Tras el episodio de los peces muertos, y luego de que se tomaran muestras de agua en varios puntos de Jáchal e Iglesia, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan envió a la Unidad Fiscal de Investigación de Jáchal los resultados de muestras analizadas por el Laboratorio Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial.
El muestreo de agua y suelo fue colectado en los puntos acordados previamente, y se llevó a cabo con la participación de tres laboratorios: UNCuyo, SGS y Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial.
Análisis de agua y suelo en Cuenca de Río Jáchal e Iglesia. Distintos puntos. pic.twitter.com/P9hYYIYlNM
La campaña incluyó un muestreo exhaustivo para su posterior análisis de agua de río, agua de red y muestras de suelo, con el fin de obtener un diagnóstico completo sobre el estado de las cuencas y el sistema hídrico local.
Los puntos donde se tomaron muestras son: Río La Palca, Río Blanco, Río Jáchal, dique Cuesta del Viento, Dique Pachimoco, escuelas de Villa Cabecera, Pampa Vieja, La Represa y Villa Mercedes.
Asimismo, se sumaron 10 muestras colectadas en el Dique Cuesta del Viento, distribuidas en ambos márgenes.
Es preciso advertir que en el primer análisis preliminar, la UNCuyo detectó cloro en el Río La Palca, que baja desde la mina Veladero, de Barrick Gold, donde se registraron 0,12 mg/l de cloro, sustancia que se usa para neutralizar en casos de derrame, según el protocolo.
Además, se encontró cloro en el Puente Buena Esperanza, donde el caudal se mezcla con el río Blanco, proveniente de La Rioja. Allí el valor fue de 0,08 mg/l.
Es necesario recordar que el cloro se usa en casos de derrame, porque neutraliza la contaminación de sustancias como el mercurio y el cianuro una vez que están en el cauce de algún río.
Los nuevos análisis
Los nuevos estudios son dos informes técnicos, resultado de análisis que habían sido solicitados por la Secretaría de Ambiente de San Juan con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el Dique Cuesta del Viento el pasado 4 de noviembre y colaborar con la investigación en curso.
El primero de los informes, que corresponde al análisis de los monitoreos realizados durante el año 2025 en la Cuenca del Río Jáchal, en los puntos: PMP1 (Río Las Taguas, previo confluencia Arroyo Turbio) PMP7 (Río la Palca, aguas arriba confluencia Río Blanco) PMP9 (Río Jáchal, aguas abajo dique Cuesta del Viento) PMP36 (Río Blanco previo confluencia con Río la Palca).
En los monitoreos no se registraron valores superiores a la Línea Base Ambiental determinada por Laboratorio Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial, basándose en datos históricos de la cuenca.
En el segundo informe, se detallan los resultados de un monitoreo realizado el 5 de noviembre en distintos puntos estratégicos: Río Jáchal, aguas abajo del Dique Cuesta del Viento. Embarcadero del Dique Cuesta del Viento. Río Iglesia, previo a su desembocadura en el dique. Embarcadero Náutica, junto a la playa Lamaral, también en Cuesta del Viento.
Resultados
Los análisis determinaron que no se detectaron valores superiores a los niveles guía en ninguno de los parámetros evaluados en campo para todos los puntos (pH, CE, temperatura, OD, Turbidez STD). No se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024.
En el punto PMP9, Río Jáchal, aguas abajo dique Cuesta del Viento, no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.
En el punto Río Iglesia, previa desembocadura al Dique Cuesta del Viento no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.
En el punto de monitoreo 1, Embarcadero dique Cuesta del Viento no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.
En el punto Embarcadero Náutica, al lado playa Lamaral Dique Cuesta del Viento, no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.
Además, la Secretaría solicitó al laboratorio los datos históricos de monitoreos correspondientes a la Cuenca del Río Jáchal y Cuesta del Viento 2025, los cuales fueron adjuntados al informe remitido a la UFI de Jáchal.
También se enviaron los informes realizados por el Área Técnica de la Dirección de Conservación, elaborados tras las inspecciones efectuadas los días 20 y 26 de noviembre, con el fin de aportar todos los antecedentes ambientales pertinentes para la investigación.
Según el informe del organismo oficial, hubo floraciones algales temporales que alteraron la calidad del agua en el espejo de agua situado en Iglesia, San Juan.
A esto se debe sumar las altas temperaturas que se registraron en las zonas costeras del dique, lo cual provocó que el oxígeno disuelto en el agua se redujo considerablemente por la acumulación de materia orgánica, generando un cuadro de hipoxia en los peces de la variedad conocida como pejerrey.
Además, confirmaron con total certeza que no se detectaron otras especies comprometidas ni indicios de agentes patógenos, lo que permitió descartar la presencia de contaminación química o bacteriana.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan informó oficialmente que, tras la aparición de ejemplares de peces muertos en el dique Cuesta del Viento, situado en Iglesia, se realizaron tareas de monitoreo y análisis técnico a cargo del equipo del Laboratorio del Parque de la Biodiversidad para obtener las muestras necesarias.
Según el informe, técnicos del Laboratorio del Parque de la Biodiversidad se trasladaron al dique el 4 de noviembre para realizar mediciones y recolectar muestras.
La comisión estuvo integrada por los técnicos en Biología, Pablo Pastor y Jonathan Loaisa, y el licenciado en Biología, Alejandro Gómez, quienes trabajaron con instrumental multiparamétrico para evaluar el estado del agua.
