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Francos: "El kirchnerismo chocho mientras pueda romper la política del Gobierno"

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El jefe de Gabinete cargó contra los diputados que rechazaron cinco decretos delegados firmados por el Ejecutivo. "Es ridículo", sentenció.

Tras la sesión del pasado miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a los legisladores que rechazaron los decretos delegados emitidos por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados, y acusó al peronismo de querer "romper las políticas" del Poder Ejecutivo.

"El temor al kirchnerismo todavía no se ha ido definitivamente de los mercados. Muchos actores entienden que pasó esa etapa, pero todavía hay resistencia en la política argentina", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, remarcó: "El kirchnerismo chocho mientras pueda romper la política del Gobierno".

"Es medio ridícula la situación porque, en primer lugar, si te delegan y después te rechazan, cuando vos utilizás la delegación, es como una cosa ilógica. Ahora, en este caso, si se llegara a aprobar esto en el Senado, el Ejecutivo no puede vetar porque son delegaciones del Congreso, que el Congreso las retira después", planteó.

Sus dichos llegaron días después de que la Cámara de Diputados derogara los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Asimismo, el titular de ministros anticipó que la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, enemistada con el Presidente, Javier Milei, no cuenta con las posibilidades de impedir la sesión que tratará el tema en la Cámara de Senadores.

"No sé si tendrá la presidenta del Senado la posibilidad de hacerlo, de interrumpir o si le impondrán el número. No lo hizo la vez anterior", deslizó.

"No sé si esta vez podrá hacerlo, dependerá de las circunstancias que tenga el Senado en ese momento", sumó.

Por su parte, advirtió que pese a que ambas cámaras rechacen los decretos delegados, "va a tener algún impacto, pero no demasiado" al argumentar que los decretos ya fueron firmados e instrumentados bajo autorización del Congreso.

"Hemos actuado eficientemente y los hemos puesto en vigencia, por lo cual hemos sacado personal y parte de la administración de empresas autárquicas, y concentrado en los ministerios la decisión del gasto", aseveró.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Ignacio Ortelli, Francos remarcó: "Después de la crisis del 2001, el peronismo, siempre, hasta diciembre del 23 funcionó con delegación de facultades del Congreso de la Nación. Todos los años".

"Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados son los que le autorizaron a los gobiernos anteriores kirchneristas funcionar todo el tiempo con delegación de facultades del Congreso", criticó el funcionario.

Por último, cuestionó a los bloques aliados que votaron diferenciado a La Libertad Avanza y celebró el acuerdo electoral con el PRO al tiempo que reafirmó que se trasladará al ámbito legislativo.

"Ha sido irresponsable que muchos diputados que apoyaron la ley Bases ahora jueguen en contra con estos temas", aseguró.

"En cambio, con el PRO hemos trabajado siempre en la misma posición. Hay diferencias personales, pero lo importante es que hemos conseguido frenar algo que parecía imposible: los gastos del Estado, que es la inflación, la inseguridad y la intermediación de la pobreza", concluyó.

El Presidente Milei acelerará la firma de decretos clave

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Las medidas incluirán más recortes, cierres de organismos y reformas estructurales, consideradas fundamentales por el Gobierno antes del recambio legislativo.

El Presidente, Javier Milei, regresará este sábado al país tras finalizar su gira internacional más extensa, y se dispondrá a agilizar la firma de una serie de decretos que vencerán el próximo 8 de julio.

Estas medidas, que incluirán recortes, cierres de organismos y reformas estructurales, serán consideradas fundamentales por el Gobierno antes del recambio legislativo.

En la Casa Rosada, las expectativas políticas se centrarán en el calendario, ya que restarán menos de cuatro semanas para que expiren las facultades delegadas que otorga la Ley Bases.

El Poder Ejecutivo requerirá la rúbrica presidencial para concretar una batería de decretos antes de la fecha límite.

Fuentes oficiales confirmaron que, al menos, trece decretos ya se encontrarán redactados y listos para su promulgación.

Estas normativas abordarán la reducción del gasto público, el cierre de diversos organismos estatales y una profunda centralización de las funciones gubernamentales.

La urgencia en su implementación responderá a la inminente finalización de las atribuciones extraordinarias que el presidente obtuvo con la sanción de la Ley Bases en 2024, las cuales le permitirán sortear el proceso legislativo en ciertas áreas.

Entre las medidas más destacadas, publica Infobae, se encontrará la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Esta reforma podría implicar despidos de personal, la venta de inmuebles y una transformación integral de su gobernanza.

Asimismo, otros organismos bajo revisión serán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la Administración Nacional de Aviación Civil.

También se encontrará en la mira el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación aún no será reglamentada, pese a que su anuncio se realizó meses atrás.

Las carteras ministeriales con el mayor volumen de reformas pendientes serán Salud, Capital Humano y Economía.

Sin embargo, funcionarios del Gobierno reconocerán que cada decreto atravesará un extenso proceso de revisión legal, lo que complejizará su implementación dentro de los acotados plazos establecidos.

