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Cuarentena: Gobierno asignará 20.000 millones de pesos para reactivar la economía informal

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que se trabaja en un plan de salida del aislamiento por regiones y con ayuda del Estado.

El Gobierno comenzó a diseñar un "camino de salida de la cuarentena" con un fondo especial de 20.000 millones de pesos. El dinero será destinado a programas de capacitación, créditos y compra de maquinarias para aquellas personas de la economía informal.

"Estamos atendiendo fuertemente a los sectores desprotegidos en cuanto a la cobertura de alimentos. Pero también ya pensamos un plan para armar una salida ordenada con trabajo de esta cuarentena", explicó este miércoles el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

De esta manera, el Gobierno buscará atender a unas 4,5 millones de personas que se encuentran en la economía informal. Se los asistirá en adelante con créditos para comprar maquinaria, capacitación en diferentes oficios y elaboración de proyectos de la economía popular.

Esta etapa de atención del Ministerio de Desarrollo Social apunta a ir saliendo de la cuarentena de manera escalonada y reforzando la economía informal. La terminarán de acordar este jueves en una reunión de Arroyo con sus pares de todas las provincias.

Gobierno cuarentena
El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

"La idea es ir estableciendo un camino de salida paulatino y ordenado que les permita a los que hacen changas y a la gente que está en el trabajo informal contar con herramientas y fondos para tener trabajo después de esta parálisis de la economía que hubo por el asilamiento social obligatorio destinado a frenar el coronavirus", afirmó Arroyo.

Además, confirmó que los 20.000 millones de pesos que se inyectarán en lo inmediato en estos proyectos de capacitación, generación de empleo y créditos se irán coordinando en aquellos distritos donde empiecen a flexibilizar la cuarentena. Es decir, todo dependerá de la situación particular de cada provincia o municipio.

Los sectores de la economía informal como los textiles, cartoneros, la construcción en pequeña escala y el sector de reciclado de basura serían los primeros en salir de la cuarentena. Es a estos sectores de la economía informal a los que pretende financiar el Gobierno.

Parte de esta estrategia de salida ordenada de la cuarentena en el trabajo informal que implementará el Ministerio de Desarrollo Social lo habló Arroyo con los intendentes del conurbano bonaerense de la tercera y primera sección electoral.

La medida se irá trabajando con el resto de los intendentes y gobernadores del país.

Alfredo Leuco: "Más que un Arroyo de corrupción"

Un arroyo, en las sierras de mi querida provincia de Córdoba, es un cauce pequeño de agua cristalina.

Arroyo, por estas horas, es el apellido del responsable de un caudaloso y nauseabundo río de corrupción en la compra con sobre precios de oro de alimentos que ya arrastró a 15 funcionarios.

Y digo que Daniel Arroyo es responsable no solamente porque es el Ministro. Después la justicia se encargará de establecer si también es culpable del robo de más de 300 millones de pesos en una sola mega compra.

Arroyo fue el que designó a Gonzalo Calvo en un cargo donde se necesita la mayor honradez y eficiencia. Y Calvo hace apenas un año, fue despedido por Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, por sospechas de haber cobrado una coima.

La justicia no lo pudo probar pero una cámara oculta lo mostró quejándose porque no le habían cumplido con el trato delictivo.

En mi programa de TN, Patricia Bullrich reveló que varias de las empresas que fueron invitadas a vender sus productos alimenticios, tienen su sede en Almirante Brown. Qué casualidad tan casual.

Arroyo ya conocía a Calvo. Trabajaron juntos en el ministerio cuando lo encabezaba Alicia Kirchner.

Lo mismo pasa con otra funcionaria que está bajo la lupa llamada Cecilia María Lavot. Es la encargada de compras de suministros y dirigente de la agrupación Kolina encabezada por la tía Alicia, actual gobernadora de Santa Cruz, la tierra prometida.

Alicia Kirchner se quiso lavar las manos sin alcohol en gel y en un comunicado aclaró que “Calvo trabajó solo unos meses conmigo. El venía de la gestión anterior de Nélida Doga”.

De paso digamos que entre los 15 a los que le sacaron tarjeta roja está Carlos Montaña, amigo de Sergio Berni y uno de los vice presidentes de Independiente y ligado a Hugo Moyano, el dirigente inmenso y ejemplar.

Arroyo fue el que balbuceó frente a las cámaras explicaciones infantiles: “Les pedimos descuento, pero los proveedores se plantaron”.

El propio presidente Alberto Fernández defendió al ministro diciendo que le preocupaba la “cartelización de los empresarios” que ni siquiera en situaciones de grave emergencia eran capaces de aflojar con su codicia.

El presidente debería denunciar ante la justicia todo este chanchullo repugnante. El abogado del estado, Carlos Zannini debería denunciar a Daniel Arroyo y todos los funcionarios implicados y, por supuesto, también a los empresarios cartelizados.

