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El directorio aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por U$S20.000.000.000.
El Fondo Monetario Internacional volvió a colocar a Argentina en el centro del debate económico global con una evaluación que combina respaldo político al programa de Javier Milei y una advertencia estructural sobre los desafíos que aún condicionan la sostenibilidad del modelo.
Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo por U$S20.000.000.000, el directorio del organismo validó la estrategia de ajuste aplicada por el Gobierno, destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado, pero al mismo tiempo dejó en claro que el éxito del plan dependerá de reformas profundas aún pendientes.
El informe técnico difundido tras la revisión ratifica el diagnóstico central del Fondo: el programa económico logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal. De hecho, el organismo calificó el ajuste inicial como "excepcionalmente grande en comparación internacional", un reconocimiento que subraya la magnitud del recorte del gasto público implementado en los primeros meses de gestión.
Este giro permitió recuperar uno de los pilares clave del esquema macroeconómico argentino: la credibilidad, condición indispensable para estabilizar expectativas en un país acostumbrado a ciclos recurrentes de crisis.
En línea con ese enfoque, el FMI también valoró la velocidad del proceso de desinflación, que, según su evaluación, avanzó más rápido que en experiencias previas de estabilización.
La reducción de la inflación no respondió a un único factor, sino a una combinación de políticas: la corrección de precios relativos, la eliminación de controles, la liberalización de restricciones comerciales y financieras y un manejo más estricto del frente fiscal.
Este conjunto de medidas permitió quebrar la inercia inflacionaria en un contexto que el propio organismo considera más robusto que episodios pasados.
A diferencia de otras crisis argentinas, el Fondo también destacó la decisión del Gobierno de respetar contratos y compromisos de deuda, así como el impulso al blanqueo de capitales lanzado en 2024 para fomentar la repatriación de activos.
Estos elementos son interpretados como señales de previsibilidad institucional, un factor clave para atraer inversión y sostener la recuperación económica.
En términos de proyecciones, el organismo plantea un escenario moderadamente optimista para el corto plazo.
Para 2026, estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI.
Se trata de cifras que reflejan una economía en proceso de estabilización, aunque aún lejos de consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.
Sin embargo, detrás del respaldo técnico emerge una advertencia de fondo: la estabilización inicial no garantiza la sostenibilidad del modelo.
El informe identifica tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional.
El frente externo aparece como uno de los principales puntos de vulnerabilidad. El FMI advierte que la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de pesos avanzan más lentamente que en otros programas de estabilización, un fenómeno que atribuye en parte a la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025.
En ese contexto, el organismo considera indispensable sostener la compra de divisas y consolidar un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, en línea con las recientes modificaciones implementadas por el Banco Central.
Este punto no es menor: la historia económica argentina muestra que las crisis suelen estar asociadas a tensiones externas y falta de reservas.
Por eso, el Fondo insiste en que la fortaleza del programa dependerá en gran medida de la capacidad del país para reconstruir su posición externa y reducir la vulnerabilidad frente a shocks financieros.
El segundo eje de preocupación es de carácter estructural. El informe es particularmente crítico con el sistema tributario argentino, al que define como "complejo, altamente distorsivo e inestable", con efectos negativos sobre el crecimiento y la competitividad.
Según el diagnóstico del organismo, la actual estructura impositiva presenta superposición de tributos entre Nación y provincias, baja eficiencia recaudatoria y una fuerte dependencia de impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos.
En este sentido, el FMI propone avanzar hacia una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base del impuesto a las Ganancias, racionalice el IVA y reduzca el peso de las exenciones fiscales, al tiempo que elimine tributos que afectan la competitividad.
La recomendación apunta a corregir un problema histórico de la economía argentina: la sobrecarga tributaria sobre el sector formal, que limita la inversión y favorece la informalidad.
El tercer frente es el sistema previsional, que el propio organismo considera fiscalmente insostenible en el largo plazo.
Con un gasto elevado y múltiples regímenes superpuestos, la estructura jubilatoria representa una de las principales fuentes de presión sobre las cuentas públicas.
En este punto, el Fondo insiste en la necesidad de una reforma que permita garantizar equilibrio financiero sin comprometer la cobertura social, un desafío político de alta complejidad.
