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Desregulación: Gobierno nacional reformó el régimen de inversiones mineras reduciendo costos y trámites

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El País Diario
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La actualización normativa busca "optimizar la competitividad del sector y la eficiencia en la gestión estatal".

El Gobierno reformó el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera en busca de reducir las cargas burocráticas y agilizar los procedimientos administrativos, mediante el Decreto 482/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Al argumentar la actualización de la regulación, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que "a más de 30 años de su dictado, resulta necesario adecuar dicha reglamentación a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas, con el fin de optimizar la competitividad del sector y la eficiencia en la gestión estatal".

Asimismo, remarcó que el nuevo marco legal persigue "los objetivos de simplificación administrativa, reducción de cargas burocráticas, fortalecimiento de la seguridad jurídica y modernización de los instrumentos de control y promoción".

Entre las modificaciones implementadas, se destaca la sustitución integral del Anexo del Decreto 2686/93 por una nueva reglamentación adaptada a las realidades tecnológicas actuales. Los cambios operativos principales son:

  • Domicilio Legal Electrónico: se establece la obligación para todos los inscriptos de constituir un domicilio electrónico para validar todas las notificaciones, requisito indispensable para las presentaciones anuales.
  • Gestión vía Trámites a Distancia: la presentación de declaraciones juradas anuales e informes económico-financieros se realizará a través de la plataforma Trámites a Distancia.
  • Ventanilla Única: el régimen de importaciones se integra con el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino y el Sistema Malvina para asegurar validaciones automáticas.

En paralelo, la nueva normativa redefine el concepto de integración regional, ampliando el límite de distancia entre los yacimientos y las plantas de beneficio a 500 kilómetros, en concordancia con excepciones que ya se han otorgado.

Desde el Gobierno, remarcaron que esta medida "fomentará la competitividad, permitirá extender la cadena de producción a un territorio más amplio, mediante la integración entre yacimientos y plantas de beneficio, y promoverá el crecimiento de la actividad".

Además, se introduce un régimen específico para prestadores de servicios mineros. Estos sujetos deberán acreditar que un porcentaje mínimo de su facturación anual proviene directamente de la actividad minera para mantener los beneficios de importación del artículo 21 de la ley.

La normativa también perfecciona el procedimiento para obtener el certificado de estabilidad fiscal por 30 años. Se aclara que este beneficio tiene un carácter declarativo y que la fecha de vigencia será la de la presentación del estudio de factibilidad original.

En materia impositiva, se optimiza el procedimiento de devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado para la etapa de exploración, simplificando la documentación requerida y eliminando la obligación de notificar trabajos exploratorios previos.

Por otro lado, el decreto armoniza las exigencias de la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente, N° 25.675.

A partir de ahora, la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá satisfacer el requisito de previsión para la remediación de alteraciones ambientales, considerándolo un instrumento más eficaz y verificable que el mero asiento contable previsto anteriormente.

Al destacar los cambios, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que "estas modificaciones permiten simplificar, reducir costos y bajar la incertidumbre asociada a cada intervención estatal", remarcando que "menos trámites es menos riesgo".

Las nuevas disposiciones entran en vigencia a partir del miércoles 24 de junio pero la Secretaría de Minería dispone de un plazo de 60 días corridos para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su plena implementación.

En 10 años, el costo de las elecciones en Argentina creció más de un 8.000%

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El País Diario
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El cálculo surge al comparar el gasto que demandó la organización de los comicios de 2013 con lo previsto por el Gobierno nacional para el año 2023, importe que está incluido en el Presupuesto del año que viene. El dato se sumará al debate político sobre la posibilidad de eliminar las PASO.

El Gobierno prevé gastar poco más de 55.000 millones de pesos para organizar las elecciones de 2023, un desembolso que, al menos por el momento, incluye a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, además de las generales.

A pesar de que ese dato ya asombra, y que seguramente se sumará como un aspecto importante en el debate respecto de las PASO, hay otro detalle que genera mayor impacto: si se compara esa cifra con la de 2013, se puede ver que el costo de organización de las elecciones aumentó un 8.000%.