Adicionalmente, desde el área de comunicación libertaria se señalará la posibilidad de que los anuncios se posterguen debido al feriado y a una eventual detención de Cristina Kirchner, lo que podría alterar la agenda mediática.

Las reformas planificadas también apuntarán a la reducción del personal estatal. En el último año, la planta de empleados públicos descendió de 322.000 a 292.000.

Paralelamente, se mantendrá congelado el salario de los altos funcionarios desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas continuarán reclamando actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.

La incógnita principal residirá en el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, una vez que venzan las facultades delegadas.

Si bien podría mantener funciones consultivas, su capacidad real para impulsar cambios se verá considerablemente reducida.

Senado: en su última semana con mayoría, el oficialismo buscará aprobar 116 decretos

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Van desde ampliaciones presupuestarias hasta la suba del mínimo no imponible de Ganancias, la prórroga de la prohibición de despidos y los aumentos jubilatorios

El Senado sesionará este jueves para tratar una extensa agenda de temas, entre ellos, 116 decretos del Presidente Alberto Fernández que el bloque del Frente de Todos quiere convalidar antes de perder la mayoría que ostenta actualmente.

El debate se llevará adelante antes del 10 de diciembre, día que asumirán los nuevos senadores electos el pasado 14 de noviembre.

Antes de entrar en el debate, se llevará a cabo la sesión preparatoria en la que los 24 senadores electos en las generales van a jurar por sus bancas.

Los decretos son sobre temas muy diversos: entre ellos hay varias ampliaciones presupuestarias que dispuso el Gobierno; la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; la prórroga de la prohibición de despidos; la derogación sobre una medida de la gestión anterior respecto de Migraciones; aumentos jubilatorios y medidas de aislamiento por la pandemia.

Por ley del Poder Ejecutivo tienen que ser aprobados por alguna de las dos cámaras del Congreso para tener plena validez y, desde el inicio del gobierno de Fernández, ese trámite siempre se dio en el Senado por la holgada mayoría del oficialismo que le permitió a Cristina Kirchner manejar los tiempos y las formas.

Congreso: Juntos por el Cambio se negó a tratar 116 DNU y se retiró de la comisión bicameral

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"No convalidamos y no estamos de acuerdo con esta convocatoria por sus desprolijidades", denunció Pablo Tonelli. "Impugnamos la convocatoria del tratamiento de los 116 DNU", agregó.

Legisladores de Juntos por el Cambio ratificaron este jueves la decisión de "no convalidar" el tratamiento de 116 Decretos de Necesidades y Urgencia en la Bicameral Permanente de Trámite y se retirarán de la reunión encabezada por el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri.

En medio de cruces con el oficialismo, la oposición manifestó su negativa a convalidar los Decretos de Necesidad y Urgencia al considerar que "no respetan" la Constitución, porque "se estaría dictaminando en plazos larguísimamente vencidos, y sin dedicarle un debate serio, meditado, medulado", según manifestó el Diputado nacional del PRO Pablo Tonelli.

"No convalidamos y no estamos de acuerdo con esta convocatoria por sus desprolijidades", afirmó el también consejero de la Magistratura, y agregó: "Impugnamos la convocatoria del tratamiento de los 116 DNU".

Previamente, Tonelli había indicado que "el Gobierno va a lograr la validez de los decretos, pero de una manera irregular", tras insistir que "todos los plazos están vencidos y esta metodología no se ajusta ni a la Constitución ni a la reglamentación". "Rechazamos esta convocatoria y los decretos que pretenden tratar en Comisión", remarcó.

Minutos después, el Diputado de la UCR Gustavo Menna planteó: "Además de la cuestión formal, lo que es un tema de fondo es si vamos a sostener un sistema de división de poderes en donde la competencia de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o la vamos a trasladar al Poder Ejecutivo".

Tras las palabras del legislador por Chubut, los miembros de Juntos por el Cambio se retiraron de la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Por su parte, en conferencia de prensa, el senador nacional de la UCR Luis Naidenoff manifestó: "Rechazamos la pretensión del oficialismo de aprobar con un trámite express dos años de gobierno por Decreto de Necesidad y Urgencia , apurados por el resultado electoral". "Es un grave atropello institucional que demuestra el desprecio por el Congreso, la Constitución y por las reglas de la democracia", lanzó el formoseño.

Sobre esta línea, el Presidente del bloque UCR en la Cámara Baja, Mario Negri, lanzó: "Lo que busca hacer hoy el oficialismo es sacarle la última gota de jugo a la mayoría automática que tenían en el Senado desde hace 38 años". Y, según su consideración, el Gobierno "metió todos los decretos en una misma bolsa" y quieren aprobarlos "en unos minutos".

Además, el Presidente del bloque PRO de Diputados, Cristián Ritondo, recordó la victoria de la oposición en las pasadas elecciones y expresó que "es una pésima respuesta del Gobierno al mensaje de las urnas". "Con salidas autoritarias profundizarán la actual crisis económica y social repudiada por 2 de cada 3 argentinos hace menos de una semana”, aseguró el ex Ministro de Seguridad bonaerense.

