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Gobierno nacional otorgará un plus de hasta 25% para el personal de las Fuerzas Armadas con formación académica

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La medida busca reconocer al personal militar que acredite estudios terciarios, universitarios y de posgrado. El beneficio regirá a partir de julio.

El Gobierno anunció un nuevo beneficio salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas con formación universitaria y posgrados. La medida busca reconocer la formación académica del personal militar.

El beneficio oscilará entre el 10 y el 25%, de acuerdo con el nivel de estudios alcanzado. El personal militar comenzará a percibir el plus a partir del 1 de julio junto a su remuneración mensual.

La decisión fue formalizada este miércoles con la publicación del Decreto 473 en el Boletín Oficial y alcanzará a los efectivos en actividad, retirados y pensionados.

"El suplemento por título lo percibirá la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva", aclaró el DNU.

Según el Ejecutivo, la falta de incentivos económicos para el personal militar que obtiene títulos universitarios genera una "pérdida de recursos humanos especializados" y dificulta la retención de profesionales dentro de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo" que realiza el personal y "promover la formación académica" que contribuye "el mejoramiento profesional del personal militar, circunstancia que amerita ser debidamente recompensada e incentivada".

Qué adicional cobrará el personal militar, según su nivel de estudios

El esquema estableció diferentes porcentajes sobre el haber mensual correspondiente al título alcanzado.

Para el personal de las Fuerzas Armadas que posean títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado, el plus será equivalente al 25% del haber mensual.

"En el caso de títulos universitarios de posgrado obtenidos en el extranjero, solo se reconocerán aquellos estudios que hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza respectiva y cuenten con la apostilla correspondiente", explicó el DNU.

En tanto, aquellos con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración percibirán un adicional del 15%.

Por último, quienes acrediten tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de una duración mínima de dos años accederán a un suplemento del 10% del haber mensual.

El Gobierno nacional quitó por decreto la exclusividad del SMN en la meteorología aeronáutica

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El Ejecutivo nacional tomó la decisión en el marco de una situación de conflicto con el Servicio Meteorológico Nacional por despidos.

En medio de un conflicto con trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno avanzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el esquema de prestación del servicio meteorológico aeronáutico, un área clave para el funcionamiento del sistema aéreo.

A través del DNU 274/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó la exclusividad que tenía el SMN en la provisión del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea.

Y trasladó la responsabilidad a la Empresa Argentina de Navegación Aérea, que podrá prestarlo de forma directa o a través de terceros.

Según estableció el decreto, el nuevo esquema deberá garantizar "estándares de calidad y seguridad operacional" bajo la supervisión de la Administración Nacional de Aviación Civil.

Hasta ahora, el SMN tenía asignada de manera exclusiva la provisión de información meteorológica para la planificación y ejecución de vuelos. Con la nueva normativa, ese rol deja de ser de exclusividad y pasa a ser optativo.

El decreto fijó un período de transición de hasta 180 días hábiles, durante el cual el organismo continuará brindando el servicio, con el objetivo de "evitar cualquier afectación inmediata" en una actividad considerada crítica.

En los fundamentos, el Gobierno remarca que la navegación aérea "constituye un servicio público esencial".

Y adviertió que cualquier interrupción puede derivar en "demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo en usuarios y en la actividad económica".

Gobierno nacional prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado

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El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.

La administración nacional resolvió extender la suspensión de las incorporaciones de personal en el ámbito del Sector Público Nacional y ratificó la prohibición de realizar nuevas contrataciones, con la inclusión de un régimen de excepciones para áreas específicas.

La decisión quedó establecida mediante el decreto 934/2025, que oficializa la continuidad de la política sobre la planta estatal.

El alcance de la medida es amplio y comprende a todas las jurisdicciones y entidades del sector público.

En ese marco, la normativa establece que "no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad".

Se trata de una disposición que abarca desde plantas transitorias y contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público hasta contratos laborales, locaciones de servicios profesionales, designaciones transitorias en cargos de planta permanente y contrataciones.

No obstante, el decreto introdujo un conjunto de excepciones vinculadas a funciones consideradas estratégicas o sujetas a regímenes particulares.

