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La Corte revocó la absolución de Cristóbal López y Fabián De Souza en por la causa Oil Combustibles

Con la firma de todos sus ministros, decidió aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que los había absuelto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y ha revocado la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Souza en el marco de la causa Oil Combustibles.

La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación que había absuelto a López y De Souza por defraudación a la administración pública fue arbitraria.

La acusación principal contra López y De Souza se centraba en la retención de montos que debían ser abonados a la Administración Federal de Ingresos Públicos por el impuesto al combustible líquido.

La Corte Suprema concluyó que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso. Esta decisión implica que López y De Souza nuevamente enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de la absolución reabre el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, no todos los agravios presentados por el Fiscal fueron aceptados por la Corte Suprema. Los puntos relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron rechazados por falta de una sentencia definitiva en esos aspectos específicos del caso.

El caso Oil Combustibles ha sido objeto de una considerable atención pública y mediática debido a las implicaciones de alto perfil y la magnitud del fraude fiscal alegado. Cristóbal López y Fabián De Souza, empresarios destacados, habían sido acusados de no transferir a la AFIP los impuestos cobrados a los consumidores en la venta de combustibles, utilizando esos fondos en cambio para financiar otras operaciones empresariales.

La decisión de la Corte Suprema de revocar la absolución pone de relieve las tensiones y debates en torno a la interpretación judicial y la aplicación de la ley en casos de fraude fiscal. El retorno de los cargos contra López y De Souza significa que el proceso judicial continuará, con nuevas etapas de evaluación y posible juicio.

Fiscales acusaron que Hotesur y Los Sauces fue una "pantalla" para blanquear dinero

Así afirmaron quienes acusaron a la vicepresidenta y su hijo Máximo. Por orden de Casación, se hará el juicio oral y público contra más de veinte acusados.

Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar acusan que la sociedad Hotesur y Los Sauces funcionó como una "pantalla" para llevar adelante contratos "simulados" para recibir dinero de privados a quienes la Vicepresidenta Cristina Kirchner benefició con licitaciones durante su gestión.

Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristóbal López por el otro tenía con el matrimonio Kirchner.

En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la "Ruta del dinero K" a diez años de prisión, y a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el gobierno de Cristina Kirchner.

Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado. Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba.

También la acusación de los fiscales apuntaron a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López. Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.

Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y caso Vialidad.

La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados. Algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.

Deuda con la AFIP: insólito plan de pagos de Cristóbal López y Fabián de Souza

Los empresarios patagónicos, lavaplatas de Néstor y Cristina Kirchner, dieron otro paso en los Tribunales comerciales luego de conocerse que AFIP desistía de la denuncia en su contra.

Los empresarios evasores Cristóbal López y Fabián de Sousa comunicaron que consolidaron su deuda fiscal con dos planes de pagos que suman más de 12.700 millones de pesos y que deberán devolver durante los próximos años, con una tasa de interés fijada por debajo de la inflación.

Esto ocurrió días después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos le informara a la Justicia penal que retiraba su acusación contra los empresarios.

López y De Sousa detallaron que el primero de los planes de pago, basado en la moratoria que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y que por primera vez incluyó a empresas quebradas y el impuesto a la transferencia a los combustibles, superará los $12.000 millones y será a 8 años. El segundo plan, en tanto, ascenderá a $628 millones, a pagar durante 4 años.

El informe lo presentó el abogado de la petrolera Oil Combustibles, Eduardo Fabier Dubois, quien precisó que ambos planes se consolidaron "en tiempo y forma", en base al "régimen de facilidades dispuesto a través de la ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública", según consignó diario La Nación.

Con la firma de Marcó del Pont, AFIP desiste de acusar a Cristóbal López, De Sousa y Echegaray

Administración Federal de Ingresos Públicos desistió de la querella en el juicio por supuesta evasión impositiva contra los accionistas de la firma Oil Combustibles, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y el extitular del ente recaudador, Ricardo Echegaray. "Hubo una matriz de persecución y hostigamiento", señaló.

Argumentos de AFIP

Según expresan los argumentos de la AFIP, el trabajo impulsado por la administradora federal a partir de diciembre de 2019 permitió identificar, entre otras, situaciones como la designación para actuar en procedimientos de funcionarios distintos de aquellos que resultaban competentes y la actuación en causas judiciales sin representación institucional o por parte de funcionarios no autorizados.

