En Chimbas la política no se toma vacaciones. La pulseada entre el Concejo Deliberante y la Intendenta Daniela Rodríguez sigue vigorosa y parece que la interna del PJ se posó sobre el departamento.

La novedad es que la Intendenta Daniela Rodríguez decidió anular el Presupuesto 2026 con un "veto total", algo que había sancionado durante los últimos días del 2025 el Concejo Deliberante.

Los ediles tienen los votos para insistir con la promulgación mientras el conflicto se profundiza y promete ocupar cartelera en el escenario político vernáculo.

Este miércoles el calor extremo llegó a Chimbas. A pocas horas del vencimiento del plazo legal que tiene la intendenta para vetar el Presupuesto 2026, finalmente la decisión llegó y fue vetado.

Daniela Rodríguez dejó sin efecto el proyecto de ley que envió al Concejo Deliberante, donde gran parte de los integrantes parecen responder a Fabián Gramajo, su exmarido y exintendente del departamento.

No obstante, y a la espera de lo que viene, se supo que loa concejales del peronismo tienen los votos suficientes para insistir en la promulgación del Presupuesto 2026.

La intendenta ya había recibido un contundente revés en diciembre del 2025, cuando el Concejo Deliberante de Chimbas rechazó por unanimidad el cobro de una tasa municipal.

Ahora la disputa política cobró un vigor inusitado, porque hay 6 concejales del oficialismo, del bloque Chimbas Te Quiero, más los de la oposición, integrada por Con Vos, Cambia San Juan y La Libertad Avanza, dispuestos a insistir con el presupuesto vetado.

Parece mentira, pero los mismos concejales peronistas ya advirtieron que el Presupuesto 2026 está garantizado, pese al veto taxativo de la Intendenta Rodríguez, también del PJ.

Comunicado Oficial de la Municipalidad de Chimbas

Queridos vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de trabajo y público en general:

Es mi deber como Intendenta del Departamento de Chimbas, comunicarles a ustedes que he tomado la decisión de vetar la Ordenanza Nº2913-CD-2025 "Presupuesto de gastos y recursos 2026", sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, ya que afecta la asignación de recursos que el Ejecutivo tenía previstos para el ejercicio 2026, conforme el proyecto enviado, y produce un grave avasallamiento de las competencias de poderes.

La facultad del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es autorizante y de control, no ejecutiva ni gestora. El Concejo puede, según las competencias dadas por la Carta Orgánica Municipal: aprobar el presupuesto, rechazarlo, formular observaciones, pero no puede: diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas, crear gastos, alterar prioridades ni determinar destinos del gasto, porque ello implica gobernar, no legislar.

Por lo expuesto y de acuerdo a las modificaciones introducidas a la ordenanza sancionada por el Concejo, se advierte inmediatamente que esta no se corresponde con el proyecto original remitido desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

En dicha ordenanza, el Concejo destina cuatro mil millones de pesos para su funcionamiento, un monto altísimo para cualquier órgano legislativo municipal, y que produce un quiebre del orden institucional que afecta la gobernabilidad porque el Concejo, al redefinir las partidas,  decidir qué gastos se realizan y cuáles se suprimen, cuántos agentes se pagan, qué contratos se honran, que políticas sociales se ejecutan y qué servicios continúan, pasa de controlar a gobernar, sustituyendo al Poder Ejecutivo en su función esencial.

Una muestra clara del exceso de poder y del abuso de competencias, se da en la decisión unilateral del Concejo de aumentar mi remuneración como intendenta, con el único objetivo de incrementar sus propios haberes. Cabe destacar para conocimiento de todos que, según la Carta Orgánica Municipal, el sueldo de los concejales se fija en función del de la intendenta.

A esto se suma, la asignación de partidas que corresponden originariamente al Poder Ejecutivo, trasladándolas al Poder Legislativo, como por ejemplo: la creación de partidas para la asignación directa de viáticos, subsidios y contrataciones, entre otras. También la generación unilateral de una estructura administrativa paralela a la del Ejecutivo, sin sustento legal, como lo son las direcciones de Eventos, de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones e Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, entre algunos de los 11 nuevos cargos que intenta crear el Concejo Deliberante en planta política.

Desde el Ejecutivo siempre se buscó la instancia de diálogo, de manera formal e informal, sin obtener resultados. Por esto, queridos chimberos, el veto responde a un mecanismo de defensa del orden constitucional, no es una opinión política, es un deber jurídico, para garantizar el principio republicano de división de poderes y el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad.