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Avanza la privatización de AySA: Gobierno nacional aprobó el nuevo contrato de concesión

La medida del Ministerio de Economía formalizó el contrato que regirá el servicio de agua y cloacas y fijó las bases para la venta de la empresa con participación privada.

El Gobierno aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La decisión se oficializó a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, y constituye un paso clave en la privatización total de la empresa.

La norma valida el modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AySA, que será suscripto por la cartera económica en representación del Estado.

El esquema se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró a la compañía "sujeta a privatización", y por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario.

Según lo establecido, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.

El modelo aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad.En ese sentido, el contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario.

Además, la empresa deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición 2024-2026, aprobado previamente por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que se extenderá entre 2027 y 2031.

Desde el Gobierno remarcaron en el texto que el proceso no debe afectar la continuidad del servicio y que se llevará adelante bajo principios de "transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia".

Las claves del proceso de privatización de AySA

1. Un contrato para el futuro concesionario:

La novedad central es la aprobación del contrato que regirá la futura operación privada del servicio de agua y saneamiento en el AMBA. No es la venta en sí misma, sino la arquitectura regulatoria que permite hacerla.

2. Privatización con modelo mixto:

El esquema combina ingreso de un operador privado con control accionario mayoritario y eventual colocación de parte del paquete en el mercado, una ingeniería pensada para atraer inversores y valorizar la compañía.

3. Tarifas e inversiones, en el centro:

Uno de los puntos más sensibles es que el nuevo esquema pone foco en compromisos de inversión, expansión de redes y sustentabilidad financiera del servicio, lo que inevitablemente reabre el debate sobre tarifas.

4. Nuevo marco regulatorio:

La privatización viene acompañada por cambios normativos previos que rediseñaron las reglas del sector, desde condiciones de prestación hasta mayores facultades para el concesionario. Ese rediseño fue leído como el andamiaje previo para el ingreso privado.

5. La discusión política: agua como servicio o negocio:

La privatización reabre una discusión histórica: si el agua debe administrarse bajo lógica de servicio público o bajo criterios de rentabilidad con regulación estatal.

Qué viene ahora

Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico.

El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.

Gobierno nacional habilitó a 9 provincias para que asuman la gestión y concesión de rutas nacionales

El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.

El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.

Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.

Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.

La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter "funcional, limitado, temporal y revocable".

La normativa especificó que el Estado nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señaló que la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".

Además, se fijó un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales "en ningún caso podrá exceder de 30 años contados desde su aprobación".

Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.

En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el "respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero".

Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.

En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el "decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate".

Gobierno llamó a nuevas audiencias públicas para concesionar otros 4.000 kilómetros de rutas nacionales

La convocatoria corresponde a la tercera fase de la Red Federal de Concesiones.

El Gobierno convocó a nuevas audiencias públicas para concesionar otros 4.000 kilómetros de rutas nacionales, como parte de la tercera etapa del proceso de privatización de 9.145 kilómetros de vías pertenecientes a su jurisdicción, que actualmente son administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A.

En el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones, el Ejecutivo lanzó la Etapa III, para avanzar en el nuevo sistema a cargo de la operación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.

De esta manera, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a una serie de audiencias públicas mediante la Resolución 924/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, con "el objetivo de promover una mayor competencia, generar mayor transparencia y confianza y lograr mejores resultados para los usuarios".

En este marco, se tratarán los tramos que conforman la tercera fase de la Red Federal de Concesiones, constituida por casi 4.000 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el centro del país, cuyo, el litoral y el norte, abarcando las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco y Misiones.

Las instancias de participación pública se llevarán a cabo entre el 30 de junio y el 7 de julio y para quienes tengan interés, deberán inscribirse por un formulario disponible en la web de Vialidad Nacional, de forma libre y gratuita entre el 8 y el 28 de junio de 2025.

Las audiencias públicas que se realizarán:

  • Tramo Cuyo: lunes 30 de junio a las 10 horas, en el Microcine Municipal David Eisenchlas ubicado en 9 de Julio 500, Mendoza, capital.
  • Tramos Centro Norte y Noroeste: miércoles 2 de julio a las 10 horas, en el Teatro Municipal Rosita Ávila ubicado en Combate de Las Piedras 1.500, San Miguel de Tucumán, Tucumán.
  • Tramos Chaco Santa Fe, Litoral y Noreste: viernes 4 de julio a las 10 horas, en el Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en Avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 11, Resistencia, Chaco.
  • Tramos Mesopotámico y Centro: lunes 7 de julio a las 10 horas, en la Sala Mayo ubicada en Martín Miguel de Güemes, Paraná, Entre Ríos.

Desde el Gobierno destacaron que "el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional".

Asimismo, recordaron que "el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios".

A su vez, aclararon que "Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial".

Gobierno anulará las concesiones de las autopistas del Acceso Norte y Oeste

El presidente encabezó una conferencia de prensa junto al Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. "Le han generado un daño económico al Estado nacional y a los usuarios", dijo.

Con fuertes críticas y acusaciones contra la gestión de Cambiemos, el Presidente Alberto Fernández, junto al Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunciaron este miércoles que buscarán la anulación de las concesiones de las autopistas del Acceso Norte y Acceso Oeste.

"Firmé un decreto en el que le encomiendo al ministerio de Obras Públicas a iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y Acceso Oeste, que son contratos absolutamente distorsivos que le han generado un daño económico al Estado nacional y a los usuarios", indicó el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Katopodis explicó la medida, lanzó duros cuestionamientos contra el Gobierno de Mauricio Macri y calificó las concesiones de "un verdadero negociado de los peajes".

"En el 2018 se estableció sin ninguna justificación una deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol y GCO SA, por 813 millones de dólares. Lo segundo que observamos fue la dolarización de esos contratos", dijo el ministro.

"El expresidente Macri les otorgó una dolarización sin ninguna justificación, y determinó un ajuste del 8% anual en dólares, lo que le permitió a las empresas una rentabilidad extraordinaria. De manera absolutamente arbitraria se prorrogó el contrato de concesión hasta el 2030", agregó.

"Existieron funcionarios de los dos lados del mostrador. Funcionarios que ocupaban cargos gerenciales en las empresas concesionarias, cumplieron luego cargos muy importantes en Vialidad y luego regresaron a las empresas", expresó Katopodis.

Luego del informe del ministro, Alberto Fernández volvió a tomar la palabra. El presidente recordó que ya existe una causa penal que investiga a exfuncionarios de Cambiemos por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos con Ausol y GCO de los accesos Norte y Oeste. La causa se inició con una denuncia presentada por los Diputados ultra K Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau.

"Estamos acá para velar por los intereses de los usuarios. No es la primera vez que tomamos este camino, lo hicimos con el Correo y la Participación Público Privada. No podemos permitir más que haya funcionarios de los dos lados del mostrador. Le pedimos a la Justicia que anule estos contratos y le pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías", anticipó el mandatario.

"Fueron dos años de auditorías para verificar lo que estamos afirmando. Lo vamos acercar como prueba a la causa penal, donde parecen no encontrar las pruebas con tanta facilidad como lo hicimos nosotros", agregó, con un mensaje al Poder Judicial.