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MiPymes podrán acceder al dólar oficial para cancelar deudas comerciales

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El País Diario
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En lo que queda de febrero y hasta el 9 de marzo próximo, el Banco Central les permitirá a las firmas interesadas hacerse de hasta 50.000 dólares para saldar deudas comerciales. 

Cerca de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas con deuda comercial declarada por hasta US$500.000 podrán acceder desde esta semana al mercado único y libre de cambios para cancelar sus acreencias con proveedores del exterior.

En lo que queda de febrero y hasta el 9 de marzo próximo, el Banco Central les permitirá a las firmas interesadas hacerse de hasta US$50.000 para saldar deudas comerciales.

Luego, a partir del 10 de marzo, podrán acceder por un adicional de US$100.000 y, desde el 10 de abril, por el monto restante de su deuda registrada.

La decisión fue tomada días atrás por el BCRA como consecuencia de "la acumulación de reservas internacionales durante las últimas semanas, y la alta aceptación de los Bopreal Serie 1", según explicó la autoridad monetaria en un comunicado.

También fue posible gracias a la finalización del armado del Padrón de Deuda Comercial que elaboraron en forma conjunta la Secretaría de Comercio y la AFIP.

Ese registro, "permitió determinar que con US$1.200 millones podemos darle solución al 80% de las pymes importadoras", sostuvo el Ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en la red social X.

"El Padrón de Deuda Comercial se diseñó con el objetivo de sincerar y conocer el estado de situación de la deuda comercial que dejó el gobierno anterior, cuya gestión restringió el acceso a dólares para el pago de obligaciones contraídas en el exterior", destacó el BCRA sobre el tema.

El Padrón contabilizó un total de deudas netas por US$42.600 millones, luego de descontar cerca de US$8.500 millones que fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios.

El análisis de la información reveló una alta atomización de la deuda. En ese marco, la Secretaría de Comercio y el BCRA decidieron proveer una alternativa para resolver completamente esta situación.

Según datos oficiales, dentro de las 10.000 firmas que podrán acceder al MULC, más de 5.100 son micro empresas, cerca de 3.900 pequeñas y cerca de 1.000 medianas, lo que representa "casi un 80% del universo total de mipymes y más del 70% del total de empresas registradas en el Padrón", precisó el BCRA.

El stock de deuda comercial por importaciones fue uno de los primeros asuntos que encaró el equipo económico del Gobierno que preside Javier Milei.

Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre

En efecto, el BCRA diseñó un instrumento para importadores de bienes y servicios denominado Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre, con el objetivo de despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, cuyo monto neto asciende a US$42.600 millones según el Padrón oficial.

Con los bonos, la autoridad monetaria pretende estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.

La Serie 1 fue muy exitosa y, a lo largo de enero, logró colocar los US$5.000 millones de valores nominales estipulados. En tanto, la Serie 2 arrancó a ofrecerse la semana pasada en una licitación exclusiva para MiPymes con deuda comercial registrada en el Padrón.

El Banco Central recibió 349 ofertas y las adjudicó en su totalidad por un valor nominal de US$271 millones. De esta manera, se colocó el 54% de los US$500 millones que estaban disponibles en esta subasta, por debajo de las expectativas previas.

La Serie 2 se continuará ofreciendo en licitaciones semanales hasta cubrir el monto máximo de valor nominal US$2.000 millones.

A partir de esta semana, "las licitaciones estarán abiertas a todos aquellos importadores que tengan saldos pendientes de cancelación de su deuda registrada en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior", precisó el BCRA en un comunicado.

Gobierno de ladrones: AFIP estafó a monotributistas con una deuda retroactiva inventada

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Ernesto Simón
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Tras la reglamentación de AFIP, los pequeños contribuyentes que quedaron encuadrados en la misma categoría se encontraron con deudas equivalentes al 140% de lo que pagaron en mayo.

El caso es inédito y podría tratarse de una estafa legal, impulsada desde el Estado para sacarle plata a los que trabajan con sumo sacrificio y en pandemia. Desde el 1 de julio AFIP habilitará un plan de facilidades por 20 cuotas mensuales.

