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Gobierno nacional disolvió IOSFA y creó 2 nuevas obras sociales para las fuerzas de seguridad

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El Ejecutivo separó la cobertura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tras una crisis financiera con deudas por $200.000.000.000.

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y avanzó con una reforma estructural del sistema de salud.

La medida fue implementada mediante un decreto que estableció la escisión del organismo y la creación de dos nuevas obras sociales con administración independiente.

La decisión apuntó a frenar el colapso financiero y operativo de la entidad, que arrastraba un pasivo cercano a los $200.000.000.000 y comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios en todo el país.

IOSFA, OSFA y OSFFESEG: cómo quedó el nuevo esquema

A partir de la reestructuración, el sistema se dividirá en dos organismos autárquicos:

  • Obra Social de las Fuerzas Armadas: quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y brindará cobertura al personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas, retirados y sus familias.
  • Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad: dependerá del Ministerio de Seguridad y atenderá a efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

Según fuentes oficiales, la separación permitirá una gestión más eficiente y específica, adaptada a las realidades de cada fuerza.

Desde el Ejecutivo reconocen que el esquema anterior era inviable por irregularidades de gestión y un desequilibrio estructural que afectaba la calidad de las prestaciones.

Por eso, el decreto establece un régimen estricto de asignación de recursos:

  • 80% de los ingresos: destinado exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales.
  • Hasta 8%: para gastos administrativos y de funcionamiento.
  • 12% restante: podrá usarse en otras prestaciones sociales, siempre que esté garantizada la atención sanitaria.

El nuevo sistema incorpora controles reforzados: los directorios deberán contar con perfiles técnicos especializados en salud y administración, y las obras sociales estarán bajo auditoría permanente de la SIGEN.

Además, una Comisión Especial integrada por Defensa, Seguridad, Economía y Salud supervisará el traspaso de activos, personal y beneficiarios para asegurar la continuidad del Programa Médico Obligatorio y de los tratamientos en curso

Desde el Gobierno sostuvieron que la disolución del IOSFA marcó un cambio de modelo, con el objetivo de recuperar la sustentabilidad del sistema y garantizar el acceso a la salud de la familia militar y de seguridad en todo el país.

La Justicia ordenó frenar por seis meses la disolución de Vialidad Nacional

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Durante ese plazo no podrán aplicarse traslados, cesantías ni modificaciones sobre la estructura del organismo.

La Jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, resolvió frenar de manera parcial y preventiva los efectos del Decreto 461/2025, que había ordenado la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

Lo hizo al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio Sevina, que representa a los trabajadores del organismo.

La magistrada estableció que durante seis meses no podrán ejecutarse decisiones administrativas que deriven del decreto presidencial.

Entre las medidas prohibidas se incluyen reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad y la supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.

En su resolución, Forns señaló que se trata de una etapa preliminar del proceso judicial y que existen "circunstancias graves y objetivas" que justifican mantener el statu quo.

De esa forma, el objetivo es evitar "perjuicios irreparables" mientras se resuelve el fondo del asunto.

La jueza también argumentó que el Estado, en su doble rol de empleador y regulador, no puede modificar de forma unilateral condiciones laborales establecidas en normas colectivas vigentes.

Para fundamentar su decisión, citó la Constitución Nacional y los convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, todos ellos con jerarquía constitucional.

Por otro lado, Forns aclaró que no se pronunció sobre el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto, ya que ese análisis requiere una etapa posterior del proceso, con mayor producción de prueba y un debate más profundo entre las partes.

Gobierno oficializó la disolución y transformación de 21 organismos públicos para "reducir el déficit"

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El Boletín Oficial publicó medidas que eliminan, fusionan o reestructuran áreas estatales, con transferencia de funciones y personal a ministerios y agencias.

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.

Según supo Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras.

Organismos disueltos

  • Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
  • Agencia Nacional de Seguridad Vial.
  • Dirección Nacional de Vialidad.
  • Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
  • Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo Productivo.
  • Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud.
  • Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
  • Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
  • Instituto Nacional de Semillas.
  • Comisión Nacional de Semillas.

En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.

Transformaciones y fusiones

Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

Criterios y reasignaciones

Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024.

En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones.

Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, Anmat o las Secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.

Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.

El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Gobierno avanzó en la disolución del Procrear: qué pasará con los créditos otorgados

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El manejo del programa pasará a una institución privada.

El Gobierno nacional avanzó en la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar con la publicación de los mecanismos para tal fin y el pase de la administración de los préstamos vigente a un banco privado.

La medida se efectivizó con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía publicada este lunes en el Boletín Oficial, que detalla los pasos operativos tras el Decreto 1018/2024 del 12 de noviembre de 2024 que dispuso la disolución.

Según los considerandos del Decreto 1018/2024, la disolución se fundamenta en varios puntos en que el programa se había convertido en una "pesada carga" para las cuentas públicas. Por otra parte, se señaló que existían dificultades para fiscalizar y controlar su ejecución.