Durante el relevamiento, se determinó que la mortandad se registró en focos puntuales y afectó principalmente a ejemplares juveniles de pejerrey, cuyo nombre científico es: odontesthes bonariensis.
Se detalló también que no se hallaron otras especies afectadas ni evidencias que indiquen presencia de agentes patógenos.
Las muestras obtenidas indican que "el evento estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto, hipoxia, en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica".
Estas condiciones pueden provocar floraciones algales temporales que alteran la calidad del agua y afectan especialmente a los peces más jóvenes, sensibles a las variaciones ambientales.
Explicaron, además, que las características de los peces hallados en el lugar, sumado a la descomposición de materia orgánica, es típica de ambientes con bajos niveles de oxígeno.
El fenómeno detectado es localizado y de corta duración, sin representar riesgo para la fauna ictícola en general ni para el ecosistema del dique.
Asimismo, determinaron que se trata de un evento, aunque atípico, natural que puede ocurrir en cuerpos de agua durante períodos de cambios en el nivel del embalse o variaciones de temperatura.
Desde el Gobierno de San Juan informaron que la Secretaría de Ambiente continuará con el seguimiento sistemático del dique Cuesta del Viento a través de los agentes de conservación y nuevos monitoreos periódicos, tal como se viene realizando de manera constante, para continuar con la evolución de los parámetros de calidad del agua y garantizar la preservación del ecosistema.
En semanas venideras, se realizarán nuevos controles para evaluar la recuperación de los parámetros y las condiciones del espejo de agua.
Las autoridades aseveraron que la respuesta natural del ecosistema ya comenzó a estabilizar los niveles de oxígeno en las áreas afectadas.
Tras un aviso de la Dirección de Promoción Industrial, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de San Juan tuvo que intervenir y constató la presencia de un líquido oscuro en calles internas del predio. Investigan qué empresa contaminó de una manera tan alevosa.
Se activó un operativo junto a OSSE y Policía Ecológica de San Juan para determinar responsabilidades y avanzar en la remediación. Se está averiguando qué empresa fue la que produjo el derrame contaminante.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino este miércoles de manera inmediata en el Parque Industrial de Chimbas, luego de recibir un aviso por parte de la Dirección de Promoción Industrial que alertaba sobre la presencia de un líquido oscuro en las calles internas del predio.
Personal técnico de la Secretaría se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de un colapso cloacal en un sector, con derrame de un líquido asimilable a hidrocarburo.
Ante la grave situación, se dio intervención inmediata a Obras Sanitarias Sociedad del Estado y a la Policía Ecológica, a fin de determinar el tipo de sustancia y su procedencia y así avanzar en la investigación correspondiente.
Un segundo aviso permitió individualizar el lugar donde presumiblemente se produjo el arrojo de esta sustancia al sistema cloacal.
Paralelamente, OSSE procedió a tomar muestras de las sustancias para determinar de qué se trata.
Una vez obtenidos los resultados de laboratorio que acompañarán los informes técnicos, la Secretaría de Ambiente procederá a establecer las responsabilidades pertinentes, exigir la remediación de los caminos internos afectados y aplicar las sanciones correspondientes en el marco de las Leyes Provinciales Nº 522 y 504-L.
El máximo tribunal se expidió en el caso Mendoza contra el Estado nacional por daños y perjuicios derivados de la contaminación.
La Corte Suprema de Justicia dispuso la finalización de su intervención en la causa por contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo.
El máximo tribunal se expidió en el caso Mendoza contra el Estado nacional por daños y perjuicios derivados de la contaminación.
La Corte entendió que su rol en este pleito culminó con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
"La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución", expresaron los jueces.
La resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti señaló que "este tipo de procesos se consideran culminados desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación".
Sobre la base de estos parámetros, "los objetivos institucionales propuestos por la sentencia de esta Corte se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la ACUMAR a cargo de su cumplimiento", dijo el alto tribunal.
El 14 de julio de 2004 se presentaron ante la Justicia 17 personas con una demanda de recomposición y, en el supuesto de irreversibilidad, de indemnización del daño ambiental colectivo ocasionado como consecuencia de la contaminación de la Cuenca del río Matanza Riachuelo.
La acción fue dirigida contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas.
Los actores reclamaron, por un lado, la recomposición del ambiente dañado y, en aquellos supuestos en que eso no fuera técnicamente posible, una indemnización en concepto de daño colectivo. Por el otro, la reparación de los daños particulares sufridos como consecuencia del daño ambiental colectivo.
El 20 de junio de 2006, la Corte delimitó las pretensiones y entendió que solo cabía la recomposición del bien de incidencia colectiva, configurado por el medio ambiente, dejando de lado la reparación económica.
El 28 de agosto de 2006, la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y los intendentes de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras suscribieron un acuerdo por el que se comprometieron a brindar su más absoluto apoyo al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, mediante el cual se propiciaba la creación de la ACUMAR.
El 6 de febrero de 2007 la Corte requirió a los estados demandados que informaran acerca de las medidas adoptadas y cumplidas en materia de prevención, de recomposición y de auditoría ambiental, las atinentes a la evaluación de impacto ambiental vinculadas a las empresas demandadas; las acciones llevadas a cabo respecto del sector industrial, poblacional y aquellas relacionadas con la atención y prevención en materia de salud.