La actual gestión de la AFIP también afirmó detectar la creación dentro del organismo de una "herramienta sistémica para monitorear la situación de grupos económicos específicos, además de cuantiosos accesos indebidos a la base de datos del organismo".

El desistimiento de la querella advierte sobre "el papel que habrían desempeñado en estos hechos ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri".

Este jueves era el turno de la AFIP para brindar su alegato en el marco del juicio oral en el Tribunal Oral Federal 3 integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos. Pero no hará uso de esa posibilidad y se remitirá al escrito presentado por el ente recaudador.

Luego será el turno de la fiscalía a cargo de Juan Patricio Gracia Elorrio, quien quedará como único acusador en el marco del juicio que encabeza el Tribunal Oral Federal 3.

Gustavo Sylvestre quiso defender a los trabajadores de C5N y lo terminaron masacrando

En un acto papelonesco, los trabajadores del canal de televisión C5N escracharon al periodista Gustavo El Gato Sylvestre, conocido en el mundo de la comunicación como la mano operativa del evasor Fabián de Souza, accionista del polémico Grupo Indalo en sociedad con Cristóbal López.

El hecho ocurrió al aire, mientras el lisonjero conductor televisivo acompañaba la transmisión por el arribo de las vacunas chinas contra el Covid-19.

En el pase con el besabotas Pablo Duggan, El Gato Sylvestre dijo: "Muchos compañeros bancaron cobrar en cuotas, estirar, para mantener vivo este canal porque sabíamos que si algún día se apagaba, nunca más se prendía".

Las expresiones del periodista no cayeron nada bien, particularmente entre los trabajadores de C5N y la dirigencia de la comisión interna, que salió rápidamente a corregirlo: "Hay un error en el tiempo verbal: no es pasado, es presente. Los trabajadores seguimos cobrando en cuotas", tuitearon desde la cuenta oficial de la Comisión Interna de Trabajadores de C5N.

No obstante, en absoluto off the record, un reconocido conductor del medio aseguró que C5N está muy lejos de atravesar una crisis económica y financiera: "Acá la plata la están juntando con pala, principalmente a partir de los vínculos que mantienen los dueños con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. No es noticia para nadie que es un ministerio loteado. Y ellos son parte de ese arreglo".

Mientras los trabajadores atraviesan un escenario desolador, cobrando su sueldo en cuotas, la realidad de los multiprocesados Cristóbal López y Fabián de Sousa, en la mira de la Justicia Federal por haberse quedado con cientos de millones de pesos del erario público, es totalmente distinta.

Un grupo vinculado a Cristóbal López y el Clan Moyano se hacen cargo de OCA

Fundado por Cristóbal López, el grupo Clear asume la coadministración del correo privado OCA junto al sindicato de Camioneros y a los interventores judiciales que seguirán en funciones hasta que se levante la quiebra y se transfiera la compañía a los nuevos dueños.

El desembarco de Clear le permitirá a OCA licuar una deuda de 25.000 millones de pesos, principalmente con AFIP.

Es una victoria para Hugo y Pablo Moyano, ahora muy próximos al Gobierno de Alberto Fernández y de su jefa política, Cristina Kirchner.

La operación abre un nuevo capítulo en la historia de una empresa que fue el mayor correo privado del país y que estuvo envuelta en un escándalo político y judicial.

Después de haberlo entronizado como presidente, la familia Moyano echó por la fuerza a Patricio Farcuh y le impidió volver a la empresa. Considerado testaferro de Moyano, Farcuh consiguió en la Justicia recuperar la compañía, pero la pelea con los Moyano y el desorden económico y administrativo lo llevó a la quiebra. La empresa quedó en manos de interventores judiciales.

Ahora, el Juez Pablo Tejada adjudicó OCA a Clear, y supeditó la operación a que en 20 días hábiles completen el pago de 25 millones de verdes, de los cuales depositaron 5 millones de dólares.

Por lo tanto, aún falta que paguen 1 millón y medio de dólares para luego constituir una garantía bancaria o un seguro de caución por el resto.

