El camarista Roberto Boico ratificó al juez que lleva adelante el proceso contra el exmandatario. Este miércoles finalizaron las rondas indagatorias, iniciando el plazo para determinar la situación procesal de todos los involucrados.

La Justicia rechazó este jueves la recusación que había presentado el expresidente Alberto Fernández en contra del Juez Julián Ercolini, en el marco de la causa Seguros.

El mandatario había declarado que el magistrado buscaba dejarlo "preso" en este proceso porque "lo detesta" y actúa en "venganza".

El Juez Roberto Boico fue el encargado de tomar la decisión, quien dictaminó: "Insisto sobre lo que anticipé al principio, las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento".

"Tampoco tiene entidad para esa solución, lo traído a colación sobre las razones de decoro y delicadeza que impondrían la inhibición del juez, pues, como recordé en mi fallo del 6/6/24, sólo quien, eventualmente, se excusa está en condiciones de calibrar hasta qué punto un supuesto de violencia moral puede afectar su poder de decisión libre e independiente", agregó.

"Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas, la de seguros y la de violencia. Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido. No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza", había declarado el exmandatario el pasado lunes.

Además, su abogada Mariana Barbitta había exhibido chats entre Fernández y Ercolini durante la audiencia, ocurridos en octubre de 2017 y marzo de 2018.

En los mismos, argumentaron que tenían una relación personal que luego se cortó, algo que Boico decidió no tener en consideración ya que se presentaron tarde, y que no hay datos del teléfono "donde supuestamente se habrían captado las imágenes que documentarían los chats, que no se conoce el titular del teléfono donde constarían dichas imágenes".

"Me limitaré a reflexionar que es habitual, y no exclusivo de esta causa, que diferentes actos del enjuiciamiento criminal se lleven adelante bajo un clima que refleja distintas emociones y comportamientos", expresó el magistrado, desestimando el argumento de la defensa sobre un "clima de tensión" durante la audiencia.

"Es hasta esperable que ello en ocasiones ocurra, dado todo lo que está en disputa. Entonces, aun cuando se tomara por constatada esa referencia de la defensa, carecería de la entidad suficiente para constituir un motivo de apartamiento", cerró.

Por su parte, Ercolini culminó las rondas de declaraciones indagatorias, y quedó habilitado para continuar con la definición de la situación procesal de Fernández y el resto de los imputados.

Sin embargo, este viernes la Cámara Federal definirá a modo de sorteo si el juez sigue al mando del juzgado federal 11, lugar donde está radicada la causa en cuestión. De ser separado, podría continuar demorándose el desenlace de la misma.

Sigue adelante la causa contra el expresidente Alberto Fernández

Fernández fue indagado el 27 de noviembre, y ahora el juez debe definir su situación procesal y la de los demás acusados ya indagados, entre ellos su exsecretaria privada María Cantero y su marido y "broker" de seguros Héctor Martínez Sosa, sospechado de haber sido beneficiario por Nación Seguros en la intermediación de la mayor parte de las contrataciones investigadas.

Se investigan delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos.

Según la acusación del Fiscal Carlos Rivolo, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar seguros través de Nación Seguros SA, se abrió la puerta a una intermediación de "brokers" innecesaria y a un "direccionamiento irregular" en esas contrataciones entre 2019 y 2023.

Se calcula que Martínez Sosa habría cobrado con su empresa $360 millones en comisiones, pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona.

Fernández está imputado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Tanto al expresidente como al resto de los 44 acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA".

Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA", detalla la imputación.