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Cierre de Fate: la Justicia ordenó el desalojo, pero no se ejecutará por razones de seguridad

La histórica fabricante confirmó el cierre de su planta en Virreyes y el despido de 920 trabajadores. Aunque hubo orden judicial, el operativo no se llevará a cabo por el momento para resguardar a los implicados.

La histórica fabricante de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, lo que desató un conflicto gremial de alto impacto.

En ese marco, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen dentro del establecimiento, aunque finalmente la medida no se llevará a cabo por el momento por cuestiones de seguridad y para resguardar a los implicados.

La decisión empresaria se conoció de manera abrupta: los empleados se enteraron al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades.

Desde entonces, trabajadores y al menos un delegado permanecen en el interior del predio, mientras continúan las gestiones en un clima de fuerte tensión.

Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto.

La resolución judicial había dispuesto la “inmediata restitución del inmueble a favor de sus titulares”, aclarando que ello no implica restricción alguna al derecho a manifestarse fuera del predio.

El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la medida en la necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras constatar un ingreso con violencia en horas de la mañana, con daños en el alambrado perimetral y accesos, además de la ocupación de distintos sectores del establecimiento.

La empresa había comunicado días antes la decisión de cesar por completo sus operaciones en la planta y notificó a los empleados junto con el compromiso de pago de las indemnizaciones legales. Ante la conflictividad, reforzó la seguridad privada para prevenir daños.IP

Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense permanecen en las inmediaciones, aunque sin avanzar en el desalojo, en un escenario de alta sensibilidad social y laboral que mantiene en vilo a casi un millar de familias.

Villa Mascardi: comenzó el operativo para desalojar a grupos mapuches

Unos 250 efectivos federales se desplegaron en la zona donde se encuentra la agrupación Lafken Winkul Mapu, cuyos integrantes salieron a arrojar piedras contra los periodistas que trabajan en el lugar. 

Este martes por la madrugada comenzó el operativo del Comando Unificado de fuerzas de seguridad en Villa Mascardi para desalojar a grupos mapuches luego de los últimos ataques y la masiva protesta de los vecinos el fin de semana. En el lugar se despliegan unos 250 efectivos federales.

Según los primeros datos, a las 6 de la mañana se cortó la ruta 40 para evitar que el tránsito entorpezca el operativo y resguardar al resto de los civiles. Cerca de las 7 comenzaron a escucharse gritos por parte de los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que insultaban a los uniformados y hasta lanzaron piedras contra la prensa.

Al grito de "fuera milicos" y "Justicia por Rafa Nahuel", hicieron sonar los instrumentos que utilizan en la comunidad. Testigos del lugar también escucharon algunos disparos en el interior del bosque.

En el lugar se encuentra la Jueza federal, Silvina Domínguez y si bien no hay información oficial, trascendió que habría una orden de allanamiento, desalojo y detención de quienes están involucrados e identificados como partícipes en distintos ataques.

Desde el Gobierno nacional, el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, habló antes de que las fuerzas actúen: "Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar, vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta".

La logística del operativo fue definida este lunes en el marco de dos reuniones que se realizaron en el Escuadrón 34° de Gendarmería Nacional y en el epicentro de la base operacional, en el Ejército Argentino.

Gobierno prorrogó la prohibición de desalojos de comunidades de pueblos originarios

Lo hizo a través de un DNU. Pese a que el Congreso estaba a punto de sancionar una ley con el mismo fin, el presidente no esperó los tiempos legislativos para evitar que se venciera el plazo actual que protege a esas poblaciones.

Mediante un DNU, el Presidente Alberto Fernández prorrogó hasta 2025 la prohibición de desalojos de tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios.

La medida del mandatario, avalada por todos los miembros del Gabinete con su rúbrica, se dio pocas horas después de que la Cámara de Diputados diera dictamen favorable a la extensión de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes.

"Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos", justificó el jefe de Estado, ya que la suspensión de los desalojos caducaba el próximo martes.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021, Alberto Fernández estiró hasta el 23 de noviembre de 2025 la protección a las comunidades originarias, misma flecha que se buscaba establecer con la prórroga que trata el Congreso.

La Ley Nº 26.160, sancionada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por cuatro años y suspendió por ese mismo tiempo la ejecución de sentencias, de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras, esos plazos se fueron prorrogando sucesivamente.

El Gobierno recordó que hay un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha finalizado el proceso de relevamiento de 746 y ha iniciado esa tarea en otras 246.

Al defender la prórroga, el Poder Ejecutivo afirmó que "las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad".

"En virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", insistió el presidente. Las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que tengan una posesión de tierras "actual, tradicional, pública y se encuentren fehacientemente acreditada".

Asimismo, Alberto Fernández dispuso 290 millones de pesos por año, hasta 2023, para el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.

Alquileres: ponen en marcha un protocolo para asistir a familias en situación de desalojo

El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo que el mecanismo buscará "caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales". El 31 vence el decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres.