"Teniéndose en cuenta lo manifestado por los enajenadores en el presente, no habiéndose adquirido pliegos de venta por parte de terceros interesados en participar del llamamiento público de mejora de la oferta de compra, corresponde declarar al Grupo Clear como adjudicatario del mismo", resolvió el Juez Tejada, a cargo del juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora.

La fecha para cerrar la operación sería a fines de febrero o principios de marzo, aunque los empresarios cercanos a Cristóbal López estarían reclamando extender el plazo hasta agosto.

Clear está formado por Clear Petroleum y Clear Urbana, empresas de Chubut creadas por Cristóbal López, de las que dice que se retiró en 2011, aunque siguen siendo manejadas por exdirectivos suyos. Sus hijos: Cristóbal Nazareno López y Emiliano López, también aseguran que se retiraron de ambas compañías en 2017.

El presidente de Clear es Juan Ignacio González Pedroso, muy cercano a la familia López, con la que trabajó durante muchos años y compartió los directorios de varias empresas.

González Pedroso ya desembarcó en OCA con otros directivos de Clear, como Alberto Destefanis, Facundo García Ruhstaller y Gustavo Lupiano. También sumó a Antonio Cao, exdirector de Operaciones de OCA en 2014, y directivo del correo estatal en el Gobierno de Mauricio Macri.

Los coadministradores judiciales son Pablo Yannibelli, exdirector de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo en la gestión macrista, y Rodrigo Condorí, abogado de la Federación Nacional de Camioneros y hombre de extrema confianza de los Moyano.

Cristóbal López acusado de desfalco y defraudación

El comportamiento de Oil Combustibles "constituyó un modus operandi que implicó un medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos", según el dictamen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una resolución donde resolvió que la cesación de pagos en Oil Combustibles SA, la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa, inició en 2011. La defensa del empresario sostenía que fue durante la gestión macrista.

En este contexto, los camaristas convalidaron el planteo de que hubo "hechos ruinosos o fraudulentos", por parte de la firma que se acogió "sistemáticamente a planes de pago para obtener liquidez de forma irregular", con la "complicidad de funcionarios estatales".

Oil Combustibles fue denunciada en el fuero penal, por no pagar a la AFIP más de $8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de lo Combustibles. Según la resolución, mientras no hacían frente a las obligaciones fiscales decidieron ampliar el conglomerado empresarial y para ello, se valieron de "sistemático planes de pago" que concedió el organismo recaudador. En esta línea, López, De Sousa y Ricardo Echegaray fueron procesados por defraudación al Estado.

En paralelo, en la Justicia civil y comercial se decretó la quiebra de la compañía. Se determinó que fue el 22 de junio de 2011 cuando inició el estado de cesación de pago de los planes que la AFIP concedió a Oil. Cristóbal López insiste que la fecha es muy posterior, porque el argumento central es que el Gobierno de Mauricio Macri los hizo entrar en una situación de estrés financiero que les impidió hacer frente al pago de las cuotas. La Sala D de la Cámara comercial rechazó este planteo.

Al respecto los jueces dijeron que "resulta evidente que la estrategia de financiamiento que, de modo intencional y discrecional", eligió la petrolera de López, "prolongó por años un estado de insolvencia que ni siquiera pudo ser remediado mediante su presentación en concurso preventivo". Entonces, avalaron el planteo del Síndico que dijo que la cesación de pagos inició en junio de 2011. 

Para el Síndico, el comportamiento de Oil "constituyó un modus operandi que implicó un medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos", ya que desde comienzos de 2011 "adoptó la política empresaria de sistemáticamente financiarse compulsivamente contra el Fisco, para facilitar en préstamo los recursos así habidos a otros integrantes del mismo grupo económico, para así lograr la expansión del Grupo Indalo mediante compras de empresas".

Por ello, la sindicatura sostuvo que se está "frente a un mecanismo reiterado y recalcitrante de no pagar un impuesto" que se reflejó en el acogimiento a 192 planes de facilidades de pago, "desde el 5/2011 hasta el 12/2015".

Asimismo, sostuvo que "Toda la cuestión tiene un tufillo perturbador, porque se está ante una maniobra para hacerse de fondos" que luego se volcaron a las empresas, "mientras se afectaba de modo dramático la posibilidad de cumplir con las obligaciones".