No sorprende una medida así, ya que fue tomada en un Gobierno integrado por una Banda de Ladrones públicos, herederos de la escuela de Cristina Kirchner que saqueó al país durante 8 años.

La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitará a los monotributistas, que por su recategorización pasaron a tener una deuda por el aumento de las cuotas, a que paguen el saldo hasta en 20 cuotas.

Sucede que la ley que ajustó los montos de las escalas y las cuotas en un 35,3% fue reglamentada a fines de mayo, a pesar de que fue promulgada el 21 de abril, y la recategorización de oficio instrumentada por AFIP generó deudas considerables sobre los que quedaron en la misma categoría, dado que el incremento es retroactivo a la cuota de febrero.

La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, es pieza fundamental en el armado de la ladrona Cristina Kirchner, y no sorprende que la medida implementada por este organismo meta la mano al bolsillo de trabajadores independientes, les robe plata, para luego ser usada para pagar planes y fomentar la vagancia en Argentina.

Con la medida avalada por los traidores del Congreso, que dieron la espalada al pueblo una vez más, se aplicó un aumento de las cuotas de febrero, marzo, abril y mayo, por lo que en total deben pagar el 140% de la cuota que abonaron en mayo.

Es decir, los monotributistas en esta situación deben pagar casi una cuota y media más aunque estén al día con AFIP. En tanto, los que bajaron de categoría, según el caso, pueden tener una deuda bastante menor o incluso un saldo a favor, algo que seguramente se dará en contadas excepciones, porque el Estado argentino siempre le saca al trabajador, nunca lo beneficia.

Esto representa un golpe ilegal al bolsillo de los independientes que pretenden trabajar dignamente con sus emprendimientos, y debido a la demora en la reglamentación, AFIP dispuso que los saldos en contra podrán abonarse hasta en 20 cuotas a través de un plan de facilidades. Una estafa que debería ser cuestionada por algún fiscal decente, lo cual es difícil encontrar.

El monto mínimo de cada cuota debe ser de 500 pesos y el plan de facilidades estará disponible desde el 1 de julio en el sitio del monotributo de AFIP.

Según la reglamentación, por este mes la cuota vencerá el 25, a diferencia de la fecha tradicional que es el 20 de cada mes. También hasta el 25 los contribuyentes pueden cambiar la categoría que AFIP les asignó de oficio.

Los argentinos y argentinas inscriptos como monotributistas deberán pagar ahora una deuda que no contrajeron, sino que fue inventada por AFIP y avalada por ese enorme aguantadero que es el Congreso argentino.

Así nos va.

Capital extendió hasta marzo el pago de deudas con 0% de interés

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El País Diario
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Se trata de un beneficio acordado por la Municipalidad de Capital en el marco del Acuerdo San Juan. La condición para la quita de intereses es pagar de contado.

Los contribuyentes de Capital tienen un plazo más amplio para ponerse al día con sus obligaciones sin pagar intereses.

Se trata de un beneficio para que quienes tienen deuda por Inmueble o Comercio puedan cancelarla si pagan de contado antes del 31 de marzo.

Esta herramienta se gestó en el marco de propuestas del Acuerdo San Juan, por el cual la Municipalidad de Capital hace un esfuerzo condonando deudas; a cambio de fomentar la cultura del cumplimiento.

Los interesados pueden acceder a toda la información y gestionar incluso el pago desde la web https://municipiosanjuan.gob.ar donde se visualizará un botón azul que indica “Ponete al día sin intereses”. De lo contrario el contribuyente puede acercarse por la Dirección de Rentas de la Municipalidad en horario de 8 a 14 horas, solicitando previamente un Turno Online.

El Senado aprobó la ley que refinancia las deudas de las provincias con Anses

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El País Diario
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Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo.

La Cámara de Senadores convirtió este viernes en ley por unanimidad, en el marco de una sesión especial, el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social.

El expediente obtuvo el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición durante la segunda sesión de la semana, debido a que en la víspera la Cámara alta también se abocó al análisis de otras iniciativas de ley.

El proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Anses.

Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones, las que no firmaron el acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis, podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.

El expediente establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán con una tasa del 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, el proyecto fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.

Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020.

También establece que la reanudación del cobro de las mismas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito del momento en que quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las fue otorgado y con las modificaciones acordadas que favorecen al deudor.

La iniciativa también crea el Fondo Fiduciario Público Programa de Inversiones Estratégicas que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.

Durante la sesión de esta tarde, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el pampeano Daniel Lovera, afirmó que "este proyecto pretende alterar la fuente de financiamiento, haciendo que los mismos sean soportados con los recursos del SIPA y con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía".

"De ese modo podemos cubrir a los beneficiarios de la reparación y preservar los recursos direccionándolos a su principal objetivo", explicó Lovera y agregó que "se trata de un paso necesario para lograr un sistema previsional fuerte y solidario".

En tanto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, aseguró que la iniciativa busca "jerarquizar el Fondo de Garantías de Sostenibilidad como una estrategia muy significativa que es bueno para Anses y los jubilados".

"El horizonte que tenemos por delante es construir una Argentina inmensamente productiva que deje de lado todo el sistema especulativo que debe ser canalizado por otro lado", afirmó el legislador mediterráneo.

Por su parte, el senador bonaerense Esteban Bullrich, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aseveró que el FGS "sigue la tendencia de la Argentina: cuando a la Argentina le va bien, al fondo le va bien y viceversa. Pero esta ley no basta".

"Debemos pensar que estamos frente a un sistema que es deficitario y esa condición debe ser atendida, porque sino el fondo nunca va a alcanzar", agregó el senador de Juntos por el Cambio.

Por último, Bullrich defendió la fórmula del cálculo de las jubilaciones aprobadas durante el gobierno de Mauricio Macri y que la administración de Alberto Fernández decidió suspender.

"El Gobierno está defaulteando a los jubilados por no seguir la fórmula que se sancionó en algún momento. El oficialismo puede decir que piensa en los jubilados futuros, pero no en los presentes", añadió el senador bonaerense.

A su turno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, defendió la política previsional del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, al argumentar que "parecería ser que, según el oficialismo, el derrumbe del FGS nace con una decisión política de la reparación histórica".

"La decisión del destinar el dinero del blanqueo a la reparación no fue una mala decisión política", afirmó Naidenoff.

Si bien elogió la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de incorporar al sistema previsional a millones de jubilados que no registraron aportes, Naidenoff advirtió que "no puede ser lo mismo quien aporta que quien no aporta: tal vez hubiera sido mejor que quienes ingresaron al sistema tuvieran un beneficio inferior a la mínima de quien aportó durante 30 años".

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó que cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el FGS tenía un valor de 65 mil millones de dólares y que cuando Macri dejó el poder "había caído a 35 mil millones de dólares".

"Por el camino se les cayeron treinta mil millones de dólares. El equivalente a las reservas argentinas. Eso fue producto de muchas arbitrariedades", concluyó Mayans.

Aprueban una ley para refinanciar deudas de las provincias con Anses

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El País Diario
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La Cámara de Diputados aprobó la ley que permite refinanciar deudas de las provincias y también le quita obligaciones al Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Cambiemos respaldó la iniciativa del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para refinanciar las deudas que las provincias tienen con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que contempla además medidas para evitar su descapitalización.

La ley fue aprobada con 245 votos a favor, tres en contra: el Frente de Izquierda, José Luis Patiño, del Pro. Se abstuvo y una abstención: Héctor Stefani, también del Pro.

La principal es que ya no deberán pagar la reparación histórica de los jubilados, como se denominó aquella cancelación de los juicios de los 900 mil abuelos alcanzados por los fallos de la Corte que exigieron actualizar los haberes previsionales en los primeros años del kirchnerismo. 

Proponía pagarles con el dinero que ingresaba con el blanqueo de esa misma ley y cuando se terminen con el FGS. La ley contempla que deben cubrirse con fondos de Anses o del Tesoro pero. "Vamos volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción", dijo el Diputado Carlos Heller. Por pedido del lavagnista Jorge Sarghini, la ley garantiza que se respetarán los pagos acordados.

