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La Oficina Anticorrupción concluyó que Milei no cometió ningún delito al promocionar la criptomoneda Libra

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El País Diario
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El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, determinó que el presidente no violó la Ley de Ética Pública. Argumentó que la publicación fue realizada desde su cuenta personal de X y sin recibir beneficios.

Después de 3 meses de investigación, la Oficina Anticorrupción determinó que el Presidente, Javier Milei, no violó la Ley de Ética Pública al promocionar en redes sociales la criptomoneda Libra, envuelta en un escándalo por presunta estafa.

El argumento indicó que Milei compartió el contrato de la cripto desde su cuenta personal de X y no en ejercicio formal de su rol como funcionario público.

Por ello, de acuerdo al organismo que depende del Ministerio de Justicia, no habría incurrido en ningún ilícito.

La resolución oficial a la que accedió Clarín indica que la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, "no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública".

Además, la Oficina Anticorrupción concluyó que no se encontraron pruebas de que el Presidente haya recibido beneficios personales por la difusión del proyecto cripto.

También se eximió de responsabilidad a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, al no detectarse participación suya en gestiones vinculadas a Libra.

La investigación se limitó al análisis del cumplimiento de la Ley 25.188 de Ética Pública.

Fue iniciada el 20 de febrero a pedido de la Casa Rosada, días después de que Milei publicara en su cuenta de X un posteo sobre la criptomoneda, cuyo precio se disparó y luego colapsó, generando denuncias por estafa de numerosos inversores.

El expediente fue enviado a la Fiscalía Federal N°3, a cargo del Fiscal Eduardo Taiano, quien continúa con la investigación penal sobre el posible fraude económico.

En su informe, la Oficina Anticorrupción señaló que no halló vínculos patrimoniales entre Milei, su hermana Karina o el Vocero presidencial, Manuel Adorni, con los impulsores del proyecto cripto.

En particular, no se detectaron relaciones con el empresario estadounidense Hayden Davis, ni con los argentinos Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy.

Finalmente, también se descartó que existiera algún registro oficial del Viva la libertad project, nombre con el que se promocionaba la idea de fondear pymes argentinas mediante la compra de Libra.

Detuvieron en Villicum a cuatro cazadores furtivos: llevaban guanacos muertos y armas

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El País Diario
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Un operativo de la Secretaría de Ambiente permitió la detención de cuatro furibundos cazadores que transportaban guanacos muertos y armas sin documentación. Fue en Ruta 40, en la zona del Villicum.

El procedimiento estuvo a cargo del área de Fiscalización de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente, y se realizó tras una investigación previa y un control de ruta, en el que se detectó a los funestos infractores movilizándose en una camioneta Nissan Frontier.

Al ser interceptados, se constató que llevaban un arma Máuser calibre 7,65 sin documentación, dos cuchillos y un reflector, elementos utilizados en la caza ilegal de los malhechores iracundos.

Una vez constatado el traslado de ocho guanacos muertos, los agentes de la Secretaría dieron intervención a la Unidad Operativa de Campo Afuera.

Los nefastos infractores son oriundos del departamento Chimbas. Quedaron detenidos y se enfrentarán a sanciones conforme a la normativa ambiental vigente, ya que la caza está prohibida.

Los despreciables sujetos están ahora a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir en este abominable caso.

Desde la Secretaría de Ambiente se destacó la importancia de los operativos de fiscalización para frenar la caza furtiva y proteger la biodiversidad local.

Fiesta VIP en Olivos: el fiscal rechazó el pedido del presidente sobre la inexistencia de delito

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El País Diario
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Fernando Domínguez considera que el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia presidencial junto a un grupo de amigos en medio de la cuarentena es un acto punible. La decisión final ahora pasa a manos del Juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

El Fiscal federal Fernando Domínguez rechazó este martes el pedido que había realizado el Presidente Alberto Fernández sobre inexistencia de delito por la denominada Fiesta VIP en Olivos.

