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Lijo avanza sobre el círculo de Adorni: ordenó revisar las llamadas de Grandio por contratos con el Estado

El Juez Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista Marcelo Grandio y de uno de sus socios para determinar si existieron contactos con funcionarios en fechas clave vinculadas a acuerdos firmados con medios públicos.

El Juez federal, Ariel Lijo, ordenó analizar las comunicaciones del periodista, Marcelo Grandio, cercano al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su socio, Horacio Silva, presidente de la productora ImHouse.

La causa judicial investiga posibles irregularidades en torno a los contratos obtenidos por la firma.

La medida quedó a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, el organismo especializado de la Corte Suprema encargado de asistir en investigaciones complejas.

El objetivo de la Justicia es determinar si existieron contactos o gestiones irregulares entre los responsables de la productora y funcionarios nacionales durante las fechas en las que se firmaron los acuerdos con Radio y Televisión Argentina.

Los investigadores buscan reconstruir las comunicaciones desde enero de 2023 y cruzarlas con momentos clave del expediente, especialmente con la aprobación de los contratos.

La sospecha principal gira alrededor de un posible caso de negociaciones incompatibles, tráfico de influencias o beneficios indebidos.

Contratos bajo la lupa

ImHouse obtuvo seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco vinculados a la TV Pública y uno a Radio Nacional.

Los convenios incluyeron programas de entrevistas conducidos por Grandio, contenidos de streaming y propuestas radiales.

Según la documentación incorporada al expediente, los montos de los contratos fueron creciendo de manera sostenida.

Uno de los primeros acuerdos contemplaba diez capítulos por un valor cercano a los $588.000 más IVA por episodio, mientras que contratos posteriores llegaron a superar el millón de pesos por capítulo.

La Justicia también analiza si esos incrementos resultan compatibles con el contexto de ajuste aplicado sobre los medios públicos.

El viaje a Punta del Este y las sospechas alrededor de Adorni

La investigación se originó a partir del viaje que Manuel Adorni realizó junto a Marcelo Grandio en un avión privado rumbo a Punta del Este.

Ese episodio abrió interrogantes sobre el financiamiento del vuelo y el vínculo entre el funcionario y el periodista.

Según consta en el expediente, uno de los tramos del viaje habría sido abonado por ImHouse, dato que reforzó las sospechas judiciales sobre una posible relación comercial o de favores cruzados.

En paralelo, los investigadores detectaron además transferencias bancarias previas entre las partes involucradas.

Gobierno nacional designó veedores en la AFA y tendrá 180 días para auditar finanzas

La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a pedido de la Inspección General de Justicia.

El Gobierno nacional dispuso el lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia, que venía reclamando información contable y administrativa.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.

Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se apoya en objeciones previas de la Inspección General de Justicia, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la Universidad de la AFA, y además cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la asociación sigue bajo jurisdicción de la Inspección General de Justicia.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una "veeduría ilegítima", negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance por la vía judicial.

La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino.

El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.

Adjudicaron en Cancillería contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

Cancillería adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del Ministro libertario Federico Sturzenegger.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133, IVA incluido, cerca de U$D78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.

La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado del Gobierno nacional, Federico Sturzenegger, hombre de confianza del Presidente Milei.

La esposa, del ministro, Rouillet, se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde septiembre de 2020. 

La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación.

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.

La adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR.

El contrato tiene una duración de 9 meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un "vínculo positivo" entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.

La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como "familiar matrimonio" entre Sturzenegger y Rouillet.

Medios nacionales intentaron contactar al Ministro libertario Federico Sturzenegger y a Cancillería de la Nación para solicitar una respuesta sobre el vínculo declarado y la contratación, pero todavía no hubo respuesta oficial al sospechoso gasto del Gobierno que promueve el ajueste y despilfarra en convenios incomprensibles.

Fuente: Noticias Argentinas

Gobierno no renovará contratos de empleados públicos que desaprueben el examen de idoneidad

Desde el segundo semestre de 2025, las autoridades no renovarán los contratos o directamente no contratarán a aquellos que no superen la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.

