forense "no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado", indica el informe final de autopsia. Es decir, que el cuerpo no habría sido plantado.

Por esa razón, la causa está lejos de cerrarse. Es que aún resta que lleguen los resultados de otras pericias al expediente.

Mendoza: abren causa judicial a quienes fueron al banderazo y tratan de identificar a los manifestantes

Los mendocinos que participaron del banderazo "en defensa de la república" durante el feriado patrio del 9 de Julio podrían quedar detenidos u obligados a realizar trabajos comunitarios.

Es que la Justicia provincial abrió una causa con el objetivo de imputarlos por violar el aislamiento social en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Más de 300 personas que se manifestaron contra el Gobierno nacional quedarán a disposición de las autoridades judiciales una vez que sean identificadas por la fuerza policial mediante el análisis de las cámaras de seguridad urbanas.

Uno de los principales impulsores del reclamo para que se tomaran medidas contra quienes protestaron fueron los dirigentes del justicialismo provincial.

Desde los Tribunales de Mendoza, el Procurador Alejandro Gullé indicó que "no habrá excepciones de ninguna naturaleza".

La causa está en manos de la Fiscal Gabriela García Cobos, quien ya solicitó al Ministerio de Seguridad las grabaciones para detectar a los manifestantes, en su mayoría mendocinos de edad avanzada, quienes reclamaron, principalmente, por los frenos del Ejecutivo nacional al envío de fondos a la provincia y a la obra Portezuelo del Viento.

"Las cámaras nos dan pruebas objetivas de lo que pasó, más allá de los dichos del personal policial o de un testigo. Estamos en alerta sanitaria. No vale ningún tipo de justificación para una acción de esta naturaleza", recalcó el jefe de los fiscales.

Más de 300 personas, entre familias y adultos mayores, se autoconvocaron, tal como ocurrió en las principales ciudades del país, en el microcentro provincial para cuestionar el "avasallamiento de las instituciones" y las recientes medidas judiciales en favor de los acusados de corrupción durante el kirchnerismo, además de reclamar mayor atención y beneficio de la Rosada para con la tierra cuyana.

Identificación de manifestantes

Lo que se busca ahora desde la Justicia mendocina es identificar a los manifestantes e imputarlos por incumplir el artículo 205 del Código penal, el cual establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Además, se tendrá en cuenta el decreto provincial 700 que impide las reuniones en espacios públicos. "Este proceso demorará un tiempo, pero la decisión es avanzar contra quienes incumplieron la ley", indicaron a este diario.

Se prevé que los infractores, a pesar de utilizar barbijos e intentar mantener la distancia durante la concentración, podrán quedar detenidos, con prisión efectiva, si ya cuentan con una condena, o serán sentenciados a realizar tareas comunitarias en organismos públicos, ya sean hospitales, comisarías o municipios.

Hasta ahora, en Mendoza, desde que llegó la enfermedad, a mediados de marzo, han sido imputados más de 6.700 ciudadanos por incumplir la cuarentena. De ese total, más de 200 ya han sido condenados.