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La Justicia investiga si Insaurralde recibió una mansión como coima de parte de una constructora

La firma Doio S.A le vendió en 2011 la propiedad a Sasaxa Libero, integrada por los hijos del exintendente de Lomas de Zamora. Esa compañía construyó piletas, cuarteles de bomberos y reformó el Concejo Deliberante durante la gestión del exfuncionario provincial.

Bajo la premisa de intentar demostrar que el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se enriqueció de manera ilícita, el Fiscal, Sergio Mola, y el Juez federal, Ernesto Kreplak, analizan documentación sobre la compra de la lujosa mansión de Fincas de San Vicente en la que el exjefe de Gabinete bonaerense vivió durante años con Jesica Cirio a pesar de que jamás la informó en su declaración jurada.

Según la prueba que recabaron hasta el momento los investigadores, la historia de cómo esta propiedad llega a manos de Insaurralde va mucho más allá de ocultar una operación inmobiliaria.

Es que la venta incluye a un firma que era proveedora de obra pública de Lomas de Zamora y no se descarta que la cesión de la titularidad del inmueble haya sido, en rigor, una coima a cambio de esos contratos con el municipio.

Se encontraron documentos que prueban que el 14 de julio de 2011, la constructora Doio SRL, en aquel entonces representada por Victor Mariano Donadio, le vendió a Sasaxa Libero S.A, presidida por Rodrigo Agustín Insaurralde, hijo de Martín Insaurralde, la minichacra 242 de Fincas de San Vicente Club de Chacras a cambio de U$S97.343, $403.000 al tipo de cambio de ese momento.

Para aquel entonces, esa firma ya había provisto de varias obras públicas al municipio de Lomas de Zamora. De hecho, ese mismo año, culminó la obra de trasbordo de Banfield a Lomas de Zamora.

Los investigadores no descartan entonces que la entrega de la casa haya sido, en rigor, el pago de una coima por parte del proveedor de obra pública a cambio de los millonarios contratos con el municipio.

"Es una sospecha posible, no sé si suficiente. Estamos analizando eso, está en revisión toda la operación", dijo una persona con acceso al caso.

Durante las etapas de Insaurralde como intendente de Lomas de Zamora, Doio construyó para el municipio las siguientes obras:

  • Cuartel de bomberos y centro cívico.
  • Estación de transferencia Banfield Lomas de Zamora.
  • Pileta y vestuarios Villa Albertina.
  • Hogar de mujeres Fátima Catán.
  • Obras en el Honorable Concejo Deliberante.

En sus declaraciones juradas como funcionario público, Insaurralde dijo no tener prácticamente dólares, por lo que la Justicia debe investigar de qué manera hizo frente a esta operación.

A mediados de marzo la Fiscalía Antilavado consideró que hubo un "enriquecimiento injustificado de Insaurralde" al afirmar que el nivel de gastos del exfuncionario bonaerense "no guarda relación con su nivel de ingresos en la función pública".

A modo de ejemplo, citaron que los cinco días que pasó en Marbella junto con Clerici significaron un gasto de U$S51.715 entre el alquiler del yate, el hospedaje y aviones.

Gobierno dio de baja a unos 7.000 empleados públicos del Estado

El Gobierno del Presidente Milei publicó esta madrugada el decreto 84/2023 por el cual se dio de baja a los ingresados a la administración pública este año.

Con la firma del Presidente Javier Milei este martes por la madrugada fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que confirmó la baja de empleados públicos que ingresaron a partir del 1 de enero 2023. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha.

El artículo 1° estableció que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas".

De esta manera, se abarcó a los empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023", de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, Anses, PAMI y AFIP.

La decisión alcanzaría a cerca de 7.000 empleados de distintas áreas del Gobierno. Son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.