Luego de una sucesión de audiencias, el 8 de julio de 2008 la Corte dictó la sentencia definitiva vinculada a la recomposición y prevención del daño ambiental colectivo y decidió delegar en un juez federal de primera instancia la ejecución de lo allí dispuesto.
El 19 de diciembre de 2012, la ejecución de la condena fue escindida en dos magistrados.
Luego de dictada esta sentencia, en reiteradas oportunidades la Corte solicitó a las partes y a los magistrados intervinientes informes actualizados respecto del grado de cumplimiento de lo resuelto y ordenó la realización de audiencias públicas.
Finalmente, el 9 de abril de este año requirió a la ACUMAR que acompañara información actualizada sobre el cumplimento de las mandas impuestas en la sentencia del 8 de julio de 2008, y a los juzgados de ejecución que presentasen un informe acerca de todos los legajos que se encuentran en trámite en el marco de la ejecución de sentencia delegada.
"La intervención de la Corte Suprema en esta causa a través del dictado de sus dos decisiones principales de los años 2006 y 2008 y el posterior monitoreo que ha existido hasta la fecha generó la ruptura del statu quo, permitió el desarrollo de las herramientas normativas e institucionales básicas para facilitar que las autoridades competentes comenzasen a trabajar en la remediación del daño ambiental generado por la contaminación del Río de la Cuenca Matanza Riachuelo", señaló la Corte en la decisión adoptada este martes.
En el plano institucional, dijo la Corte: "Este tipo de procesos se consideran culminados desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación".
Sobre la base de estos parámetros, se puede concluir en que "los objetivos institucionales propuestos por la sentencia de esta Corte se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la ACUMAR a cargo de su cumplimiento".
De todo lo expuesto surge que "la intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución".
La foto es elocuente, un afiche de hace años con el logo de Gobierno de San Juan que afirma: "Ni un gramo de desechos mineros se acerca a nuestros ríos".
En septiembre de 2015 sucedió lo que muchos decíamos que iba a pasar: hubo un derrame de cianuro en la mina Veladero que explota la empresa canadiense Barrick Gold, hoy fusionada con Shandong Gold, de China.
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A días del accidente, el exgobernador Gioja afirmó en los medios de comunicación que "no hay ningún tipo de contaminación".
En marzo de 2016, el Juez Pablo Oritja, que llevó la causa por el derrame producido en la mina Veladero, afirmó que sí hubo contaminación.
Así lo confirma también el análisis de la UNCuyo, el informe de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, el de la UNSJ y todos los estudios que se hicieron en la zona.
El cianuro de Barrick Gold contaminó cinco ríos de San Juan. Son: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas.
¿Debería El Vale Todo Gioja ser citado a declarar ante la Justicia?
Quizá sí, pero con una Justicia tan obsecuente y timorata como la de San Juan, eso nunca sucederá.
El Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, avaló la exploración sísmica de los tres bloques que la firma noruega Equinor llevó a audiencia pública.
La operación ser hará frente a la costa bonaerense. Además, YPF quiere hacer un pozo este año. Contaminación asegurada de la mano del Gobierno progre de Fernández y Cristina.
Tras una larga agonía que se extendió por casi dos años, el Gobierno nacional autorizó finalmente a la empresa Equinor a realizar los estudios de exploración sísmica de tres áreas offshore, ubicadas frente a las costas bonaerenses.
En uno de esos bloques, la firma noruega es socia de Shell e YPF y buscarán realizar este año un primer pozo.
La autorización para la realización de los estudios de sísmica 2D, 3D y 4D fue dada el último día hábil del 2021, el 30 de diciembre, por medio de la Resolución 436/21 que lleva la firma del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el progre Juan Cabandié.
Los bloques en los que se podrán realizar los estudios para analizar la presencia de hidrocarburos en el lecho marino corresponden a la Cuenca Argentina Norte.
En concreto se trata de los bloques CAN 108, CAN 114 y CAN 100. En todos los casos la empresa operadora será Equinor y por eso presentó el pedido de autorización allá por febrero del 2020, pero en los bloques CAN 114 es socia al 50% con YPF y en CAN 100 tiene una participación del 35% al igual que YPF, mientras que el 30% restante lo posee Shell.
En junio la autorización del estudio de impacto ambiental para realizar la exploración sísmica de estos bloques fue llevada a una audiencia pública convocada por la Secretaría de Cambio Climático en la que hubo más de 300 participantes.
En aquel debate, la posición negativa a la explotación por parte de grupos pesqueros y asociaciones ambientalistas fue fuerte y llevó a que a fines de septiembre el Ministerio de Ambiente suspendiera los plazos para definir la aprobación o rechazo del estudio de impacto ambiental debatido.
Con el aval del Estado argentino, ahora las compañías petroleras podrán contaminar libremente el mar criollo poniendo en riesgo especies como pingüinos, lobos marinos, focas, peces y ballenas.
Cuando Bakunin escribió que "si Dios existiera, habría que deshacerse de él", tal vez ni siquiera sospechaba que su propuesta sería adaptada en pleno siglo XXI.