El Presidente Fernández confirmó en el canal de Cristóbal López que no habrá ajuste

Alberto Fernández aseguró que no habrá "un ajuste que pague la gente" por el acuerdo con el FMI. El mandatario concedió una extensa entrevista en la que afirmó que "Argentina saldrá adelante con sus recetas".

El sábado por la noche, Fernández brindó una entrevista a C5N y, entre otras cosas, aseguró que no habrá "un ajuste que pague la gente" por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Tengo mucha confianza en que Kristalina Georgieva, titular del ente monetario, se dé cuenta que no le podemos hacer pagar más costos a los que ya han perdido todo, a ellos solo hay que volver a ponerlos en el escenario de la sociedad", sostuvo.

En esta sentido, el mandatario aseveró que "Argentina saldrá adelante con sus recetas" y no con los planes del organismo. "Hablé mucho con el Papa Francisco y él me planteó que habla con Georgieva porque es una mujer que conoce la pobreza porque vivió en un país como Bulgaria en la época del comunismo. Creo que ella entiende de la situación de la que venimos", añadió.

Siguiendo esta línea, Fernández destacó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados, al considerar que es un catedrático que "pone la economía al servicio del desarrollo humano".

"Decían que Martín era Sacachispas, nada más inexacto. Es un hombre que dejó su prestigio como académico en el exterior para hacer una contribución patriótica. Nos dio una estrategia para resolver el tema de la deuda", afirmó.

Asimismo celebró las políticas del IFE y los ATP que lograron mantener el trabajo de los argentinos, y se manifestó confiado en que el país "se va a recuperar rápido" cuando pase la pandemia de coronavirus.

"No podemos olvidarnos que lo que le pasa a Argentina le pasa al mundo. Hay en los últimos días algunos indicios que son positivos. Nos vamos a recuperar y rápido cuando pase la pandemia", vaticinó.

Sobre este asunto, señaló que la situación en el país es "aún crítica" y reconoció que "hubiera preferido esperar un poco más" para abrir los bares en la ciudad de Buenos Aires que podrán atender en mesas al aire libre: "Cada vez que hubo una marcha, 15 días después crecieron los contagios", se quejó.

Confirmaron el procesamiento de Cristóbal López y Fabián De Sousa por lavado de dinero

Lo determinó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La causa se basa en supuestas maniobras delictivas efectuadas a través de la empresa Agosto y del Grupo Indalo.

Este viernes se confirmó el procesamiento de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice por lavado de dinero y asociación ilícita.

Lo determinó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, señalaron.

Desde hace más de un año que la Cámara tenía pendiente esta decisión del juez Julián Ercolini del 5 de junio de 2019, en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas efectuadas a través de la empresa Agosto SA y compañías del Grupo Indalo.

La hipótesis que se investiga en este caso es que millones de pesos del impuesto a los combustibles que López habría evadido, hecho que es objeto de otra investigación, que está en instancia de juicio oral, fueron lavados mediante préstamos entre las sociedades del Grupo Indalo, y luego reinvertidos en la empresa Agosto, que se dedicaba al alquiler de maquinaria.

El día que Fernández benefició a Cristóbal López con los tragamonedas del Hipódromo

En 2007, el actual Presidente Alberto Fernández prestó la firma para un convenio que otorgaba a Cristóbal López y De Achával la concesión del Hipódromo de Palermo hasta el año 2032.

Sucedió en aquel lejano 2007, antes de que Néstor Kirchner terminara su mandato presidencial. Fernández, jefe de Gabinete del presidente, apuró la firma de un proyecto de ley que beneficiaba a Cristóbal López con la concesión del Hipódromo de Palermo hasta 2032, y autorizaba la colocación de más de 2.000 tragamonedas.

En el medio de ese convenio se encontraba el destituido Jefe de Gobierno porteño, quien fue echado en 2006, Aníbal Ibarra, quien se negaba a respaldar el acuerdo que beneficiaba a Cristóbal López. "Ni loco salgo a defender eso", había dicho el exintendente de Ciudad Autónoma al jefe de la bancada de legisladores kirchneristas.

Esa ley contemplaba: una prórroga para la concesión del Hipódromo que llegaba hasta 2032, aunque ésta vencía en 2017, la incorporación de más de 2.000 tragamonedas, un acuerdo para que la Ciudad se quedara con el 50% de la recaudación de todo el juego en el distrito, y "seguridad jurídica" para el dueño de Oil Combustibles y a su socio, Federico De Achával.