Entre ellas se incluyeron las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

También el personal de hospitales nacionales y de institutos de investigación del Ministerio de Salud, el personal de gabinete y las designaciones destinadas a cargos ejecutivos y jefaturas del SINEP.

En los casos en que se habilite alguna de estas excepciones, la norma fija un criterio de compensación: deberán computarse dos bajas por cada alta.

A tal efecto, se consideran válidas las renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos ocurridas durante 2026, mientras que quedan excluidas las bajas derivadas de planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación.

Por último, el decreto dispone que toda incorporación autorizada bajo el régimen excepcional deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Esta será la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas antes de habilitar cualquier alta de personal.

Gobierno nacional modificó la Ley de Inteligencia: la SIDE podrá aprehender personas

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Por DNU, avanzó con una nueva reestructuración en el área y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia.

El Gobierno modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Inteligencia y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que desde ahora tendrá la capacidad de aprehender personas.

Uno de los puntos centrales del texto es que a partir de ahora, todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto "en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional".

En este contexto, el Gobierno también autorizó a los agentes de inteligencia a proceder a la "aprehensión" de personas en casos de fragrancia o con requerimiento judicial.

El Decreto aclara que los agentes deberán dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

Otro punto importante del Decreto es el que disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea, en su lugar, la Agencia Nacional de Contrainteligencia.

Esta tendrá como tarea evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, sabotaje y atentados contra el orden constitucional, entre otras cuestiones. Las medidas deberán aplicarse en tood el Sector Público Nacional.

El Poder Ejecutivo también creo que el Centro Nacional de Ciberseguridad, cuya función será "proteger el ciberespacio de interés nacional y las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional".

También resguardar "los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional".

El DNU que se publicó este viernes en el Boletín Oficial provocó un fuerte repudio por parte de la oposición, que alertó que las modificaciones introducidas implican un "retroceso histórico" en materia de espionaje.

Diputados comenzó a debatir la regulación de los DNU, la expulsión de Espert y la interpelación a Karina Milei

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Con la modificación propuesta, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial.

Este miércoles la Cámara de Diputados comenzó a sesionar a partir del mediodía con un amplio temario que incluye desde la regulación de los decretos de necesidad y urgencia hasta la Ley de Presupuesto 2026.

Además, se tratará la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados y los pedidos de interpelaciones a funcionarios clave del Gobierno.

El punto central será la posible modificación de la ley 26.122, que regula el procedimiento y control de los DNU.

La mayoría de los temas incluidos cuentan con dictamen de comisión, por lo que ingresarán al recinto como emplazamientos.

La oposición deberá definir si impulsa a las comisiones responsables a debatir los proyectos pendientes.

En el caso de la iniciativa vinculada a los DNU, se requieren 129 votos afirmativos para convertirla en ley, ya que el Senado le otorgó media sanción.

Duro revés para Milei: la oposición se unió en el Congreso y le propinó 12 derrotas en una sesión maratónica

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Perdió todas las votaciones en Diputados. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron 5 DNU y se forzó el debate de otros 5 temas.

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

Según supo Noticias Argentinas, la jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

  • Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.
  • Emergencia Pediátrica, Ley Garrahan: Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

  • Disolución de organismos de Economía.
  • Reorganización de la Secretaría de Transporte.
  • Reforma de organismos de Cultura.
  • Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
  • Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

  • Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de Aportes del Tesoro Nacional e Impuesto a los Combustibles.
  • La emergencia en Ciencia y Tecnología.
  • Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.
  • El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa Libra.


Gobierno apelará el fallo que suspendió la disolución de Vialidad Nacional

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Fue luego de que la Justicia suspendiera por seis meses la medida a raíz de una cautelar de un gremio.

El Vocero Presidencial Manuel Adorni anticipó que el Gobierno "apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional".

El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del DNU que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.

La Justicia estableció que durante seis meses no podrán ejecutarse decisiones administrativas que deriven del decreto presidencial.

Entre las medidas prohibidas se incluyen reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad y la supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.

Adorni había anunciado la semana pasada en la Casa Rosada el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos por el Gobierno como el eje de "la corrupción en la obra pública".