Cada 13 de septiembre, se cumple un aniversario más de aquella madrugada fatídica en que se conoció la noticia del derrame de cianuro sobre los ríos de Jáchal desde Veladero, la mina de oro que explota Barrick Gold y Andina Minera del Sol. La conclusión, tomando una prudente distancia del episodio y haciendo uso de la cita de Bakunin, es que estamos en condiciones de afirmar que: Si bien la minería a cielo abierto existe, habría que deshacerse de ella.
El Gobierno se apresuró en informar que no hubo contaminación. El domingo 13 de septiembre de 2015, Jáchal, departamento situado al norte de la provincia de San Juan, colindante con La Rioja, se vio envuelto en suceso de pánico por la noticia que anunciaba un derrame de agua cianurada que provenía de la mina a cielo abierto Veladero. El derrame habría comenzado el 12 de septiembre y se extendió hasta el día domingo. Días después, el exgobernador Gioja salió a despegarse y denunció a la empresa canadiense con la que tuvo cordial relación durante una década.
Por su parte, el exintendente Barifusa, de la localidad Jáchal, dijo: "No hay manera que se haya contaminado el agua". Asimismo, el exministro de Minería de San Juan, Saavedra, dijo: "No hay peligro para la salud humana". Rápidamente, desde el Gobierno de San Juan y desde la empresa Barrick salieron a decir que la contaminación no llegaría al agua. Entre Gobierno y transnacional se respaldaron mutuamente para llevar tranquilidad a la población.
Un pueblo librado al abandono El pueblo organizó en la noche de aquel domingo una asamblea frente al municipio de Jáchal y el intendente Barifusa tuvo que dar la cara para calmar los ánimos. A las horas, la empresa emitía un comunicado oficial reconociendo el derrame y calificándolo de "incidente". Sin embargo, en la Ley General de Medio Ambiente esa clase de pérdidas está tipificada como "daño ambiental". Aún nadie aclaró si los litros de agua con cianuro que se volcaron desde el dique de cola también llevaban mercurio. El escape llegó al río Las Taguas que se une al río Jáchal, que surte de agua para riego de chacras y para bebedero de animales del pueblo de Jáchal.
Comunicado de Barrick Gold La empresa Barrick reconoció la rotura de un caño en la mina, pero negó contaminación. "El día de ayer Veladero reportó un incidente derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada, desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación", reconoció la empresa.
Contaminados Si bien la mina Veladero está en Iglesia, el derrame llegó a un distrito vecino, Jáchal, porque la pérdida de agua cianurada busca el cauce del río Las Taguas. De ahí que el estado de alerta surgió en Jáchal y no en Iglesia.
Crónica de un derrame anunciado Aquella inolvidable madrugada de septiembre, cuando ya se sabía acerca del derrame de cianuro de la mina Veladero sobre los ríos de Jáchal, y ante el abandono al que se dejó al intendente Jorge Washington Barifusa por parte del entonces Gobernador Gioja y sus funcionarios, se acordó con los asambleistas que encargarían un análisis de los ríos donde se había derramado más de 1.000.000 de litros de cianuro provenientes de la mina Veladero, situada en el distrito Iglesia y explotada por la multinacional Barrick Gold. Dicho análisis fue solicitado a la Universidad Nacional de Cuyo. Una vez pedido el trabajo a la prestigiosa academia, se acordó también que el contacto entre UNCuyo y el pueblo de Jáchal sería Saúl Zeballos, quien figura en el análisis luego entregado como "contacto".
Asimismo, el "solicitante", según consta en el estudio, fue la Municipalidad de Jáchal, que pagó la suma de 42.000 pesos por el trabajo. Hasta acá, todos de acuerdo, el problema se desató cuando llegaron los resultados.
El miércoles 23 de septiembre, Saúl Zeballos, miembro autorizado a retirar los resultados del estudio encargado a la UNCuyo, viajó a Mendoza y retiró el análisis químico y bactereológico. Una vez en sus manos, entregó una copia a Cristian Romero, entonces Secretario de Gobierno municipal de Jáchal, y la otra copia se llevó a la Asamblea de Jáchal, para que los vecinos, angustiados por el suceso, pudiesen conocer la información brindada por la universidad mendocina. ¿Qué pasó entonces? Esto que sigue.
El Secretario de Gobierno municipal de Jáchal habría arrancado del impreso la parte del "Informe de Análisis Bactereológico". ¿Por qué? Porque el estudio microbiológico indica "que hay bacterias muy nocivas y difundidas, como la escherichiacoli, donde se originan los cauces de agua montañosos". Esto indica que los líquidos sanitarios (materia fecal y orina) de los habitantes de la mina Veladero estarían siendo arrojados a los cauces de estos ríos que se alimentan del deshielo de nieves y glaciares. Se sabe, la escherichiacoli es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y puede producir el síndrome urémico hemolítico, enfermedad fatal.
Pero además, el resultado detectó metales en dosis por encima de los valores tolerables. Esta información encolerizó al Gobierno de San Juan que, según se supo, habría apretado por teléfono al rector de la universidad, Daniel Ricardo Pizzi, para que la información no trascendiera públicamente; de lo contrario, se iniciarían acciones judiciales contra la universidad. Como respuesta al "apriete", el rector ordenó hacer un artículo en base al trabajo encargado y publicarlo en el sitio Unidiversidad.com.ar, que es un diario on line de la UNCuyo. Este supuesto "apriete" del que nadie habla pero que todos conocen, fue mucho antes de que el Gobierno de San Juan decidiera formalmente enviar una carta notarial a la UNCuyo para que rectifique o ratifique los dichos del artículo periodístico publicado y subido a la web. La nota apareció bajo el título "El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal".
