La Jueza Federal Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida que había impulsado la Confederación General de Trabajo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional.

La resolución fue firmada por la Jueza Federal Macarena Marra Giménez, quien sostuvo que el magistrado laboral que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.

El fallo recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía al fuero contencioso administrativo y no al laboral.

En ese marco, Marra Giménez citó la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que "los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia".

La magistrada señaló que "la accionante persigue a título cautelar la suspensión de 81 artículos de la ley de modernización laboral N°27.802".

"Mediante los cuales se regulan una amplia gama de cuestiones de una variedad y complejidad tal que excede el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido", agregó.

A su vez, remarcó que analizar la constitucionalidad de ese conjunto de normas en una instancia cautelar implicaría adelantar criterio sobre la cuestión de fondo.

Y sostuvo que "realizar un examen a título cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso Nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar".

La magistrada también enfatizó que "las leyes gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente" y consideró que el planteo de la CGT requiere "un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados".

El fallo añadió que no existía peligro en la demora que justificara mantener la suspensión de la ley, debido a que la causa tramita bajo el procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para arribar a una sentencia definitiva.

Finalmente, la jueza aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas en la sentencia definitiva.

Un juzgado federal desestimó el pedido para suspender artículos de la ley vinculados al traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7 rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Estos establecen el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución fue firmada por el Juez Lavié Pico, quien desestimó el planteo de la central sindical que buscaba frenar tanto la aplicación de esos artículos como el convenio de transferencia de la función judicial laboral.

El 6 de marzo, la CGT había presentado un amparo para que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad de esos puntos de la ley y solicitó una medida cautelar innovativa que suspendiera su vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Según argumentó la central obrera, la puesta en marcha de la norma implicaría la desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo y el traslado de sus competencias, lo que podría generar perjuicios irreparables.

En ese marco, también pidió que se dejara de lado el informe previsto por la legislación que regula las medidas cautelares contra el Estado, al sostener que representa a un colectivo vulnerable.

Como alternativa, solicitó que se dictara una medida interina mientras se resuelve el fondo de la causa.

Sin embargo, el magistrado consideró que no se acreditó la existencia de un daño irreparable que justifique la medida solicitada.

En su resolución sostuvo que la acción de amparo, por su carácter sumarísimo, garantiza una resolución rápida sobre el fondo del caso, por lo que no corresponde dictar una cautelar en esta etapa del proceso.

Además, el tribunal ordenó al Estado Nacional Argentino presentar en un plazo de cinco días el informe correspondiente y ofrecer la prueba que considere pertinente.

Mientras que la parte actora deberá adjuntar copias digitales de la documentación y tramitar los oficios a través de los sistemas informáticos oficiales.

Tras el fallo adverso, la CGT analiza los próximos pasos de su estrategia judicial y anticipó que continuará con el reclamo en los tribunales.