En las últimas semanas uno de los temas de debate político fue la posibilidad de que se eliminen los comicios en los que se eligen a los candidatos que competirán en las generales, algo en lo que avanzaron algunas provincias.

Con la reciente presentación del proyecto de Presupuesto para el 2023 se pudo conocer cuánto prevé gastar el Gobierno en la organización de los comicios nacionales.

El apartado "Ejecución de actos electorales", dentro de la partida del Ministerio del Interior, posee la friolera cifra de 55.247.453.341 pesos.

La astronómica cifra engloba el gasto que estima hacer la cartera conducida por Eduardo Wado De Pedro para ambos comicios. Impresión de boletas, escrutinio provisorio, pago a autoridades de mesa y logística son algunos de las tareas que se solventarán con ese dinero.

Para 2017, el gasto por elecciones llegó a 5.988.682.290 pesos. En 2019 trepó a 7.912.778.900 pesos.

En tanto, durante las elecciones legislativas de 2021 el costo fue 17.171.091.891 pesos.

Finalmente, en 2023, las elecciones le costarán a los argentinos la friolera de 55.247.453.341 de pesos.

Por la suba de tasas del BCRA, aumentó el costo de las tarjetas de crédito y de los préstamos

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El País Diario
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Se trata del interés que cobran los bancos por refinanciar el saldo pendiente de los plásticos, que está regulado desde 2020. Además, se incrementó el costo financiero para las empresas que pidan créditos de las líneas de inversión productivas.

La semana pasada el Banco Central hizo un primer guiño al FMI y decidió aumentar su tasa de referencia, que pasó de 38% a 40%. La medida repercutió positivamente en los rendimientos de los plazos fijos, pero también aumentó los costos del crédito.

En particular, afecta a dos tasas de créditos que estaban reguladas por el BCRA.

  • El costo de refinanciación de los saldos en tarjeta de crédito.
  • La tasa de algunas de las líneas de créditos subsidiados para mipymes.

Varios bancos consultados reconocieron que están estudiando cómo implementarán la suba de tasas que habilitó el BCRA. Algunos ya están informando los aumentos a los clientes.

Cuánto costará refinanciar la tarjeta de crédito

Desde 2020 el BCRA viene limitando la tasa que los bancos pueden cobrar a los clientes para refinanciar los saldos adeudados en tarjetas de crédito.

Esa operación, que en la jerga financiera se conoce como revolving, es usada por aproximadamente el 40% de los titulares de plásticos. Son aquellos que no llegan a pagar el total del resumen y hacen un depósito parcial, ya sea el mínimo o algo más, y refinancian el resto.

Desde hacía un año, el BCRA había establecido que la tasa para refinanciar saldos de hasta $200.000 tenía un tope de 43% nominal anual.

A partir de la comunicación que elevó la tasa de referencia, en tanto, ese costo máximo subió seis puntos hasta 49% para financiar esos mismos montos.

El aumento puede empezar a regir desde la facturación de enero, pero los bancos tendrán que comunicar a sus clientes sobre el cambio en los costos.

Cuando el saldo a refinanciar supere los $200.000, la tasa de interés compensatorio tampoco podrá superar en más del 25% a aquella que resulte del promedio del costo que el banco haya aplicado a los préstamos personales que otorgó en el mes previo.

Sube el costo de los préstamos subsidiados

En plena pandemia, el BCRA relanzó las líneas de inversión productivas, con tasas subsidiadas para las mipymes y empresas de salud, entre otros rubros.

Hasta ahora, el costo máximo que podían aplicar los bancos a esos créditos era de 35% nominal anual, ahora esa tasa máxima subió a 41% en los siguientes casos.

  • Cuando se trate de la financiación de capital de trabajo y al descuento de cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónicas mipyme.
  • Si el crédito se otorga a empresas de cualquier tamaño cuya actividad principal sea prestar servicios relativos a la salud o bien destinen los fondos a adquirir maquinarias y equipos producidos por mipymes argentinas.