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Propiedad privada: desalojo exprés y plazos, entre los cambios de la nueva ley

El Senado debatirá una versión acotada del proyecto, que tiene como punto central la agilización de desalojos.

El Senado debatirá una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tendrá como eje central una reforma que contempla los desalojos "exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados, para que se

La iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego, limita las expropiaciones y reforma la ley para regularizar

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo afrontará podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Ley de manejo de fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.

El proyecto modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.

El Gobierno analiza volver a frenar los desalojos y congelar los alquileres

Lo dijo el Presidente Alberto Fernández. "Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional", indicó.

El Presidente Alberto Fernández estudia volver a congelar el precio de los alquileres y frenar nuevamente los desalojos, ante las nuevas restricciones que regirán hasta fin de mes para intentar frenar la segunda ola de contagios de coronavirus.

El mandatario planteó este jueves que le preocupa de manera particular la situación de los inquilinos y la posibilidad que pierdan su vivienda ante falta de pagos motivadas por la "situación excepcional" de la pandemia, "que está de vuelta".

Por eso adelantó que en su retorno a la actividad, tras permanecer aislado 14 días por dar positivo de Covid-19, se reunirá con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para definir los pasos a seguir en ese sentido.

"Una de las primeras cosas que tengo que hacer en mi regreso a casa de Gobierno es llamar a Jorge Ferraresi para hablar de ese tema, que me preocupa. El momento de excepción no ha desaparecido. Pasó una primera hora y ahora viene una segunda ola, mucho más complicada", dijo.

Y agregó que "quiero que todos entiendan que aparecen variantes del virus todo el tiempo, acá y en todo el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional".

Aprueban un protocolo de alerta para desalojos de inquilinos

Es para asistir a las familias que no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia.

Con el fin de marzo, terminó también el congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojar a inquilinos, una medida que se extendió por un año. Ante la situación y la preocupación de los que alquilan, el Gobierno estableció el camino por el cual buscará asistir a las familias en riesgo por haber incumplido con los contratos de locación durante la pandemia de coronavirus.

A través de la resolución 5 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, publicada este martes en el Boletín Oficial, se aprobó el "Protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales", que dispone las pautas para conocer la situación de los inquilinos en riesgo, a la vez que fija qué grupos serán prioritarios en la asistencia estatal.

Con el protocolo, el Ejecutivo apunta a sistematizar datos sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre la existencia de sentencias judiciales contra los inquilinos. Apunta a "caracterizar los hogares que se encuentren atravesando y lograr la identificación de la persona, familia o grupo conviviente". Además, propone "convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales".

El protocolo se implementará en aquellos casos en los que locatarios de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales, es decir aquellos que estén declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que hayan sido alcanzado por el decreto y sus modificatorias que congeló aumentos y prohibió los desalojos.

Inquilinos Agrupados presentó amparo solicitando la suspensión de los desalojos

Desde la agrupación señalaron que la medida es hasta tanto se cree un plan real para contener y proteger la vivienda frente a la llegada de la segunda ola de coronavirus.

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finalizó el 31 de marzo pasado, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

En este contexto, asociaciones de inquilinos reclaman al Gobierno nacional que extienda el decreto que congela los precios de alquileres y prohíbe los desalojos.

"Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda ya que el protocolo difundido por el ministro de desarrollo territorial y hábitat aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida", señalaron desde Inquilinos Agrupados.

Por su parte, Leilani Farha, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, explicó que "la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte".

Desde la agrupación de Inquilinos manifestaron que "la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país".