A su vez, se argumenta que la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, privados y públicos, no justificándose la intervención estatal directa en esta materia.

La norma recuerda que la Sindicatura General de la Nación realizó una auditoría que señaló varias observaciones, entre las que se destacan la demora en la entrega de viviendas y locales, generando mayores gastos de mantenimiento y vigilancia; el incumplimiento de convenios, como el de la Universidad Tecnológica Nacional, reclamos por falta de condiciones de habitabilidad en unidades entregadas, y la falta de actualización de manuales de procedimiento.

Por otro lado, la Sindicatura General de la Nación determinó que la gestión "no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común"

La disolución se enmarca en la Ley N° 27.742 que declaró la emergencia pública y autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar Fondos Fiduciarios Públicos con el fin de mejorar el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.

Si bien el fondo se disuelve, la gestión de los créditos ya otorgados continuará a través de un contrato que el Ministerio de Economía celebrará con el Banco Hipotecario S.A.

Esta gestión se realizará bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso original de 2012.

La Resolución 764/2025 encomienda a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a este contrato.

Esta dirección instruirá al Banco Hipotecario a transferir las sumas líquidas de la cobranza a la Cuenta N° 2510/46 Recaudación TGN, previa deducción de su retribución y gastos.

Adicionalmente, se faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir al Banco Hipotecario para que proceda a la venta de carteras de créditos cuyo rendimiento de cobranza sea inferior al 40%.

El Ministerio de Economía estará a cargo de disponer y administrar los bienes muebles e inmuebles del fondo, incluyendo la regularización de dominio.

También celebrará un contrato con el Banco Hipotecario para estas tareas bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en 2012.

El Ministerio de Economía, con previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, podrá acordar la transferencia de inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional.

Si los inmuebles hubiesen sido aportados originalmente por provincias o municipios, podrá acordarse su restitución total o parcial.

Los inmuebles que eran de titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario y que no estaban afectados a obras con contratos vigentes al momento de la entrada en vigencia del decreto, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Esta transferencia se formalizará mediante convenios entre Banco Hipotecario S.A., la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Secretaría de Obras Públicas.

Las obligaciones dinerarias pendientes se cancelarán con los fondos de la cobranza de créditos o del producido de la venta de inmuebles, respetando el orden de prelación del Contrato de Fideicomiso de 2012.

El proceso de liquidación seguirá las disposiciones del Decreto 1018/2024, el Contrato de Fideicomiso original y, en lo no regulado, el Decreto N° 695/24 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 796/24.

Las causas judiciales originadas en el marco del Procrear disuelto serán atendidas por la unidad organizativa del servicio jurídico permanente que disponga la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.

Gobierno disolvió la Secretaría de Vivienda de la Nación

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Milei busca que la política de viviendas la manejen las provincias, los municipios y el sector privado.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Según se indicó, esta decisión "responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional en esta materia".

En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.

Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.

A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar.

En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelistas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos.

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana.

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

"El Gobierno nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", indicó la Casa Rosada.

Gobierno disolvió 3 fondos fiduciarios por irregularidades

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Se trata del Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social.

El Gobierno nacional disolvió 3 fondos fiduciarios tras encontrar irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos.

Se trata del Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social.

Lo hizo a través del decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión se fundamentó en la necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento.

"Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente", señaló el Gobierno en un parte de prensa.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como Casa Propia y Reconstruir.

"Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelistas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos", indicó el parte oficial.

En esta línea, "las auditorias efectuadas por la Sindicatura General de la Nación pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros".

En tanto, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal había sido creado por la Ley N°27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, que son servicios de tecnologías de la información y la comunicación, con servicios pagados por los usuarios.

"Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la Sindicatura General de la Nación", añadieron

El Ministerio de Economía subrayó que "entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera".

"Estos motivos evidenciaron que el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia", agregó.

En tanto, el Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar había sido creado por el artículo 74 de la Ley N°26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.

"En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución", precisó Economía.

Gobierno anunció la disolución de la AFIP

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Se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y habrá 3.100 puestos que se reubicarán o pasarán a disponibilidad.

Se trata de personas que ingresaron en la gestión anterior, según Casa Rosada. Además, cambiarán a los titulares de Aduana y la DGI, quienes pasarán a cobrar sueldos similares a los ministros del Gabinete nacional.

El Gobierno de Javier Milei anunció importantes cambios en la estructura de recaudación impositiva nacional, se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y se creará la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero, ARCA.

Asimismo, habrá dos nuevos directores generales, Andrés Edgardo Vázquez, estará a cargo de la Dirección General Impositiva, o DGI, en tanto que José Andrés Velis irá a la Aduana. Reemplazarán, respectivamente, a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea.

