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Gobierno nacional pidió a la Corte Penal Internacional avanzar con los arrestos de Maduro y Cabello

El representante argentino reclamó celeridad en las investigaciones y cuestionó la falta de avances.

Ante la Corte Penal Internacional, durante la Asamblea de Estados Parte que se desarrolla en La Haya, el Gobierno argentino planteó la necesidad de que el tribunal avance con medidas vinculadas a la situación política y humanitaria de Venezuela.

El representante enviado por la Casa Rosada, Diego Emilio Sadofschi, intervino en la sesión en el marco del debate sobre el estado de las investigaciones abiertas por la CPI.

Durante su participación, Sadofschi mencionó que "la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata".

Al referirse al proceso electoral en el que Edmundo González fue proclamado ganador, señaló que no se produjeron progresos desde que la fiscalía del tribunal comunicó en noviembre de 2021 la "conclusión del examen preliminar".

En su exposición también planteó que "las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad, que perpetra el régimen venezolano, requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas".

Según explicó, entre las medidas reclamadas se encuentra "el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables", pedido que incluyó las detenciones de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia.

Las palabras del representante argentino motivaron una respuesta por parte del delegado venezolano, Hector Constant Rosales.

En su intervención sostuvo que el Gobierno argentino debería "ocuparse del régimen de los derechos humanos y de su compromiso internacional".

Y añadió: "Desde junio de este año hemos notado con vergüenza cómo Argentina ha votado en cinco resoluciones de Naciones Unidas, todas ligadas al tema derechos humanos".

De acuerdo con la delegación argentina, esos señalamientos fueron considerados "agraviantes" por Sadofschi, quien al finalizar volvió a solicitar al tribunal "medidas concretas y urgentes" en relación con el expediente que involucra a las autoridades venezolanas.

Argentina le pidió a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro

La solicitud que realizó la Canciller Diana Mondino ante el fiscal de la Corte Penal Internacional incluye también a otros dirigentes del chavismo. Desde 2018, hay una investigación en curso en el tribunal por delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Venezuela.

Argentina decidió aumentar la tensión con Venezuela y, a través de la Canciller Diana Mondino, elevó al fiscal de la Corte Penal Internacional un pedido de detención contra Nicolás Maduro y otros líderes del Gobierno bolivariano.

"Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen", explicaron desde Cancillería a través de un comunicado.

La nota firmada por Mondino y que será presentada el lunes ante la Fiscalía de la Corte cita la "evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención", tal como detallaron desde el Palacio San Martín.

Como ha sucedido con otras investigaciones, el Fiscal de la CPI, Karim Khan, puede elevar un pedido de detención ante el máximo tribunal pero no lo puede ordenar él directamente. Funciona como una recomendación.

El pedido de Argentina se suma al que hicieron 30 exmandatarios latinoamericanos esta semana, quienes firmaron un documento "pidiendo la captura y detención inmediata de Maduro, Diosdado Cabello y toda la cadena de mando", dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana.

En julio de este año Argentina ya había realizado un giro de política exterior cuando pidió reincorporarse a la denuncia que se tramita en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en el gobierno chavista entre 2014 y 2017.

La denuncia había sido presentada en 2018 en el marco de una iniciativa del Grupo de Lima, del que Argentina formaba parte por ese entonces, pero que en 2021 el Presidente Alberto Fernández ordenó retirarse al renunciar también como miembro de este grupo de países.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional que se encarga de investigar posibles delitos cometidos por personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión o de lesa humanidad, como en el caso de las autoridades venezolanas.

Es un órgano distinto a la Corte Internacional de Justicia, donde se investiga a los Estados.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra

La resolución alcanza también a la comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del presidente Ruso. Ambos están acusados de la "deportación ilegal" de menores de edad ucranianos a Rusia desde territorios ocupados.  

La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el Presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, por el supuesto traslado por la fuerza de niños a Rusia desde territorios ocupados por las tropas que responden a Moscú en su vecino país.

El Kremlin ha negado de forma reiterada las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante la invasión rusa de Ucrania, que dura ya un año. Putin es el tercer presidente en ejercicio sobre el que pesa una orden de detención de la CPI, tras el sudanés Omar al-Bashir y el libio Muamar Gadafi.

Aunque es poco probable que Putin acabe pronto ante un tribunal, la orden significa que podría ser detenido y enviado a La Haya si viaja a cualquiera de los estados miembros de la CPI.

La CPI emitió la orden bajo sospecha de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de personas del territorio ucraniano a la Federación Rusa. El tribunal también dictó una orden de detención contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de la infancia, por los mismos cargos.

Rusia no ha ocultado un programa en virtud del cual ha llevado a miles de niños ucranianos a Rusia, pero lo presenta como una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y a los niños abandonados en la zona de conflicto.

En la primera reacción a la noticia desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo en su canal de Telegram: "Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo".

El Portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia considera "indignantes e inaceptables" las mismas cuestiones planteadas por la CPI, y que cualquier decisión del tribunal es "nula y sin valor" con respecto a Rusia.

Solo el principio

Altos cargos ucranianos aplaudieron la decisión de la CPI y el Fiscal general del país, Andriy Kostin, la calificó de "histórica para Ucrania y para todo el sistema de derecho internacional". Andriy Yermak, jefe del Estado Mayor Presidencial, afirmó que la orden es "sólo el principio".

La decisión de la CPI se produjo un día después de que un organismo de investigación bajo mandato de la ONU acusara a Rusia de cometer una amplia variedad de crímenes de guerra en Ucrania, como homicidios intencionados y torturas, en algunos casos obligando a los niños a presenciar la violación de sus seres queridos y deteniendo a otros junto a cadáveres.

La noticia también se produjo antes de una visita de Estado a Moscú prevista para la próxima semana por el Presidente chino, Xi Jinping, que probablemente estrechará los lazos entre Rusia y China, justo cuando las relaciones entre Moscú y Occidente han tocado fondo.

Rusia está sometida a sanciones occidentales sin precedentes desde que envió decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Pekín y Moscú sellaron una alianza "sin límites" poco antes de la invasión y los líderes estadounidenses y europeos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que Pekín envíe armas a Rusia.

China ha negado cualquier plan de este tipo y ha criticado los suministros de armas occidentales a Ucrania, que pronto se ampliarán a aviones de combate después de que Polonia y Eslovaquia aprobaran esta semana las entregas. El Kremlin dijo que los aviones serían simplemente destruidos.

Envíos de granos

El sábado expira un acuerdo internacional que permite la exportación segura de grano desde varios puertos ucranianos del Mar Negro. Rusia ha aceptado prorrogarlo 60 días, mientras que Ucrania, junto con Naciones Unidas y Turquía, que negociaron el pacto original, han pedido una prórroga de 120 días.

Rusia no ha especificado por qué insiste en un periodo más corto, aunque se ha quejado de que sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales.

La Oficina de la ONU en Ginebra dijo el viernes que se están continuando las conversaciones sobre la renovación del acuerdo, necesario para evitar la escasez mundial de alimentos, ya que Ucrania es un gran exportador. Una prórroga más corta restringiría aún más las exportaciones de Ucrania, que siguen estando muy por debajo de los niveles anteriores a la invasión.