Los más notables nombres que aparecen aquí son Víctor Lusardi y Osvaldo Assisa.

Dos intermediarios y proveedores históricos del estado que hicieron negocios con todos los gobiernos. Pero hay que investigar si hubo cartelización y la utilización de varias empresas fantasmas que pertenecen a la misma persona y que tenían el mismo domicilio.

Yo escuché a Víctor Fera y su denuncia me sonó como un alarido. Es un empresario de muchos años del supermercadismo mayorista que simpatiza con el peronismo y con este gobierno.

Sin embargo no tuvo pelos en la lengua para decir: “Aquí no hubo error, aquí se pagaron las coimas de siempre, de toda la vida en la Argentina”.

El gobierno no hizo ninguna denuncia. Pero Sergio Rodríguez, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya tomó el caso por la acusación que hizo la abogada Silvina Martínez.

Los delitos son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y fraude a la administración”.

Suponemos que hoy mismo el fiscal va a citar a Daniel Arroyo y a por lo menos dos empresarios: Víctor Lusardi, el que vendió los productos con sobreprecios y a Víctor Fera, el que denunció este mecanismo perverso.

Arroyo no frenó esta operación ni siquiera ante dos claras advertencias de la Sigen. La Sindicatura General de la Nación les advirtió por escrito que estaban pagando mucho más.

Primero observaron la compra de aceite y después la de azúcar. Pero Gonzalo Calvo, insistió. Gambeteó las alertas de la Sigen y avanzó lo mismo con esas compras con el argumento de la emergencia alimentaria por la pandemia.

Arroyo no podía mantenerse al margen de una compra de esta magnitud. No se adquieren todos los días productos por 737 millones de pesos.

El presidente Fernández hace poco caracterizó a empresarios como miserables. Ayer Diego Cabot en estos micrófonos dijo que “no hay nada más miserable” que un funcionario que le roba el dinero para la comida a los pobres.

Mucho más todavía en esta situación tan grave. Y mucho más aún, escudándose en los decretos de excepción que se le dieron al gobierno para hacer más rápido las cosas. Pero eso no es un cheque en blanco para que puedan robar o estafar.

Un párrafo aparte para Diego Cabot y en el para todos los colegas independientes que investigan a fondo pese a los ataques y persecuciones a los que son sometidos. Diego es el periodista que hizo la denuncia más grave de la historia argentina.

Su riguroso trabajo destapó la olla podrida y millonaria de los cuadernos de Centeno. Las coimas de la obra pública que enriquecieron a la familia Kirchner y a su secretario Daniel Muñoz, entre otros.

En esta ocasión también fue el que iluminó este negociado oscuro y despreciable. En las redes lo insultaron de arriba abajo. Los fanáticos del cristinismo que odian al periodismo, tal como les enseñó su jefa, lo acusaban de gorila, golpista, oligarca.

Pero lo cierto es que gracias a su trabajo, este gobierno se va a ahorrar 300 millones de pesos. Alberto debería agradecer el trabajo de Cabot y de los periodistas independientes.

Porque fueron las cámaras de TN y los móviles de radio Mitre los que denunciaron las colas criminales a las que sometieron a los jubilados frente a los bancos aquel viernes negro.

Eso le permitió al presidente frenar de golpe, dar un volantazo y programar de otra manera los pagos.

Si Fernández hubiera estado mirando los canales K o escuchando las radios militantes, no se hubiera enterado nunca y esa situación peligrosa hubiera terminado con una tragedia y tal vez con varios adultos mayores muertos.

En ningún caso se pronunció ninguno de los dirigentes peronistas. Ninguno advirtió en voz alta lo que estaba ocurriendo y ninguno criticó o repudio lo que había pasado.

Los integrantes de la mesa contra el hambre, también se quedaron mudos y brillaron por su ausencia en el escenario público. Nadie dijo nada. Solo el periodismo independiente y los políticos opositores.

Ni en el caso de las colas rumbo al matadero, ni en esta estafa en la compra de alimentos. El que sí saltó como leche hervida fue Juan Grabois. Es un, chavista K y francisquista en la corte de Alberto.

Frente al escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios por parte de Daniel Arroyo, disparó con munición gruesa: “Hay que fusilar al que hizo esto.”

Aunque aclaró que lo decía metafóricamente. Pero arremetió, agresivo y explosivo: “Algún h de p… compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Es una estafa a los pobres. Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Confío en que Alberto va a ponerle los puntos al responsable”.

Se refería a que los fideos, el aceite y el resto de los productos eran marca Cuchuflito o Pindonga, como diría Cristina. Y los precios más bajos eran los de primer nivel.

Después, Grabois dijo que no le alcanzaba con los retos y que quería que rodaran cabezas para que los responsables no quedaran impunes.

Y finalmente felicitó a Alberto por haber echado a Calvo con el siguiente tweet: “el que las hace las paga. Sea corrupto o irresponsable. Hay que combatirlos porque atacan el bienestar general”.

Grabois también suele fustigar a los periodistas que no se callan. Esta vez él se enteró de lo que repudia con tanta vehemencia por el trabajo de un periodista. Y de un diario que él atribuye a la ideología de la oligarquía ganadera y los grupos concentrados.

La lección que este cuarto gobierno kirchnerista debe sacar, es que no se puede ahogar ni en un vaso de agua ni en un arroyo.

Que si de verdad Alberto Fernández quiere que se termine el país de los vivos, recuerde ese dicho popular de que el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo.

Quien quiera oír que oiga. Y que de una vez por todas se acabe el país de los ladrones y los golpistas. Esos sí, que son los peores virus.

Ahogarse en un arroyo.

Escándalo por sobreprecios: echaron a 14 funcionarios que compraron arroz y aceite más caro

El Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo echó este martes a Gonzalo Calvo, el Secretario de Articulación de Política Social que había quedado en el ojo de la tormenta después de que trascendiera la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN.

Otros 14 funcionarios del área habrían presentado su renuncia a sus puestos. Además, podrían seguir las renuncias. 

El pedido de renuncia a Calvo es el primer resultado que arrojó el sumario interno que se inició el lunes en Desarrollo Social. En el ministerio no descartaron que otros funcionarios sean apartados. "Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios", expresaron fuentes oficiales.

El funcionario detrás del escándalo de los sobreprecios ya había sido echado de un municipio por una denuncia de coimas
Gonzalo Calvo, el genio del ministerio que conduce Daniel Arroyo que habría craneado la compra con sobreprecios.

Calvo había asumido en diciembre y en el pasado se había desempeñado como secretario de Seguridad de Almirante Brown, cargo al que renunció en medio de una denuncia por coimas. Respondía políticamente al Intendente Mariano Cascallares.

El flamante exfuncionario era el encargado de mediar en los conflictos con las organizaciones sociales. De hecho la compra era para comedores, que son administrados por los movimientos en cuestión.

Allegados a Calvo precisaron que fue él mismo quien ofreció su renuncia al Ministro Arroyo, otro chanta, para descomprimir la situación. "Se puso a disposición de cualquier investigación. La compra fue en el marco de la emergencia", señalaron.

Catorce de sus colaboradores presentaron su renuncia indeclinable, según dijeron fuentes de la secretaría de Articulación de Política Social. Sin embargo, cerca del ministro no lo confirmaban. A última hora de este martes, Arroyo se reunía con el Presidente en Olivos. 

​Los 14 funcionarios que habrían presentado su renuncia indeclinable -según confiaron cerca de Calvo, son el subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.

Arroyo dispuso además revocar las compras de aceite y azúcar, que, según indicaron en el ministerio, eran las que estaban por encima de los precios testigo de la Sigen. "Se va a hacer una nueva convocatoria", destacaron. 

Referentes de los movimientos, con cargos en el ministerio de Arroyo, mantienen una guerra subterránea con los intendentes del Conurbano.

"Quiero ver rodar una cabeza. No puede ser que esto pase impunemente", había reclamado en declaraciones a FM Millenium el referente de la CTEP Juan Grabois, un zángano VIP que sigue haciendo como que lucha por los pobres. 

El escándalo comenzó este lunes cuando se comprobó que en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de 534 millones de pesos. La compra incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.

En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante, como insistieron en el Gobierno, de los "precios testigo" que fija la Sindicatura General de la Nación. En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.

Tras conversar con el Arroyo, el presidente respaldó a su ministro, pero advirtió que ordenaría que el Estado no pueda comprar insumos por encima de los precios fijados por la SIGEN.

"Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo", sostuvo el mandatario en diálogo con TN.

El Gobierno dará bonos a comedores escolares, jubilados y planes sociales

En el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, el Ministerio de Desarrollo humano anunció beneficios económicos a la población vulnerada.

Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, anunció tres medidas a causa de las consecuencias que COVID-19 produce. Los beneficiarios son los receptores de planes sociales, los comedores escolares y los jubilados.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al titular de Anses, Alejandro Vanoli, Arroyo informó que el Gobierno otorgará un "refuerzo adicional de $3.000 este mes", por única vez, a quienes reciben planes sociales de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. El programa tiene el objetivo de preservar ingresos de los sectores más vulnerables y cuenta con 556.000 beneficiarios.

El funcionario también indicó que se implementará un "refuerzo adicional alimentario a comedores escolares, comunitarios y merenderos" con el fin de implementar "el sistema de asistencia alimentaria al modelo de viandas para evitar el traslado y movimiento de personas".

Por su parte, Vanoli anunció el pago de un bono de $3.000 para los jubilados con ingresos mínimos y concedió un monto extra de $3.100 a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y AUE.

El funcionario precisó que también se dispondrán dos meses adicionales de gracia para el pago de todos los créditos otorgados por la Anses, sin importar la jubilación que cobran cada uno de esos beneficiarios.