El Gobierno informó que aquellos empleados públicos que no superen la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos, desde el segundo semestre del 2025.

A través del Boletín Oficial, oficializaron la medida, que busca mejorar la eficiencia en las contrataciones.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, firmó la norma que entrará en vigencia desde el 1 de julio de 2025.

Esta medida alcanzará a todo el Sector Público Nacional, entre los que aparecen funcionarios de la administración nacional, así como empresas, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta.

Además, se suman entes públicos que tengan autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio y los fondos fiduciarios.

El artículo 93 de la Ley N°20.744 de Contratos de Trabaja señala que desde el segundo semestre de 2025 que los empleados que no superen la Evaluación General de Conocimientos y Competencias no serán contratados como funcionarios o colaboradores.

Desde el Gobierno, invitaron a que empresas que tienen participación estatal que pongan en práctica pruebas similares.

Además, indicaron que la finalidad de esta medida es que los empleados públicos estén capacitados para cumplir sus funciones.

Durante el último diciembre, Sturzenegger había indicado que el 95% de los que habían rendido la prueba habían aprobado.

Las evaluaciones están divididas en tres instancias: servicios generales, administrativos y profesionales.

Los empleados que son sometidos a este examen, que dura una hora, cuentan con tres oportunidades para poder aprobarlo.

El mismo se lleva adelante en el formato de opción múltiple en las computadoras o tablets de las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública.

Gobierno le renovará contratos a 40.000 empleados públicos pero solo por tres meses

Deberán rendir el examen de idoneidad para determinar si continúan en el cargo.

El Gobierno finalmente decidió renovar los contratos de unos 40.000 empleados públicos de la administración nacional, aunque solo por tres meses. Se tratan de aquellos que no integran la planta permanente estatal.

Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, para definir qué porción de los trabajadores mantiene su puesto y cuáles son despedidos.

Lo hará otra vez ahora con nuevas prórrogas hasta fines de marzo a la espera de que estos empleados realicen un examen de idoneidad para pasar a un régimen de mayor estabilidad.

Unos 40.000 empleados siguen contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regimenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales.

A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.

Se espera que esta sea la última prórroga, ya que se dispuso que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un "examen de idoneidad" con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.

De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área, indicaron fuentes oficiales.

Hasta ahora rindieron el examen 14.000 empleados, y el 95% aprobó.

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre.

Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor.

El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Desde ATE señalaron que con el cambio de año "se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas, la obra social de los uniformados, y en Parques Nacionales".

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.

El Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público.

En el último Boletín Oficial de 2024, Milei y Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24.

Allí se fijó que "las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza".

Esa prohibición abarca a las designaciones en las plantas transitoria, las contrataciones bajo el paraguas del "artículo 9°" y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos.

Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado.

Cualquier alta nueva excepcional en un organismo público deberá estar respaldada por la baja de tres empleados "cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación".

El decreto 1149/24, en tanto, establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado previamente para los empleados existentes.

Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal.

Gobierno reglamentó las reformas en contratos de obra pública

Fue a través del decreto 713/2024, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. Se incluyeron las normativas sobre acuerdos, concesiones y el nuevo Régimen de Iniciativa Privada.

El Gobierno nacional continuó con la reglamentación de la Ley Bases que se aprobó en el Congreso el pasado 27 de junio y publicó las nuevas normativas para tres apartados, contratos y acuerdos, concesiones y régimen de iniciativa privada.

Lo hizo mediante el decreto 713/2024 publicado en el Boletín Oficial este lunes 12 de agosto con las firmas del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Ministro de Economía, Luis Caputo y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El nuevo marco también contempla la flexibilidad en los plazos de los contratos, permitiendo que si una empresa cumple con su obligación antes de lo previsto, se pueda terminar la relación contractual anticipadamente.

Otro aspecto relevante es la simplificación del proceso de redeterminación de precios, que ahora se realizará mediante un procedimiento ya establecido, lo que le daría certeza al privado que asume el riesgo. Esto significa que no dependerá de las decisiones del Gobierno de turno para determinar los ajustes de precios.