El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.

El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".

"Esa mirada de un Estado presente hace que busquemos alternativas para evitar el daño que produce un desalojo", indicó Scatolini.

A través de la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Al respecto, el secretario señaló que se va a trabajar en "un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales".

"El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear", destacó el funcionario.

El protocolo

Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación.

Esto se hizo con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Asimismo, el Ministerio instruyó a la secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional para abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia", señalo Scatolini.

Explicó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad".

Y agregó que "también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".

El secretario remarcó que el plan del Gobierno es "en tres años generar 264.000 soluciones habitacionales", pero puntualizó que "no es lo único en lo que se trabaja".

"Venimos de cuatro años de un Gobierno insensible que no sólo no generó nuevas viviendas, no construyó, ni financió, sino que cuando lo hizo fue a través del sistema de créditos en UVA que sabemos los perjuicios que generó", concluyó el funcionario.

Fernandez sobre Guernica y el caso Etchevehere: "Se respetó el juego de las instituciones"

El presidente remarcó que tanto el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, lo mantuvieron "permanentemente" informado sobre ambos hechos.

El Presidente Alberto Fernández destacó este viernes el "trabajo enorme y silencioso" que realizaron el Gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, con los ocupantes del predio de Guernica.

"Hicieron primero todo un censo", dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10, en la que sostuvo que, no obstante, hubo "intencionalidad política en algunos" de los ocupantes.

Fernández sostuvo además que "nadie promueve la toma de tierras" y dijo que se trata de "un conflicto social, no penal, y hay que resolverlo así".

"Por eso valoro tanto el trabajo del Ministro bonaerense Andrés Cuervo Larroque. No se trata de ir con topadoras ni enorgullecerse de tirar abajo casillas. Hay mucha gente que está necesitando" tierras, dijo esta mañana el mandatario.

Previamente, el Presidente sostuvo que tanto el desalojo del predio de Guernica como la resolución en el caso Etchevehere "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone".

En un hilo de Twitter publicado esta mañana, el mandatario remarcó que tanto el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, lo mantuvieron ayer informado sobre ambos hechos y aclaró que este tipo de conflictos son "resueltos por los gobiernos provinciales".

"Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia", dijo el mandatario al inicio de su publicación, en la que destacó el "enorme trabajo de reubicación de familias" realizadas por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Fernández indicó asimismo que el gobernador Kicillof "tuvo la prudencia de mantenerme informado", sobre el operativo de desalojo concretado ayer a la mañana.

En tanto, acerca del caso Etchevehere, Fernández sostuvo: "Los sucesos de Entre Ríos, originados en una disputa familiar, fueron también resultado del accionar policial dispuesto por la justicia local tras el fracaso de la conciliación entre las partes".

En este marco, señaló que el gobernador Bordet también lo mantuvo "permanentemente informado".

"El involucramiento que me atribuye la nota adjunta en tales sucesos no es tal", subrayó el jefe de Estado, acompañando una nota de hoy del portal Infobae, con el título: "Alberto Fernández se involucró en silencio para lograr los desalojos".

Al respecto, aseguró que "obviamente como Presidente de la Nación, estoy atento a todo lo que ocurre" en el país, pero remarcó que, como se trata de "un Estado federal, este tipo de conflicto son resueltos por los gobiernos provinciales".

"Dicho esto, enfatizó, ambos gobiernos debieron enfrentar situaciones críticas en donde se mezclaron necesidades humanas, disputas familiares y también intencionalidades políticas" y consideró a su "juicio" que los conflictos "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone".

Por ende, Fernández planteó que "la necesidad de cierta prensa de insinuar fisuras o contradicciones políticas en un momento en que la Argentina exige el máximo del esfuerzo mancomunado, en nada ayuda a la acción de gobierno".

De esa forma, el jefe de Estado se refirió a la resolución de las tomas ayer en Guernica, provincia de Buenos Aires, y a una disputa familiar de la familia Etchevehere, en Entre Ríos, que incluyó a Luis Miguel Etchevehere, el expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri, y su hermana Dolores.

Con enfrentamientos e incidentes, desalojaron la toma en Guernica

Con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, 4.000 policías ingresaron a los terrenos. Se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas.

"Ya está todo desalojado", dijo Super Berni este jueves por la mañana en declaraciones a la prensa, luego que unos 4000 efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que comenzó a ser desocupado en cumplimiento de una orden del Juez de Cañuelas, Martín Rizzo.

Efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que comenzó a ser desocupado en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.

En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos, realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.

Según el relevamiento, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio, y a cambio recibieron materiales de construcción, y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en "espacios transitorios" de Presidente Perón.

Esta mañana, dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.

Por su parte, los efectivos derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.

En tanto, bajo la consigna: "No al desalojo, tierra para vivir", militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco y en la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tenía para mañana nueva fecha límite de concreción.