Este proyecto contradecía al convenio que Aníbal Ibarra mandó a la Legislatura en 2003, el cual incluía: "No permitir la instalación de más tragamonedas y seguir discutiendo con Lotería Nacional para ver a quién le correspondía la explotación del Hipódromo de Palermo".

El texto que firmó el multimillonario Néstor Kirchner el 5 de diciembre de 2007, cinco días antes de terminar su mandato, y que otorgaba a Cristóbal López y a Federico De Achaval la potestad para hacer más negocios en el Hipódromo, llevaba también la firma del por entonces Jefe de Ministros, ahora presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la Gobernadora de Santa Cruz y hermana del finado expresidente, Alicia Kirchner.

El enojo de Kirchner con Ibarra, por negarse a firmar el convenio, se mantuvo hasta la inoportuna muerte de El Furia Néstor.

En 2008 en medio del conflicto del Gobierno con el campo, Kirchner pidió excluir de la conversación sobre este tema a Aníbal Ibarra, que era parte del círculo de aliados del santacruceño en la Ciudad.

"El límite es Ibarra", les había dicho Néstor a los miembros de Diálogo por Buenos Aires, entre los que se incluían el depresivo Miguel Bonasso y el iluminado Carlos Heller.

"Basta, muchachos, dejémonos de joder. Kirchner no se enojó conmigo por el tema del campo. ¿Ustedes quieren saber la verdad de por qué Kirchner se enojó conmigo?", dijo Aníbal Ibarra en una reunión. Hizo una breve pausa y siguió: "Kirchner se enojó conmigo porque le dije que no cuando me planteó el tema del juego".

La moratoria a Cristóbal López

Hace una semana, ya en pleno julio del 2020, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados una ley que desde la oposición denuncian "es un traje a medida" para el dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López. El proyecto en cuestión permite adherir a la moratoria impositiva a las empresas que se encuentran quebradas.

Al mismo tiempo, permite regularizar deudas relacionadas con el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Juego, dos artículos que no estaban en la moratoria aprobada en diciembre.

La pregunta que queda por responder es: ¿Se trata de un nuevo beneficio del exjefe de Ministros de Néstor para el que fuera un gran amigo de Néstor Kirchner y posible lavaplata?

Nadie lo sabe. La historia responderá, como siempre, tarde y a medias, como sucede siempre en este país.

Abogado exitoso: apareció una factura de Cristóbal López a nombre de Alberto Fernández

La factura fue hallada en una pila de contrataciones del empresario kirchnerista, Cristóbal López. Una de las versiones explica que el presidente habría sido asesor legal de una de las compañías del empresario kirchnerista. Sin embargo, Fernández aseguró que fue "librada por error".

En la pila de contrataciones del empresario kirchnerista Cristóbal López, los coadministradores puestos por el Juez del concurso, Javier Cosentino, encontraron facturas del exjefe de gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, y del exjefe del Banco Central, Martí­n Redrado.

Fernández dijo que "fue librada por error, anulada y consecuentemente jamás cobrada". La factura cayó en la empresa Oil Combustibles por equivocación.

Fernández admitió que "asesoraba a las actuales autoridades" del Grupo Indalo de López. Los coadministradores judiciales en Oil, Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, que encontraron la factura, coinciden con Fernández en que no se pagó la factura de 435.600 pesos.

Según ellos, estaba "pendiente de pago" y discrepan con Fernández sobre qué facturó. Dicen que fue por "servicios de asesoramiento en materia penal prestados a los señores Cristóbal López y De Sousa", los dueños de Oil Combustibles y del Grupo Indalo.

Para el Presidente Fernández sus tareas como abogado "en nada se vinculan con la defensa judicial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, como falsamente consignan los coadministradores".

Cabe señalar que Fernández, aparte de haber sido funcionario, es dirigente polí­tico y lobbysta. Es amigo del Juez Julián Ercolini, con quien coincidió en una cátedra.

A su vez, Ercolini es el juez que impide que Rosner y Delatorre se adueñen del Grupo Indalo, al que mantiene embargado. Como asesor de Rosner, Fernández visitó dos veces a Ercolini en su juzgado.