Llegamos a un punto del asunto en que los detalles son fundamentales. El juez Pablo Oritja recibe en la denuncia radicada en su juzgado el análisis que le entregó el entonces Secretario de Gobierno de Jáchal, Cristian Romero. Es decir, el análisis incompleto porque se le arrancó el "Informe de Análisis Bactereológico" que originalmente traía el estudio.
El Juez Oritja mostró un desempeño tibio Otro dato no menor, el juez Pablo Oritja solicitó de oficio a la Universidad Nacional de San Juan un estudio de las mismas características al solicitado a la UNCuyo. Y, vaya coincidencia, el resultado de la UNSJ arroja los mismos valores que los de UNCuyo pero sin el Informe de Análisis Bactereológico. Ese informe, que nunca fue difundido por la academia sanjuanina, indica que en las muestras se detectan valores altos de aluminio y manganeso.
El abogado Diego Seguí le presenta un duro informe al Ministro Bergman Finalmente llegaron los análisis propios de la empresa Barrick, compartidos con el Ministerio de Minería de San Juan: Son los del Programa de Monitoreo permanente en los ríos Potrerillos y Las Taguas, los cuales Gimena Daneri (representante de la empresa), en su informe preliminar del miércoles 16 de septiembre de 2015, elevó al ministerio. Allí se explica que los datos del mentado monitoreo estaban en un laboratorio externo. Dichos análisis arrojarían la hora y el volumen exacto de cianuro derramado y la elevación de los metales en los cursos de agua contactados como producto de la lixiviación “no deseada”. Nunca fueron dados a conocer luego de un año del derrame. El estudio fue pedido por el denunciante Saúl Zeballos, para que se incorpore a la causa, pero hasta el momento el juez Oritja no le ha ordenado a la empresa minera que proporcione esa vital información.
Qué dice el informe de la Policía Federal A meses del derrame en la mina Veladero, se difundió un informe que realizó la Policía Federal Argentina, el cual arrojó un lamentable resultado. Allí se precisa sobre un nuevo peritaje oficial donde se sostiene que el derrame de cianuro de septiembre de 2015 en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región. "Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El especialista Robert Moran fue taxativo Entre las observaciones que hizo el especialista Robert Moran en la mina Veladero, se destaca que en relación al derrame del 12 y 13 de septiembre de 2015, se han hecho muchas correcciones que no se habían concretado durante 10 años, las cuales fueron señaladas como falencias en el informe que emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación. Moran informó que la precariedad en materia de seguridad en la mina Veladero durante años es alarmante. Dijo que el glaciar Almirante Brown esta seccionado y cortado a la mitad por el camino minero. Además, corroboró que en el Valle de Lixiviación, donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro, está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente periglacial. Algo grave: el curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Como si todo fuera poco: el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares, vale decir, la ley 26.639.
El Ministro Bergman nunca trajo una solución En una reunión realizada en Buenos Aires, miembros de la Asamblea de Jáchal No Se Toca se entrevistaron con el rabino Sergio Bergman, ministro de Medio Ambiente de la Nación. Allí plantearon el problema del derrame de cianuro en la mina Veladero, ocurrido en septiembre de 2015. El ministro se comprometió ante los asambleístas a visitar Jáchal y recorrer los lugares donde el derrame de la mina de Barrick Gold contaminó. Decidieron comenzar con un trabajo conjunto. Algo muy importante surgió en la charla: el funcionario aseguró que está subordinado a la autodeterminación de los pueblos sobre "minería sí o minería no". En torno a estos puntos se trabajará en adelante entre Asamblea Jáchal No Se Toca y el ministerio de Medio Ambiente. Finalmente Bergman llegó a Jáchal, supervisó la zona pero nunca hizo nada por los habitantes contaminados y la empresa Barrick Gold sigue operando con cianuro a cielo abierto, tal como lo hacía antes del derrame.
Ejecutivos de Barrick procesados Nueve empleados de Barrick Gold fueron procesados porque el juez los considera responsables por negligencia y contaminación. Al cumplirse cinco meses derrame de solución cianurada en Veladero, el juez Pablo Oritja procesó sin prisión preventiva a empleados de Barrick. Los procesados son: Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en el área Procesos), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General). Es dable recordar que Antonio Aadames, el ex gerente, fue removido como máxima autoridad de Veladero luego del daño ambiental que provocó el derrame. Hasta el día de hoy no hay procesado ningún funcionario del Gobierno de San Juan.
Hubo otros tres derrames que nunca se informaron En San Juan hubo otros tres derrames de cianuro que se ocultaron a la ciudadanía. La información figura en un registro de contingencias de Minera Argentina Gold (Barrick Gold), pero los sanjuaninos y los vecinos de la zona nunca se entraron de los tres derrames. Impunidad, multas bajas y encubrimiento del Gobierno de Gioja. ¿Investigará Uñac esta situación dudosa e invasiva? En septiembre de 2015 los sanjuaninos se enteraron, gracias a un whatsapp que se escapó desde la propia mina Veladero, que había un derrame de cianuro. Los peritajes dieron el fatídico resultado de más de 1.000.000 de litros de cianuro en los río que nacen en la cordillera y llegan a Jáchal. Al parecer, y según consta en un registro de contingencias de Barrick Gold, hubo tres derrames vertidos que no se hicieron públicos en su momento. Y si bien las cifras oficiales de esos incidentes son menores, en la asamblea ambientalista desconfían totalmente de la veracidad del documento, dado que la empresa Barrick Gold y las autoridades de San Juan intentaron ocultar la fuga del 2015.