"El blanqueo doble reparación histórica. Se le devolvió el 15% a las provincias, como había exigido la Corte Suprema. Costó casi 2 puntos de PBI por año, probablemente haya sido una ingenuidad política. Pero para nosotros los jubilados son todos iguales: no valen más los que entraron a la moratoria sin haber aportado", aclaró Luciano Laspina del PRO.

Para garantizar la solvencia del FGS el proyecto propone hacer las inversiones productivas previstas, que están por debajo del mínimo exigible; facilidades para cancelar deudas por créditos personales a los jubilados y la recuperación de los derechos políticos de los directores de empresas en representación del organismo previsonal.

Las deudas con las provincias son la principal urgencia de los gobernadores, quienes tendrán un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional. Tendrán una tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados), otro reclamo de Cambiemos durante el debate en comisión. Sólo Córdoba, San Luis y Santa Fe no tiene un pasivo para refinanciar.

El radical Luis Pastori calculó el pasivo en 25.000 millones de pesos y como la garantía es la coparticipación federal, muchas habían empezado a perder ingresos hasta que se envió este proyecto y se suspendió 45 días la ejecución. "Es una urgencia tener esta ley aprobada", dijo el misionero. Un dato: en el Senado, Cambiemos impugnó las sesiones remotas y por lo tanto la judicializará.

Nueve de cada diez familias argentinas terminaron junio con deudas sin pagar

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El País Diario
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Los datos provienen de un informe realizado por el Centro de Economía Regional y Experimental.

El stock de endeudamiento de las familias argentinas creció 5% en junio empujado por las deudas "no bancarias", que aumentaron 16%, de modo que casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes, según un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental.

La deuda total de las familias alcanzó los $1.905.119 millones y afectó a 12 millones de hogares, que equivalen al 86% de los hogares del país, unos 163.000 hogares menos que en mayo, aunque creció en $ 83.415 millones la deuda para quienes no pudieron cancelar sus pasivos.

Según el informe, si bien las deudas bancarias se redujeron 1,6% en junio hasta los $1.168.217 millones a raíz de la caída en los créditos prendarios, -5,8%, y de tarjetas de crédito, -2%, la deuda no bancaria aumentó un 16,1% respecto de mayo y alcanzó los $ 736.902 millones, principalmente por el retraso en el pago de impuestos 24% y servicios 15%.

"Lo más frecuente en junio continuaron siendo los atrasos en impuestos, que acumuló deudas por $ 185.040 millones, 24% más que en mayo. Las familias continuaron dejando de pagar impuestos como el inmobiliario, patentes, y otros nacionales y municipales", señaló el documento de la consultora que dirige la economista Victoria Giarrizo.

Por otra parte, el informe señala que si bien creció poco, 1,4%, la deuda con "familiares y amigos", sí aumentó muy fuertemente, 12,6%, las deudas con "prestamistas", algo que preocupa por su alto costo y riesgo.

"En promedio cada familia adeudaba en junio $159.738, un 6% más que en mayo", señaló el informe.

Otro de los datos que se resaltan de junio es el aumento del temor de los hogares a perder ingresos o el empleo que, para el 45% de las personas, es "muy alto" y que, cuando finalice la cuarentena, si se recuperan los ingresos el 62% de los hogares los destinará a cancelar pasivos.

"En la medida que se liberen más actividades es de esperar que las familias vayan regularizando sus deudas no bancarias. Pero ese proceso será muy lento e irá combinado con aumentos en el stock de deuda de quienes perdieron ingresos o empleo y no recuperan todavía", analizó el CERX.

En este sentido, señalaron que la carga de la deuda en las familias será "uno de los grandes limitantes para recuperar el consumo, aun cuando los ingresos comiencen a ganar terreno", ya que "primero se cancelarán deudas y después habrá consumo".

La información recabada por el CERX surge del cruce de datos del Banco Central de la República Argentina con una encuesta realizada a 6.770 hogares entre el 22 y 25 de junio.

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