Jair Bolsonaro liberó la compra de armas para civiles

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El Presidente de Brasil fue cuestionado por su decisión en medio de la pandemia de coronavirus. "No le temo a un pueblo armado", expresó.

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que no le teme a un pueblo armado al anunciar tres decretos para facilitar la adquisición de armas por parte de civiles y un proyecto de ley que enviará al Congreso, con el objetivo de proteger legalmente a policías y militares involucrados en homicidios.

"La semana que viene voy a firmar tres decretos sobre armas. Las armas son un derecho de ustedes. Las armas evitan que un gobernante de turno se transforme en dictador. No le tengo miedo al pueblo armado. Me siento a gusto cuando la gente de bien está armada", dijo al respecto Bolsonaro.

En un discurso en Cascavel, Paraná, el jefe de estado defendió su nueva agenda presentada en la apertura del año legislativo que incluye la privatización de la empresa Eletrobras, la mayor estatal eléctrica de América Latina, autorizar la minería en tierras indígenas y proteger a los policías acusados de gatillo fácil o violencia institucional.

"El policía que está en operaciones debe tener una garantía. El policía no puede ser sorprendido por una convocatoria a declarar a la justicia o quedar preso porque estaba trabajando", expresó el Presidente.

Además, la máxima autoridad de Brasil habló en su ciclo de redes sociales de su decisión de acercarse al Congreso y al Supremo Tribunal Federal y dijo que en su Gobierno la Operación Lava Jato "no tiene razón de ser porque no hay corrupción".

Joe Biden firmó 2 decretos que otorgan ayuda financiera a millones de estadounidenses

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El presidente de Estados Unidos rubricó dos órdenes ejecutivas que establecen un salario mínimo para empleados federales, aumentan la ayuda alimentaria y amplían las características del seguro de desempleo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes dos decretos de emergencia para ofrecer asistencia financiera a millones de estadounidenses, mientras el Congreso inicia los debates sobre el paquete de 1,9 billones de dólares para ayudar a los afectados por la pandemia de coronavirus.

Las dos órdenes ejecutivas Biden aumentan la ayuda alimentaria, protegen a los desempleados y allanan el camino para que los trabajadores del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares por hora.

"No podemos y no dejaremos que la gente pase hambre. No podemos dejar que la gente sea desalojada por algo que no tuvo que ver con ellos. No podemos ver como la gente pierde sus trabajos. Tenemos que actuar ahora", expresó el mandatario desde la Casa Blanca antes de firmar los documentos.

Además, Biden aseguró que el Gobierno tiene una "obligación moral" de proveer alivio, pero la decisión también es un "imperativo económico". "Estamos en medio de una emergencia nacional, tenemos que actuar acorde", dijo el mandatario.

Funcionarios del nuevo Gobierno ya habían defendido la necesidad de implementar las medidas, y de hacerlo rápido: "El pueblo estadounidense no puede darse el lujo de esperar", dijo el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Brian Deese.

Deese señaló que los decretos no sustituyen al estímulo adicional que, según Biden, es necesario más allá de los 4 billones de dólares de ayuda ya aprobados, incluidos 900.000 millones en diciembre.

Varios legisladores republicanos han declarado su oposición a ciertas disposiciones del plan del demócrata de realizar pagos directos a individuos, brindar ayuda a los gobiernos estatales y locales y el establecimiento del salario mínimo nacional en 15 dólares por hora.

En Estados Unidos se han perdido casi 10 millones de empleos desde febrero de 2020 y alrededor 30 millones de familias no tienen asegurado el acceso a los alimentos.

Una de las órdenes de Biden exige al Departamento de Agricultura que estudie un ajuste de las normas de ayuda alimentaria para que el Gobierno esté obligado a dar más dinero a las personas que pasan hambre.

Los niños que no pueden almorzar en los comedores escolares por la enseñanza a distancia recibirían un aumento del 15% en la ayuda alimentaria, según un documento informativo de la Casa Blanca. Las familias de ingresos más bajos podrían recibir prestaciones de emergencia bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

La orden también busca ayudar a que la gente pueda reclamar pagos directos de paquetes de asistencia y otros beneficios anteriores. Además, crearía una garantía para que los trabajadores puedan seguir cobrando la prestación por desempleo si se niegan a aceptar un trabajo que ponga en peligro su salud, o renuncian a uno con las mismas características.

La segunda orden ejecutiva de Biden devolvería a los sindicatos los derechos de negociación anulados por el Gobierno anterior, protegería el sistema de empleo civil y promovería un sueldo mínimo de 15 dólares por hora para todos los empleados públicos federales.

El presidente quiere iniciar un proceso de 100 días para que los contratistas paguen el mínimo de 15 dólares por hora y den a sus trabajadores licencia paga de emergencia, lo cual sería una presión sobre el sector privado para elevar sueldos y beneficios.

En tanto, la Casa Blanca se niega a hablar de plazos para aprobar su paquete de rescate y afirma que sus funcionarios apenas comienzan a concertar reuniones con legisladores para discutir la propuesta.