Según consta en un informe de la Dirección de Residuos Peligrosos que figura en el expediente de la ex Secretaría de Ambiente (hoy convertida en Ministerio), en 2012 Barrick Gold presentó un "registro de contingencias" en el cual confirmó que hubo tres derrames de cianuro antes del ocurrido entre el 12 y 13 de septiembre de 2015.
El día que se habló del cierre de Veladero "Hay que prepararse para un posible escenario de cierre de la mina", le dijo el Ministro de Ambiente Sergio Bergman al flamante Gobernador Sergio Uñac. La frase alimentó la versión que habla del cierre de Veladero, la mina que Barrick Gold explota en San Juan desde hace más de 10 años. La información surgió de las afirmaciones de dos funcionarios claves del gobierno de Macri, uno es el ministro y el otro es el diputado Eduardo Cáceres, del Pro, quien fue taxativo a la hora de opinar: “No queremos ejemplos como Barrick”. Si el Ministro Bergman aplicara correctamente la llamada Ley de Glaciares, la mina debería cerrarse, ya que el Valle de Lixiviación está ubicado sobre un ambiente periglacial, por lo tanto está violando la Ley 26.639.
Morales, el concejal que lleva años luchando contra la minería a cielo abierto El Concejal Morales logró que el 12 de septiembre sea el Día Departamental de la Defensa de Nuestras Cuencas que forman el Río Jáchal. Así lo consiguió tras impulsar su proyecto luego del desastre ambiental provocado por Barrick Gold. El autor de la ordenanza, concejal Jorge Morales, cuyo mandato como edil transcurre en el Concejo Deliberante de Jáchal, se pregunta por qué ni el municipio ni los medios de comunicación difundieron una fecha clave para los jachalleros.
Los 10 puntos que deberían preocupar a la empresa, al Gobierno y a los ciudadanos
El derrame de solución cianurada desde la mina Veladero al río Potrerillos en San Juan fue mucho mayor que el que se informó, según el borrador de una lapidaria evaluación encargada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. El reporte fue ocultado, hasta que lo filtraron sus empleados y llegó a la prensa. A continuación 10 puntos claves para entender el derrame. 1 - El sistema de cañerías que bombea la solución de cianuro al Valle de Lixiviación no tiene controles automáticos de presión para detectar pérdidas. 2 - Por eso, el derrame sólo pudo detectarse "visualmente" por personal de control de monitoreo del caudal del Río Potrerrillos. 3 - El sistema de cañerías que bombea la solución de cianuro al LSV no cuenta con doble camisa en sus tuberías, ni bateas de contención en lugares críticos como las válvulas en donde se produjo el derrame. 4 - El Canal Norte recolecta las aguas que se escurren desde la escombrera que transporta DAR (Drenaje Acido de Roca) y la compuerta abierta permite que dicho drenaje fluya hacia el Río Potrerillos. 5 - La empresa removió el material de arrastre que produjo el derrame sobre el Río Potrerillos, pero nunca informó su disposición final lo que impide su análisis. 6 - El sedimento presente en el aforador del Río Potrerrillos de 40 cm, acumulado como consecuencia de las remociones del material después del derrame, infiere que el volúmen derramado es mayor que informado por la empresa. 7 - En el informe analítico del laboratorio SGS correspondiente al aforador del Río Las Taguas aguas abajo del Río Potrerillos, los resultados de cianuro están en blanco. 8 - El laboratorio SGS el 13 de septiembre de 2015 informó que en el aforador del Río Potrerillos el valor era de 550,5 mg/l de cianuro, pero la empresa dijo que luego fue corregido a 55,05 mg/l, mas nunca se encontró la nota de correción enviada por SGS. 9 - El sistema de monitoreo de aguas superficiales analiza metales pesados, pero con posterioridad al accidente se analizaron sólo cianuro y mercurio. 10 - La empresa nunca suministró datos de monitoreo precedentes al derrame.
Triste, solitario y final
Durante más de una década se proclamó en San Juan un modelo económico basado en la minería. Sería, según el exgobernador Gioja y gran parte de la dirigencia, el factor de desarrollo que haría florecer a la región. Hoy, lejos de aquella primavera anunciada, el modelo está en crisis y el trabajo “sustentable” que Barrick publicitó no es precisamente el sustento de los miles de trabajadores que aún esperan por el milagro.
En un informe publicado en 2013 por IPyPP (Instituto Pensamiento y Políticas Públicas) que coordina Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular y Tomás Raffo, se advertía que en el país hay un “36,5% de pobres y un 12,1% de indigentes”. Sin embargo, y frente al proyecto minero que Gioja promovió durante sus tres periodos de gobierno, los números en San Juan dieron mucho más altos que la media nacional. En el mismo documento, el instituto asegura que entre las provincias más afectadas por la pobreza se encuentran "Chaco (61,6%), Formosa (55,2%), San Juan (54,5%) y Corrientes (50,9%)".