Los cambios propuestos por el Gobierno son considerados como "pequeños pasos" hacia una mejora en el clima de inversión, aunque aún queda un largo camino por recorrer para que la situación económica del país se estabilice.

El PAMI respondió a las críticas por contratar empleados sin secundario completo

Luego de que se conociera la decisión de que más de 200 trabajadores pasarían a planta permanente, algunos de ellos sin haber terminado el secundario, desde la obra social de jubilados y pensionados detallaron cómo será la modalidad de contratación de quienes no culminaron sus estudios.

Desatada la polémica esta semana por una resolución del Programa de Atención Médica Integral donde se indica que un grupo de más de 200 trabajadores pasarán a planta permanente sin haber terminado el secundario, desde la obra social de jubilados y pensionados aclararon que deberán regularizar su situación y que mientras tanto, seguirán como monotributistas.

La Resolución 2022-263 que tiene la rúbrica de Luana Volnovich indica que a partir del 1 de abril, un total de 206 trabajadores contratados por el Programa de Atención Médica Integral se transformarán en planta permanente.

Pero la polémica se desató cuando se supo que algunos de ellos no cumplían con el requisito de haber completado los estudios secundarios, algo exigido por la ley de ingreso al estado y empleo público.

Dentro del texto oficial, se explica que a los empleados que no cumplan este requisito "les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación".

Desde el Programa de Atención Médica Integral respondieron que los trabajadores no forman parte de la dotación de la obra social y dieron su testimonio sobre el tema.

"Regularizamos la situación de muchos trabajadores de PAMI. Son contratados de 2006 a esta parte que ahora tienen las mismas condiciones laborales y derechos. Por otro lado, para ingresar a la dotación de Programa de Atención Médica Integral tienen que tener secundario completo. Sin excepción. Los que no cumplan este requisito tendrán un año para regularizar la situación. Mientras tanto siguen siendo monotributistas, pero no trabajadores de la dotación de Programa de Atención Médica Integral", detallaron.

Además, aclararon que si el lapso de un año se cumple y no se dan los resultados en las condiciones estipuladas, los trabajadores continuarán en su condición de monotributistas. "Además les damos los mecanismos para que puedan terminar el secundario y si no lo hacen, no entran a la dotación permanente", explicaron.

Qué dice la Resolución del PAMI

En los argumentos del documento oficial se explica que es "necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico–asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura".

Dentro del punto específico sobre la culminación de los estudios, el texto detalla que hay estudios a nivel nacional e internacional que subrayan que tanto la retención como la terminalidad de estudios "continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina".

Por ello, explica que la presentación del título secundario "deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo".

Finalmente, considera que hay una "matriz elitista" en el sistema educativo, que se concentra mayormente en el nivel secundario y en simultáneo "refuerza la exclusión".

San Juan: Hacienda anunció adelanto de tramo y aumentos en contratos y asignaciones familiares

De acuerdo con lo solicitado por los gremios y las posibilidades de la finanzas públicas, el Gobierno provincial anunció el adelanto del tramo previsto para octubre y aumentos en los contratos y asignaciones familiares a partir de agosto.

Este lunes, la Ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, convocó a conferencia de prensa para anunciar los resultados de las reuniones mantenidas con los gremios en referencia a salarios.

En la misma, la ministra, acompañada del Secretario de Hacienda y Finanzas, Gerardo Torrent, manifestó que, de acuerdo con lo solicitado por los gremios y las posibilidades de las finanzas públicas, el Gobierno provincial ha tomado una decisión.

En primer lugar, el adelantamiento del aumento 7% previsto para el mes de octubre al mes de agosto, con lo que se completa el 50% de aumento anunciado en febrero.

En segundo término, aumentar el monto de los contratos en un 32% desde agosto. En este sentido, los montos de los contratos quedan en Profesionales $50.000; Administrativos $32.000 y Servicios Generales $23.000.

En tercer lugar, el aumento de las asignaciones familiares en un 40% en los tramos y 30% en el monto a partir de agosto.

Finalmente la ministra anunció que se prevé una nueva instancia de revisión en el mes de noviembre.