El gobernador bonearense se refirió a la concesión que impulsa el Gobierno nacional sobre las unidad turística de Chapadmalal.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al Gobierno del Presidente, Javier Milei, de intentar establecer un "negocio inmobiliario" detrás de las unidad turística de Chapadmalal que la administración central busca modificar.

El Gobierno bonaerense le exigió, nuevamente a Nación, que le transfiera la total administración de ambos complejos turísticos para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y evitar una eventual privatización.

Días atrás, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, señaló que desde el Ejecutivo provincial no van a permitir que "rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios".

La administración libertaria avanzó con nuevas medidas sobre las unidades turísticas y profundizó la incertidumbre sobre el futuro de los complejos históricos de Chapadmalal y Embalse.

Ambos fueron desarrolladas a partir de fines de la década de 1940 para garantizar vacaciones accesibles a familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y sectores populares.

En los últimos días se confirmaron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, mientras continúan los cambios impulsados por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

"Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos", sostuvo el funcionario de Kicillof.

El plan del Gobierno nacional

El Gobierno nacional ya había anticipado modificaciones en el destino de ambos complejos turísticos, creados durante el primer peronismo como parte de las políticas de turismo social.

En el caso de Chapadmalal, La Libertad Avanza confirmó la intención de concesionar el predio por 30 años a operadores privados, bajo el argumento de atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento estatal.

Embalse, en Córdoba, fue transferido a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo encargado de administrar bienes del Estado, aunque todavía no se informó oficialmente cuál será el destino final del complejo.

Mientras tanto, sindicatos y trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento y paralización de actividades en ambos predios.

Según distintas fuentes gremiales y medios nacionales, entre 101 y 103 personas resultaron afectadas por despidos y pases a disponibilidad en ambos complejos.