Sin duda, el modelo minero ha fracasado y, a pesar de la gran riqueza de oro, cobre y plata que alberga la Cordillera de los Andes, la economía de San Juan sigue siendo precaria, rudimentaria y estadodependiente.
En la madrugada del lunes 13 de septiembre de 2015, y ante el abandono al que se dejó al Intendente Jorge Washington Barifusa por parte de los funcionarios provinciales, éste acordó con los asambleistas que encargarían un análisis de los ríos donde se había derramado más de 1.000.000 de litros de cianuro.
Dicho análisis fue solicitado a la Universidad Nacional de Cuyo. Una vez pedido el trabajo a la prestigiosa academia, se acordó también que el contacto entre UNCuyo y el pueblo de Jáchal sería Saúl Zeballos, quien figura en el análisis luego entregado como "contacto".
Asimismo, el "solicitante", según consta en el estudio, es la Municipalidad de Jáchal quien pagó la suma de 42.000 pesos por el trabajo. Hasta acá, todos de acuerdo, el problema fue cuando llegaron los resultados.
El miércoles 23 de septiembre, Saúl Zeballos, miembro autorizado a retirar los resultados del estudio encargado a la UNCuyo, viajó a Mendoza y retiró el análisis químico y bactereológico. En el impreso del estudio, insisto, figura como "contacto" válido, por lo cual quién más sino él para buscarlo. Una vez en sus manos, entregó una copia a Cristian Romero, Secretario de Gobierno municipal de Jáchal, y la otra a la Asamblea de Jáchal, para que los vecinos, angustiados por el episodio, pudiesen conocer la información brindada por la universidad mendocina. ¿Qué pasó entonces? Esto que sigue.
El Secretario de Gobierno municipal de Jáchal habría arrancado del impreso la parte del "Informe de Análisis Bactereológico". ¿Por qué?, preguntará el curioso lector. Porque el estudio microbiológico indica "que hay bacterias muy nocivas y difundidas, como la escherichiacoli, donde se originan los cauces de agua montañosos". Esto indicaría que los líquidos sanitarios (materia fecal y orina) de los habitantes de la mina Veladero estarían siendo arrojados a los cauces de estos ríos montañosos que se alimentan del deshielo de nieves y glaciares. Se sabe, la escherichiacoli es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y puede producir el síndrome urémico hemolítico, enfermedad fatal.
Un equipo de Naciones Unidas toma muestras en el lugar del derrame.
Pero además, el resultado detectó metales en dosis por encima de los valores tolerables. Esta información encolerizó al Gobierno de San Juan que, según se supo, habría apretado por teléfono al rector de la universidad, Daniel Ricardo Pizzi, para que la información no trascendiera públicamente; de lo contrario, se iniciarían acciones judiciales contra la universidad.
Como respuesta al "apriete", el rector ordenó hacer un artículo en base al trabajo encargado y publicarlo en el sitio Unidiversidad.com.ar, un diario on line de la UNCuyo. Este supuesto "apriete" del que nadie habla pero que todos conocen, fue mucho antes de que el Gobierno de San Juan decidiera formalmente enviar una carta notarial a la UNCuyo para que rectifique o ratifique los dichos del artículo periodístico publicado y subido a la web. La nota apareció bajo el título "El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal".
Llegamos a un punto del asunto en que los detalles son fundamentales. El juez Pablo Oritja recibe en la denuncia radicada en su juzgado el análisis que le entregó el Secretario de Gobierno de Jáchal, Cristian Romero. Es decir, el análisis incompleto porque se le arrancó el "Informe de Análisis Bactereológico" que originalmente traía el estudio.
Hay tres denunciantes en la causa por el derrame de cianuro de Veladero: El primero es Saúl Zeballos (asambleista), más tarde lo hizo Guillermo De Sanctis (Fiscal de Estado) y finalmente fue Julio Orihuela (Defensor del Pueblo) quien decidió denunciar. Esta semana, el denunciante Saúl Zeballos aportaría a la causa el análisis completo de la UNCuyo, naturalmente con el Informe de Análisis Bactereológico. ¿Por qué? Sencillo: porque sería acertado y justo que este punto esté en la causa por la gravedad de los datos que deja al descubierto.
Otro dato no menor, el Juez Pablo Oritja solicitó de oficio a la Universidad Nacional de San Juan un estudio de las mismas características al solicitado a la UNCuyo. Y, vaya coincidencia, el resultado de la UNSJ arroja los mismos valores que los de UNCuyo pero sin el Informe de Análisis Bactereológico. Ese informe, aún no difundido por la UNSJ, indica que en las muestras se detectan valores altos de aluminio y manganeso.
Finalmente los análisis que aún faltan en la causa son los propios de la empresa Barrick compartidos con el Ministerio de Minería de San Juan: Son los del Programa de Monitoreo permanente en los ríos Potrerillos y Las Taguas y que Gimena Daneri (representante de la empresa) en su informe preliminar del miércoles 16 de septiembre elevó al ministerio. Allí se explica que los datos del mentado monitoreo estaban en un laboratorio externo.
Esos análisis arrojarían la hora y el volumen exacto de cianuro derramado y la elevación de los metales en los cursos de agua contactados como producto de la lixiviación "no deseada". Esto ya ha sido pedido al juez por el denunciante Saúl Zeballos pero hasta el momento Oritja no le ha ordenado a la empresa minera que proporcione esa vital información. Nadie sabe por qué y nosotros mucho menos.
