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Gobierno decretará emergencia energética, habrá revisión tarifaria e intervendrán el ENRE y ENARGAS

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La Secretaría de Energía de la Nación establecerá mecanismos para la "sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso".

A través de un decreto de necesidad de urgencia que se publicaría este lunes, el Gobierno de Javier Milei declarará emergencia energética y dispondrá la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas.

La medida afectará a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural.

Revisión tarifaria: cómo se implementará y a quiénes afecta

Por otro lado, la emergencia determinará una revisión tarifaria, establecida por el artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076.

Además, establece que los cuadros tarifarios entrantes no podrán exceder el 31 de diciembre del 2024.

Mientras dure este proceso, podrán aprobarse "adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos". Según señalaron, buscarán asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, según disponga el resultado de la revisión de tarifas.

Gobierno decretará la intervención del ENRE y de Energas

Uno de los puntos fundamentales que señala el DNU es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas, a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los integrantes del Directorio, que serán elegidos según lo previsto por el artículo 8 del mismo decreto.

Enargas oficializó un incremento del 20% en los valores del gas

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El País Diario
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En plena ola polar, el aumento se aplicará en todo el país a partir del 1 de junio. También se reducen los subsidios brindados por el Estado.

El Ente Nacional Regulador del Gas formalizó este miércoles los nuevos cuadros tarifarios que serán aplicados a partir del 1 de junio, los cuales implican un aumento del 20% para los valores que abonan los clientes, tampoco se considera la aplicación de algún tipo de segmentación.

La medida, que coincide con la ola de frío polar que afecta a buena parte de Argentina, fue oficializada a través de las resoluciones 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 y 216, las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial y corresponden a las diferentes licenciatarias que distribuyen el servicio en Argentina.

Según informó la normativa, los nuevos cuadros tarifarios deben ser publicados por Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Distribuidora de Gas del Centro, Gas Cuyana y Redengas.

La suba real será del 41,7% para el valor del gas en sí mismo, lo que se conoce técnicamente como precio de ingreso al sistema, pero como el costo del gas ocupa entre un 45% y 50% de lo que se refleja en la boleta, el aumento percibido por los clientes será del 20%.

La secretaría de Energía le dedicó dos audiencias públicas al servicio de gas. En la primera se decidió aplicar esta suba del 20% con el objetivo de mejorar los márgenes de las distribuidoras y transportistas, mientras que en la segunda se buscó bajar los subsidios que abona el Estado en las boletas.

En esta misma línea, Ente Nacional Regulador del Gas recordó que en la última audiencia, la cual tuvo lugar el 10 de mayo pasado, se pactó el "tratamiento de los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, aplicables a partir del 1 de junio de 2022".

De esta forma, el organismo señaló que el dictado que ponga en vigencia inmediata los cuadros tarifarios, que implican una modificación en su integración en cuanto a la modificación del fragmento que asume el Estado, se aplica "considerando los compromisos asumidos por el Estado Nacional".

Organismo controlado por Cristina Kirchner aumentó 35% su personal en un año

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Ocurrió en el Enargas. En el mismo periodo, se produjo una reducción de las auditorías de campo. El interventor del organismo es Federico Bernal, quien escribió un libro junto a Julio De Vido.

Un dato curioso surgió en las últimas horas sobre lo que ocurre en el Ente Nacional Regulador del Gas, organismo intervenido desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y manejado por un hombre del riñón de Cristina Kirchner: Federico Bernal, quien años atrás, junto a Julio De Vido, escribieron un libro sobre las gestiones de los Kirchner.

Según reveló el portal especializado en energía Econojournal, el Enargas incrementó su personal un 33,4% en el último año y, paradójicamente, en el mismo periodo cayeron sustancialmente las auditorías de campo. Al respecto, cuando Bernal fue designado como interventor, el organismo tenía 413 empleados y, ahora, 551.

Lo que también experimentó un alza considerable fue el presupuesto ejecutado del Enargas, que el año pasado fue de 2156,3 millones de pesos, un 61,9% más que en 2019. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que también está intervenido hace un año, gastó 705,9 millones, un 18% más que en 2019.

El Enargas regula el servicio de gas en todo el país, mientras que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Eso explica el mayor presupuesto del Enargas, pero el crecimiento porcentual acelerado de ese presupuesto con respecto a 2019 se debe fundamentalmente a la partida salarios y a los contratos de servicios.

Bernal también sumó gente de su confianza a determinadas áreas donde conviven con los funcionarios anteriores que siguen cobrando su sueldo, pero en los hechos quedaron marginados. Por ejemplo, cuando Claudio Oscar de la Fuente estaba al frente de la gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, se decidió nombrar a Eric Oscar Salomone Strunz como gerente adjunto. Luego Salomone Strunz quedó a cargo de la gerencia y de la Fuente permaneció como adjunto.

Según publicó Econojournal, en la gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales además nombraron un coordinador entre las áreas de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, pese a que ambas áreas forman parte de la misma gerencia. Por lo tanto, se supone que es el gerente quien debería coordinarlas.

Enargas denunció al exministro Aranguren por los tarifazos del 2018

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El interventor, Federico Bernal, aseguró que hubo un perjuicio económico contra el Estado y los usuarios de 560 millones de dólares.

El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al exministro de Energía del estafador Mauricio Macri, Juan José Aranguren por maniobras fraudulentas en los tarifazos del 2018.

Según sostiene el denunciante, esta situación implicó un perjuicio económico contra usuarios y el Estado de 168 y 393 millones de dólares, respectivamente, que lógicamente benefició a las empresas.

Bernal subraya que se efectuó un mecanismo para trasladar a las facturas la variación del tipo de cambio que habrían violado la Ley del Gas, "atando a los usuarios y las usuarias a una concertación contractual, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa".

"Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018,en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada", señaló.

La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y también alcanza a Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos; a Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador, según un comunicado de prensa difundido por el ente regulador.

En concreto, la acusación se sostiene en la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública,artículos 248 y 265 del Código Penal. 

Bernal le había adelantado la decisión al ministro Matías Kulfas, quien está a cargo de toda el área energética, para lo cual se basó en una "auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evaluó los aspectos regulados por la Ley 27.541 en materia energética".