En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

La Justicia ordenó frenar por seis meses la disolución de Vialidad Nacional

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Durante ese plazo no podrán aplicarse traslados, cesantías ni modificaciones sobre la estructura del organismo.

La Jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, resolvió frenar de manera parcial y preventiva los efectos del Decreto 461/2025, que había ordenado la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

Lo hizo al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio Sevina, que representa a los trabajadores del organismo.

La magistrada estableció que durante seis meses no podrán ejecutarse decisiones administrativas que deriven del decreto presidencial.

Entre las medidas prohibidas se incluyen reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad y la supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.

En su resolución, Forns señaló que se trata de una etapa preliminar del proceso judicial y que existen "circunstancias graves y objetivas" que justifican mantener el statu quo.

De esa forma, el objetivo es evitar "perjuicios irreparables" mientras se resuelve el fondo del asunto.

La jueza también argumentó que el Estado, en su doble rol de empleador y regulador, no puede modificar de forma unilateral condiciones laborales establecidas en normas colectivas vigentes.

Para fundamentar su decisión, citó la Constitución Nacional y los convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, todos ellos con jerarquía constitucional.

Por otro lado, Forns aclaró que no se pronunció sobre el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto, ya que ese análisis requiere una etapa posterior del proceso, con mayor producción de prueba y un debate más profundo entre las partes.

Gobierno evalúa eliminar la ampliación del régimen de zona fría y ahorrar U$S300.000.000 anuales

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La ampliación del esquema de subsidios al consumo de gas en zonas frías se aprobó en 2021 a través de la ley 27.637, e incorporó a 3.100.000 de usuarios. Este régimen no distingue el ingreso socioeconómico ni el poder adquisitivo del hogar beneficiado.

El Gobierno Nacional quiere eliminar por decreto de necesidad y urgencia la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada por ley durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Abogados del Ministerio de Economía están estudiando las consecuencias legales de un DNU de esas caraceterísticas, según indicó el sitio especializado en energía Econojournal.

La ampliación del esquema de subsidios al consumo de gas en zonas frías, que este año le costará al Tesoro unos U$S300.000.000, se aprobó en 2021 a través de la ley 27.637, e incorporó a 3.100.000 de usuarios.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, quiere retrotraer la ampliación aprobada en 2021 del Régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia hasta un 50% del costo del gas natural para usuarios ubicados en áreas consideradas por el Estado de bajas temperaturas.

Se trata de un esquema que, cuando se creó, a principios de este siglo XXI, subvencionaba la demanda del fluido en la Patagonia, una región indefectiblemente afectada por severas condiciones climatológicas, pero que durante el Gobierno de Alberto Fernández se extendió a la mitad de los usuarios residenciales de gas natural del país.

Por ejemplo, el régimen de Zona Fría no distingue el ingreso socioeconómico ni el poder adquisitivo del hogar beneficiado.

De ese modo, tras la expansión del esquema en 2021 impulsado por el kirchnerismo, miles de personas de ingresos medio-altos de la zona núcleo con mayores ingresos del país, como por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y también Mendoza, reciben un subsidio importante al consumo de gas.

Ese subsidio se financia con una doble vía: a través de un recargo de casi 7% en la factura de gas que pagan todo el resto de los usuarios, inclusive aquellos hogares de bajos recursos que terminan transfiriendo, a contramano de toda lógica redistributiva, parte de su renta a personas de mayores ingresos socioeconómicos.

Y por el otro, por medio de aportes directos del Tesoro Nacional, pese a que cuando se aprobó la ampliación del régimen referentes energéticos del kirchnerismo prometieron que no sería necesario que el Estado destine fondos de forma directa para financiar el funcionamiento del sistema.

Revés para el Gobierno: la Justicia suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal

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El Día Del Trabajador Estatal se celebra el 27 de junio.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 430/2025.

El Gobierno a través del Vocero Presidencial, Manuel Adorni, había notificado el pasado miércoles que iba a eliminar la jornada no laborable por el Día del Empleado Público.

"El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece", había dicho Adorni.

La Asociación de Trabajadores del Estado celebró la suspensión de la eliminación. "Qué boludos, qué boludos, al decreto se lo meten por el culo", expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, desde sus redes sociales.

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