La nefasta criptomoneda que opera en todo el mundo contamina el medio ambiente por la enorme cantidad de energía que requiere.
Una sola transacción de bitcoin tiene la misma huella de carbono que 680.000 operaciones con la tarjeta Visa, o consume tanto como mirar 51.210 horas en YouTube.
La red Bitcoin consume anualmente más energía que toda la República Argentina, Finlandia y Suiza.
Según el Bitcoin Electricity Consumption Index, de la Universidad de Cambridge, se estima que la criptomoneda consume aproximadamente 143 teravatios de electricidad por hora en 1 año.
Este consumo es mucha más de lo que consumen algunos países del mundo, y se estima que es el 0,65% del consumo de electricidad mundial.
En comparación, Noruega consume unos 124 teravatios por hora de electricidad, mientras que Chile consume 74 teravatios.
Uno de los aspectos nefastos de las monedas digitales es la monumental cantidad de electricidad necesaria para que las transacciones de compraventa se puedan llevar a cabo.
Las habituales operaciones financieras se concretan a través de un proceso conocido como "minería". Consiste en internautas voluntarios que registran los movimientos del mercado de forma descentralizada gracias a la tecnología Blockchain.
Este proceso demanda un consumo de energía extraordinario y hace el Bitcoin requiera más energía que muchos países industrializados del mundo.
¿Qué es el Bitcoin?
Es una moneda electrónica que se ha vuelto muy popular desde su lanzamiento en 2009. Las transacciones en este sistema se almacenan en un libro de transacciones públicas que, a su vez, se guarda en una red descentralizada.
El bitcoin concentra el 70% del mercado de las criptomonedas y es la de mayor valor en el mercado.
¿Por qué el bitcoin consume tanta electricidad?
Las máquinas dedicadas a minar o extraer bitcoins, son ordenadores especializados que se conectan a la red de criptomonedas.
Su trabajo es verificar las transacciones realizadas por las personas que envían o reciben la divisa, en un proceso que implica resolver complejos acertijos matemáticos.
Como recompensa, los mineros ocasionalmente reciben pequeñas cantidades de bitcoin. Para aumentar las ganancias, los mineros conectan una gran cantidad de computadores, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de conseguir bitcoin.
Los equipos trabajan casi día y noche para completar los rompecabezas, por lo tanto, el consumo eléctrico es muy alto.
El problema radica en que la mayor parte de la electricidad se produce a partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, que son altamente contaminantes para el plantea Tierra.
El Diputado Sergio Miodowsky adelantó que el frente Con Vos presentará en la Cámara de Diputados de San Juan un pedido de informe dirigido a las autoridades responsables de Hidráulica.
Por su parte, Asamblea Jáchal No Se Toca labró un duro documento expresando su preocupación por el estado del dique Los Cauquenes.
La polémica se desató luego de que aparecieran peces muertos y el espejo de agua quedara casi seco.
Desde la Secretaría de Ambiente aseguraron que trabajan para limpiarlo y recuperar la fauna de la zona.
Sin embargo, desde hace varios días se viralizó el video donde se puede apreciar el dique Los Cauquenes, situado en el departamento Jáchal, al norte de la provincia de San Juan, en un estado deplorable y con su fauna casi extinta.
Es preciso recordar que este dique está clausurado desde hace tiempo por una ordenanza del Departamento Hidráulica. El cierre incluye la prohibición de realizar cualquier actividad deportiva, tal el caso de la pesca o la navegación turística.
Pedido de informe
En diálogo con el programa La Radio Ataca, que se emite todas las tardes por Estación Claridad, el Diputado del frente Con Vos, Sergio Miodowsky, expresó: "Hemos solicitado un pedido de informe a la Dirección de Hidráulica y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para averiguar sobre la grave situación que atraviesa el pueblo jachallero por el desabastecimiento del dique Los Cauquenes y la mortandad en varias especies".
Aseguró además que buscan "conocer todos los detalles de esta situación, qué la ocasionó y cuáles serán las consecuencias reales para el medio ambiente y la población en general".
Asamblea Jáchal No Se Toca
Por su parte, desde Asamblea Jáchal No Se Toca emitieron un duro comunicado, donde expresan que "Jáchal estuvo en los medios públicos de comunicación a raíz de las tristes imágenes del dique Cauquenes convertido en un lodazal".
Aseguraron que "el irreparable impacto ecológico es inmedible" y que "el ecosistema conformado en la región desde la instalación de la represa sufrirá efectos durante años. No son solo los peces, es un ecosistema completo".
"Más allá de la explicaciones tardías e inexactas brindadas por las autoridades pertinentes, desde Asamblea Jáchal No Se Toca creemos oportuno y sumamente necesario expresar que: El verdadero problema del dique Los Cauquenes es el mismo que atraviesan todos los habitantes de los valles, la falta de agua y el criterio con que se la maneja", dice el extenso texto emitido por la asamblea.
"El programa de cortes de agua aplicado por el Departamento de Hidráulica es tremendo, se intenta recuperar cota en Cuesta del Viento dejando sin agua a productores agrícolas y ecosistemas como Los Cauquenes", especificaron.
También aseguraron que "los únicos privilegiados que no sufren cortes son las empresas megamineras, como el proyecto Veladero, que sigue su faena usando y contaminando para siempre millones de litros de agua por día".
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