Tras esto la decisión pasa a manos del Juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, que se hizo cargo de la investigación luego de una disputa de competencia con su colega Sandra Arroyo Salgado.

Luego de que estallara el escándalo, en agosto pasado el mandatario argumentó que lo ocurrido el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial no constituía un delito, y por este motivo solicitó que se declarara extinta la acción penal y se decretara su sobreseimiento.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que "como consecuencia de lo expuesto se haga lugar a la excepción de falta de acción por manifiesta atipicidad y, como consecuencia de ello, se proceda al dictado del sobreseimiento del suscripto".

En el dictamen en el que rechazó el planteo del presidente, el representante del Ministerio Público señaló que "la doctrina nacional resulta conteste a la hora de afirmar que la excepción por falta de acción fundada en la ausencia de delito sólo es viable cuando surge en forma manifiesta la falta de adecuación típica del hecho incriminado. Los hechos investigados de modo alguno pueden tildarse de palmaria y/o de evidentemente atípicos".

A su vez, en otro tramo de su resolución Domínguez destacó que las reuniones sociales estaban prohibidas en aquel momento por la pandemia de coronavirus, incluso más allá de las objetivos de los participantes.

En esta línea, el fiscal federal afirmó que "no niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece ex ante el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado".

No podía ser de otra manera: en la escuela Néstor Kirchner la directora falsificaba documentos

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Ernesto Simón
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La casa de una de las detenidas, quienes trabajan en la escuela Néstor Kirchner.

El hecho trascendió este sábado en San Juan, donde una directora y una preceptora de la escuela Néstor Kirchner, situada en Albardón, fueron detenidas por falsificar documentos.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron las detenciones de Patricia Fabiana Salvatierra y Natalia Arroyo. El caso se investiga en la UFI Delitos Especiales, el fiscal a cargo es Iván Grassi y los Ayudantes Fiscales son Ignacio Domínguez y Adrián Elizondo.

La escuela donde todo sucedió lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner, quien murió en 2010 siendo dueño de una cantidad de bienes que hasta el día de hoy se investigan, lo cual hace pensar que la maniobra detectada en el establecimiento educativo de Albardón está en consonancia con la inmaculada memoria del exmandatario.

Según informaron, luego de "haber recepcionado la denuncia el día 23 de abril de 2021 ante esta Unidad Fiscal de Delitos Especiales, se pudo determinar la existencia de una serie de maniobras delictivas e irregularidades en la Escuela Néstor Carlos Kirchner, ubicada en Campo Afuera, Albardón, San Juan, en momentos en que la señora Patricia Fabiana Salvatierra, directora de la institución, junto a la complicidad de la preceptora, Natalia Arroyo, adulteraban y falsificaban actas, legajos, registros, planillas, títulos y diversas documentaciones".

En el informe se detalla que en virtud de cómo se procedía en la escuela, "se permitía el ingreso irregular e ilegítimo a dicho establecimiento de alumnos como así también se habilitaba la graduación y posterior adjudicación de títulos por el Ministerio de Educación de la provincia a alumnos que no cumplían con los requisitos básicos de asistencia o aprobación de materias requerido".

El grave hecho ocurrido en una escuela de San Juan se podría calificar bajo la figura típica de falsificación ideológica y adulteración de instrumentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplados en los artículos 292, 293, 298 y 248 del Código Penal, conjugados por la regla del concurso real según el artículo 55 del Código Penal.

Tras este triste episodio que ofrece un parámetro de la delicada situación que atraviesa la Educación argentina y en manos de quiénes están los chicos y chicas de este país, la Justicia vernácula solicitó órdenes de allanamiento y detención para las dos mujeres.

Las órdenes fueron libradas por el juez de Garantías de turno, procediéndose este sábado a la detención de las educadores provinciales, quienes tienen a su cargo dar el ejemplo a las generaciones venideras.