La sesión ocurrió en simultáneo a una movilización en las inmediaciones del Congreso.

Después de aprobar una serie de mejoras en las jubilaciones y la recomposición de la moratoria previsional, el Senado de la Nación convirtió en ley la declaración de emergencia para la discapacidad con 55 votos a favor y ninguno en contra.

La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas.

A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes. Se pedirá la actualización de estos montos, que para junio del 2025 es de $213.286.

Por otro lado, se plantea aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023.

La iniciativa tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.