Quiénes son los nuevos funcionarios

Vázquez estará a cargo de la titularidad de la Dirección General Impositiva, uno de los roles más estratégicos dentro de lo que será la nueva ARCA, entidad que se encarga de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país.

A lo largo de su carrera, Vázquez se destacó por su formación académica, con títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa, así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Cuenta con una sólida formación internacional, habiendo participado en múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration en 1999.

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó puestos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal.

Su experiencia en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la inteligencia fiscal lo convierte en el candidato elegido para enfrentar los desafíos que implica la gestión de la DGI, en un contexto donde el control de la evasión fiscal y el aumento de la recaudación son ejes prioritarios del Gobierno.

José Andrés Velis reemplazará a Eduardo Mallea al frente de la Dirección General de Aduanas. Velis es un profesional con más de tres décadas de experiencia en la Dirección General de Aduanas.

Su perfil técnico y especializado, junto a su rol en la implementación del sistema informático María, hoy conocido como Sistema Malvina, lo posiciona como una figura clave para enfrentar los desafíos que plantea la Aduana en este contexto de modernización tecnológica y mayor control del comercio exterior.

De 65 años y recientemente jubilado, su trayectoria comenzó a mediados de los años 90, cuando participó en la implementación del Sistema María, un proyecto clave que permitió informatizar el sistema aduanero en todas las delegaciones del país.

Gracias a este sistema, la Aduana pudo establecer una trazabilidad completa de las mercaderías desde su arribo hasta la liberación a plaza, lo que mejoró significativamente el control de gestión y la transparencia en las operaciones.

Velis también fue responsable de informatizar los tránsitos y trasbordos, lo que permitió identificar responsabilidades de los actores involucrados en el comercio exterior, ya fueran agentes de transporte, despachantes de aduana o personal aduanero.

La implementación de estos sistemas redujo significativamente los costos operativos y optimizó los tiempos de procesamiento, al tiempo que eliminó gran parte de las tareas manuales que antes se realizaban en el organismo.

A lo largo de su carrera, Velis también lideró proyectos como la implementación de escáneres en las terminales portuarias y las aduanas del interior del país, lo que facilitó el control de las mercaderías que ingresaban y salían del territorio nacional.

También estuvo a cargo de la introducción de drones en la Aduana de Buenos Aires, una innovación clave para reforzar la vigilancia y el monitoreo de grandes operaciones en zonas portuarias y áreas críticas.

No hay, al menos hasta el momento, cambios en la titularidad de la AFIP, que seguirá al mando de Florencia Misrahi.

Cambios en la estructura

"El Gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir", resumió el Vocero Manuel Adorni.

Según fuentes oficiales, la nueva ARCA tendrá "una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual.

"Habrá un 34% menos de ravioles", dijeron fuentes oficiales. La referencia, en tono informal, pone el foco en los funcionarios que ocupan cargos de tercer y cuarto orden, o más, en la estructura del organismo.

La medida incluye la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados que ingresaron, según el Gobierno, de manera irregular durante el último Gobierno kirchnerista. Así, calculan, la medida generará un ahorro presupuestario de $6.400 millones al año.

"El titular de AFIP y los Directores de DGI y DGA dejarán de cobrar la cuenta de jerarquización. Pasarán a cobrar sueldos equiparables a los Ministros y Secretarios. La medida se funda en el actual sobredimensionamiento de su estructura que ha mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras", se detalló desde Casa Rosada.

En concreto, hoy la titular de AFIP cobra un salario aproximado de $32 millones y pasará a cobrar los mismo que un ministro, cuyo sueldo es de $4 millones. En el caso de los Directores al frente de Impositiva y de Aduanas, hoy con un ingreso mensual de $17 millones, pasarán a cobrar igual que un secretario de Estado.

Adorni agregó que "Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más, ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad", dijo.

"Como reza el principio que el presidente anunció el 10 de diciembre en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad", explicó.

"Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin Inadi y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien", agregó el vocero.

El Gobierno busca ahora establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas "en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados".

También "garantizar mayor y mejor recaudación, así como un mejor control aduanero".

Antecedentes

Hace poco, el Gobierno ya había empezado a achicar la estructura de la AFIP. El Decreto 559, publicado el 3 de julio último, estableció una reestructuración significativa dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo.

Aquella medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos, un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.

Uno de los efectos clave de aquel decreto fue la eliminación de diversas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que implica una reducción organizacional sin afectar al personal.

Los aproximadamente 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se incorporaron a la DGI, reforzando su equipo de fiscalización, que hasta el momento contaba con unos 1.000 agentes.

Esta integración tuvo como finalidad optimizar los controles y prepararse para la implementación de las medidas fiscales dispuestas por el Gobierno.

Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo dentro de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las tareas de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, la comunicación con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y la investigación de casos de trata de personas.

La AFIP se creó en 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem. Hasta entonces, la DGI y la Aduana funcionaban de manera separada.