Etiqueta: Contrataciones

Denunciaron a Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones y la concesión de Tecnópolis

Por
El País Diario
-

De confirmarse, la causa podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.

La Diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis que involucran al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presentación judicial, conocida este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650.000.000 para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.

Tecnópolis

Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300.000.000 y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

Obra pública: Gobierno unificó en un régimen general las contrataciones con el Estado y consultorías

Por
El País Diario
-

La medida se enmarcó en el proceso de desregulación estatal y busca simplificar la contratación pública.

El Gobierno dispuso la unificación de los sistemas de inscripción para las contrataciones con el Estado de obra pública y servicios de consultorías en un régimen general, mediante la publicación del Decreto 105/2025 este martes en el Boletín Oficial.

La información pasará a estar centralizada en el Sistema de Información de Proveedores, en el que se deberán inscribir las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional.

La medida, que deroga una serie de regulaciones vinculadas al registro de empresas y consultores en la obra pública, busca simplificar el sistema de contrataciones con el Estado para evitar el requerimiento de igual documentación en distintas instancias y la multiplicidad de requisitos.

En este sentido, la normativa detalló que "coexisten en la actualidad diversos sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional que, no sólo les exigen requisitos diversos, sino que les imponen la obligación de presentar la misma documentación".

Ante la situación expuesta, se consideró necesaria "la unificación de los sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional, estableciendo un régimen general común a todas ellas, que solo prevea particularidades en la reglamentación cuando así lo exija un contrato en particular".

La decisión se enmarca en el proceso de desregulación estatal que viene propiciando la administración de Javier Milei, por lo que partiendo de que "las políticas de Estado se enfocan en maximizar la eficiencia del gasto público, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva".

En este contexto, se derogó el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, que había sido creado por el artículo 13 de la Ley Nº 13.064, junto con la totalidad de la Ley Nº 22.460, que comprendía el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Ambas instancias regulatorias serán absorbidas por el SIPRO.

Asimismo, el Gobierno también avanzó en la modificación del régimen de habilitación de proveedores al sustituir el artículo 27 del Decreto Nº 1023/01, que regula el régimen de contrataciones de la Administración Nacional.

A partir de ahora sólo podrán participar en procedimientos de selección aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscriptas en la base de datos administrada por el órgano rector.

Al argumentar la unificación de la base de datos, el Ejecutivo consideró que "la presente medida permitirá mejorar el funcionamiento del Estado, contribuyendo a desempeñar sus funciones de manera más ágil, eficiente y eficaz, a la vez que reducirá el sobredimensionamiento de la estructura estatal".

El Estado ya no estará obligado a contratar servicios de empresas públicas

Por
El País Diario
-

Las empresas públicas no podrán tener ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni gozar de beneficios de ningún tipo.

El Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia de 2021 que establecía la obligatoriedad de los ministerios y organismos del Estado de contratar los servicios de empresas públicas como Nación Seguros, Banco Nación, utilizar los servicios de YPF y Aerolíneas Argentinas.

La medida fue publicada este miércoles 21 de agosto por Boletín Oficial.

El DNU 823, que todavía estaba vigente, precisaba que "las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional" deberían "implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera".

La directiva, fechada el 2 de diciembre de 2021, lleva la firma del por entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien en aquel momento estaba al frente del Ministerio de Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo al primer artículo del texto publicado esta madrugada, quedaron derogados también "los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12".

La decisión de la administración del Presidente Milei se sustentó en que "mediante el Decreto N°70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo".

En ese sentido, señalaron que "por el artículo 50 del citado Decreto N°70/23 se estableció que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga".

En esa línea, el Gobierno eliminó también con el decreto 1187/12 que determinó la obligación de implementar el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación, así como la normativa que imponía a las entidades públicas el deber de "contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.

De la misma manera, el Ejecutivo derribó el decreto 1191/12, que "dispuso la obligación para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Líneas de Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran".

Milei presentará una medida cautelar para frenar las contrataciones del Gobierno

Por
El País Diario
-

Reclamará a la Justicia Federal que dichas contrataciones estatales se frenen más allá de la finalización del mandato del actual Presidente Alberto Fernández.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentará ante la Justicia Federal una medida cautelar con el objetivo de que se "ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional".

Milei sostuvo como uno de sus principales argumentos para reclamar la medida cautelar que puede hacerlo por "el interés subjetivo al haber sido erigido como el candidato individualmente más votado y ganador de las elecciones PASO".

Luego agregó: "Los resultados de esas elecciones dan cuenta de las altas probabilidades de resultar electo Presidente de la Nación y, por ende, ostentar la titularidad del PEN a partir del 10 de diciembre próximo".

También manifestó el máximo referente libertario: "Además, la apertura de la vía judicial y el reconocimiento de mi legitimación activa dada la alta probabilidad de ser quien deba conducir los destinos de la Nación a partir del 10 de diciembre se justifica en la inusitada gravedad institucional que revisten los actos y conductas materiales impetradas por el Gobierno Nacional".